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Roberto Emilio Najle Fairlie con PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Rol: C4338-21

Consejo para la Transparencia, 24/08/2021

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Presidencia de la República, referido a la entrega del documento que contiene las propuestas de los mínimos comunes que presentó la oposición política en el marco de enfrentar la crisis económica actual del país. Lo anterior, por cuanto, lo pedido no se encuentra subsumido dentro del Principio de Publicidad y Transparencia de la Función Pública, consagrados en la Carta Magna y la Ley de Transparencia, toda vez que no se configuran como actos administrativos, resoluciones, fundamentos de aquellos o parte de procedimientos, emanados de un órgano de la Administración del Estado, sino que se enmarca en aquella actividad inherentemente política, propia del carácter de jefe de Gobierno que tiene en Chile el Presidente de la República.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4338-21

Entidad pública: Presidencia de la República

Requirente: Roberto Emilio Najle Fairlie

Ingreso Consejo: 10.06.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Presidencia de la República, referido a la entrega del documento que contiene las propuestas de los mínimos comunes que presentó la oposición política en el marco de enfrentar la crisis económica actual del país.

Lo anterior, por cuanto, lo pedido no se encuentra subsumido dentro del Principio de Publicidad y Transparencia de la Función Pública, consagrados en la Carta Magna y la Ley de Transparencia, toda vez que no se configuran como actos administrativos, resoluciones, fundamentos de aquellos o parte de procedimientos, emanados de un órgano de la Administración del Estado, sino que se enmarca en aquella actividad inherentemente política, propia del carácter de jefe de Gobierno que tiene en Chile el Presidente de la República.

Aplica criterio adoptado en decisiones de amparo roles C5072-20 y C5085-20.

En sesión ordinaria N° 1208 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4338-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de mayo de 2021, don Roberto Emilio Najle Fairlie solicitó a la Presidencia de la República la siguiente información: "Solicito el documento que contiene las propuestas de los mínimos comunes que presentó la oposición política en el marco de enfrentar la crisis económica actual del país".

2) RESPUESTA: El 9 de junio de 2021, la Presidencia de la República respondió al requerimiento, indicando que el documento citado fue presentado por un grupo de partidos políticos al Gobierno presidido por S.E. el Presidente de la República, con el fin de llegar a acuerdos para la presentación y tramitación de proyectos de ley enfocados en beneficios de la población. Indica que, por ello, el documento no se encuentra dentro de las hipótesis señaladas en la Ley de Transparencia, considerando que corresponden a documentos enmarcados en la política partidista que sostienen los diversos dirigentes con el Jefe de Estado, pese a que el contenido del documento ha sido dado a conocer de forma pública por distintos actores políticos y recogido por diversos medios de comunicación.

3) AMPARO: El 10 de junio de 2021, don Roberto Emilio Najle Fairlie dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la entrega de respuesta incompleta o parcial. Además, el reclamante hizo presente que recibió un correo electrónico sin un PDF, donde dicen que el documento ha sido filtrado por los diferentes medios de comunicación y los partidos políticos, lo cual no es efectivo, ya que solo han esbozado ciertas directrices y lineamientos, pero no el texto ni el documento solicitado.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República, mediante Oficio E14205, de 2 de julio de 2021, solicitando que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante Ord. N° 619, de fecha 26 de julio de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que en respuesta de 9 de junio de 2021, denegó el acceso al documento solicitado, haciendo presente que lo requerido no ostentaría el carácter de información pública en los términos previstos en la Constitución Política y en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, pues no se trata de "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", teniendo además en consideración la jurisprudencia de este Consejo fijada en las decisiones de amparo C5072-20 y C5085-20, en cuanto a que los antecedentes o documentos referidos al relacionamiento político del Presidente de la República con los partidos políticos, no constituyen actos de gobierno propiamente tal, ni forman parte de un procedimiento administrativo, quedando fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia y de ser requeridos en el marco de una solicitud de acceso a la información pública. Además, se hizo presente que el contenido del documento ha sido dado a conocer de forma pública por distintos actores políticos y recogido por diversos medios de comunicación.

Reitera que el documento fue elaborado por un grupo de partidos políticos con el fin de generar instancias de acuerdos políticos respecto a medidas a tomar para enfrentar la pandemia del Covid-19. Por tanto, es claro que por la naturaleza de dicho documento no se encuentra dentro de los casos indicados en la Ley de Transparencia, considerando que corresponden a documentos enmarcados en la política partidista que sostienen los diversos dirigentes políticos con el Jefe de Estado y otras autoridades de gobierno, los que se encuentran al margen de la Ley de Transparencia.

Así lo ha reconocido este Consejo en las decisiones de amparo roles C5072-20 y C5085-20, en las que se solicitaba información sobre reuniones de S.E. con partidos políticos de la coalición de gobierno, las cuales cita.

Así las cosas, dicho documento, elaborado por miembros de partidos políticos, trata diversos temas relativos a medidas y políticas que pretenden impulsar, y que requieren un espacio de presentación, debate y coordinación con los diversos actores, y el que no está asociado a un procedimiento administrativo o a una instancia formal propiamente tal.

En efecto, esta clase de peticiones o presentaciones son esenciales para recoger ideas, perfeccionar proyectos y para la toma de decisiones del Mandatario, en el ejercicio de sus funciones constitucionales de gobierno y administración del Estado, quedando fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia y de ser requeridos en el marco de una solicitud de acceso a la información pública.

Sin perjuicio, indica una serie de vínculos web de diferentes medios de comunicación y redes sociales referidos al documento denominado mediáticamente como "mínimos comunes".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente al documento que contiene las propuestas de los mínimos comunes que presentó la oposición política en el marco de las medidas para "enfrentar la crisis económica actual del país".

2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, en este caso, si bien el documento solicitado obraría en poder del órgano requerido, a juicio de este Consejo, aquel no sería objeto de requerirse bajo el amparo del procedimiento de acceso a la información pública establecido en la Ley de Transparencia, pues se insertaría en el contexto de la política partidista con la que se relaciona el gobierno dirigido por S.E. el Presidente de la República, específicamente, con los dirigentes respectivos de los partidos políticos que conforman la denominada coalición de "oposición". De esta forma, no se trata de información generada en el cumplimiento de las funciones de la máxima autoridad del país. En el marco de aquella política partidista se tratan diversos temas que requieren un espacio de presentación, debate y coordinación, que no están asociados a un procedimiento administrativo o a una instancia formal propiamente tal, como sí ocurre tratándose de una reunión entre el Presidente de la República y sus Ministros de Estado u otros asesores en el gobierno y Administración del Estado.

4) Que, a mayor abundamiento, se debe señalar que dicho espacio de deliberación y coordinación encuentra sustento en el ejercicio mismo de la actividad política, propia de los partidos y coaliciones políticas, el cual no forma parte de la actividad y procedimientos del Estado, quedando como se viene diciendo, al margen de accederse a dichas consideraciones y sus registros a través de los mecanismos dispuestos en la Ley de Transparencia.

5) Que, por lo tanto, esta Corporación estima que el antecedente requerido asociado a la política partidista que vincula al gobierno dirigido por S.E. el Presidente de la República con los miembros de los partidos políticos que forman parte de la coalición de "oposición", no se encuentra subsumido dentro de los supuestos contemplados por el ordenamiento jurídico como información susceptible ser requerida por solicitud de acceso. Al efecto, como se señaló, el artículo 8 de la Constitución Política de la República, dispone "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Por su parte, el artículo 5 de la Ley de Transparencia consigna que "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos...". En idéntico sentido, el artículo 10 de la ley señalada dispone que "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdo". Este criterio ha sido adoptado en las decisiones de amparo roles C5072-20 y C5085-20.

6) Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe hacer presente que, como señala el órgano, el documento requerido ha sido publicado en diversos medios de comunicación y redes sociales, en los cuales es posible acceder a su texto íntegro, por ejemplo, en: "https://static.emol.cl/emol50/documentos/archivos/2021/05/12/2021051211348.pdf".

7) Que, en consecuencia, este Consejo advierte que la documentación requerida generada en el marco de la política partidista que relaciona al gobierno dirigido por S.E. el Presidente de Chile con los miembros de los partidos de una coalición específica, no se encuentran subsumidos dentro del Principio de Publicidad y Transparencia de la Función Pública, consagrados en la Carta Magna y la Ley de Transparencia, toda vez que, no se trata de actos administrativos, resoluciones, fundamentos de aquellos o parte de procedimientos, emanados de un órgano de la Administración del Estado, sino que de aquella actividad inherentemente política, propia del carácter de jefe de Gobierno que tiene en Chile el Presidente de la República. Por tal motivo, aquellos no detentan el carácter de información pública, en los términos previstos en la Constitución y la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Roberto Emilio Najle Fairlie en contra de la Presidencia de la República, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Roberto Emilio Najle Fairlie y al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.