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Macarena Rodríguez con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Rol: C3786-21

Consejo para la Transparencia, 07/09/2021

Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, referido a la falta de entrega de los datos "circunscripción" y "número de inscripción" de nacimientos inscritos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, de 2020, en que se haya efectuado la anotación "Hijo de Extranjero Transeúnte", los que corresponderían a 34 personas. Lo anterior, por cuanto, la Ley de Transparencia no es la vía idónea para acceder a la información que consta en estas inscripciones, y a que la información solicitada forma parte de registros no accesibles al público, debiendo, por tanto, aplicarse el principio de finalidad consagrado en la ley sobre Protección de la Vida Privada, en orden a que dichos datos deben utilizarse sólo para los fines para los cuales fueron recolectados, esto es, para la emisión de los respectivos certificados que den fe de los sucesos con efectos jurídicos que en ellos se consignan. Asimismo, la publicidad de dicha información puede constituir una infracción a lo dispuesto en la referida ley. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos roles C1519-15, C2254-15, C3502-16, C2159-16, C1221-17, C6159-20, C600-21 y C603-21, entre otras, recaídas sobre solicitudes de información de análoga naturaleza.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Conformidad objetiva

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3786-21

Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación

Requirente: Macarena Rodríguez

Ingreso Consejo: 24.05.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, referido a la falta de entrega de los datos "circunscripción" y "número de inscripción" de nacimientos inscritos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, de 2020, en que se haya efectuado la anotación "Hijo de Extranjero Transeúnte", los que corresponderían a 34 personas.

Lo anterior, por cuanto, la Ley de Transparencia no es la vía idónea para acceder a la información que consta en estas inscripciones, y a que la información solicitada forma parte de registros no accesibles al público, debiendo, por tanto, aplicarse el principio de finalidad consagrado en la ley sobre Protección de la Vida Privada, en orden a que dichos datos deben utilizarse sólo para los fines para los cuales fueron recolectados, esto es, para la emisión de los respectivos certificados que den fe de los sucesos con efectos jurídicos que en ellos se consignan. Asimismo, la publicidad de dicha información puede constituir una infracción a lo dispuesto en la referida ley.

Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos roles C1519-15, C2254-15, C3502-16, C2159-16, C1221-17, C6159-20, C600-21 y C603-21, entre otras, recaídas sobre solicitudes de información de análoga naturaleza.

En sesión ordinaria N° 1212 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de septiembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3786-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de abril de 2021, doña Macarena Rodriguez solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación la siguiente información: "Nacimientos ocurridos (inscritos) entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 en que se haya efectuado la anotación Hijo de Extranjero Transeúnte, desagregados por región, circunscripción, sexo, número de registro, año y fecha de nacimiento de cada uno de ellos".

2) RESPUESTA: El 5 de mayo de 2021, a través de Carta UTSI N° 2780, el Servicio de Registro Civil e Identificación respondió al requerimiento, indicando que elabora información en base a las actuaciones que le son propias y que se encuentran registradas en una fecha y hora determinada, sin embargo, las actuaciones son esencialmente variables pues en un lapsus de segundos pueden ser objeto de rectificaciones, cancelaciones e incluso eliminaciones, no constituyendo, en consecuencia, una estadística oficial del Estado de Chile, materia que es de competencia del Instituto Nacional de Estadísticas.

Indica que, no obstante lo anterior, y considerando la información disponible en el Servicio, extraída del sistema de datos internos administrado por la Subdirección de Estudios y Desarrollo, señala que se excluyen de los antecedentes los datos de la partida de nacimiento de cada persona inscrita como hijo de extranjero transeúnte, esto es Circunscripción, número y año, comprendiendo la información a las personas inscritas en Chile como hijo de extranjero transeúnte desde el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

Hace presente que, a partir del 14 de agosto de 2014, fecha de emisión del Oficio N° 27.601, del Jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se pronunció respecto a cómo debe interpretarse el significado de la expresión "Hijo de Extranjero Transeúnte" consignada en el artículo 10 de la Constitución, restringiéndola a los hijos de extranjeros Turistas y Tripulantes. Para aquellas personas inscritas en calidad de hijos de extranjeros transeúntes, hasta antes de la fecha señalada, el Departamento de Extranjería y Migración, señaló que, para cambiar la expresión de hijo de extranjeros transeúnte en las inscripciones de nacimiento, se requiere de un pronunciamiento formal de ese Departamento, el cual analizará las peticiones caso a cabo, con el fin de garantizar a los afectados que no les sea otorgada la nacionalidad chilena sin su consentimiento. Si dicho Ministerio se pronuncia favorablemente, e instruye modificar la inscripción de nacimiento, en lo relacionado a la nacionalidad de su titular, el Servicio procede a realizar las actuaciones administrativas pertinentes, eliminando de la respectiva inscripción de nacimiento, la leyenda que da cuenta de la condición de hijo/a de extranjeros transeúntes, quedando la persona habilitada para obtener cédula de identidad como chileno/a. En consecuencia, en tanto no medie un requerimiento expreso en tal sentido y un pronunciamiento favorable del DEM, el Servicio no puede realizar un cambio en la nacionalidad que consta como apátrida en la inscripción de nacimiento de estas personas.

En cuanto al dato número de registro, no es posible entregarlo, atendido a que esa información haría identificable a un individuo, afectando el secreto estadístico, provocando una afectación a sus derechos en los términos del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia y vulnerando la esencia de la Ley 21.120 que otorga una protección especial a toda información referente al cambio por identidad de género.

3) AMPARO: El 24 de mayo de 2021, doña Macarena Rodriguez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial. Además, la reclamante hizo presente que:

"1) La información entregada no incluye el dato "circunscripción" que fue solicitado, sin fundamentación para ello. Se trata de un dato que no permite acceder a la identidad de la persona, por lo que no debe ser negado.

2) Se niega entrega del dato "numero de inscripción" indicando que su entrega afectaría derechos de terceros en conformidad a lo dispuesto en el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, si este fuera el caso, la autoridad no ha dado cumplimento a la obligación de comunicar esta solicitud a los terceros para que manifiesten su derecho a oponerse. Tratándose solo de 33 NNA y cuya inscripción se realizó el año 2020 el SRCeI, cuenta con información reciente, respecto del domicilio del padre/madre que realizó la inscripción y al que puede mandar la carta certificada.

3) La nómina entregada no contiene la información solicitada pues no coincide con los datos entregados por la misma institución, en respuesta a una solicitud de acceso a la información efectuada con anterioridad. Si bien esa primera solicitud comprendía las inscripciones realizadas sólo hasta el mes de agosto de 2020 no coincide ninguno de los datos (excepto en un caso) respecto de las 32 inscripciones que se informan para ese período (ene-agosto). De muestra se acompaña un certificado correspondiente a una inscripción HET del 2020, vigente y que no figura en la nómina entregada (...)".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante Oficio E12521, de 9 de junio de 2021, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (5°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (6°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (7°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (8°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante DN. Ord. N° 444, de fecha 23 de junio de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que en cuanto a la solicitud de datos de inscripciones, se deben tener presentes las "Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre la Protección de datos personales por parte de los órganos de la administración del Estado" del año 2020, aprobadas por Resolución Exenta N° 304, de conformidad a lo establecido en el artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, y lo establecido en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, en relación a la decisión C1764-21 la que reconoce que "no siendo fuentes accesibles al público los registros de nacimiento, matrimonio y defunción a cargo de esta Institución, debemos precisar que el legislador ha fijado un régimen especial para acceder a sus registros públicos, mediante el cual la información relativa a una persona se entrega en forma individual a través de certificados y copias autorizadas, y en base al suministro previo de determinados datos, tales como el nombre o RUT, para poder acceder a los datos e información que en ellos se anotan. Por ende, fijado el régimen a éste debe estarse", por lo que, no es dable entregar por Ley de Transparencia lo solicitado, por no ser esta la vía idónea, existiendo un mecanismo, fijado por el legislador para ello.

Indica que la respuesta satisface el requerimiento, toda vez que, contiene toda la información que por mandato constitucional y legal puede entregar mediante la vía utilizada, excluyendo sólo los datos que guardan relación a aspectos que, en su conjunto, hacen identificable a una persona y permiten acceder a datos sensibles, indicándosele que mediante el aporte de ciertos datos como el nombre o RUN se puede requerir la emisión de los certificados respectivos de los hechos que constan en los registros, o en su defecto, contar con mandato o poder suficiente para representar a los titulares de las inscripciones. Cita las decisiones de amparo roles C1519-15 y C6171-20.

Menciona que, se le informó a la requirente que este Consejo en la decisión de amparo Rol C1593-11, ha señalado que la solicitud de certificados cuya elaboración se encuentra regulada por normas especiales, no constituye una solicitud de las reguladas por la Ley de Transparencia, no siendo, en consecuencia, ésta la vía idónea para efectuar este tipo de requerimientos. En este sentido, la respuesta se encuadra dentro de los parámetros de la norma contenida en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, por cuanto, la información no entregada se encuentra permanentemente a disposición del público mediante la emisión de los certificados en la forma aludida. En el contexto de la norma citada, se le comunicó a la solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a la información solicitada, debiendo entenderse que la Administración ha cumplido su deber de informar.

Destaca que su obligación de informar los hechos que constan en sus registros se traduce en emitir los certificados automatizados que dan cuenta de ellos, por lo cual, usar la Ley de Transparencia para acceder a ellos, vulnerando lo regulado por el legislador, atenta gravemente contra la protección de datos personales que impera de manera transversal en todos los organismos públicos.

Los datos contendidos en las partidas de nacimiento cuya entrega por esta vía no se ha verificado, atendido a que en su conjunto hacen identificable a una persona, se contienen en los certificados que son entregados de manera individual respecto a cada persona consultada, con el aporte de un dato de entrada, previo pago de los derechos asociados a su emisión, y no como lo ha formulado la requirente, mediante un consulta inespecífica referida a un universo indeterminado de sujetos de los cuales no se aporta ningún dato de entrada, atribuyendo a la consulta formulada un carácter meramente estadístico desde el punto de vista cuantitativo, y no referida a un individuo determinado.

Destaca que el Servicio mantiene en sus oficinas, los Libros Repertorio de hechos vitales, para ser consultados por cualquier interesado, con el fin de obtener los datos necesarios y requeridos para solicitar las copias autorizadas de las partidas respectivas o en su caso los certificados automatizados que den cuenta de los hechos consultados.

Los datos relacionados a las partidas de nacimiento de las personas que detentarían en su base de datos, la calidad de hijos de extranjeros transeúntes, no pueden ser otorgados por esta vía, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2, letra c), y 4 de la ley N° 19.628.

Cita decisiones en las que este Consejo ha declarado que los datos contenidos en una nómina (nombre, apellido, RUT, dirección, entre otros) son datos personales, pues constituyen información concerniente a una persona natural identificada, en los términos del artículo 2, letra f), de la Ley N° 19.628. Agregando, que divulgar los datos contenidos en el registro antes indicado constituye una comunicación o transmisión de datos personales a individuos distintos de su titular, según preceptúa la letra e) del artículo 2 de la Ley N° 19.628, siendo menester determinar si su comunicación se encuentra amparada por el derecho de acceso a la información pública o si, por el contrario, debe ser sometida al régimen de secreto consagrado en la Ley N° 19.628. En efecto, en virtud del artículo 5 de la Ley de Transparencia toda información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de la Administración, es pública, tal como acontece, en principio, con este listado. Sin embargo, el dato solicitado por el reclamante ha sido recolectado de una fuente no accesible al público por lo cual, en principio, le resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7 de la Ley N° 19.628. Finalmente, se ha señalado que al ser Ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7 el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia.

En la decisión de Rol C1764-21, este Consejo se ha referido específicamente a la entrega de los datos de las inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción, incluyendo el número de inscripción, año, registro y circunscripción, junto con el número de R.U.N. de las personas que indica.

Al respecto, mediante el artículo 7 de la Ley N° 19.628, se reconoce la regla de secreto mediante la cual el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia.

Destaca que, por medio de la ley N° 21.096, que establece el derecho a la protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional dicho derecho, incorporándolo en el texto del artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, circunstancia que debe ser considerada al momento de ponderar la aplicación del derecho de acceso a la información pública.

Los datos solicitados se encuentran protegidos por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo previsto en la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información, cuyo artículo 30 inciso final señala "Se considerarán como pertinentes a la esfera privada de las personas los hechos relativos a su vida sexual, conyugal, familiar o doméstica".

Todavía más, atendida la consulta y datos solicitados, las inscripciones consultadas, necesariamente se refieren a menores de edad, respecto de los cuales, este Consejo ha sido especialmente riguroso en el tratamiento de este tipo de información personal, mereciendo una especial protección en virtud del principio de interés superior del niño, recurriendo a la aplicación del "test" de daño (con el objeto de determinar si la divulgación de la información solicitada, expondría al conocimiento público situaciones relativas a la esfera de privacidad de menores de edad, lo que representaría un daño presente, probable y específico) y del test de interés público (a fin de estimar si la revelación de la información, implicaría o no un perjuicio sustancial a la posibilidad de ejercer un adecuado control social). En el ejercicio de esta labor protectora, el Consejo ha tenido en especial consideración los tratados internacionales ratificados por Chile, como es el caso de la Convención de Derechos del Niño, la que establece en su artículo 16,1 "Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación", y el artículo 19 que obliga al Estado de Chile a adoptar medidas especiales de debida diligencia para la protección de los menores.

Informa que no se procedió según el artículo 20 de la Ley de Transparencia, conforme a que la respuesta otorgada implicó la entrega de la información que posee el Servicio y respecto a la cual no existe impedimento legal, como así mismo, la indicación del mecanismo o vía idónea para acceder aquella que no fue posible entregar por los mecanismos de la Ley de Trasparencia.

Sin perjuicio de lo anterior, atendido a que la consulta formulada no fue relativa a un individuo determinado, sino que en términos genéricos a la base de datos, respecto a las personas inscritas como hijos de extranjeros transeúntes, resulta imposible indagar en los datos necesarios para comunicar a cada uno de los inscritos la solicitud, pensarlo de otro modo, implicaría que un funcionario de esta repartición fuere el encargado de esta gestión por cada una de las solicitudes que al respecto se presenten, pese a que existen las vías establecidas por el legislador para acceder a ella. Además, en este caso, la entrega de la información ciertamente afecta los derechos de terceros (aplica decisiones de amparo Rol C5580-18 y C399-19).

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la entrega incompleta o parcial de la información requerida, por cuanto, no se proporcionaron a la solicitante los datos "circunscripción" y "número de inscripción", además de advertir aquella que la nómina entregada no contendría la totalidad de la información pedida, referida a los nacimientos inscritos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, de 2020, en que se haya efectuado la anotación "Hijo de Extranjero Transeúnte". Al respecto, el Servicio denegó el acceso a la información reclamada en este amparo, por contener datos personales sensibles, señalando que la forma de acceder a dicha información es a través de la solicitud de los certificados correspondientes, resultando aplicable lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer lugar, se debe hacer presente que el artículo 3 de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, establece que corresponderá a dicho Servicio "llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende". Asimismo, los numerales 1 y 7 del artículo 4 del mismo cuerpo legal prescriben, respectivamente, que son funciones del Servicio formar y mantener actualizados los registros que indica, entre ellos, el "De Nacimiento, Matrimonio y Defunción"; y "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio". Sobre el particular, el órgano señaló que mantiene en sus oficinas los Libros Repertorio de hechos vitales para ser consultados por cualquier interesado, con el fin de obtener los datos necesarios y requeridos para solicitar las copias autorizadas de las partidas respectivas o, en su caso, los certificados automatizados que den cuenta de los hechos consultados.

3) Que, por su parte, la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, define las fuentes accesibles al público, como "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes". En consecuencia, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional exige que cualquier persona pueda acceder, sin restricciones, a los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar. Al efecto, si el legislador hubiera querido identificar todo "registro público" con una "fuente accesible al público", habría bastado que señalara que éstas son "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados" sin que tuviera sentido alguno incorporar la frase final de esa oración: "de acceso no restringido o reservado a los solicitantes" que es la que acota su interpretación.

4) Que, en el presente caso, la circunstancia de que la información pedida en la solicitud de acceso que motivó el presente amparo se encuentre contenida en un registro público cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos, excluye la posibilidad de considerar a dicho registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i), de la ley N° 19.628. En efecto, a pesar de que la información solicitada obre en poder de la Administración y cualquiera pueda acceder a ella mediante un procedimiento de solicitud de certificado, de eso no se sigue que el legislador haya considerado que los datos que se consignan en cualquier registro, por público que éste sea, provienen de una fuente accesible al público como si hubiera pretendido asimilar ambas expresiones en los términos de la ley N° 19.628.

5) Que, así las cosas, no obstante tratarse de instrumentos públicos, los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción se entregan en forma individual y en base al suministro previo de determinados datos, tales como el número de RUN de la persona consultada, para poder acceder a los datos e información que en ellos se anotan, y que, en el caso particular, corresponderían a 34 personas. En consecuencia, el legislador ha fijado un régimen especial de acceso a la información que obra en esos registros públicos administrados por diversos servicios, y a ese régimen debe estarse. De este modo, la solicitante no puede utilizar la Ley de Transparencia para acceder a la información contenida en ellos y obviar, de esta manera, la exigencia de proporcionar previamente ciertos datos para obtener la información que allí se encuentra. En consecuencia, dichos registros públicos no tienen el carácter de fuentes accesibles al público y, por ende, a ellos debe aplicarse el principio de finalidad consagrado en el artículo 9 de la ley N° 19.628, por el cual, los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados. En este caso concreto, según lo señala el artículo 4 de la ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, la finalidad de formar y mantener actualizados los registros que la ley le encomienda es "otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio".

6) Que, en este orden de ideas, en la decisión del amparo rol C1519-15, en sus considerandos 5° y 7°, este Consejo razonó que "la información del Servicio de Registro Civil e Identificación relativa a una persona, se entrega en forma individual mediante certificados y copias autorizadas y en base al suministro previo de determinados datos, tales como el nombre o run para poder acceder a los datos e información que ellos se anotan. En consecuencia, el legislador ha fijado un régimen especial de acceso a la información que obra en esos registros públicos (...) y a ese régimen debe estarse (...) de este modo el solicitante no puede utilizar la Ley de Transparencia para acceder a la información contenida en los registros públicos del Servicio (...) y obviar de esta manera, la exigencia de proporcionar previamente ciertos datos para obtener la información que allí se encuentra. Asimismo, éste no puede obviar la exigencia de pagar los impuestos respectivos (...)".

7) Que, la referida interpretación, ha sido refrendada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia recaída en reclamo de ilegalidad causa Rol N° 8582-2014, en la que se razonó: "Que, por otro lado, el artículo 2°, letra i) de la Ley N° 19.628 ha definido las fuentes accesibles al público. Estas fuentes son los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes. En la especie, trátese de información contenida en registros públicos, pero sometida a la aportación de determinados datos, lo que implica que su acceso es restringido o, de otra forma dicho, que no es una fuente accesible al público. Y ambos conceptos no son asimilables, situación que el propio Consejo ha establecido en decisiones anteriores. El voto disidente los señala específicamente. Esta es la forma en que se entregan los certificados de defunción (...) esto implica que la ley ha determinado un procedimiento distinto de acceso a la información de registros públicos".

8) Que, sumado a lo anterior, en conformidad a lo establecido en el artículo 2, letras f) y g), de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, los datos reclamados por medio del presente amparo en relación con la condición de "Hijo de Extranjero Transeúnte", de las 34 personas que abarcaría la respuesta a la solicitud de información, constituyen datos de carácter personal y sensible referidos a personas naturales identificadas o identificables, al referirse a un hecho o circunstancia de la vida privada. A su turno, el artículo 4 de la citada ley, señala de manera taxativa que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", disponiendo, en este mismo sentido, el artículo 10 de la referida norma que "no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares". En el presente caso, de los antecedentes tenidos a la vista, no consta que los titulares de dichos datos, o sus representantes, hubieren otorgado su anuencia para la entrega de la información pedida, debiendo considerarse, además, como lo advierte el órgano reclamado, que en este caso se trataría de información de menores de edad, cuyos datos se encuentran sometidos a un régimen más riguroso de protección y resguardo.

9) Que, luego, conforme a lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C1519-15, C2254-15, C3502-16, C2159-16, C1221-17, entre otros, es importante señalar que el acceso o la entrega de los datos de las inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción y número de R.U.N. de una persona, puede llegar a constituir una infracción a lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Por su parte, por medio de la ley N° 21.096, que establece el derecho a la protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional dicho derecho, incorporándolo en el texto del artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, circunstancia que debe ser considerada al momento de ponderar la aplicación del derecho de acceso a la información pública.

10) Que, en consecuencia, conforme con lo razonado precedentemente, la Ley de Transparencia no constituye la vía idónea para acceder a la información que consta anotada en los registros requeridos, y refiriéndose lo solicitado a datos personales y sensibles de un número acotado de personas que se encontrarían en la hipótesis señalada en el requerimiento de información, cuya divulgación produciría una afectación específica a la esfera de la vida privada, derecho que también es consagrado en el artículo 19, N° 4, de la Carta Fundamental, configurándose a su respecto la causal de reserva del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo. A su vez, se desestiman las alegaciones referidas a que el registro entregado no contendría la totalidad de la información requerida, por cuanto, dicho cuestionamiento se funda en la falta de conformidad que existiría respecto de otra información entregada a la solicitante con anterioridad, cuya solicitud de aclaración escapa del objeto del presente amparo, correspondiendo más bien al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución política de la República.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Macarena Rodriguez en contra de Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Macarena Rodriguez y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.