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NN con INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS) Rol: C3963-21

Consejo para la Transparencia, 07/09/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Instituto de Previsión Social, ordenándose la entrega de copia de sumario administrativo iniciado por Resolución Exenta N° 8/2019. Lo anterior, al tratarse de un procedimiento administrativo concluido, relativo a un funcionario público, cuya divulgación permite un adecuado control social de la función pública por parte de la ciudadanía, al conocerse los fundamentos que han permitido a la autoridad dotada de potestad disciplinaria arribar a determinadas conclusiones en aquel. En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar la identidad y declaraciones de los terceros distintos a la reclamante que figuren en la información cuya entrega se ordena. Aplica criterio contenido en decisiones recaídas en amparos Roles C2795-17, C3571-17, C1894-18 y C2990-20, entre otras. Además, atendida la naturaleza del sumario consultado, y la calidad que a la parte recurrente se le atribuye en el mismo, se dispuso la reserva de su identidad, tanto en la presente decisión como en los registros de este Consejo. Por otra parte, se rechaza respecto del sumario instruido por Resolución Exenta N° 952, de fecha 9 de octubre de 2020, por no encontrarse afinado a la fecha de la solicitud.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3963-21

Entidad pública: Instituto de Previsión Social (IPS)

Requirente: N.N.

Ingreso Consejo: 28.05.2021.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Instituto de Previsión Social, ordenándose la entrega de copia de sumario administrativo iniciado por Resolución Exenta N° 8/2019.

Lo anterior, al tratarse de un procedimiento administrativo concluido, relativo a un funcionario público, cuya divulgación permite un adecuado control social de la función pública por parte de la ciudadanía, al conocerse los fundamentos que han permitido a la autoridad dotada de potestad disciplinaria arribar a determinadas conclusiones en aquel.

En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar la identidad y declaraciones de los terceros distintos a la reclamante que figuren en la información cuya entrega se ordena.

Aplica criterio contenido en decisiones recaídas en amparos Roles C2795-17, C3571-17, C1894-18 y C2990-20, entre otras.

Además, atendida la naturaleza del sumario consultado, y la calidad que a la parte recurrente se le atribuye en el mismo, se dispuso la reserva de su identidad, tanto en la presente decisión como en los registros de este Consejo.

Por otra parte, se rechaza respecto del sumario instruido por Resolución Exenta N° 952, de fecha 9 de octubre de 2020, por no encontrarse afinado a la fecha de la solicitud.

En sesión ordinaria N° 1212 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de septiembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3963-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de mayo de 2021, la solicitante requirió al Instituto de Previsión Social -en adelante e indistintamente, también, IPS-, lo siguiente:

"1.- Copia de Sumario Resolución 8/2019, completo.

2.- Copia de Sumario Resolución 952 del 9 de octubre de 2020, completo".

2) RESPUESTA: Mediante presentación remitida por correo electrónico de fecha 24 de mayo de 2021, el órgano respondió el requerimiento y adjuntó informe del Departamento de Derechos y Obligaciones Funcionarias del ISP por medio del cual se informó que el sumario administrativo iniciado por Resolución Exenta N° 8/2019, terminó por Resolución Exenta N° 30-S, de 26 de agosto de 2020, de la Dirección Nacional, siendo sobreseído, agregando que, a pesar de ser haber concluido la investigación, no puede entregarse copia del mismo, en atención a que se trata de un sumario en materia de acoso laboral, considerando, además, que se trata de una solicitud de quien fue testigo y no denunciante o denunciada de dicha investigación.

Agregó que, por lo anterior, procede la denegación de lo solicitado en virtud de las causales de reserva de los numerales 1 y 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en atención a los datos personales y sensibles contenidas en la misma.

3) AMPARO: El 28 de mayo de 2020, la reclamante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la repuesta negativa a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social, mediante Oficio N° E13148, de fecha 17 de junio de 2021, para que evacuara sus descargos u observaciones.

Mediante Oficio Ordinario N° AL005T-0010414, de fecha 6 de julio de 2021, el órgano presentó sus descargos en los siguientes términos:

Hizo presente que el sumario administrativo iniciado por Resolución Exenta N° 8/2019, trata sobre una investigación en materia de acoso laboral, que concluyó con la resolución que indicó al efecto. Añadió que la materia de que trata la información pedida reviste una especial importancia en cuanto a que, más allá de cómo haya concluido el proceso que se consulta, este contiene declaraciones e información sobre sus funcionarios y funcionarias, la que, para un adecuado funcionamiento y desarrollo de su función pública, exige resguardar a las personas que forman parte de su organización y que en definitiva permiten la realización de la labor pública. Por lo anterior, indicó que se pretende proteger el ambiente laboral en el cual se desenvuelven los involucrados, el que no debiera ser afectado por la divulgación de lo requerido.

Reiteró que, en atención a la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la requirente fue testigo y no denunciante, o denunciada en investigación iniciada por resolución que indica, lo cual da cuenta que, de la información censurada que se le pudiere entregar, podría distinguir los datos personales de las personas involucradas, lo cual no se aviene a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada - en adelante ley N° 19.628-.

Por otra parte, en relación con el proceso instruido por Resolución Exenta N° 952, de fecha 9 de octubre de 2020, aclaró que a la fecha se encuentra en elaboración de vista fiscal, ya que hubo levantamiento de cargos, y que la inculpada hizo uso de la ampliación de plazo para efectuar sus descargos. En efecto, señaló que encontrándose pendiente la divulgación de la información que sirve de base para una posterior decisión, y dado que el proceso en cuestión no está finalizado, se encuentra bajo secreto sumario en conformidad a lo dispuesto en el artículo 137 inciso 2° del Estatuto Administrativo.

Por último, citó jurisprudencia de este Consejo sobre la materia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa al requerimiento relativo a la entrega de copia de los dos sumarios administrativos que se indican, respecto de lo cual, el órgano reclamado alegó la concurrencia de las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, y del artículo 137 inciso 2° del Estatuto Administrativo, respectivamente.

2) Que, primeramente, respecto al sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N° 952, de fecha 9 de octubre de 2020, sobre el cual el órgano aclaró que se encuentra en elaboración de vista fiscal, aún no afinado. En este sentido, esta Corporación, en forma sostenida y reiterada ha resuelto, desde las decisiones de los amparos Roles A47-09, A95-09, A159-09, C7-10, C561-11, C1314-14, C969-15, C6376-18 y C837-19, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, en particular: el inculpado y el abogado que asumiere su defensa. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137 inciso 2° del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros)

3) Que, en consecuencia, en consideración al análisis de los antecedentes y atendido el estado procesal en que se encuentra el procedimiento disciplinario a la fecha de la solicitud de información, concurre a su respecto la causal de secreto o reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, razón por la cual se rechazará el presente amparo en este punto.

4) Que, en relación con el procedimiento sumarial iniciado por Resolución Exenta N° 8/2019, en adecuación a lo señalado por el órgano, aquel se encuentra finalizado, con decisión de sobreseimiento mediante Resolución Exenta N° 30-S, de fecha 26 de agosto de 2020, cuyo objetivo fue investigar eventuales responsabilidades administrativas por acoso laboral, detentando la solicitante la calidad de testigo. Al respecto, resulta atingente tener presente, lo razonado por esta Corporación en las decisiones de amparos Roles C429-14, C2094-15 y C1834-17, entre otras, en orden a que: "la divulgación de los antecedentes solicitados afectaría no sólo la vida privada de la parte denunciante atendida la materia de los hechos a que se refiere sino también, tendría el efecto de inhibir la formulación de denuncias por parte de potenciales víctimas de acoso laboral, sexual u otro tipo de conducta impropia al interior de organismos públicos, afectando con ello la labor investigativa y preventiva que el organismo reclamado pueda desplegar ante futuras situaciones que impliquen algún tipo de responsabilidad funcionario, afectando con ello el debido cumplimiento de las funciones del Servicio (...) en estas materias".

5) Que, por otra parte, en relación a la identidad y las declaraciones de testigos que pudiesen estar contenidas en el sumario solicitado, cabe tener presente que en la decisión de amparo Rol C2371-15, en que se solicitó copia de los procedimientos administrativos incoados con ocasión de denuncias por acoso al interior de una entidad pública, esta Corporación señaló que dada la especial naturaleza de la materia a que se refiere el procedimiento administrativo consultado, se advierte que las declaraciones prestadas por los funcionarios en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo de que la divulgación de lo requerido inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva, afectaría futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano.

6) Que, luego, atendido lo señalado por el propio organismo, esto es, que la reclamante detentó la calidad de testigo en el sumario consultado, y en relación a sus propios datos personales y declaraciones que pudieren estar contenidas en el mismo, cabe tener presente que el artículo 12 de la Ley sobre Protección de la Vida Privada reconoce que "toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente". De esta forma, en la especie, la peticionaria ha hecho uso del denominado "habeas data impropio" a efectos de acceder a sus propios datos de carácter personal y sensibles que obran en poder de un tercero, en este caso, del ISP. Tal derecho, puede ejercerse a través del procedimiento establecido por la Ley de Transparencia mediante el ejercicio del derecho de acceso a información pública, según ha sido resuelto anteriormente por este Consejo, por ejemplo, en las decisiones de amparos Roles C134-10, C178-10, C432-13, entre otras.

7) Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, en la medida que los antecedentes solicitados se enmarcan dentro de un procedimiento sumarial concluido, relativo a un funcionario público, respecto del cual la solicitante detentó la calidad de testigo y teniendo en consideración que conforme al principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia conforme al cual "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda", es posible conciliar el resguardo de los bienes jurídicos que subyacen a la materia de la investigación sumarial requerida -particularmente conforme a la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia; en relación a las declaraciones e identidad de los testigos distintos de la requirente, y la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la misma ley; respecto de los datos y declaraciones de los denunciantes y denunciados- con el control social de la función pública; en virtud del cual una vez adoptada una decisión por parte de la autoridad dotada de potestad disciplinaria en el respectivo procedimiento sumarial, la ciudadanía conozca los fundamentos que han permitido a ésta arribar a determinadas conclusiones en dicho procedimiento, sea cual fuere el resultado de aquél y la naturaleza de los hechos que hayan motivado su instrucción, se acogerá el presente amparo en este punto, ordenándose la entrega del sumario solicitado. En este mismo sentido, se resolvieron los amparos Roles C2795-17, C3571-17, C1894-18 y C2990-20, referidos a expedientes sumariales sobre acoso laboral afinados.

8) Que, se hace presente que la información que corresponda a la propia peticionaria deberá ser entregada previa acreditación de su identidad, por contener datos personales y sensibles de ésta, al alero de la ley N° 19.628 y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10, de este Consejo.

9) Que, a su vez, en virtud del principio de divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar la identidad y declaraciones de los terceros distintos a la requirente -en su calidad de testigos, denunciante o denunciado- que figuren en el expediente solicitado, así como todos aquellos datos personales de contexto contenidos en aquel como, por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, de personas distintas de la requirente y que permitan su identificación. Asimismo, el organismo reclamado deberá tarjar todos los datos sensibles de terceros, detallados en la información consultada. Lo anterior, en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en la ley N° 19.628, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.

10) Que, por último, a juicio de este Consejo, la revelación de la identidad de la reclamante expone su calidad de testigo en un procedimiento sumarial por acoso laboral, por lo que en conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia, se considera que dicho dato debe ser protegido, manteniendo la reserva de la identidad de ésta en la presente decisión, disponiéndose, además, el resguardo de aquella en los registros internos de este Consejo y en la información sobre procesos en curso disponible en la página web de esta Corporación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por la reclamante en contra del Instituto de Previsión Social, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social, lo siguiente:

a) Entregue a la reclamante copia de sumario administrativo iniciado por Resolución Exenta N° 8/2019. Se hace presente que la información que corresponda a la propia peticionaria deberá ser entregada previa acreditación de su identidad. Además, del expediente pedido se deberá tarjar la identidad y declaraciones de los terceros distintos de la peticionaria -en su calidad de testigos, denunciante o denunciado-, así como todos aquellos datos personales de contexto de personas distintas de la requirente y que permitan su identificación. Asimismo, de todos los datos sensibles de terceros, detallados en la información consultada.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de la entrega del sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N° 952, de fecha 9 de octubre de 2020, por no encontrarse el mismo afinado a la fecha de la solicitud, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

IV. Encomendar a la Dirección Jurídica de este Consejo que inicie el proceso de reserva de identidad de la parte reclamante en el presente amparo, con la finalidad que la Dirección de Desarrollo de esta Corporación verifique que se realicen las medidas que resulten necesarias respecto de las bases de datos que obran en poder de esta Corporación para evitar la publicidad, comunicación o conocimiento de la identidad de la parte reclamante del presente amparo, en los sitios externos del Consejo.

V. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a la reclamante y al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.