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Jorge Acuña Díaz con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C3390-21

Consejo para la Transparencia, 24/08/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, respecto a la individualización de los funcionarios públicos de la Municipalidad de Coinco que solicitaron o accedieron al bono clase media sin cumplir con los requisitos para ello. Lo anterior, por tratarse de información que se encuentra pendiente, en etapa de análisis o revisión de antecedentes, y por ello su divulgación puede afectar la honra y la presunción de inocencia que ampara a los contribuyentes a que se refiere, por cuanto expone un eventual incumplimiento en la percepción del beneficio que aún tiene un carácter preliminar. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Rol C7908-20, C8218-20 y C805-21.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Conformidad objetiva

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3390-21

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos.

Requirente: Jorge Acuña Díaz.

Ingreso Consejo: 10.05.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, respecto a la individualización de los funcionarios públicos de la Municipalidad de Coinco que solicitaron o accedieron al bono clase media sin cumplir con los requisitos para ello.

Lo anterior, por tratarse de información que se encuentra pendiente, en etapa de análisis o revisión de antecedentes, y por ello su divulgación puede afectar la honra y la presunción de inocencia que ampara a los contribuyentes a que se refiere, por cuanto expone un eventual incumplimiento en la percepción del beneficio que aún tiene un carácter preliminar.

Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Rol C7908-20, C8218-20 y C805-21.

En sesión ordinaria N° 1208 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3390-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de abril de 2021, don Jorge Acuña Díaz requirió al Servicio de Impuestos Internos, lo siguiente: "En el marco de la noticia relativa a la existencia de 37 mil funcionarios públicos que falsificaron sus datos para acceder al bono clase media, se solicita la identificación de aquellos que de acuerdo a los datos recopilados sean funcionarios o empleados de la ilustre municipalidad de coinco, ya sea por medio de sus nombres o cédula nacional de identidad. De no existir funcionarios públicos vinculados a la municipalidad de coinco se solicita por favor que se señale expresamente tal situación. Se solicita la información en referencia a auditoria operativa interna realizada por la dirección de control interno de la ilustre municipalidad de coinco. Cabe señalar que algunos datos personales (como nombres) de servidores públicos son efectivamente públicos de acuerdo a lo establecido por la ley 20.285 en lo relativo a transparencia activa".

2) RESPUESTA: El 7 de mayo de 2021, el Servicio de Impuestos Internos respondió a dicho requerimiento, indicando, en resumen, que se deniega lo requerido de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), y N° 2, de la Ley de Transparencia, y señalando que resulta imposible para el Servicio acceder a la entrega de la información requerida, por cuanto, se encuentra en proceso la etapa de análisis de los antecedentes aportados por los trabajadores para demostrar que sí cumplían con los requisitos para acceder al Aporte Fiscal, por lo que el análisis aún no está completo. De esta forma realizar en este momento la correspondiente entrega implicaría vulnerar el derecho que tiene todo contribuyente de presentar los antecedentes que estime necesarios ante el SII y que estos sean evaluados de acuerdo a los principios de igualdad y equidad, con la debida imparcialidad con que siempre debe actuar este organismo fiscalizador, conforme a la legislación vigente y a lo ordenado por el Servicio mediante Resolución Ex. N° 136, de 23 de octubre de 2020, a la cual se puede acceder al link que indica.

Lo antes razonado debe ser analizado en concordancia con los derechos de las personas, particularmente tratándose de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, conforme a lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Además, atendido el número de contribuyentes que accedieron al beneficio por el cual se consulta, resulta imposible efectuar el procedimiento de notificación exigido por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, a fin de que los terceros afectados puedan ejercer su derecho de oposición, por configurar ese solo procedimiento una distracción indebida en los términos establecidos por el artículo 21 N° 1 letra c) de la misma ley, citando lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4°, ambos de la ley N° 19.628, por lo cual, resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la citada ley; en relación, a su vez, con la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia; en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y en el artículo 8 bis N° 9 del Código Tributario, citando jurisprudencia de este Consejo sobre la materia.

Finalmente, indicó que "respecto a la petición referida a que dicha información se requiere para auditoria operativa realizada por la Dirección de Control Interno de la Municipalidad de Coinco, es dable precisar al interesado que aquellas materias que implican la tramitación de oficios dirigido al SII por un organismo público y la Ley de Transparencia no es la vía habilitado para tal efecto, sino que existen otros canales especialmente establecidos para la tramitación de oficios institucionales, los cuales deben ser solicitados por el Jefe Superior del servicio o en su caso el Alcalde a nuestra institución, por lo tanto el requerimiento se refiere a una materia que queda fuera de la órbita de aplicación de la Ley N° 20.285".

3) AMPARO: El 10 de mayo de 2021, don Jorge Acuña Díaz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, alegó que "La solicitud de información trata respecto del accionar ilícito de funcionarios públicos, respecto de los cuales se ha resuelto que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Carta Fundamental y 3 de la Ley de Transparencia, se debe ejercer con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado, en ese caso de la Ilustre Municipalidad de Coinco ante la ciudadanía. Por tanto, la calidad de funcionario público lleva a colegir que el test de interés público ayude a la comunidad y a las autoridades municipales a conocer la conducta de quienes están ejerciendo sus funciones en omisión del interés general, lo que pudiera resultar en un riesgo para el correcto uso y protección de los recursos públicos municipales, siempre escasos, riesgo que se minimizaría en la persecución de la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados y en la percepción de éstos de que el municipio estará en conocimiento de conductas que puedan vulnerar los principios de la probidad y sus obligaciones implícitas".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E11508, de 28 de mayo de 2021, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Posteriormente, el 14 de junio de 2021, el Servicio solicitó a este Consejo un plazo adicional para evacuar sus descargos, lo que fue aceptado mediante comunicación de fecha 16 de junio del presente.

Mediante presentación escrita ingresada por correo electrónico de fecha 22 de junio de 2021, el SII presentó sus descargos, señalando en síntesis, que el amparo no cumple con las condiciones necesarias para su admisibilidad, toda vez que no se indicaría la infracción cometida ni los hechos que la configuran, conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, puesto que la respuesta fue entregada dentro de plazo y no existe una denegación de información, sino que se denegó fundado en causas legales.

Acto seguido, el órgano se refirió al proceso establecido en el artículo 4 del Artículo Primero de la ley N° 21.252, que estableció un aporte fiscal y la forma de determinar su monto, para las personas naturales "que cumplían los requisitos" copulativos dispuestos en el artículo 2 del mismo cuerpo legal, pagadero por una sola vez, con cargo a recursos fiscales y sin obligación de reintegrar, fue objeto de revisión por parte de dicha entidad de fiscalización, atendido a que se verificó en la práctica que en el otorgamiento del citado beneficio algunas personas no cumplían con los requisitos para acceder al mencionado emolumento, o bien, sí cumplían con los requisitos para acceder, pero, no habían sido considerados en el proceso.

Acorde con lo anterior, estableció un mecanismo especial y previo de devolución de las sumas obtenidas en exceso por concepto de aporte fiscal o la presentación de una solicitud de revisión de antecedentes, para poder optar a la revisión de su situación con el objeto de que acrediten la veracidad de su declaración y/o el cumplimiento de los requisitos legales para obtener el aporte fiscal otorgado, y de esta manera cautelar el debido resguardo del reintegro en arcas fiscales de estas sumas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 del Artículo Primero de la Ley N° 21.252.

De manera que, atendida las indicadas circunstancias realizar la correspondiente entrega implicaría vulnerar el derecho que tiene todo contribuyente de presentar los antecedentes que estime necesarios ante el SII y que estos sean evaluados de acuerdo con los principios de igualdad, equidad y con la debida imparcialidad, agregando que "el SII se encuentra realizando un proceso que se encuentra en actual desarrollo relativo a quienes solicitaron el referido beneficio sin tener derecho al mismo o por el contrario, quienes presentaron nuevos antecedentes a este organismo para revisar su situación particular atendido a que no recibieron el beneficio y teniendo derecho a éste. Todo ello es parte de un proceso que se encuentra en actual desarrollo y en virtud del cual fue debidamente fundado el rechazo de la información requerida".

Lo anterior, por cuanto, inclusive concluido el plazo para que los contribuyentes puedan efectuar la restitución voluntaria, es necesario tener presente que aún existirá una instancia de restitución obligatoria que podrá efectuar este Servicio en la próxima Operación Renta año tributario 2021 (AT 2021), por lo cual, solo una vez concluida la misma podrá estimarse concluido el proceso actualmente pendiente en relación con la información requerida. Corroborando lo anterior y atendido a que se encuentra en curso el referido procedimiento administrativo y, en especial consideración a que no se ha determinado la situación concreta de cada uno de los peticionarios hasta la fecha, y tampoco se encuentra definida la globalidad de beneficiarios definitivos de la ley N° 21.252, proceso que aún se encuentra en curso y cuyo término se verificará junto con la declaración anual de impuesto a la renta AT 2021, conforme al artículo 65 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta siguiente a dicha determinación, el 31 de mayo de 2021, indicando que "inclusive concluido el plazo para que los contribuyentes puedan efectuar la restitución voluntaria, es necesario tener presente que aún existirá una instancia de restitución obligatoria que podrá efectuar este Servicio en la Operación Renta año tributario 2021 (AT 2021), por lo cual, solo una vez concluida la misma podrá estimarse concluido el proceso actualmente pendiente en relación con la información requerida, y siempre considerando que la información, inclusive estadística, que pueda entregar un órgano público siempre debe estar condicionada a que sea de fácil recopilación y que no implique un procesamiento excesivo y desproporcionado, que distraiga indebidamente a los funcionarios de sus labores habituales con el consecuente entorpecimiento y retraso de sus labores habituales, tal como ha razonado vuestro Consejo".

Por todo lo anteriormente expuesto, concluye que "la información solicitada se encontraba en un proceso de revisión y verificación de antecedentes, así como la restitución voluntaria establecida, sumado a que el proceso de restitución obligatoria se encontraba en curso y no estaría finalizado sino al menos hasta que finalice el proceso de operación renta año tributario -AT 2021-".

Además, todo lo antes razonado debe ser analizado en concordancia con los derechos de las personas, particularmente tratándose de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, conforme a lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, señalando que "la divulgación de la información solicitada importaría una afectación a la honra, honor, a la privacidad o vida privada, a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia de las personas antes referidas, debiendo estimarse reservada la información requerida, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia", reiterando lo señalado en su respuesta, respecto de las normas atingentes y jurisprudencia citada. Finalmente, solicita aplicar el procedimiento SARC post descargos.

Posteriormente, y a requerimiento de este Consejo, el Servicio complementó sus descargos, señalando que no es posible remitir los datos de contacto de los terceros toda vez que "En primer lugar, dichos antecedentes son de personas naturales, los que se encuentran resguardados en los artículos 2 letra f) y 4 ambos de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, por lo cual, resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7 de la citada ley; en relación, a su vez, con la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia (...) En segundo lugar, cabe manifestar que la divulgación expresa y detallada de la identidad de los funcionarios de la ilustre Municipalidad de Coinco conlleva, además la afectación del derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia que toda persona tiene garantizado, por cuanto en este caso en particular, los mencionados funcionarios públicos se les está imputando la percepción indebida de un ingreso o beneficio social, conducta que conforme la normativa legal sería ilegal o contraria a derecho, la cual puede ocasionar una eventual responsabilidad administrativa o inclusive responsabilidad penal, la que solo será determinada por la autoridad correspondiente a través del respectivo procedimiento disciplinario, siendo públicos dichos antecedentes para los terceros en general solo una vez que se encuentre afinado el sumario o investigación sumaria en su caso (...)", citando jurisprudencia de este Consejo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a resolver el fondo, respecto de la alegación del Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que este amparo debió ser declarado inadmisible por no cumplir los requisitos que establece la ley, cabe tener presente que el fundamento de dicho reclamo es la respuesta negativa otorgada por la institución, toda vez que la información requerida fue denegada conforme a causal legal, y asimismo, el reclamante acompañó los antecedentes que menciona el artículo 24 de la Ley de Transparencia para la procedencia del amparo. Por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de dicha ley, el cual establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por el reclamante. En consecuencia, este Consejo desestimará dicha alegación.

2) Que, en cuanto al fondo, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio de Impuestos Internos, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a la individualización de los funcionarios de la Municipalidad de Coinco que accedieron al bono clase media, falsificando sus datos. Al respecto, el órgano señaló que la información requerida se encuentra en proceso de análisis de los antecedentes aportados por los trabajadores, por lo que el análisis aún no está completo. Además, argumenta que elaborar la base de datos para dar respuesta al requerimiento implica una distracción indebida de funciones, pues se requiere efectuar procedimiento de notificación a los terceros afectados, ya que se trata de la divulgación de datos personales en los términos dispuestos en la ley N° 19.628, en la Constitución Política de la República y en el Código Tributario.

3) Que, en cuanto a la información pedida, en una primera instancia, se debe tener presente lo razonado por este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol C333-10, respecto a que el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de éstos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social respecto de a quiénes han sido otorgados dichos beneficios. A mayor abundamiento, la propia Ley de Transparencia, en su artículo 7 letra i) ha establecido que la nómina de beneficiaros de programas de subsidios u otros beneficios que entregue el respectivo órgano, debe hacerse pública de manera proactiva, por parte de los órganos de la Administración del Estado, mes a mes, con la única excepción de aquellos casos en que se estime que dicha información constituye datos sensibles, en cuyo caso el tratamiento de los mismos debe hacerse de acuerdo con las normas de la ley N° 19.628.

4) Que, en dicho contexto, en el Oficio N° 821, de fecha 30 de junio de 2020, por medio del cual se efectúa requerimiento y recomendaciones en materia de transparencia, acceso y entrega de información, en relación con los planes y programas sociales y económicos desarrollados y/o ejecutados por los Órganos de la Administración del Estado, en el marco de la pandemia por COVID-19", este Consejo recomendó que "En los procedimientos de postulación, asignación o rechazo y entrega o pago del beneficio, cuando corresponda, deberá darse debido cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 19.628. Sin perjuicio de ello, para el adecuado cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, en los procesos de entrega o comunicación de información sobre nóminas de beneficiarios, se deberá reservar el domicilio y otros antecedentes personales, que no sean necesarios para ejercer el control social...".

5) Que, no obstante lo señalado precedentemente, en la especie, lo requerido no se refiere específicamente a aquellas personas, funcionarios de la Municipalidad de Coinco que recibieron el beneficio fiscal o estatal consultado, sino que se trata de aquellas que, particularmente, obtuvieron dicho beneficio falsificando sus datos, conforme lo dispuesto en la ley N° 21.252. Al respecto, el inciso 2° del artículo 6 de la citada ley, dispone que "Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos la determinación del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del beneficio y el cálculo del monto máximo que corresponda a cada beneficiario". Luego, en el artículo 12 de la misma ley, se establece que "Las personas que obtuvieran un beneficio mayor al que les corresponda en conformidad a esta ley, según lo determine el Servicio de Impuestos Internos, deberán reintegrar dicho exceso en el proceso de declaración anual de impuesto a la renta conforme al artículo 65 de la Ley sobre Impuesto a la Renta siguiente a dicha determinación. Para estos efectos se aplicarán las normas sobre reajustabilidad e intereses establecidas en el artículo 53 del Código Tributario y la sanción que contempla el artículo 97 N° 11 del mismo Código, en caso que se haya obtenido un beneficio mayor por causa imputable al beneficiario".

6) Que, en dicho contexto, si bien la información se refiere a datos que obran en poder del Servicio, según lo informado en la propia página web del órgano reclamado, en el link https://www.sii.cl/noticias/2021/220121noti01er.htm, cabe tener presente que dichos antecedentes se encuentran en constante modificación, toda vez que los procesos de verificación de requisitos aún se encuentran pendientes. Así las cosas, según lo consignado en el considerando precedente, el SII es la institución competente para determinar el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del beneficio consultado, por lo tanto, conforme a lo indicado en sus descargos, los procedimientos voluntarios de restitución y de revisión de antecedentes para demostrar que los trabajadores sí cumplían con los requisitos para acceder al aporte fiscal siguen en tramitación, de acuerdo a lo instruido en las resoluciones exentas N° 13, de fecha 2 de octubre de 2020, N° 136 del 23 de octubre de 2020, y N° 145, del 26 de noviembre de 2020, todas disponibles en los enlaces que menciona. Asimismo, como se estipuló en el artículo 12 de la ley N° 21.252, también se fijó el período de declaración de impuesto a la renta siguiente -Año Tributario 2021- para efectos de reintegrar los montos obtenidos en exceso, proceso que a la fecha del requerimiento aún no se había concluido.

7) Que, en este punto, conviene tener presente lo señalado por la Contraloría General de la República, en su dictamen N° 49071, de 04 de noviembre de 2020, en orden a explicitar que inclusive respecto de la auditoría al proceso de entrega del aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media desarrollada por dicho Órgano Contralor, "atendido que se encuentra en curso el referido procedimiento administrativo y, particularmente, que el SII no ha determinado la situación concreta de cada uno de los funcionarios públicos hasta la fecha, no resulta posible emitir un pronunciamiento, por ahora. Lo anterior es sin perjuicio de la posibilidad de efectuar nuevas presentaciones ante esta Entidad de Control para que se revise la interpretación que deberá efectuar el SII, mediante acto administrativo dictado como consecuencia del anotado procedimiento administrativo, determinando el cumplimiento de los requisitos de otorgamiento del bono clase media respecto de funcionarios en particular".

8) Que, en este sentido, cabe hacer presente lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 9 de la ley N° 19.628, en orden a que "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público. // En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos". Así como también, lo establecido en el artículo 2, letra d), de la ley citada que define como "Dato caduco, el que ha perdido actualidad por disposición de la ley, por el cumplimiento de la condición o la expiración del plazo señalado para su vigencia o, si no hubiese norma expresa, por el cambio de los hechos o circunstancias que consigna". En el presente caso, se trata de información no actualizada, susceptible de ser caduca en el evento de que cambien las circunstancias en que se funda, y que se encuentra en permanente modificación, ya que los datos de los beneficiarios indicados originalmente no se encuentran vigentes en su totalidad, y los procedimientos de verificación sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley aún se encuentran pendientes. En efecto, de acuerdo con lo informado por el órgano reclamado a la data de la solicitud y descargos, si bien, los procesos de recepción de antecedentes ya han terminado, aún persiste la posibilidad de restituir los montos erróneamente percibidos en la Operación Renta del año tributario 2021.

9) Que, en virtud de lo señalado, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, establece que se podrá denegar el acceso a la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de (...) la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". En dicho contexto, la información requerida se refiere a datos personales protegidos por las disposiciones establecidas en la ley N° 19.628, cuyo artículo 2, letra f), indica que son "Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables", por lo que se debe tener presente que, por medio de la ley N° 21.096, que establece el derecho a la protección de los datos personales, se consagró ésta a nivel constitucional, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, condición que debe ser considerada al ponderar la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Esto cobra especial relevancia a efectos de elevar el estándar exigido para limitar o restringir el ejercicio de un derecho fundamental. Esta última norma consagra que "La Constitución asegura a todas las personas: 4°.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley;".

10) Que, en este orden de ideas, y considerando especialmente que la situación de los funcionarios públicos a que se refiere la solicitud no se encuentra consolidada, divulgar su identidad o su número de cédula de identidad, constituye una información que tiene un potencial suficiente para afectar su honra y la presunción de inocencia que los ampara por cuanto expone un eventual incumplimiento en la percepción del beneficio que aún tiene un carácter preliminar. En el mismo sentido, conviene tener presente lo razonado por este Consejo en la decisión Rol C327-14 en cuanto a que "(...)De lo anterior se desprende que, pudiendo existir reclamaciones de determinación de diferencias de impuestos pendientes, luego la individualización de los contribuyentes podría generar una exposición pública de la condición de sujeto fiscalizado y una eventual afectación a la presunción de inocencia respecto del comportamiento tributario de estos contribuyentes, mientras no finalicen dichos procedimientos impugnatorios, circunstancia que a juicio de este Consejo justifica reservar la información en análisis, por lo que corresponde rechazar el amparo respecto de dicha parte de la solicitud."

11) Que, seguidamente, cabe recordar que el artículo 4 de la ley N° 19.628 dispone que "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", y que el artículo 7 de la misma ley, estipula que "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público (...)". En el mismo sentido, el artículo 33, letras j) y m), de la Ley de Transparencia, expresa que "El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones: j) Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado; m) Velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado".

12) Que, en consecuencia, tal como razonó este Consejo en las decisiones de amparos Rol C7908-20, C8218-20 y C805-21, referidas a solicitudes de información de similar naturaleza, en la especie se configura la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en la ley N° 19.628 y el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, motivo por el cual se rechazará el presente amparo.

13) Que, en virtud de lo resuelto precedentemente, este Consejo no se pronunciará respecto de las demás alegaciones del Servicio de Impuestos Internos, por resultar inoficioso.

14) Que, sin perjuicio de lo anterior, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 11, letra d), de la Ley de Transparencia, que reconoce el principio de máxima divulgación, se recomienda que el órgano reclamado haga entrega al solicitante de la nómina de los funcionarios públicos del municipio aludido, que recibieron el bono consultado, una vez que exista la debida consolidación y certeza respecto de los efectivamente beneficiados.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por Jorge Acuña Díaz en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Jorge Acuña Díaz y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.