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Fundación Educacional Monte Patria con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Rol: C3920-21

Consejo para la Transparencia, 07/09/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Educación, requiriéndose que se otorgue acceso a los antecedentes vinculados a la denuncia que se indica, previa acreditación de la identidad del reclamante, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, tarjando previamente la identidad del denunciante, testigos y los datos personales de contexto de personas naturales distintas a la parte activa -denunciada-. Lo anterior, por cuanto se desestimó la afectación al privilegio deliberativo pendiente y por no acreditarse una afectación al debido cumplimiento de las funciones del Servicio. A su vez, por advertirse que se trata de información asociada a un procedimiento administrativo, respecto del cual la parte activa tiene la calidad de interesado. Con respecto a los correos electrónicos consultados, por cuanto dichos antecedentes fueron generados desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparos Roles C706-18 y C710-18, C1990-21. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. El presente acuerdo se adoptó con el voto disidente de la Consejera doña Natalia González Bañados y del Consejero don Francisco Leturia Infante, para quienes se configura respecto de los correos electrónicos solicitados, la causal de secreto o reserva de afectación de los derechos de las personas, procediendo; en consecuencia, rechazar el amparo deducido en dicho aspecto.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3920-21

Entidad pública: Superintendencia de Educación

Requirente: Fundación Educacional Monte Patria

Ingreso Consejo: 26.05.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Educación, requiriéndose que se otorgue acceso a los antecedentes vinculados a la denuncia que se indica, previa acreditación de la identidad del reclamante, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, tarjando previamente la identidad del denunciante, testigos y los datos personales de contexto de personas naturales distintas a la parte activa -denunciada-.

Lo anterior, por cuanto se desestimó la afectación al privilegio deliberativo pendiente y por no acreditarse una afectación al debido cumplimiento de las funciones del Servicio. A su vez, por advertirse que se trata de información asociada a un procedimiento administrativo, respecto del cual la parte activa tiene la calidad de interesado.

Con respecto a los correos electrónicos consultados, por cuanto dichos antecedentes fueron generados desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparos Roles C706-18 y C710-18, C1990-21.

Sin perjuicio de lo cual, en el evento que parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

El presente acuerdo se adoptó con el voto disidente de la Consejera doña Natalia González Bañados y del Consejero don Francisco Leturia Infante, para quienes se configura respecto de los correos electrónicos solicitados, la causal de secreto o reserva de afectación de los derechos de las personas, procediendo; en consecuencia, rechazar el amparo deducido en dicho aspecto.

En sesión ordinaria N° 1212 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de septiembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3920-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de abril de 2021, la Fundación Educacional Monte Patria solicitó a la Superintendencia de Educación, "copia integra de todos los antecedentes relacionados a una "presunta denuncia contenida en la referencia N° W027752/2020 (...) Por lo anterior, vengo en solicitar a usted se sirva disponer se me remita copia completa de todos los antecedentes sustentarios del Acta de Fiscalización N° 211300502, realizada el día 2021-03-08 que fuera suscrita por la fiscalizadora (...), y en particular de todo el expediente administrativo que sustenta los cargos formulados mediante Resolución Exenta 2021/FC/13/0242, de fecha 30 de marzo de 2021, además de los siguientes antecedentes integrantes del mismo:

1. Comprobante de atención Superintendencia de Educación, CAS-129395, fecha de ingreso 25 de enero de 2021.

2. Ord. N° 029/LPM/2020/W, de fecha 27 de enero de 2021 emitido por el Encargado Regional Unidad de Comunicaciones y denuncias de Dirección Regional de la Superintendencia de Educación (...)

3. Correo electrónico de fecha 22 de enero de 2021, de Coordinador Unidad de Análisis Jurídico de División de Comunicaciones y Denuncias de la Dirección Nacional de esta Superintendencia de Educación a Encargado Regional Unidad de Comunicaciones y Denuncias, mediante el cual solicita ingreso de denuncia remitida desde Contraloría General de la República y adjuntos:

i. Reclamo N° E45959/2020, de fecha 26 de octubre de 2020, remitido por Jefe de Unidad de Control Externo de la Contraloría General de la República a Superintendente de Educación, respecto a eventual incumplimiento en proceso de revocación del reconocimiento del derecho a impetrar subvención de la Fundación, Sostenedora del Colegio;

ii. Consulta N° W027752/2020, de fecha 30 de septiembre de 2020, ingresada en II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago. Adjunta archivo Word con descripción completa de antecedentes (3 páginas)

4. Correo electrónico de fecha 25 de enero de 2021, de Unidad de Comunicaciones y Denuncias a denunciante (Contraloría General de la República), mediante el cual informa el ingreso de la denuncia

5. Correo electrónico, de fecha 3 de febrero de 2021, de Encargada Regional de Unidad de Fiscalía a Coordinadora Técnica Unidad de

6. Fiscalización, mediante el cual remite: - RIT-1004-2015 - RIT-143-2016;

7. Correo electrónico, de fecha 3 de febrero de 2021, de Revisor de Admisibilidad de Unidad de Reconocimiento Oficial del Ministerio de Educación a Coordinadora Técnica Unidad de Fiscalización, mediante el cual informa cambio de representante legal consultado;

8. Correo electrónico, de fecha 1 de marzo de 2021, de Unidad de Fiscalización de Dirección Regional de la Superintendencia de Educación a establecimiento, mediante el cual solicita antecedentes;

9. Correo electrónico, de fecha 2 de marzo de 2021, de establecimiento a Unidad de Fiscalización, mediante el cual da respuesta a solicitud de antecedentes y remite: - Resolución exenta N° 000123 de fecha 18 de enero de 2013, de Secretario Ministerial de Educación Región Metropolitana, la cual modifica Resolución Exenta N° 3658 de fecha 26/11/2012 del Establecimiento Educacional. - Resolución exenta N° 003658 de fecha 26/11/2012, de Secretario Ministerial de Educación Región Metropolitana, la cual declara cumplimiento al artículo 46 letra a) de la Ley General de Educación al Establecimiento Educacional;

10. Copia completa de todos los antecedentes en relación a la Consulta N° W027752/2020, de fecha 30 septiembre de 2020, ingresada en II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, incluyendo la misma;

11. Copia completa de todos los antecedentes relativos al Reclamo N° E45959/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, inclusive, remitido por Jefe de Unidad de Control Externo de la Contraloría General de la República a Superintendente de Educación, respecto a eventual incumplimiento en proceso de revocación del reconocimiento del derecho a impetrar subvención de la Fundación Sostenedora del Colegio;

12. Copia completa de todos los actos administrativos dictados en relación a dichos antecedentes;

13. Que dichas copias me sean enviadas en formato digital a mi correo electrónico indicado en el primer otrosí".

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 349, de fecha 5 de mayo de 2021, la Superintendencia de Educación respondió el requerimiento, denegando su entrega, por concurrir en la especie la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

Puntualizó que la denuncia se encuentra en la Unidad Jurídica en plena tramitación del procedimiento administrativo sancionatorio en la Dirección Regional Metropolitana.

Argumentó que la solicitud de especie versa sobre antecedentes previos a la adopción de una resolución, cuyo conocimiento puede generar presiones e intervenciones de los mismos en el proceso, afectando con ello la debida resolución del mismo, como también, impactar en la ponderación objetiva de los hechos y del derecho que debe realizar el organismo, previo a resolver un procedimiento de estas características, afectando, consecuencialmente, la decisión imparcial del procedimiento administrativo sancionatorio. A fin de refrendar lo anterior, citó jurisprudencia emanada del Poder Judicial y esta Corporación.

Por otra parte, hizo presente que en el evento que el solicitante represente a una de las partes del respectivo procedimiento sancionatorio, aquél puede conocer en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y a obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente, sin supeditar su requerimiento al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, por cuanto el mismo constituye la vía para aquellas personas que no detentan la calidad de interesados. Lo anterior, conforme a dictamen N° 27.945/2017, de la Contraloría General de la República.

3) AMPARO: El 26 de mayo de 2021, la Fundación Educacional Monte Patria dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Hizo presente que el requerimiento de especie dice relación con los antecedentes que sustentan el Acta de Fiscalización, que inició el procedimiento administrativo sancionatorio en contra de su representada, dado que mediante Resolución Exenta 2021/FC/13/0242, de fecha 30 de marzo de 2021, se le formularon cargos, notificándosele de los mismos. Acompañó copia del referido acto administrativo.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Educación, mediante Oficio N° E13246, de fecha 18 de junio de 2021, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, explicando en qué medida lo solicitado serviría de antecedente o deliberación previa a la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (3°) señale el estado procesal en que se encuentra la investigación a que se hace mención en la respuesta otorgada a la solicitud de información que motiva el presente amparo, y la fecha aproximada de término del mismo; y, (4°) para el caso de encontrarse terminado el procedimiento solicitado, remita copia íntegra de su expediente.

Mediante Oficio Ord. N° 789, de fecha 7 de julio de 2021, el organismo evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, la causal de reserva esgrimida.

Al respecto, hizo presente lo preceptuado en el artículo 51 de la Ley N° 20.529, que fija el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica, media y su fiscalización - en adelante ley N° 20.529-. Seguidamente, argumentó que el hecho de que se conozcan los antecedentes del procedimiento de fiscalización de la Superintendencia de Educación, durante su tramitación, afecta directamente la investigación, la constatación de los hechos que eventualmente pueden constituir infracciones a la normativa educacional, y la resolución del proceso de fiscalización por parte del organismo, por cuanto puede generar expectativas, intervenciones y eventuales presiones respecto del procedimiento y respecto de los fiscalizadores, por parte de terceros ajenos, lo cual podría afectar directamente en el resultado imparcial y justo de aquél. A fin de refrendar lo anterior, cito jurisprudencia emanada de esta Corporación y el Poder Judicial.

Sobre el estado procesal en que se encuentra la investigación, hizo presente que con fecha 25 de enero de 2021, se presentó una denuncia con el CAS-129395, la que a la luz de los antecedentes derivó en una fiscalización, según consta en Acta con observaciones N° 211300502, de fecha 8 de marzo de 2021, lo cual, condujo a la realización de un procedimiento administrativo sancionatorio, iniciado mediante Resolución Exenta N° 2021/PA/13/0609, de fecha 16 de marzo de 2021, el que a la fecha se encuentra en etapa de presentación de descargos por parte del sostenedor.

Finalmente, hizo presente que, en su calidad de interesado, puede dirigirse a la Dirección Regional respectiva, solicitando copia de los antecedentes.

5) PRESENTACIÓN DEL RECLAMANTE: Mediante comunicación electrónica, de fecha 19 de julio de 2021, la parte activa manifestó su disconformidad con los antecedentes puestos a disposición por el organismo con ocasión de la solicitud de invalidación presentada en contra de la resolución N° 2021/FC/13/0242, de fecha 30 de marzo de 2021, en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio incoado.

Reseñó que, con ocasión de dicho procedimiento administrativo, se puso a disposición del requirente una carpeta digital incompleta, con actos de otros procedimientos impertinentes de éste.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud. Al respecto, el organismo alegó la concurrencia de la hipótesis de reserva esgrimida en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

2) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva que fuere esgrimida, cabe hacer presente que en virtud de esta se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas". Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1 letra b) del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes "todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios". Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos Roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que su configuración se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

3) Que, en cuanto a la verificación de los requisitos enunciados, a juicio de este Consejo, no se ha logrado acreditar la forma en que la divulgación de lo pedido afectaría el cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, en orden a fiscalizar y resolver las denuncias que ante aquél se interpongan, afectando, consecuentemente, el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. En este sentido, el criterio que se ha aplicado uniformemente es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

4) Que, en la especie, el órgano reclamado señaló que lo pedido versa sobre antecedentes previos a la adopción de una resolución por su parte y el conocimiento de estos por terceros ajenos a la Superintendencia de Educación podría afectar la debida resolución del procedimiento sancionatorio en curso, sin acompañar medios de prueba o elementos de juicio suficientes que permitan ponderar el modo concreto en que la develación de la información pedida afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, no bastando apreciaciones generales e hipotéticas para justificar la reserva de la información reclamada. A su vez, esta Corporación advierte que a la fecha de la solicitud de acceso ya se había adoptado por parte de la autoridad reclamada la decisión de formular cargos contra el posible infractor, hipótesis contemplada una vez comprobada una presunta vulneración al marco jurídico que regula la materia. Al efecto, el artículo 51 de la Ley N° 20.529, dispone que: "La Superintendencia formulará cargos e instruirá el respectivo procedimiento en caso de verificar la existencia de una o más contravenciones a la normativa educacional". (Énfasis agregado)

5) Que, a mayor abundamiento, atendiéndose la calidad de interviniente -inculpado- del reclamante, resulta aplicable el artículo 17 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado - en adelante ley N° 19.880-, el cual dispone que: "Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a)Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; d) acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley". A su vez, el organismo ilustró que el procedimiento administrativo sancionatorio se encuentra en etapa de formulación de descargos, por lo que, a juicio de esta Corporación no hacer entrega de los antecedentes pedidos vulnera el principio de bilateralidad de la audiencia y de contradictoriedad, principios básicos del debido proceso consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, por cuanto el desconocimiento de los antecedentes en que se funda la imputación de la infracción antes mencionada impide al requirente ejercer su derecho a defensa, en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley N° 20.529. En consecuencia, se descartará la concurrencia de la causal de reserva alegada.

6) Que, por su parte, respecto de los correos electrónicos peticionados, cabe tener presente que este Consejo de manera unánime se ha pronunciado a favor de la publicidad de aquellos que constituyen el o los fundamentos de un acto administrativo. Ello por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República. Así se ha resuelto en las decisiones recaídas en los amparos Roles N° C864-12, C1320-12 y C2757-17. Criterio que, por lo demás, ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema en la sentencia recaída en el recurso de queja Rol 4060-2013 caratulada "Subsecretaría de Transportes con CPLT".

7) Que, por su parte, respecto de los correos electrónicos enviados o generados desde una casilla electrónica institucional, este Consejo, en decisión de mayoría dirimente, estima que son públicos, en la medida que digan relación directa con el ejercicio de competencias públicas. En efecto, el ejercicio actual de la función pública supone el uso de toda forma de comunicación para concretizar los fines que la Administración del Estado persigue, es por esto por lo que a cada funcionario se le otorga una casilla institucional financiada con recursos del erario nacional, sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas.

8) Que, lo anterior es una concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación consagrados en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado - en adelante D.F.L. N° 1/19.653-. Luego, y siendo los correos electrónicos la herramienta que permite un intercambio eficaz de información, en tanto han venido a reemplazar, en parte, a los documentos administrativos contenidos en formato papel, tales como memorándums, oficios u ordinarios empleados por la Administración, no están ajenos al escrutinio y control social que la ciudadanía pueda hacer de ellos, en los términos dispuestos en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia y en el artículo 8, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

9) Que, en tal orden de ideas, si se estimara que los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos por servidores públicos respecto de materias propias del desempeño de sus funciones son comunicaciones de carácter privado, se crearía un canal secreto que transformaría en reservados documentos esencialmente públicos por el solo hecho de ser remitidos por esa vía. Así ocurriría, por ejemplo, con los documentos adjuntos a un e-mail o con las respuestas que los órganos de la Administración otorgan electrónicamente, como ocurre en la mayoría de las solicitudes presentadas conforme a la Ley de Transparencia. De esta manera, el secreto o la reserva de la información dependen del contenido y no del continente. Sólo así son posibles el control y la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la libertad de expresión.

10) Que, como manifestación de lo expuesto precedentemente, los correos electrónicos son empleados cada vez más, como fundamentos de actos o decisiones de los órganos de la Administración del Estado. Como ejemplo pueden verse las resoluciones N° 4.140 y 8.802, de 2009; N° 95, N° 270, N° 833, N° 1.178, N° 2.954, N° 2.957, N° 2.960, N° 3.084 y N° 3.787, de 2011; y N° 9.844, N° 9.920 y N° 9.951, todas de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, así como el decreto supremo N° 634/2011, del mismo Ministerio; las resoluciones N° 661/2007 y N° 429/2008, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, así como los decretos supremos N° 84/2004 y N° 13, N° 30 y N° 170, de 2006, todos de la misma cartera; la resolución N° 109/2011, de la Subsecretaría de Transportes; las resoluciones N° 550/2003 y N° 28/2007, ambas de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción; y, el decreto supremo N° 157, de 2011, del Ministerio de Minería, todos ellos publicados en el Diario Oficial.

11) Que, la práctica señalada precedentemente no hace sino reconocer que estos correos constituyen una forma de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional en cada uno de esos casos, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública. A mayor abundamiento, las entidades públicas ponen servidores de correo electrónico a disposición de sus funcionarios y les entregan cuentas de correo sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas. Se trata de una concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación establecidos en el D.F.L. N° 1/19.653.

12) Que, en consecuencia, en principio es pertinente la entrega de los correos electrónicos que fueron generados desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas, en la medida que no concurra una causal especifica de secreto o reserva a su respecto, lo cual en este caso fue descartado, de acuerdo con lo razonado en los considerandos anteriores.

13) Que, en cuanto a lo señalado por la reclamada, en orden que atendida la condición de parte del reclamante, los antecedentes peticionados debían requerirse en virtud del procedimiento dispuesto en la ley N° 19.880, cabe hacer presente que en la medida que lo pedido conste en alguno de los soportes documentales a que se refiere la Ley de Transparencia, ello constituye información que se puede requerirse mediante una solicitud de acceso de acuerdo a dicha Ley, como ocurre en el presente caso, no siendo impedimento que el requirente tenga la calidad de interesado en un procedimiento administrativo, pudiendo, por tanto, igualmente formular una solicitud de información sobre la misma materia relativa al procedimiento administrativo en cuestión. Lo anterior, resulta concordante con los Principios de Facilitación y No Discriminación, previstos en el artículo 11 letras f) y g) de la Ley de Transparencia, conforme a los cuales los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, debiendo entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias. Por tales motivos, las alegaciones expuestas en este punto serán desestimadas.

14) Que, atendido lo razonado precedentemente, se acogerá el amparo presentado y se ordenará a la Superintendencia de Educación entregar al solicitante la información reclamada. Sin perjuicio de lo cual, en atención a que aquél ha de contener datos personales de este, se deberá proporcionar, previa acreditación de su identidad, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación. Además, atendido los criterios establecidos por este Consejo en las decisiones de amparos Roles C2795-17, C3571-17, C1790-18, C1954-18 C2577-18, y C1894-18, de ser pertinente, se deberá tarjar, previamente, la identidad de las personas denunciantes y de los funcionarios públicos en calidad de testigos en la investigación. Al efecto, y con el objeto de que dicha reserva tenga efecto, la reclamada deberá también reservar cualquier dato o antecedente que permita inferir la identidad de los sujetos señalados precedentemente. En este sentido, deberá suprimir toda mención al cargo o funciones desempeñadas -incluyendo el año de ingreso-, así como las descripciones o menciones de cualquier situación o hecho que las haga identificables. Asimismo, previo a la entrega, se deberán reservar aquellos datos personales de contexto de personas naturales distintas a la parte activa, incorporados en la documentación que se ordena entregar como, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la misma Ley. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

15) Que, finalmente, respecto a los antecedentes que -presumiblemente- el organismo puso a disposición de la parte activa, esta Corporación no se pronunciará por resultar inoponible en esta sede, por cuanto aquella se verificó en un procedimiento distinto al de acceso a la información, concretamente con motivo de una solicitud de invalidación respecto de la resolución N° 2021/FC/13/0242, de fecha 30 de marzo de 2021, que formula cargos y hace presente plazo para presentar descargos y medios de prueba, en el marco del procedimiento administrativo sancionatorio incoado. En efecto, esta Corporación advierte que, con ocasión de su respuesta y descargos, la Superintendencia denegó el acceso a los antecedentes consultados, esgrimiendo en la especie la concurrencia de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, QUE SE RESUELVE POR EL VOTO DE SU PRESIDENTA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACUERDA LO SIGUIENTE:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, QUE SE RESUELVE POR EL VOTO DE SU PRESIDENTA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACUERDA LO SIGUIENTE:

I. Acoger el amparo deducido por la Fundación Educacional Monte Patria, en contra de la Superintendencia de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Educación, lo siguiente:

a) Entregue a la parte activa información sobre los antecedentes relacionados a la denuncia contenida en la referencia N° W027752/2020, en los términos consignados en el numeral primero de la parte expositiva del presente Acuerdo, previa acreditación de su identidad.

Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, la identidad de las personas denunciantes y de los funcionarios públicos en calidad de testigos en la investigación. Asimismo, de todos los datos personales de contexto de personas naturales distintas a la denunciada contenidos en la información solicitada.

Sin perjuicio de lo cual, en el evento que parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Fundación Educacional Monte Patria y al Sr. Superintendente de Educación.

VOTO DISIDENTE:

La presente decisión es acordada con el voto en contra de la Consejera doña Natalia González Bañados y del Consejero don Francisco Leturia Infante, estiman que respecto de aquellos correos electrónicos que no constituyen antecedentes o fundamentos de un actos administrativo sino que únicamente corresponden a los generados desde una casilla institucional, el presente amparo debe ser rechazado, con base a las siguientes consideraciones:

1) Que, respecto de dichos correos electrónicos, tal como ocurre con las conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos, son interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, a pesar de que dichos correos electrónicos se generen en el ámbito del ejercicio de la función pública y sin perjuicio de que sean decantados en casillas institucionales. En efecto, se trata de una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la administración del Estado y que no tienen la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social.

2) Que, cabe señalar que el Estado está al servicio de la persona humana y tiene el deber de respetar y promover los derechos fundamentales que emanan de su propia naturaleza, como lo señala expresamente la Constitución Política en sus artículos 1, inciso tercero, y 5, inciso segundo. Por su parte, los derechos constitucionales consagrados en los numerales 4° y 5° del artículo 19 de la Constitución, aseguran el respeto y protección a la vida privada de la persona y su familia, el primero, y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, el segundo, configurando en conjunto el ámbito de protección de la vida privada. El correlato de este estatuto nacional es posible identificarlo en las disposiciones del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3) Que, en este sentido, la vida privada es "aquella que se ejecuta a vista de pocos, familiar y domésticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna, particular y personal de cada individuo, que no es propiedad pública o estatal, sino que pertenece a particulares" (Silva B., Alejandro, en "Tratado de Derecho Constitucional", Tomo XI, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, p.188). Asimismo, "el concepto de vida privada está directamente vinculado a la ‘intimidad’, a ese ámbito en que el ser humano y la gente de sus afectos conviven, conversan, se aman, planifican el presente y el futuro, comparten alegrías y tristezas, gozan del esparcimiento, incrementan sus virtudes y soportan o superan sus defectos, y fomentan sus potencialidades humanas para su progreso integral, todo ello sin la intervención o presencia de terceros" (Evans de la Cuadra, Enrique, en "Los Derechos Constitucionales", Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, p.212). De manera similar se sostiene que la vida privada es "el conjunto de los asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que, el titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo" (Cea Egaña, José Luis, en Derecho Constitucional, Tomo II Derecho, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2004, p.178). En este sentido, resulta indudable que la garantía constitucional de la vida privada abarca también los correos electrónicos, a la luz de su carácter de medio de comunicación privado, según lo expuesto en éste y en los considerandos precedentes.

4) Que, en el derecho comparado se ha señalado que "la existencia de una esfera privada, en la que los demás (poderes públicos o particulares) no pueden entrar sin el consentimiento de la persona, no implica solo un reconocimiento del altísimo valor que tiene la faceta privada de la vida humana, sino que constituye también una garantía básica de libertad: en un mundo donde toda la actividad de los hombres fuera pública, no cabría la autodeterminación individual. El constitucionalismo, así, exige diferenciar entre las esferas pública y privada y, por tanto, entre lo visible y lo reservado" (Diez - Picazo, Luis, Sistema de Derechos Fundamentales, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2008, p.297). De la misma forma y desde la óptica del derecho a la intimidad, se ha definido a ésta como "el derecho a no ser molestado, y a guardar la conveniente reserva acerca de los datos de una persona que ésta no quiere divulgar. Es el derecho a mantener una vida privada sin interferencias de otras personas ni del Estado, con la garantía de que estos terceros no pueden invadir los aspectos reservados de la vida de las personas" (Balaguer C., Francisco et. al, Derecho Constitucional, Volumen II, Editorial Tecnos, Madrid, 1999, p.102). Por último, se ha afirmado que: "sí hay acuerdo en que el derecho a la intimidad consiste en el derecho a disfrutar de determinadas zonas de retiro y secreto de las que podemos excluir a los demás" (Pérez Royo, Javier; Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Políticas S.A., Madrid, 2000, p.395).

5) Que, en consecuencia, los correos electrónicos son una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo, por lo tanto, deben ser protegidos por el derecho a la vida privada, garantía que es base y expresión de la libertad individual y que está íntimamente ligada a la dignidad de las personas, valores fundamentales consagrados en el artículo 1° de la Constitución Política de la República.

6) Que, asimismo, los correos electrónicos se enmarcan en la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19, N° 5, de la Constitución Política de la República. Son comunicaciones que se transmiten por canales cerrados, no abiertos y tienen emisores y destinatarios acotados, y el hecho de que esos correos sean de funcionarios públicos no constituye por ello una excepción de tutela. En efecto, lo que se protege con esta garantía es la comunicación, sin distinguir si se hace por canales o aparatos financiados por el Estado. Por otra parte, no hay ninguna norma, ni en la Constitución ni en la ley, que pueda interpretarse para marginarlos de esta garantía. Si se aceptara que las comunicaciones de los funcionarios, por el hecho de ser tales, no están protegidas por el artículo 19, N° 5, de la Carta Fundamental, cualquiera podría interceptar, abrir o registrar esas comunicaciones, o cualquiera otra que se generara al interior de la Administración del Estado, como podría ser una comunicación telefónica. Eso sería peligroso no solo para los derechos de los ciudadanos, sino eventualmente también para el interés nacional y la seguridad de la Nación.

7) Que, por su parte, la doctrina comparte lo anteriormente expuesto. En efecto, se ha señalado que el numeral 5° del artículo 19 "comprende la protección de la correspondencia o de mensajes epistolares, telegráficos, telefónicos, radiales, por télex o por otros medios, que la técnica haga posible ahora y en el futuro" (Vivanco, Ángela, Curso de Derecho Constitucional, Tomo II, Santiago, Ediciones Universidad Católica, 2006, p.365). Y, reafirmando el tema, se ha sostenido que "no cabe duda alguna que el correo electrónico es un medio de comunicación persona a persona, que permite el desarrollo de diálogos comunicativos privados entre remitente y destinatario(s), de manera tal que se encuentra amparado por las normas del bloque constitucional de derechos humanos que conforman el sistema de garantía y protección de la inviolabilidad de las comunicaciones" (Álvarez Valenzuela, Daniel, "Inviolabilidad de las Comunicaciones Electrónicas", en Revista Chilena de Derecho Informático N° 5, Universidad de Chile, Santiago, 2004, p.197).

8) Que, lo anterior encuentra su fuente en las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. En efecto, a fin de ampliar la protección que proporcionaba el artículo 10, N° 13, de la Constitución de 1925, la Carta Fundamental vigente se refiere a "comunicaciones privadas" a sugerencia del comisionado Guzmán, quien señaló que con el término correspondencia "generalmente se está apuntando solamente al correo en el sentido que le da el Diccionario y no a todo tipo de comunicaciones. Y, precisamente, derivando de esta búsqueda de lo genérico, desea sugerir a la Comisión si acaso el término más adecuado no fuera el de "comunicaciones privadas", porque comunicaciones cubre todo acto, no solo los que existen hoy, sino los que pueden existir mañana" (Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Sesión 129, 12 de junio de 1975, p.10). En igual sentido, el comisionado Silva Bascuñán señaló que la nueva redacción pretende cubrir "toda forma de comunicación intelectual y espiritual entre dos individuos proyectados el uno hacia el otro, por cualquier medio que esté dentro de las posibilidades técnicas del país y de la sociedad" (Ídem, p.4).

9) Que, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia ha sido especialmente protectora de ambas garantías. La Magistratura Constitucional ha destacado que "el respeto y protección de la dignidad y de los derechos a la privacidad de la vida y de las comunicaciones, son base esencial del desarrollo libre de la personalidad de cada sujeto, así como de su manifestación en la comunidad a través de los grupos intermedios autónomos con que se estructura la sociedad" (Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 389, de 28 de octubre de 2003, considerando 19). Enfatizando "el ligamen que existe entre la dignidad de la persona y el ejercicio de este derecho esencial (19 N° 5), pues la inviolabilidad de las comunicaciones privadas debe ser considerada una extensión, lógica e inevitable, sobre todo en la vida moderna, del carácter personalísimo o reservado que tienen ellas como base de la libertad individual y su proyección en los más diversos aspectos de la convivencia". Asimismo, ha sostenido que los correos electrónicos se enmarcan perfectamente dentro de la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19, N° 5, de la Constitución, pues "son comunicaciones, que se transmiten por canales cerrados, no por canales abiertos, y tienen emisores y destinatarios acotados. Por lo mismo, hay una expectativa razonable de que están a cubierto de injerencias y del conocimiento de terceros. En nada obsta a lo anterior el que no sea muy dificultoso interceptarlos o abrirlos" (Sentencia Rol N° 2153, de 11 de septiembre de 2012, considerando 42).

10) Que, de la misma forma y en lo que interesa, la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, también se ha pronunciado en favor de la protección de los correos electrónicos como parte de la esfera de intimidad y privacidad de las personas:

a) El Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, en su sentencia de 15 de septiembre de 2008, recaída en la causa RIT T-1-2008, concluyó que una conversación utilizando la herramienta Messenger es privada, sin que en ningún caso pueda estimarse como pública por estar respaldada en un computador, ya que para que ello pudiese estimarse, necesariamente, se requeriría una manifestación de voluntad de la parte emisora y receptora, o al menos de una de ellas; por lo que a falta de dicha manifestación debe entenderse que la información sigue siendo privada, ya que en ella por las características que envuelve -comunicación electrónica escrita y directa de una persona determinada a otra, también determinada, por un medio cerrado- demuestra una voluntad tal de excluir del conocimiento de lo comunicado a terceros, que de haberse estimado que alguien podría haber interferido en dicha comunicación, conociéndola de cualquier modo, lo más probable es que no la hubiesen realizado (considerando 7°).

b) La Dirección del Trabajo, a su vez, ha confirmado la protección en el ámbito laboral señalando que el empleador puede regular las condiciones, frecuencia y oportunidad de uso de los correos electrónicos de la empresa "pero en ningún caso podrá tener acceso a la correspondencia electrónica privada enviada y recibida por los trabajadores" (Ordinario N° 2210/035, de 2009).

c) La Contraloría General de la República - en consideración a la norma contenida en el D.S. N° 93, de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia- ha reconocido que los funcionarios de los órganos públicos pueden utilizar casillas institucionales para comunicaciones personales o privadas, a menos que expresamente la respectiva autoridad o jefe superior de servicio lo prohíba (Dictamen N° 38.224 de 2009).

11) Que, con fecha 3 de marzo de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el Reclamo de Ilegalidad presentado en contra de la decisión del amparo Rol C8017-19, razonando que "la Constitución Política de la República, consagra derechos constitucionales en los números 4° y 5° del artículo 19, asegurando el respeto y protección de la vida privada de la persona y su familia, y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, configurándose un estatuto constitucional de protección de la vida privada (...) en atención al marco legal referido, claro es para esta Corte, que los correos electrónicos cuya publicidad se pide, corresponden a comunicaciones privadas, se trata de mensajes específicos y determinados entre personas también determinadas, que sólo pueden acceder a ellos, los titulares de los correos; constituyendo actualmente una forma de común ocurrencia de comunicación entre los individuos".

12) Que, desde la perspectiva de la historia de la ley, en particular el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública (boletín N° 12.100-07), lo expuesto en la Sesión 148ª Ordinaria, de 15 de octubre de 2019, de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, que declaró inadmisible por inconstitucional la indicación sustitutiva a dicho proyecto de ley, presentada por el Honorable Diputado Sr. Leonardo Soto Ferrada, por medio de la cual se pretendía consagrar la publicidad de los correos electrónicos de los funcionarios públicos.

13) Que, dicha declaración de inadmisibilidad cobra relevancia para la adecuada interpretación que esta disidencia ha dado a la publicidad de dichos correos electrónicos, especialmente desde la perspectiva del elemento histórico de interpretación de la ley, consagrado en el artículo 19 del Código Civil, norma que indica, en lo pertinente, que para interpretar una expresión oscura de la ley, se puede recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en la historia fidedigna de su establecimiento. De ahí entonces que dicha declaración de inadmisibilidad con ocasión de un proyecto de ley es trascendente, particularmente porque de conformidad a lo establecido en el inciso 2° del artículo 24 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, no pueden admitirse indicaciones contrarias a la Constitución Política y precisamente la idea de hacer públicos los correos electrónicos de los funcionarios públicos, vulnera el contenido esencial del artículo 19, N° 5, de la Constitución Política, razón más que suficiente para declarar inadmisible aquella indicación. Lo anterior refuerza la interpretación de estos disidentes, en línea con lo resuelto de la misma forma por los tribunales superiores de justicia y por el Tribunal Constitucional.

14) Que, en consecuencia, los correos electrónicos se encuentran protegidos por la garantía contenida en el artículo 19, N° 5, de la Constitución Política de la República, lo que implica el deber positivo de protección de ese espacio de intimidad y, asimismo, prohíbe acciones u omisiones que puedan afectar el núcleo esencial de este derecho constitucional o su libre ejercicio, pues éstas contravendrían la seguridad que garantiza el numeral 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

15) Que, el órgano requerido, para recabar la información solicitada deberá revisar las comunicaciones electrónicas solicitadas, lo que constituiría por sí sola una invasión inaceptable de la intimidad personal de los titulares de los correos electrónicos. Por ende, su publicidad es constitucionalmente admisible únicamente en los casos y formas que prescribe la ley. En efecto, el propio Tribunal Constitucional ha resuelto en sus sentencias Rol N° 226-95 (considerando 47), Rol N° 280-98 (considerando 29) y Rol N° 1365-2009 (considerando 23) que la limitación de un derecho fundamental no puede ser tolerada si no está rodeada de suficiente determinación y especificidad como para garantizar una protección adecuada a la esencia del derecho y a su libre ejercicio, en este caso, el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

16) Que, en suma, la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que le exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19, N° 5, de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. En efecto, el Tribunal Constitucional en sentencia Rol N° 2246-12, recaída en recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, de fecha 31 de enero de 2013, razonó que "el acceso a comunicaciones privadas sólo puede permitirlo el legislador cuando sea indispensable para una finalidad de relevancia mayor, cuando sea necesario porque no hay otra alternativa disponible y lícita, bajo premisas estrictas, con una mínima intervención y nunca de manera constante y continua, sino que de forma limitada en el tiempo y siempre de modo específico, señalándose situaciones, personas y hechos" (considerando 57).

17) Que, por lo anterior, a criterio de estos disidentes, se configura respecto de los correos electrónicos enviados y recibidos en las casillas institucionales del órgano, la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, debiéndose, en consecuencia, rechazarse el amparo deducido en este aspecto.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.