logo
 

Héctor Francisco Gómez Arriagada con ARMADA DE CHILE Rol: C3835-21

Consejo para la Transparencia, 07/09/2021

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Armada de Chile, ordenando la entrega de copia del Certificado Presupuestario emitido por la Dirección de Bienestar Social de la Armada adjunto al mensaje del DIRECPERS al SUBSECFFAA N° 311645 de julio 2017. Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual no se ha explicado ni acreditado de manera concreta y suficiente, el daño que provocaría su entrega, específicamente en lo relativo a la seguridad del Estado y a la Defensa Nacional, sin fundarse suficientemente la vinculación directa existente entre la protección de dichos bienes jurídicos y la seguridad de la institución y de su personal. A su vez, se estima que, en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, la publicidad de la información sobre comisiones del Alto Mando Naval, no revelará de modo directo las actividades o funciones estratégicas que aquellos pudieran haber desarrollado. Con todo, en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal, el órgano deberá, en forma previa a la entrega, tarjar u omitir toda información referida a las ciudades de destino, el valor desagregado de pasajes, el motivo, y, las fechas de salida y regreso, de las comisiones, que pudieran estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, por afectación a la seguridad de la Nación, en lo relativo a la defensa nacional. Aplica criterio adoptado en decisión de amparo Rol C3593-21, seguido entre las mismas partes del presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3835-21

Entidad pública: Armada de Chile

Requirente: Héctor Francisco Gómez Arriagada

Ingreso Consejo: 24.05.2021

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Armada de Chile, ordenando la entrega de copia del Certificado Presupuestario emitido por la Dirección de Bienestar Social de la Armada adjunto al mensaje del DIRECPERS al SUBSECFFAA N° 311645 de julio 2017.

Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual no se ha explicado ni acreditado de manera concreta y suficiente, el daño que provocaría su entrega, específicamente en lo relativo a la seguridad del Estado y a la Defensa Nacional, sin fundarse suficientemente la vinculación directa existente entre la protección de dichos bienes jurídicos y la seguridad de la institución y de su personal. A su vez, se estima que, en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, la publicidad de la información sobre comisiones del Alto Mando Naval, no revelará de modo directo las actividades o funciones estratégicas que aquellos pudieran haber desarrollado.

Con todo, en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal, el órgano deberá, en forma previa a la entrega, tarjar u omitir toda información referida a las ciudades de destino, el valor desagregado de pasajes, el motivo, y, las fechas de salida y regreso, de las comisiones, que pudieran estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, por afectación a la seguridad de la Nación, en lo relativo a la defensa nacional.

Aplica criterio adoptado en decisión de amparo Rol C3593-21, seguido entre las mismas partes del presente caso.

En sesión ordinaria N° 1212 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de septiembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3835-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de abril de 2021, don Héctor Francisco Gómez Arriagada solicitó a la Armada de Chile la siguiente información: "copia del Certificado Presupuestario emitido por la Dirección de Bienestar Social de la Armada adjunto al mensaje del DIRECPERS al SUBSECFFAA N° 311645 de Julio 2017".

2) RESPUESTA: El 24 de mayo de 2021, a través de oficio O.T.A.I.P.A. ORDINARIO N° 12900/505/H.G.A., la Armada de Chile respondió al requerimiento, indicando que, tal como se ha manifestado al solicitante, lo requerido contiene antecedentes de carácter secreto y/o reservado, según lo dispuesto en los artículos 436, N° 1, del Código de Justicia Militar y 34, letras a) y b), de la Ley N° 20.424, "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional", en relación al artículo 8 y disposición Cuarta Transitoria de la Constitución Política de la República, debido a que dichos antecedentes hacen referencia al presupuesto de una comisión realizada por el Sr. Almirante Marcos, lo que significa dar a conocer información relativa a un funcionario del Alto Mando de la Armada, cómo dispone la Institución de dicho personal y, consecuentemente, del estándar con que opera y forma parte de los planes de empleo de los recursos humanos y económicos, antecedentes que se relacionan directamente con la seguridad del Estado y la Defensa Nacional, por expresa disposición del legislador.

Por lo anterior, indica que se encuentra impedida de acceder al detalle requerido por aplicación del artículo 21, N° 3, N° 4 y N° 5, de la Ley de Transparencia, este último, en relación a los artículos 436, N° 1, del Código de Justicia Militar, y 34, letras a) y b), de la Ley N° 20.424, y a la disposición Primero Transitorio de la Ley N° 20.285.

Señala que se informó en un requerimiento efectuado con anterioridad, que lo que se ha estimado posible responder, es que el Sr. Almirante Marcos ha realizado 6 comisiones al extranjero, de las cuales, en cinco comisiones se entregaron viáticos del 100% y, en una oportunidad, una asignación especial única, entre los años 2016 al 2021.

3) AMPARO: El 24 de mayo de 2021, don Héctor Francisco Gómez Arriagada dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Además, el reclamante hizo presente que la Armada deniega la entrega de un certificado presupuestario remitido el año 2017 a la Subsecretaría para las FF.AA., con el propósito de solicitar la confección de un decreto para realizar una comisión de servicio por parte de un Contraalmirante, alegando que con ello se afecta la seguridad del estado y la defensa nacional. Indica que dicho certificado es enviado junto con otros documentos en un mensaje que la Armada remite al Oficial de Enlace de la Armada en dicha repartición ministerial, con los cuales luego elabora un memorándum de clasificación ordinario para remitirlos al Departamento de Gestión Institucional de la Subsecretaría, con el propósito de preparar el decreto respectivo. Señala que el contenido del mensaje de la Armada es transcrito en dicho memorándum, incluyendo los adjuntos, por lo que, el contenido es el mismo. Explica que, el esquema de clasificación utilizado en el memorándum corresponde al empleado por la Armada el cual establece, entre otras cosas, que un documento se clasifica como "Ordinario" cuando no contiene información que pueda afectar la seguridad del estado o la defensa nacional, de hecho, todos los memorándums relacionados con solicitud de confección de decretos por comisiones de servicio han sido, por años, clasificados de la misma forma independiente de la materia que traten. En este caso en particular se está solicitando el original de un Certificado Presupuestario que luego fue reemplazado por el que se adjunta que fue anexado en documentos de carácter ordinario de la Subsecretaría para las FF.AA. y luego remitidos como respuesta a un requerimiento de información por Ley de Transparencia, dejando en evidencia que dicho documento corresponde a un instrumento de carácter público, por lo que, resulta absurdo que se pretenda hacer pasar por información reservada o secreta con efectos en la seguridad del país y que, por lo mismo, se niegue su entrega.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante En Jefe de la Armada de Chile, mediante Oficio E12667, de 25 de junio de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación y el interés nacional.

Mediante O.T.A.I.P.A. ORDINARIO N° 12900/619/C.P.L.T., el órgano reclamando presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que tal como se explicó en la respuesta, la información requerida es secreta y/o reservada, de conformidad a lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en la causa Rol N° 5426-19, en la que se ordenó no entregar esta información, señalando en lo pertinente: expresamente, en la parte que interesa, lo siguiente: "la ley ha señalado expresamente que es secreta la información vinculada con los planes de operación o de servicio de las instituciones de las Fuerzas Armadas con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza relativos a esta materia" y que "es una información que se encuentra amparada por la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, toda vez que se relaciona con los planes de operación o de servicio de la Armada de Chile, en tanto su entrega, en los términos en que ha sido ordenada, permitiría establecer el objeto de tales desplazamientos, aspecto particularmente sensible considerando que la labor del Alto Mando Naval en esas ocasiones no se relaciona, exclusivamente, con actividades internacionales de protocolo, sino que, además y por el contrario, se vincula con aspectos propios de su elevada función militar, esto es, con una adecuada gestión de la institución destinada a perfeccionar el estándar de empleo de la misma. En tal sentido, la finalidad de tales traslados puede incidir, entre otras cuestiones, en negociaciones destinadas a la adquisición de material bélico, en el cumplimiento o negociación de Memorándums de Entendimiento con ministerios de defensa o instituciones militares de otros Estados, vinculados, a su vez, con capacitación operativa militar, con ejercicios navales, con estudios o proyectos de inversión institucional o conjuntos que, a su turno, pueden estar referidos, por ejemplo, a capacidades estratégicas, etc. La revelación de tales datos claramente conlleva un riesgo del debilitamiento del rol que la Carta Fundamental asigna a las Fuerzas Armadas, toda vez que permite publicitar antecedentes referidos al quehacer de su Alto Mando, cuya labor está destinada, como lo dispone el artículo 1° de la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, a la consecución de "un adecuado nivel de alistamiento del personal y del material".

Indica que, de conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política de la República de Chile, la Institución cumple con lo mandatado y resuelto por dicha Corte, sin que pueda revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos, debiendo cumplir sin más trámite el mandato judicial y sin que pueda calificar su fundamento, ni la justicia o legalidad de la resolución. Es por lo mismo, que este Consejo ha adoptado dichos criterios en las decisiones de amparo roles C1180-18, C4885-2018, C4887-2018, C2358-19, C2794-19, C2796-19 y C7247-19.

Por lo anterior, estima que la Institución cumplió con lo resuelto y fundamentó el secreto y/o reserva en los términos descritos, debido a que dichos antecedentes hacen referencia al presupuesto de una comisión realizada por el Sr. Almirante Marcos, lo que significa dar a conocer información relativa a un funcionario de la Armada, que compone el Alto Mando Naval, la forma en que la Institución dispone de su Alto Mando y, consecuentemente, del estándar con que opera y forma parte de los planes de empleo, de los recursos humanos y económicos, antecedentes que se relacionan directamente con la seguridad del Estado y la Defensa Nacional, por expresa disposición del legislador.

Por ello, la Institución se encuentra impedida de acceder al detalle requerido, no sólo por expresa disposición de la Excelentísima Corte Suprema, sino por aplicación de los fundamentos de la misma, basándose en el artículo 21, N° s 3, 4 y 5, de la Ley de Transparencia, este último, en relación a los artículos 436, N° 1, del Código de Justicia Militar, y 34, letras a) y b), de la Ley N° 20.424, y en relación a la disposición Primera Transitoria de la Ley de Transparencia.

Reitera que se informó al reclamante que el Sr. Almirante Marcos había realizado 6 comisiones al extranjero, de las cuales en cinco comisiones se habían entregaron viáticos del 100% y, en una oportunidad, una asignación especial única, entre los años 2016 al 2021, ambos inclusive.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información requerida, correspondiente a copia del Certificado Presupuestario individualizado, emitido por la Dirección de Bienestar Social de la Armada de Chile. Por su parte, el órgano reclamado deniega el acceso al documento requerido señalando que es reservado o secreto, por aplicación del artículo 21, N° 3, N° 4 y N° 5, de la Ley de Transparencia, este último, en relación con los artículos 436, N° 1, del Código de Justicia Militar, y 34, letras a) y b), de la Ley N° 20.424, y a la disposición Primero Transitorio de la Ley N° 20.285.

2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, como se señaló, la denegación de información de parte de la Armada de Chile se funda en que el antecedente requerido hace referencia al presupuesto de una comisión realizada por el Sr. Almirante Marcos, por lo que, tiene el carácter secreto o reservado, lo que habría sido sustentado en la sentencia citada, por aplicación del artículo 21, N° 3, N° 4 y N° 5, de la Ley de Transparencia, este último, en relación con los artículos 436, N° 1, del Código de Justicia Militar, y 34, letras a) y b), de la Ley N° 20.424, y a la disposición Primero Transitorio de la Ley N° 20.285.

4) Que, al respecto, se debe hacer presente que el artículo 34, letras a) y b), de la ley N° 20.424, de 2010, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, prescribe: "Los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional son públicos. Los fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional, incluidos los que acompañan el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, serán secretos o reservados en todo lo relativo a: a) Planes de empleo de las Fuerzas Armadas; b) Estándares en los que operan las Fuerzas Armadas (...)". Se debe hacer presente que dicha norma -de fecha posterior a las leyes N° 20.050 y 20.285- fue aprobada con quórum calificado.

5) Que, establecido lo anterior, se ha de precisar el alcance del precitado artículo 34 de la ley N° 20.424 como motivo de reserva, debiendo adoptarse una interpretación restrictiva de la misma -al tratarse de una limitación de un derecho constitucional- que delimite su alcance, para de ese modo evitar que se desvirtúe su carácter excepcional como regla de secreto. En efecto, del antecedente solicitado, correspondiente a un certificado presupuestario en el que se haría referencia al presupuesto de una comisión realizada por un Almirante de la institución, a juicio de esta Corporación, no se concluye que la totalidad de dicha información se vincule directamente con los planes de empleo de las Fuerzas Armadas ni los estándares en los que operan.

6) Que, en este sentido, la hipótesis de reserva planteada por la reclamada no resulta aplicable a la generalidad del antecedente pedido este caso concreto, toda vez que, la referida norma establece un nuevo esquema con respecto al tratamiento público o reservado del presupuesto y/o ciertas adquisiciones efectuadas por las Fuerzas Armadas, estableciendo con precisión los márgenes de la reserva cuando ésta resulta aplicable. El propósito de la señalada ley fue introducir normas relativas a la fiscalización de las actividades del sector Defensa, con el objeto de otorgarles una mayor transparencia y control, entregándole al Congreso Nacional amplias facultades para la recepción de esta información en el artículo 35, y creándose un mecanismo de resguardo y reserva de la misma. A su vez, su inciso final precisa qué gastos institucionales de las Fuerzas Armadas resultan secretos, al establecer que: "Asimismo, los gastos institucionales y conjuntos de las Fuerzas Armadas para los efectos de la Ley N° 19.974 (sobre Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia) serán secretos". Por lo expuesto, no configurándose ninguna de las hipótesis de reserva mencionadas con respecto a la totalidad de la información requerida, se desestimará la concurrencia de la causal de reserva prescrita en el artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 34, letras a) y b), de la Ley N° 20.424.

7) Que, a su turno, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, por aplicación de la causal de secreto del artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo prescrito en el artículo 436, numeral 1, del Código de Justicia Militar. Al efecto, dicha disposición prescribe: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: 1.- Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal (...)".

8) Que, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, N° 5, y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia -y puede por tanto ser objeto de reconducción formal-, es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente -es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material-.

9) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos y para justificar la causal de reserva alegada, la reclamada solo ha hecho referencia a las normas aplicables y a la jurisprudencia que avalaría dicha postura, en particular la sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema en autos Rol N° 5426-2019, destacando que en aquella se resolvió que la entrega de la información: "permitiría establecer el objeto de tales desplazamientos, aspecto particularmente sensible considerando que la labor del Alto Mando Naval en esas ocasiones no se relaciona, exclusivamente, con actividades internacionales de protocolo, sino que, además, por el contrario, se vincula con aspectos propios de su elevada función militar, esto es, una adecuada gestión de la Institución destinada a perfeccionar el estándar de empleo de la misma", lo que significa dar a conocer información relativa a un funcionario de la Armada, que compone el Alto Mando Naval, la forma en que la Institución dispone de su Alto Mando y, consecuentemente, del estándar con que opera y forma parte de los planes de empleo, de los recursos humanos y económicos, antecedentes que se relacionan directamente con la seguridad del Estado y la Defensa Nacional.

10) Que, al respecto, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación alegada debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Sobre el particular, el órgano reclamado, más allá de la cita jurisprudencial, no ha explicado ni ha acreditado de manera concreta y suficiente, el daño que provocaría la entrega de la totalidad de la información requerida, específicamente en lo relativo a la seguridad del Estado ni la Defensa Nacional. Tampoco se ha fundado suficientemente la vinculación directa existente entre la protección de dichos bienes jurídicos -vía reserva de toda la información- y la seguridad de la institución ni de su personal. Así, esta Corporación observa que la publicidad de parte de la información pedida sobre el presupuesto de una comisión realizada por el Alto Mando Naval, no revelará de modo directo las actividades o funciones estratégicas que pudiere haber desarrollado dicho Alto Mando. Por lo expuesto, tampoco se configura la hipótesis de reserva descrita en el artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 436, N° 1, del Código de Justicia Militar. Lo anterior, sin perjuicio de lo que se dirá en el considerando 13 de esta decisión.

11) Que, por otra parte, el órgano ha enunciado que, bajo la misma hipótesis también se configurarían las causales de reserva del artículo 21, N° 3 y N° 4, de la Ley de Transparencia, aspecto sobre el cual, además de tenerse por reproducidos los razonamientos descritos en los considerandos precedentes -que permiten desestimar las causales de reserva aludidas respecto de la totalidad de la información requerida-, en razón de no acreditarse la afectación a los bienes jurídicos protegidos por dichas hipótesis de reserva, se debe agregar que, a juicio de este Consejo, la entrega de parte de la información requerida, no afectará el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente en lo relativo a la Defensa Nacional. Tampoco se advierte de las alegaciones presentadas, cómo, con la entrega de cada uno de los datos contenidos en el documento solicitado, se afectarán las relaciones internacionales en aquellos casos en que se pretende el manejo adecuado de la Institución con el objeto de lograr el estándar y empleo de las Fuerzas Armadas, ni las relaciones militares internacionales. Lo anterior, habida especial consideración de que, en aplicación del Principio de Divisibilidad, pueden reservarse antecedentes como el motivo de los viajes, ciudades de destino, montos individuales o desagregados de pasajes, o, sus fechas de salida y regreso al país, por tratarse de cuestiones que podrían -eventualmente- dar cuenta de funciones y actividades estratégicas desarrolladas en el cumplimiento de sus funciones por parte del Alto Mando Naval, como se detallará en el siguiente considerando, lo que, sin embargo, no impide el acceso a otros antecedentes eventualmente contenidos en el documento, por ejemplo, año, país, duración y porcentaje de viático asignado, de la respectiva comisión.

12) Que, en efecto, y sin perjuicio de lo razonado en esta decisión, cabe tener presente que asiste a esta Corporación la facultad contemplada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, consistente en "Velar por debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y la Ley, tengan carácter de secreto o reservado", y teniendo en cuenta el principio de divisibilidad de la información, prescrito en el artículo 11, literal e), de la citada ley, resulta procedente la aplicación de un criterio precautorio, en virtud del cual, para este Consejo Directivo, resulta plausible estimar que la revelación de antecedentes como la ciudad de destino, el motivo específico de la comisión, el valor individual o desagregado de cada pasaje, así como las fechas de ingreso y salida al país, pueden eventualmente decir relación con el objeto que han tenido dichos viajes, por ejemplo: negociaciones de compra de material bélico, relaciones militares internacionales protocolares, para el cumplimiento o negociaciones de Memorándums de Entendimientos (MOU) con otros ministerios de defensa o instituciones militares de distintos Estados, que digan relación con capacitación operativa militar, ejercicios militares, estudios o proyectos de inversión institucionales o conjuntos, referidos a capacidades estratégicas, entre otros. Lo anterior, podría otorgar indicios sobre los planes de operación o de servicio del órgano, permitiendo establecer el objeto de tales desplazamientos, aspecto particularmente sensible en el ámbito de las funciones de defensa nacional. Por lo anterior, a juicio de este Consejo, no corresponde acoger el amparo en esta parte, debiéndose acordar la reserva de aquella información relativa a las ciudades de destino, los montos desagregados de cada pasaje, los motivos, y las fechas de salida y regreso, de la comisión en cuestión, por afectación a la seguridad de la Nación, particularmente en lo referido a la defensa nacional, en los términos del artículo 21, N° 3, de la Ley de Transparencia.

13) Que, en mérito de lo expuesto, el presente amparo será parcialmente acogido, ordenándose la entrega del documento requerido, debiendo tarjarse u omitirse toda información referida a las ciudades de destino, el valor desagregado de pasajes, el motivo, y las fechas de salida y regreso, de las comisiones, sobre las que daría cuenta el antecedente solicitado, la que deberá ser reservada, exclusivamente en virtud de la facultad que detenta este Consejo, contemplada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, y de la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 3, de la mencionada norma. Aplica criterio adoptado en decisión de amparo Rol C3593-21, seguido entre las mismas partes del presente caso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Héctor Francisco Gómez Arriagada, en contra de la Armada de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante En Jefe de la Armada de Chile, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante copia del Certificado Presupuestario emitido por la Dirección de Bienestar Social de la Armada adjunto al mensaje del DIRECPERS al SUBSECFFAA N° 311645 de julio 2017.

Con todo, en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal, el órgano deberá, en forma previa a la entrega del registro requerido, tarjar u omitir toda información referida a las ciudades de destino, el valor desagregado de pasajes, el motivo, y, las fechas de salida y regreso, de las comisiones, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, por afectación a la seguridad de la Nación, en lo relativo a la defensa nacional.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Héctor Francisco Gómez Arriagada y al Sr. Comandante En Jefe de la Armada de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.