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Sandra Roca Quinteros con MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER Rol: C3402-21

Consejo para la Transparencia, 24/08/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de San Javier, requiriéndose la entrega de oficio que se consigna. Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual no se ha acreditado suficientemente una afectación al debido cumplimiento de las funciones del servicio, en particular de la estrategia del órgano reclamado para enfrentar la controversia jurídica en análisis. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que este no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3402-21

Entidad pública: Municipalidad de San Javier

Requirente: Sandra Roca Quinteros

Ingreso Consejo: 10.05.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de San Javier, requiriéndose la entrega de oficio que se consigna.

Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual no se ha acreditado suficientemente una afectación al debido cumplimiento de las funciones del servicio, en particular de la estrategia del órgano reclamado para enfrentar la controversia jurídica en análisis.

Sin perjuicio de lo cual, en el evento que este no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

En sesión ordinaria N° 1208 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3402-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de abril de 2021, doña Sandra Roca Quinteros solicitó a la Municipalidad de San Javier, "copia de oficio que abogada patrocinante de la Municipalidad de San Javier dice haber solicitado anterior al 12 de abril del año 2021, al Tribunal de Familia de la Comuna de Linares, para ser presentado como prueba del Municipio frente a Causa de Juicio Laboral T-4-2021, Alarcón/municipalidad de San Javier (...)".

2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ord. N° 386, de fecha 7 de mayo de 2021, la Municipalidad de San Javier respondió el requerimiento, denegando su entrega, por concurrir la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 10 de mayo de 2021, doña Sandra Roca Quinteros dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de acceso.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Javier, mediante Oficio N° E13932, de fecha 30 de junio de 2021, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, específicamente, informe en qué medida su acceso iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; y, (3°) informe las partes, Tribunal, Rol, si procediere, y el estado en que se encuentra el procedimiento que sirvió de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada.

Mediante Oficio N° 638, de fecha 14 de julio de 2021, el organismo presentó sus descargos, en los que señaló que fue demandado en juicio laboral por vulneración de derechos fundamentales y despido injustificado por la solicitante. En tal contexto, hizo presente que recabó la copia del acta de audiencia preparatoria en causa sobre alimentos que indica, la cual daba cuenta de hecho que describe. Agregó que, dicha situación era conteste con la teoría del caso desarrollada por la abogada patrocinante, por lo que a la fecha de la solicitud de acceso se consideró que aquella se enmarcaba en la hipótesis de reserva alegada, pues su entrega podría haber afectado el curso de la defensa municipal, atendido a que dicho documento fue proporcionado por una testigo de los hechos y que declaró en el juicio.

Seguidamente, expuso que en la audiencia preparatoria de juicio, la abogada municipal decidió no incorporarla, pues se consideró la inconveniencia ética de involucrar datos reservados de menores, prescindiendo de la prueba.

Finalmente, hizo presente que la causa laboral se encuentra con sentencia definitiva de primera instancia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso. Al respecto, el organismo alegó la concurrencia de la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia.

2) Que, en virtud de la causal de reserva alegada, se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". Al efecto, la Entidad Edilicia fundó la causal en que la develación de dicho antecedente podría haber afectado el curso de la defensa municipal, por cuanto el acta de la audiencia preparatoria de la pensión de alimentos fue proporcionada por una testigo de los hechos y que declaró en el juicio, la cual daba cuenta de hecho que describe, situación era conteste con la teoría del caso desarrollada.

3) Que, sobre el particular, es menester tener en consideración el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras, mediante las cuales se resolvió que la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1 literal a) de la Ley de Transparencia, se debe interpretar de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él. Tampoco basta, para que se configure aquella, que el órgano sólo mencione la existencia de algún procedimiento jurídico o judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio o controversia pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por este último. Al efecto, no se ha explicado en forma pormenorizada la necesidad de mantener en reserva el oficio consultado para las defensas judiciales, ni el modo específico en que se afectaría la estrategia judicial del Municipio, con respecto al grado de necesidad y vinculación que debe existir entre lo pedido, las defensas y el procedimiento judicial incoado.

4) Que, en este sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no se verifica, toda vez que no se aportan suficientes elementos que justifiquen la afectación de la posición del órgano para enfrentar la controversia jurídica en análisis.

5) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose de antecedentes de naturaleza pública, esta Corporación procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega del oficio consultado. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que este no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Sandra Roca Quinteros en contra de la Municipalidad de San Javier, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Javier, lo siguiente:

a) Entregue a la peticionaria copia de "oficio que abogada patrocinante de la Municipalidad de San Javier dice haber solicitado anterior al 12 de abril del año 2021, al Tribunal de Familia de la Comuna de Linares, para ser presentado como prueba del Municipio frente a Causa de Juicio Laboral T-4-2021, Alarcón/municipalidad de San Javier". Sin perjuicio de lo cual, en el evento que este no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Sandra Roca Quinteros y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Javier.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.