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Carolina Pizarro Donoso con JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB) Rol: C3429-21

Consejo para la Transparencia, 24/08/2021


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3429-21

Entidad pública: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Requirente: Carolina Pizarro Donoso.

Ingreso Consejo: 10.05.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, ordenando la entrega de copia de las 52 resoluciones que indica, que instruyen sumarios administrativos actualmente en curso, debiendo tarjar, previamente, la identidad de las personas denunciantes y de los funcionarios en contra de la cual se dirige la investigación; asimismo se deberán tarjar los datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar; y también deberá tarjar toda información que pueda referirse a los hechos denunciados o que serán investigados, y a las diligencias o cursos de acción que serán desarrollados en el respectivo procedimiento sumarial.

Lo anterior, por no resultar aplicable la reserva del artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, pues si bien lo pedido dice relación con diversos procedimientos administrativos que, a la época del requerimiento, no estaban afinados, no se trata de información cuya divulgación pueda poner en riesgo el éxito de la investigación, toda vez que corresponde únicamente a copia de las resoluciones que instruyeron los procedimientos consultados.

Aplica criterios establecidos en las decisiones de los amparos rol C1813-18, C3324-18, C2057-20, C4649-20 y C3312-21, entre otros.

En sesión ordinaria N° 1208 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3429-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de marzo de 2021, doña Carolina Pizarro Donoso requirió a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, lo siguiente: "Solicito copia de las siguientes resoluciones emitidas por el Director Nacional (...)", individualizando las 52 resoluciones que requiere, con su número y fecha, y agregando en sus observaciones, que se refiere a "Resoluciones que instruyen sumarios administrativos, que aún se encuentran vigentes".

2) RESPUESTA: El 19 de abril de 2021, mediante Resolución Exenta N° 1055, la JUNAEB otorgó respuesta a la solicitud, denegando la entrega de las resoluciones conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo que establece el inciso 2° del artículo 137 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, según el cual el sumario será secreto hasta la formulación de cargos, agregando que "los actos administrativos solicitados por la requirente se refieren a resoluciones que ordenan la instrucción de procesos disciplinarios, que a su vez contienen datos acerca de la materia investigada, nombre de los eventuales inculpados y otros antecedentes que al darlos a conocer ponen en riesgo el éxito de la investigación. Además de formar parte integrante de los referidos procesos y por lo tanto sujetos a la causal de reserva invocada", citando jurisprudencia de este Consejo sobre el secreto sumarial.

3) AMPARO: El 10 de mayo de 2021, doña Carolina Pizarro Donoso dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, alegó que "no se entiende la aplicación extensiva de la norma del secreto de sumario respecto a la solicitud de las resoluciones que la instruyen, puesto que si se inicia un procedimiento disciplinario los hechos que lo motivan son públicos, más no el contenido de su investigación", citando jurisprudencia de este Consejo y de la Excma. Corte Suprema, y haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Asociaciones de Funcionarios, en el artículo 8° de la Constitución Política de la República.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E11817, de 1 de junio de 2021, confirió traslado al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y (2°) en caso no existir inconvenientes para la entrega de la información solicitada ni causal de reserva aplicable, remita la misma a la parte reclamante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Para ello, tome en consideración lo resuelto por este Consejo en las decisiones de amparos Roles C1813-18, C3324-18, C7443-20, entre otras.

Mediante Oficio N° 591, de fecha 8 de julio de 2021, la institución evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, y hacer mención a sus funciones legales, agregó en síntesis, que "JUNAEB ha tenido en consideración, además, que los datos solicitados vinculados a los procedimientos disciplinarios actualmente en trámite cuya publicidad se solicita han sido incoados por eventuales irregularidades sobre diversas materias, incluso con ocasión de denuncias por acoso laboral al interior de la institución, por lo tanto ponderó que debido a la importancia de las diversas materias investigadas existiría un riesgo al entregar los antecedentes solicitados que en definitiva afectaría futuras investigaciones y, por ende, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano, generando múltiples consecuencias indeseadas para la institución (...)".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, a la solicitud de la reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de las 52 resoluciones que indica, que instruyen sumarios administrativos actualmente en curso. Al respecto, el órgano denegó su entrega conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo que establece el inciso 2° del artículo 137 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

2) Que, en dicho contexto, respecto de las resoluciones que instruyen un proceso sumarial, se debe hacer presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

3) Que, por su parte, en cuanto a la naturaleza de los expedientes sumariales, este Consejo ha sostenido a partir de la decisión de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C411-09, C7-10 y C561-11, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros).

4) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, atendido los criterios establecidos por este Consejo en las decisiones roles C1813-18, C3324-18, C2057-20, C4649-20 y C3312-21, entre otros, esta Corporación ha razonado que "aquella información cuya naturaleza es pública, no pasa a ser secreta o reservada por el solo hecho de que se acumule a un sumario incoado por el órgano requerido, especialmente si no se ve frustrada la investigación que se lleve a cabo si es que se conociese o publicare la información pública requerida". En efecto, dicha interpretación encuentra justificación en que siendo el secreto del expediente sumarial una excepción a la regla de publicidad consagrada por los artículos 8°, inciso 2°, de la Constitución Política y 5° y 10 de la Ley de Transparencia, de conformidad al artículo 21 N° 5 y 1° transitorio de este último cuerpo legal, su aplicación debe encontrar fundamento en la afectación de los bienes jurídicos a que se refieren dichas normas.

5) Que, a mayor abundamiento, se debe considerar lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, en orden a que "la disposición del artículo 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo debe interpretarse a la luz de la finalidad de la norma, vale decir, concierne a la cuestión de fondo tendiente a asentar la responsabilidad administrativa en hechos que han sido valorados de trascendencia para la administración, por ello mira el éxito de la investigación y como ha sostenido la Contraloría General de la República, a la honra y respeto a la vida pública de los funcionarios que, eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos investigados. De ahí que una información que no comprometa estos fines, que no sea detallada en relación con el asunto indagado, pudiera ser entregada" (Considerando 8, sentencia del reclamo de ilegalidad, Rol 7608-2012). Por otra parte, refiriéndose a un caso en que también se solicitó copia de una resolución que ordenó instruir un sumario, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que "el documento que fue requerido por el interesado fue aquella que solo se limita a ordenar la instrucción del sumario, ante la denuncia de la interesada, pero que en ningún caso individualiza a algún funcionario como afectado por aquel procedimiento administrativo, esto es, no afecta a derechos de terceros que estén determinados en aquel acto, derechos que por lo demás, deben velar los interesados para su resguardo" (Considerando 3, sentencia del reclamo de ilegalidad, Rol 3326-2013).

6) Que, en consecuencia, a juicio de este Consejo, en la especie, no se aplica la reserva del artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, pues si bien las resoluciones requeridas dicen relación con diversos sumarios administrativos que a la época del requerimiento no estaban afinados, no se trata de información cuya divulgación ponga en riesgo el éxito de la investigación, toda vez que corresponde únicamente a la copia de las resoluciones que instruyeron los procedimientos sumariales, por lo tanto se acogerá el presente amparo y se ordenará la entrega de dichas resoluciones.

7) Que, conforme a lo resuelto, y en virtud de lo señalado por la JUNAEB respecto del contenido de las resoluciones requeridas, atendido los criterios establecidos por este Consejo en las decisiones roles C2795-17, C3571-17, C1790-18, C1954-18 C2577-18, y C1894-18, entre otros, en forma previa a su entrega, el órgano reclamado deberá tarjar la identidad de las personas denunciantes -a fin de evitar que se inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que se efectúen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias- y de los funcionarios en contra de la cual se dirige la investigación -en virtud del principio de presunción de inocencia establecido en nuestro ordenamiento jurídico-. Al efecto, y con el objeto de que dicha reserva tenga efecto, la reclamada deberá además reservar cualquier dato o antecedente que permita inferir la identidad de los sujetos señalados precedentemente. En este sentido, deberá suprimir toda mención al cargo o funciones desempeñadas -incluyendo el año de ingreso-, así como las descripciones o menciones de cualquier situación o hecho que las haga identificables. Asimismo se deberán tarjar los datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Conjuntamente con lo expuesto, deberá tarjarse toda información que pueda referirse a los hechos denunciados o que serán investigados, y a las diligencias o cursos de acción que serán desarrollados en el respectivo procedimiento sumarial. Lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y en conformidad a lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Carolina Pizarro Donoso en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas lo siguiente:

a) Entregar a la reclamante copia de las 52 resoluciones que indica, que instruyen sumarios administrativos actualmente en curso, debiendo tarjar, previamente, la identidad de las personas denunciantes y de los funcionarios en contra de la cual se dirige la investigación o cualquier dato o antecedente que permita inferir su identidad, debiendo suprimir toda mención al cargo o funciones desempeñadas, así como las descripciones o menciones de cualquier situación o hecho que las haga identificables; asimismo se deberán tarjar los datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, como domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros; y también deberá tarjar toda información que pueda referirse a los hechos denunciados o que serán investigados, y a las diligencias o cursos de acción que serán desarrollados en el respectivo procedimiento sumarial.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Carolina Pizarro Donoso y al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.