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Alejandro Collado Narváez con SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO Rol: C5628-21 / C5687-21

Consejo para la Transparencia, 24/08/2021

Una persona dedujo dos amparo a su derecho de acceso a la información pública fundado en que no recibió respuesta a su solicitud. Consejo declara inadmisible los amparos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Falta de subsanación

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C5628-21 Y C5687-21

Entidad pública: Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

Requirente: Alejandro Collado Narváez.

Ingreso Consejo: 28.07.2021 y 02.08.21.

En sesión ordinaria N° 1208 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información pública Roles C5628-21 y C5687-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) Que, con fecha 25 de julio de 2021, don Alejandro Collado Narvaez realizó una solicitud ante la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual, requirió información sobre los beneficiaros del seguro de desgravamen que indica.

2) Que, con fechas 28 de julio y 02 de agosto de 2021, don Alejandro Collado Narvaez dedujo 2 amparos a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, fundados en la disconformidad con la respuesta entregada a su solicitud de 25 de julio pasado, señalando, en síntesis, lo siguiente: "MINVU me informa sólo un solo beneficiario legal de los beneficiarios legales que escritura el citado DS 76-1986, del MINVU, omitiendo, ocultando y callando a otro beneficiario legal". "En forma arbitraria e ilegal y hasta esta fecha, el MINVU se niega a informar los cuatro beneficiarios legales que se escrituran en su propio y escriturado acto contenido en el artículo primero, del Decreto Supremo DS. 76-1986, del MINVU de aquel año 1986...".

3) Que, en el contexto del análisis de admisibilidad realizado a las reclamaciones, se advirtió que no existía claridad respecto al fundamento del amparo, resultando necesario que el reclamante aclarara la infracción cometida por el órgano reclamado, y especificara qué información de la solicitada no se le habría proporcionado, además de acompaña copia íntegra de la respuesta que recibió el 30 de julio de 2021. En razón de ello y conforme a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, se dispuso, mediante oficios N° E17395 y N° E17398, ambos 13 de agosto de 2021, solicitar a la parte reclamante subsanar su amparo. En los aludidos oficios se le advirtió expresamente, que en caso de no hacerlo en el plazo de 5 días hábiles en los términos indicados precedentemente, sus amparos se declararían inadmisibles.

4) Que, en el plazo otorgado, la parte reclamante por correo electrónico señaló en síntesis lo siguiente: "(...) me informa sólo un beneficiario legal de los cuatro beneficiarios legales den DS 76-1986, del MINVU, y que corresponde al Asegurado y deudor hipotecario que es trabajador activo y cotizaba en el sistema previsional estatal antes de 1980, ya todos fallecidos. Le faltan los otros tres beneficiarios legales que son Asegurados (...). Habiendo presentado toda la documentación pertinente mi padre recién fallecido, la Compañía de Seguros Chilena Consolidada se ha negado ha liquidar su Seguro de desgravamen hasta esta fecha, y lo mismo a mi hermana (...) el MINVU hasta ahora se niega a informar los cuatro beneficiarios legales del art. 1, del DS 76-1986, del MINVU, y sólo informa un solo beneficiario legal, y se niega reconocer al segundo beneficiario legal como son los Asegurados, y deudores hipotecarios (...)." (sic).

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a fin de resolver la admisibilidad del amparo en la especie, primeramente es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en particular, si los hechos denunciados constituyen una infracción a la Ley de Transparencia.

2) Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".

3) Que, de acuerdo a los antecedentes expuestos por la parte reclamante, se concluye que su comparecencia en esta instancia no es a consecuencia de la falta de entrega de aquella información contenida en alguno de los soportes que señala el artículo 10 precitado. Ello, por cuanto, lo pretendido por la parte recurrente es manifestar una discordancia entre quienes serían beneficiaros de un seguro de invalidez, atendido a que en su opinión, se ha interpretado de forma errónea un decreto, lo que perjudica sus intereses, lo que no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, razón por la que no cabe pronunciarse respecto de ello en esta sede.

4) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad.

5) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que la parte recurrente en el futuro formule una solicitud de acceso a la información pública al órgano reclamado o cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, a través de los canales que correspondan, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano. Así como también, podrá recurrir ante este Consejo, interponiendo un nuevo amparo a su derecho de acceso a la información, en los casos que se cumplan los presupuestos del artículo 24, esto es, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de la eventual negativa a la solicitud de información; o bien, una vez terminado el plazo de 20 días que dispone el órgano requerido para dar respuesta.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisibles los amparos interpuestos por don Alejandro Collado Narváez en contra de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, por las razones expuestas precedentemente.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alejandro Collado Narváez y al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se hace presente que el Consejero don Francisco Leturia Infante no asiste a la sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.