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Jaime Sepúlveda Salinas con INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (ISL) Rol: C3467-21

Consejo para la Transparencia, 24/08/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), ordenando complementar la base de datos sobre denuncias por accidentes y enfermedades profesionales entregada en la respuesta a la solicitud, a fin de incorporar al respectivo archivo la variable "profesión". Lo anterior, toda vez que no se advierte de qué forma la divulgación de dicha variable en conjunto con los restantes datos proporcionados permitan identificar al informante y, por tanto, mantiene su carácter de dato estadístico. De igual forma, tampoco se advierte que su publicidad afecte los derechos de las personas. Se rechaza el amparo en lo relativos a los cuestionamientos del reclamante referidos, en términos generales, a que la base de datos proporcionada carece de una clasificación adecuada para una diferenciación de los riesgos y que la categoría "Hospitales y Clínicas" de la variable "Descripción actividad económica" comprendería ámbitos no asistenciales, situación que dificulta el análisis de datos; por no corresponder a una denegación de información propiamente tal, sino más bien a una insatisfacción con el contenido de la misma, circunstancia que escapa al ámbito de competencia de este Consejo. Se rechaza igualmente el amparo en lo que se refiere a la incorporación en la base de datos consultada, de las variables "RUT del empleador" y "razón social", ya que respecto de dicho dato se configuran las causales de reserva de afectación a los derechos de las personas, en la relación con las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Esto, toda vez que la entrega de dichos datos en conjunto con los restantes parámetros proporcionados hace presumir con cierto grado de especificidad y certeza, que aquello podría permitir identificar de modo indirecto al informante, exponiéndolo a que se divulgue información sensible sobre su salud, particularmente, en lo referido a haber sufrido tal o cual accidente del trabajo, accidente de trayecto o enfermedad profesional. En efecto, de divulgarse dichos parámetros, los datos pedidos dejarían de ser de estadísticos, pues no cumpliría con la exigencia de ser indeterminados, esto es, que no se haga alusión indirecta al origen de los datos, sea por cruce con otros datos o por la entrega de información complementaria que permita identificar el origen de ellos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3467-21

Entidad pública: Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Requirente: Jaime Sepúlveda Salinas

Ingreso Consejo: 12.05.2021

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), ordenando complementar la base de datos sobre denuncias por accidentes y enfermedades profesionales entregada en la respuesta a la solicitud, a fin de incorporar al respectivo archivo la variable "profesión".

Lo anterior, toda vez que no se advierte de qué forma la divulgación de dicha variable en conjunto con los restantes datos proporcionados permitan identificar al informante y, por tanto, mantiene su carácter de dato estadístico. De igual forma, tampoco se advierte que su publicidad afecte los derechos de las personas.

Se rechaza el amparo en lo relativos a los cuestionamientos del reclamante referidos, en términos generales, a que la base de datos proporcionada carece de una clasificación adecuada para una diferenciación de los riesgos y que la categoría "Hospitales y Clínicas" de la variable "Descripción actividad económica" comprendería ámbitos no asistenciales, situación que dificulta el análisis de datos; por no corresponder a una denegación de información propiamente tal, sino más bien a una insatisfacción con el contenido de la misma, circunstancia que escapa al ámbito de competencia de este Consejo.

Se rechaza igualmente el amparo en lo que se refiere a la incorporación en la base de datos consultada, de las variables "RUT del empleador" y "razón social", ya que respecto de dicho dato se configuran las causales de reserva de afectación a los derechos de las personas, en la relación con las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Esto, toda vez que la entrega de dichos datos en conjunto con los restantes parámetros proporcionados hace presumir con cierto grado de especificidad y certeza, que aquello podría permitir identificar de modo indirecto al informante, exponiéndolo a que se divulgue información sensible sobre su salud, particularmente, en lo referido a haber sufrido tal o cual accidente del trabajo, accidente de trayecto o enfermedad profesional.

En efecto, de divulgarse dichos parámetros, los datos pedidos dejarían de ser de estadísticos, pues no cumpliría con la exigencia de ser indeterminados, esto es, que no se haga alusión indirecta al origen de los datos, sea por cruce con otros datos o por la entrega de información complementaria que permita identificar el origen de ellos.

En sesión ordinaria N° 1208 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3467-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de marzo de 2021, don Jaime Sepúlveda Salinas solicitó al Instituto de Seguridad Laboral (en adelante e indistintamente el ISL) la siguiente información:

"Solicito información del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) para la elaboración de un perfil de los accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y otras condiciones que afectan al trabajo médico y a la población trabajadora del sector salud desagregado por estamentos profesionales y técnico-administrativos, y su distribución comparativa respecto de otros sectores afiliados al ISL.

El requerimiento es de una serie temporal de los últimos 7 años (2014 en adelante), que contenga las siguientes variables: fecha de denuncia, tipo de evento (Accidente Trabajo, Accidente de Trayecto o Enfermedad Profesional), región, edad, sexo, profesión, nacionalidad, categoría ocupacional, tipo de ingresos (fijo o variable), descripción de actividad económica, RUT de empresa y razón social, trabajo habitual, tipo de calificación, descripción agente enfermedad, descripción agente accidente y diagnóstico."

Se solicita incorporar el RUT de empleador y razón social para efectos de cumplir con el objetivo de análisis sobre exposición de riesgo del trabajo médico en distintas áreas de desempeño clínico como parte de un estudio a cargo del Departamento de Salud Pública del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico de Chile. Dado que se trata de personerías jurídicas este dato no constituiría ninguna falta legal o administrativa respecto de la privacidad y sensibilidad de la información.

Además, por la actual pandemia se requiere incorporar otras condiciones como "contacto estrecho" (código CIE10 "Z20.8"), "aislamiento" ("Z29.0") o "caso sospechoso" ("U07.2")".

2) PRORROGA DE PLAZO: Por oficio de 1896, de 14 de abril de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: Por medio de Resolución N° 74, de fecha 28 de abril de 2021, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que se accede a la entrega de la base de datos pedida, pero con las siguientes observaciones:

a) Que, con fecha 23 de abril de 2021, el Departamento Jurídico de este Instituto de Seguridad Laboral, realiza indicaciones respecto a antecedentes disponibles y puestos a disposición.

b) Que, dado el número promedio de trabajadores de las empresas adheridas al ISL, la relación entre algunas variables solicitadas como por ejemplo sexo y edad, con datos de la personería jurídica de las mismas, podría implicar la identificación de las personas, vulnerando el derecho a la privacidad de datos personales.

c) Que, la entrega de todas las variables requeridas implica el riesgo de comunicar y/o divulgar información sensible sobre condiciones de salud, toda vez que la conjugación de las mismas permite identificar o colegir el reconocimiento de terceros en lo que respecta antecedentes de salud física o psíquica

d) Cita la causal de secreto dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y en el principio de divisibilidad regulado en el artículo 11, letra e) del mismo cuerpo legal.

e) En consecuencia, resuelve acceder a la entrega de un archivo Excel, proporcionado por su Departamento de Estudios y Gestión Estratégica, haciendo presente que los antecedentes entregados han sido tratados conforme al principio de divisibilidad, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 19.628.

4) AMPARO: El 12 de mayo de 2021, don Jaime Sepúlveda Salinas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta incompleta o parcial a su solicitud. Al efecto, alega, en síntesis, lo siguiente:

a) La información entregada no permite identificar los riesgos de salud laboral buscados para profesionales médicos. Se insiste en la incorporación de la variable "profesión" que ha sido omitida sin explicación.

b) La segunda variable omitida es la "razón social", la cual permite abordar los riesgos laborales en contextos del sector salud, en ausencia de sistemas de clasificación ocupacionales internacionales o vigentes en Chile. El resguardo de privacidad de datos sensibles puede garantizarse omitiendo para la variable "sector" aquellos datos de "razón social" de empresas de "otros sectores" diferentes al sector salud.

c) Respecto a la denegación de información sobre ocupación y lugar de trabajo, señala que en ausencia de esas variables (CIIU, CIUO 08.CL) en las bases de datos del Instituto de Seguridad Laboral, resulta clave contar con los datos de la variable "profesión" (referidos a la ocupación) que ha sido inexplicablemente omitida en la respuesta del ISL.

d) Aun cuando la gran mayoría de los datos entregados corresponden al "sector salud", y particularmente a establecimientos del Sistema Nacional de Salud Pública, la información entregada carece por completo de una clasificación adecuada a una diferenciación de los riesgos, por ejemplo, según niveles de atención, es decir, de atención de salud primaria, secundaria, terciaria de hospitales tipo 1, 2, 3 o 4.

e) La variable "razón social" es fundamental para nuestro análisis de salud, y podría omitirse para resguardar el criterio de confidencialidad para cualquier otro sector. También, se podrían omitir para empresas pequeñas y medianas del sector salud. Ellos, daría resguardo a las objeciones sobre privacidad de datos sensibles de la Resolución en cuestión.

f) Por otro lado, la categoría "Hospitales y Clínicas" de la variable "Descripción actividad económica" comprendería ámbitos no asistenciales como Subsecretaría de Salud Pública, Direcciones de Servicios de Salud, etc. Por otro lado, la Atención Primaria se podría está clasificando como categoría "Otras actividades relacionadas con la salud humana" u "Otros profesionales de la salud" en la variable "Descripción actividad económica", haciendo difícil cualquier análisis (por ejemplo, la Dirección de Atención Primaria del SSM Central se clasifica como "Otras actividades relacionadas con la salud humana").

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), mediante Oficio E11509, de 28 de mayo de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante Ord. N° 571, de 14 de junio de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos en esta sede, argumentando, en síntesis, lo siguiente:

De la revisión del antecedente remitido por el Departamento de Estudios y Gestión Estratégica de este Servicio, se advirtió que la base de datos generada incorporaba múltiples variables que, en conjunto, podían implicar un riesgo de reconocimiento de terceros, vulnerando sus derechos. De esta manera, a partir de advertencias realizadas por el Departamento de Estudios y Gestión Estratégica y en revisión con el Departamento Jurídico del Instituto de Seguridad Laboral, se procedió a omitir aquellos datos de variables que en su conjunto permitiesen el reconocimiento de terceros, teniendo especial consideración que corresponden a datos que dan cuenta de condiciones de salud, acorde a lo establecido en el artículo 21, número 2, de la Ley de Transparencia.

Acto seguido, señala que para el presente caso no ha habido secreto o reserva del antecedente solicitado, sino que se ha puesto a disposición del solicitante base de datos con la información requerida, previa aplicación del principio de divisibilidad acorde a normativa vigente. Lo anterior, toda vez que acorde el producto del número promedio de trabajadores de las empresas adheridas al Instituto de Seguridad Laboral, la entrega de todas las variables implica que, mediante la relación de algunas de ellas, se pueda identificar y/o colegir el reconocimiento de terceros en lo que respecta antecedentes de salud física o psíquica. En tal contexto, indica que, si bien no existe causal de secreto o reserva para la entrega de datos de personerías jurídicas ante datos sensibles, tales como RUT del Empleador y/o Razón Social, éstos al estar conjugados con otras variables relacionadas a denuncias por enfermedades profesionales o accidentes del trabajo, pueden permitir el reconocimiento de terceros, tomando especial consideración en que los datos requeridos corresponden a información de trabajadores/as de las empresas adheridas al Instituto de Seguridad Laboral.

Finalmente, refiere que no realizó el procedimiento de comunicación establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, pues como se da cuenta en la planilla entregada, en ella constan 134.383 datos referidos a accidentes y/o enfermedades profesionales de trabajadores de empresas adheridas al Instituto de Seguridad Laboral, por lo cual dar cumplimiento a dicho proceso implica afectar significativamente las debidas funciones del órgano. De esta forma, en atención al principio de eficiencia del Estado, y en el ánimo de dar la mejor respuesta posible al solicitante, se determinó entregar la base de datos pedida previa aplicación del principio de divisibilidad.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la información proporcionada por el Instituto de Seguridad Laboral referida a la obtención de una base de datos, "de los últimos 7 años (2014 en adelante), que contenga las siguientes variables: fecha de denuncia, tipo de evento (Accidente Trabajo, Accidente de Trayecto o Enfermedad Profesional), región, edad, sexo, profesión, nacionalidad, categoría ocupacional, tipo de ingresos (fijo o variable), descripción de actividad económica, RUT de empresa y razón social, trabajo habitual, tipo de calificación, descripción agente enfermedad, descripción agente accidente y diagnóstico" es incompleta o parcial, toda vez que se omitió la entrega de datos sobre "profesión", "RUT de la empresa" y "razón social". Además, argumenta que la base de datos proporcionada carece de una clasificación adecuada para una diferenciación de los riesgos y que la categoría "Hospitales y Clínicas" de la variable "Descripción actividad económica" comprendería ámbitos no asistenciales, situación que dificulta el análisis de datos.

2) Que, a su turno, el organismo reclamado sostuvo que procedió a proporcionar la información pedida, previa aplicación del principio de divisibilidad, reservado aquellas variables que en conjunto con las restantes entregadas, pudiesen permitir la identificación o el reconocimiento de terceras personas en lo que respecta antecedentes de salud física o psíquica, configurándose al efecto la causal de reserva del artículo 21 número 2, de la Ley de Transparencia.

3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por otra parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, establecido lo anterior, en primer lugar, respecto de los cuestionamientos del reclamante señaladas en las letras d) y f) del numeral 4) de lo expositivo, referidas en términos generales, a que la base de datos proporcionada carece de una clasificación adecuada para una diferenciación de los riesgos y que la categoría "Hospitales y Clínicas" de la variable "Descripción actividad económica" comprendería ámbitos no asistenciales, situación que dificulta el análisis de datos pedidos para el fin que él busca ("elaboración de un perfil de los accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y otras condiciones que afectan al trabajo médico y a la población trabajadora del sector salud desagregado por estamentos profesionales y técnico-administrativos, y su distribución comparativa respecto de otros sectores afiliados al ISL"); serán desestimadas en esta sede, por cuanto aquello no corresponde a una denegación de información propiamente tal, sino más bien a una insatisfacción con el contenido de la misma, circunstancia que escapa al ámbito de competencia de este Consejo.

5) Que, ahora bien, en cuanto a la reserva de las variables reclamadas, es menester señalar que el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, dispone que podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". A su turno, el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, dispone que son datos personales "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables", mientras que en su letra g), establece que tienen el carácter de datos sensibles "aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". Por su parte, el artículo 4 del mismo cuerpo legal, establece que "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", mientras que el artículo 10, dispone que "No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares".

6) Que, con fecha 07 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial el texto actualizado y refundido de las Recomendaciones del Consejo para la Transparencia en materia de protección de datos personales dirigidas a los órganos de la Administración del Estado (en adelante Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre Protección de Datos Personales). De esta forma, en el marco de la reforma constitucional del año 2018, que incorporó en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental el derecho a la autodeterminación informativa como derecho autónomo e independiente, este Consejo por medio del mentado documento, actualizó y dispuso una nueva serie de recomendaciones destinadas a orientar la aplicación concreta del nuevo derecho fundamental a la protección de datos personales, además de entregar criterios jurídicos a los órganos de la Administración del Estado en el tratamiento de datos personales que realicen dentro del ámbito de sus competencias, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones legales que éstos tienen como responsables de tratamiento, conforme a lo dispuesto en la ley N° 19.628 y en las demás normas pertinentes.

7) Que, finalmente, se ha señalado que al ser la ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7 el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia.

8) Que, atendido el marco normativo previamente expuesto y sobre la base de los antecedentes allegados al expediente, a juicio de este Consejo resultan plausibles las alegaciones del organismo, en orden a que la entrega de las variables "RUT de la empresa" y "razón social" en conjunto con los restantes parámetros proporcionados, hace presumir con cierto grado de especificidad y certeza, que aquello podría permitir identificar de modo indirecto al informante, exponiéndolo a que se divulgue información sensible sobre su salud, particularmente, en lo referido a haber sufrido tal o cual accidente del trabajo, accidente de trayecto o enfermedad profesional, y con ello provocar una afectación a los derechos de las personas en los términos del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con las disposiciones pertinentes de la ley N° 19.628.

9) Que, en efecto, de divulgarse dichos parámetros, los datos pedidos dejarían de ser de estadísticos, pues no cumpliría con la exigencia de ser indeterminados. En tal sentido, esta Corporación ha sostenido que para que una información tenga el carácter de "estadística" debe cumplir con dos criterios esenciales, a saber: ser innominada e indeterminada. El primer criterio corresponde a no hacer alusión directa a las personas que entregaron la información, sea entregando su nombre u otro dato directo que permita identificar el origen de los datos. El segundo criterio requiere que además de lo anterior, no se haga alusión indirecta al origen de los datos, sea por cruce con otros datos o por la entrega de información complementaria que permita identificar el origen de ellos.

10) Que, el órgano ha explicado que la entrega de las variables denegadas "RUT de la empresa" y "razón social" permitiría la asociación con los sujetos objeto de la base de datos solicitada o informantes, y por tanto se afectaría sus derechos, especialmente, en la esfera de su vida privada, al publicitar datos sensibles de salud de sus titulares. Ello, atendido principalmente, el número promedio de trabajadores de las empresas adheridas al ISL.

11) Que, por el contrario, no es posible arribar a las mismas conclusiones respecto de la variable "profesión" -efectivamente, no incluida en la base de datos remitida al reclamante-, toda vez que no se advierte de qué forma estos datos en conjunto con los ya proporcionados permitan identificar al informante y, por tanto, mantienen su carácter de dato estadístico. Lo anterior, sobre todo si se considera que el organismo ni en su respuesta al requerimiento o en sus descargos efectuó alguna alegación en concreto respecto de la necesidad de reservar dicho antecedente. De igual forma, tampoco se advierte que su publicidad afecte los derechos de las personas.

12) Que, en mérito de lo anterior, se se acogerá parcialmente el amparo en este punto, requiriendo a la reclamada complementar la base de datos sobre denuncias por accidentes y enfermedades profesionales entregada en la respuesta a la solicitud, a fin de incorporar al respectivo archivo la variable "profesión"; rechazándose el amparo en lo que se refiere a la incorporación de las variables "RUT del empleador" y "razón social", ya que respecto de dicho dato se configuran las causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Jaime Sepúlveda Salinas, en contra del Instituto de Seguridad Laboral, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director del Instituto de Seguridad Laboral, lo siguiente:

a) Complementar la base de datos sobre denuncias por accidentes y enfermedades profesionales entregada en la respuesta a la solicitud, a fin de incorporar al respectivo archivo la variable "profesión".

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en lo relativos a los cuestionamientos del reclamante referidos, en términos generales, a que la base de datos proporcionada carece de una clasificación adecuada para una diferenciación de los riesgos y que la categoría "Hospitales y Clínicas" de la variable "Descripción actividad económica" comprendería ámbitos no asistenciales, situación que dificulta el análisis de datos; por no corresponder a una denegación de información propiamente tal, sino más bien a una insatisfacción con el contenido de la misma, circunstancia que escapa al ámbito de competencia de este Consejo.

IV. Rechazar el amparo en lo que se refiere a la incorporación en la base de datos consultada, de las variables "RUT del empleador" y "razón social", ya que respecto de dicho dato se configuran las causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada.

V. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jaime Sepúlveda Salinas y al Sr. Director del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.