logo
 

Colegio Médico de Chile (AG) con SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Rol: C4101-21

Consejo para la Transparencia, 31/08/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando entregar al reclamante todo antecedente documental que obre en su poder en alguno de los soportes a que se refiere el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, que diga relación con la lista de asistentes a las reuniones de trabajo de la "Mesa COVID" consultada, las materias tratadas, los acuerdos adoptados y sus criterios. Lo anterior, por cuanto, el órgano reclamado no acreditó fehacientemente haber agotado todos los medios a su disposición para encontrar la información reclamada. En efecto, de en su respuesta al requerimiento, la Subsecretaría de Salud reconoció la existencia de la instancia de la colaboración interministerial consultada, resultado plausible que obren en su poder del órgano, antecedentes que den cuenta de los profesiones y funcionarios públicos que la han integrado o que han sido invitados a participar en ella, como por ejemplo, las invitaciones, citaciones o convocatorias extendidas a estos en las distintas instancias en que las reuniones de trabajo han tenido lugar, así como aquellos documentos que informen los puntos o materias que fueron discutidos o tratados en dichas reuniones, los acuerdos adoptados y sus criterios o razones, tales como, actas, minutas o resúmenes. Además, la información pedida se relaciona con el trabajo realizado por una instancia asesora científica y técnica a la autoridad que ha "tenido por finalidad principal discutir y coordinar diversas medidas, directrices, estrategias, programas y políticas públicas orientadas a combatir y morigerar los efectos nocivos a la salud de la población que ha provocado la pandemia Covid-19" y cuyo funcionamiento "se encuentra amparado en el cumplimiento de funciones públicas en torno a potestades constitucionales de gobierno y administración". Luego, dicha instancia asesora forma parte de los fundamentos de las decisiones y resoluciones adoptadas por la autoridad sanitaria en el manejo de la pandemia del Covid-19, en el ejercicio de sus potestades públicas. Por su parte, la forma externa de manifestación de los actos de la administración es la forma escrita. Esta es la única que asegura la certeza del contenido y de los efectos del acto, y la única que posibilita su motivación. En tal orden de ideas, el acceso a la motivación de un acto o decisión administrativa permite ejercer un adecuado control social sobre la misma. En otras palabras, la publicidad de las razones que han llevado a la autoridad a adoptar una determinada decisión no solo resulta la mejor garantía del correcto uso de las atribuciones jurídicas que la ley le ha conferido para satisfacer las necesidades públicas, sino que también propicia que la ciudadanía comprenda de mejor manera las medidas adoptadas, facilitando así el cumplimiento o ejecución de la decisión administrativa. Lo anteriormente concluido resulta aplicable cualquiera sea la naturaleza jurídica de la instancia en que se generó la información o las particulares circunstancias de su funcionamiento.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4101-21

Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública

Requirente: Colegio Médico de Chile (A.G.)

Ingreso Consejo: 02.06.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando entregar al reclamante todo antecedente documental que obre en su poder en alguno de los soportes a que se refiere el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, que diga relación con la lista de asistentes a las reuniones de trabajo de la "Mesa COVID" consultada, las materias tratadas, los acuerdos adoptados y sus criterios.

Lo anterior, por cuanto, el órgano reclamado no acreditó fehacientemente haber agotado todos los medios a su disposición para encontrar la información reclamada. En efecto, de en su respuesta al requerimiento, la Subsecretaría de Salud reconoció la existencia de la instancia de la colaboración interministerial consultada, resultado plausible que obren en su poder del órgano, antecedentes que den cuenta de los profesiones y funcionarios públicos que la han integrado o que han sido invitados a participar en ella, como por ejemplo, las invitaciones, citaciones o convocatorias extendidas a estos en las distintas instancias en que las reuniones de trabajo han tenido lugar, así como aquellos documentos que informen los puntos o materias que fueron discutidos o tratados en dichas reuniones, los acuerdos adoptados y sus criterios o razones, tales como, actas, minutas o resúmenes.

Además, la información pedida se relaciona con el trabajo realizado por una instancia asesora científica y técnica a la autoridad que ha "tenido por finalidad principal discutir y coordinar diversas medidas, directrices, estrategias, programas y políticas públicas orientadas a combatir y morigerar los efectos nocivos a la salud de la población que ha provocado la pandemia Covid-19" y cuyo funcionamiento "se encuentra amparado en el cumplimiento de funciones públicas en torno a potestades constitucionales de gobierno y administración". Luego, dicha instancia asesora forma parte de los fundamentos de las decisiones y resoluciones adoptadas por la autoridad sanitaria en el manejo de la pandemia del Covid-19, en el ejercicio de sus potestades públicas.

Por su parte, la forma externa de manifestación de los actos de la administración es la forma escrita. Esta es la única que asegura la certeza del contenido y de los efectos del acto, y la única que posibilita su motivación.

En tal orden de ideas, el acceso a la motivación de un acto o decisión administrativa permite ejercer un adecuado control social sobre la misma. En otras palabras, la publicidad de las razones que han llevado a la autoridad a adoptar una determinada decisión no solo resulta la mejor garantía del correcto uso de las atribuciones jurídicas que la ley le ha conferido para satisfacer las necesidades públicas, sino que también propicia que la ciudadanía comprenda de mejor manera las medidas adoptadas, facilitando así el cumplimiento o ejecución de la decisión administrativa. Lo anteriormente concluido resulta aplicable cualquiera sea la naturaleza jurídica de la instancia en que se generó la información o las particulares circunstancias de su funcionamiento.

Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C1934-21.

Con todo, en el evento de que todo o parte de la información pedida no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, por medio de los certificados de búsqueda pertinentes, dando cuenta detalladamente de las razones de ello.

En sesión ordinaria N° 1210 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4101-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de abril de 2021, el Colegio Médico de Chile (A.G.), representada por doña Patricia Núñez Vargas, solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública la siguiente información:

"(...) se informe el nombre de quienes integran la denominada "Mesa COVID" que asesora al Gobierno, los criterios utilizados para adoptar sus acuerdos y copia del acta de las reuniones que se hayan sostenido a la fecha, si las hubiere".

2) PRORROGA DE PLAZO: Por medio de Carta N° 13449, de 03 de mayo de 2021, el órgano requerido comunicó a la solicitante la necesidad de ampliar el plazo para otorgar respuesta a su solicitud en 10 días hábiles.

3) RESPUESTA: El 14 de mayo de 2021, por medio de Ord. A/102 N° 1815, la Subsecretaría de Salud Pública respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que "la "Mesa Covid", a la que hace referencia la solicitud, corresponde a una denominación, referencia o expresión de común uso utilizada por diferentes autoridades del Estado y medios de comunicación para hacer referencia o alusión a una instancia de trabajo colaborativo interministerial en el ámbito de la emergencia sanitaria que vive nuestro país, la cual no tiene una conformación preestablecida por acto administrativo que disponga quienes son sus integrantes ni reglamente la forma y periodicidad con que funcionará" (énfasis agregado).

Refiere que la mencionada instancia de colaboración "se constituyó para hacer frente a una emergencia sanitaria dinámica de corte epidemiológico, esencialmente variable, que, por lo mismo, requiere de habituales ajustes, entre ellos, de quienes participan en la instancia, lo cual implica un movimiento constante de los profesionales que la componen, y para cuya convocatoria se consideran el desarrollo de la pandemia y las variables científicas y técnicas que resulte necesario abordar y profundizar para la correcta e informada toma de decisiones". Acto seguido, precisa que esa "asesoría científica y técnica a autoridades se ha desarrollado bajo la forma de reuniones de trabajo con la participación de diferentes funcionarios públicos, las cuales han tenido por finalidad principal discutir y coordinar di versas medidas, directrices, estrategias, programas y políticas públicas orientadas a combatir y morigerar los efectos nocivos a la salud de la población que ha provocado la pandemia Covid-19. Dicho sistema de funcionamiento se encuentra amparado en el cumplimiento de funciones públicas en torno a potestades constitucionales de gobierno y administración, cuya conformación varía según la evolución de la pandemia y las diferentes experiencias internacionales y locales".

En consecuencia, "dado su funcionamiento no reglado, no existe un acto o resolución formal que constituya una instancia denominada " Mesa Covid' y fije sus integrantes, así como tampoco existen actas, expedientes, contratos o acuerdos de su trabajo, motivo por el cual los documentos requeridos resultan inexistentes, no encontrándose por ende en poder de esta Secretaría de Estado".

Sin perjuicio de lo señalado, a modo de buena práctica se puede indicar que han participado en instancias de coordinación las siguientes autoridades del Ministerio de Salud:

1. Dr. Enrique Paris Mancilla, Ministro de Salud.

2. Dra. Paula Daza Narbona, Subsecretaria de Salud Pública.

3. Dr. Alberto Dougnac Labatut, Subsecretario de Redes Asistenciales.

Indica que todas las medidas sanitarias -y sus fundamentos- adoptadas por el Ministerio de Salud, sobre el manejo de la pandemia por COVID-19, y sustentadas en la forma de trabajo indicada, se encuentran publicadas en el Diario Oficial y recopiladas en el Portal de Transparencia de esta Subsecretaría de Salud Pública.

Hace presente que la información relativa a la estrategia gradual del Plan " Paso a Paso nos cuidamos" y el repositorio de minutas del Consejo Asesor COVID-19, se encuentran disponibles en los links que señala.

4) AMPARO: El 2 de junio de 2021, Colegio Médico de Chile (A.G.) dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta negativa a su solicitud.

Al efecto, argumenta, en síntesis, que el Sr. Presidente de la República constituyó la denominada "Mesa Social Covid", integrada por especialistas del mundo de la salud, municipios y académicos, cuya misión es fortalecer al estrategia del país en el manejo de la pandemia. Sin embargo, la autoridad sanitaria de nuestro país comenzó a adoptar decisiones que no siempre estaban en consonancia con las recomendaciones de la Mesa Social Covid, e, incluso, se adoptaron medidas contrarias a las sugerencias planteadas, las que fueron comunicadas a la Mesa con posterioridad a su implementación. Muchas de estas medidas, eran comunicadas en el precitado balance televisado y, en múltiples oportunidades, se indicó que se trataba de acciones sugeridas por la "Mesa Covid", que es una entidad distinta a la "Mesa Social Covid".

La respuesta entregada afirma que existe un órgano asesor de la autoridad sanitaria, de carácter técnico, conformado por funcionarios públicos pertenecientes a distintos ministerios, sin que exista un acto administrativo que determine su composición, funcionamiento, determine sus roles, ni la periodicidad u oportunidad de convocatoria.

Por lo previamente expuesto, la respuesta entregada por la Subsecretaría de Salud Pública no se ajusta al mandato de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, contrariando, a su vez, el artículo 3 de la Ley N° 19.880, que establece que "(...) Las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente". Ello, por cuanto si bien se encuentran publicadas las resoluciones respectivas que implementan las diversas medidas sanitarias, no está disponible por medio de la plataforma "Transparencia activa", ni hubo respuesta, respecto de los funcionarios que integran la "Mesa Covid", a qué reparticiones de la administración del Estado pertenecen, su forma de funcionamiento, los acuerdos adoptados ni los antecedentes que se tuvieron a la vista para la toma de decisiones.

5) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, mediante Oficio E12914, de 14 de junio de 2021 solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por la parte reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida.

A la fecha del presente amparo no consta que el órgano reclamado haya presentados sus descargos en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto el acceso a información sobre integrantes de la "Mesa COVID", criterios para la adopción de sus acuerdos y actas de reuniones que haya sostenido, a la fecha del requerimiento, y se funda en la respuesta negativa entregada por la Subsecretaría de Salud Pública. al respecto, el organismo negó su acceso aduciendo la inexistencia de los antecedentes pedidos, dado su funcionamiento no reglado.

2) Que, en cuanto a la aplicabilidad de la Ley de Transparencia, corresponde señalar que el artículo 8 inciso 2 de la Constitución Política de la República, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

3) Que, este Consejo ha resuelto sostenidamente, entre otras, en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C1163-11 y C409-13, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. A su turno el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación, prescribe: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: a) En caso de existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, comunicar esta circunstancia al solicitante, haciendo entrega de copia del acto y del acta respectiva, en los términos señalados en la Circular N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General de la República, que regula la eliminación de documentos en la Administración Pública y en las demás disposiciones aplicables. (...). b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen".

4) Que, en la especie, la Subsecretaría de Salud Pública no ha acreditado fehacientemente haber agotado todos los medios a su disposición para encontrar la información reclamada. Esto, toda vez que en su respuesta al requerimiento la reclamada reconoció la existencia de la instancia de la colaboración interministerial consultada, dando cuenta que aquella se "constituyó para hacer frente a una emergencia sanitaria dinámica de corte epidemiológico", esencialmente variable, que "implica un movimiento constante de los profesionales que la componen, y para cuya convocatoria se consideran el desarrollo de la pandemia y las variables científicas y técnicas que resulte necesario abordar y profundizar para la correcta e informada toma de decisiones" (énfasis agregado). Asimismo, explicó que la "asesoría científica y técnica a autoridades se ha desarrollado bajo la forma de reuniones de trabajo con la participación de diferentes funcionarios públicos" (énfasis agregado).

5) Que, de lo anterior, se desprende que resulta plausible que obren en poder del órgano, en alguno de los soportes documentales a que alude el inciso 2° del artículo 10, antecedentes que den cuenta de los profesiones y funcionarios públicos que la han integrado o que han sido invitados a participar en ella, como por ejemplo, sería el caso de las invitaciones, citaciones o convocatorias extendidas a estos en las distintas instancias en que las reuniones de trabajo han tenido lugar, así como aquellos antecedentes que informen de los puntos o materias que fueron discutidos o tratados en dichas reuniones, los acuerdos adoptados y sus criterios o razones, tales como, actas, minutas o resúmenes. Además, tratándose de un cuerpo asesor de carácter interministerial, indicar como participantes de este únicamente a las autoridades del Ministerio de Salud claramente resulta insuficiente y desapegado al espíritu del requerimiento.

6) Que, una ajustada actuación del órgano a los principios que rigen el ejercicio del derecho a acceso a información pública, particularmente, los principios de libertad de información, máxima divulgación y facilitación, habría sido entender que lo pedido estaba dirigido a obtener acceso a todos los antecedentes que obran en su poder sobre la instancia asesora consultada y no únicamente actos o resoluciones formales que la constituyeran o fijara sus integrantes o acuerdos adoptados. Así las cosas, resulta pertinente traer a la vista lo razonado por esta Corporación en la decisión de amparo Rol C1422-14, en orden a que "el derecho de acceso a la información pública consagrado en la Ley de Transparencia se extiende, en un sentido general, tanto a la documentación oficial como a la no oficial, que obre en poder de la Administración del Estado, toda vez que dicho cuerpo legal no la limita a la puramente oficial, no contemplando, por ende, dicha diferenciación" (énfasis agregado).

7) Que, tal como lo expuso el órgano en su respuesta, la información se relaciona con el trabajo realizado por una mesa asesora de carácter científica y técnica a la autoridad, que ha "tenido por finalidad principal discutir y coordinar diversas medidas, directrices, estrategias, programas y políticas públicas orientadas a combatir y morigerar los efectos nocivos a la salud de la población que ha provocado la pandemia Covid-19" y cuyo funcionamiento "se encuentra amparado en el cumplimiento de funciones públicas en torno a potestades constitucionales de gobierno y administración". Así las cosas, dicha instancia asesora forma parte de los fundamentos de las decisiones y resoluciones adoptadas por la autoridad sanitaria en el manejo de la pandemia del Covid-19, en el ejercicio de sus potestades públicas.

8) Que, ese contexto, resulta aplicable lo razonado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C1934-21, en orden a que las potestades públicas constituyen un poder jurídico que no se ejerce libremente por la Administración, sino en función de un interés al cual está sujeta, que en materia administrativa, no puede ser otro que el interés público. En los casos en que la Administración cuenta con la cobertura legal previa, su actuación es legítima, no obstante, para descubrir si tal actuación, legitimada por ley, se ha realizado en función del interés público, esto es, si se ha cumplido su finalidad, debe revisarse el estatuto de la potestad y la motivación del acto administrativo.

9) Que, la Contraloría General de la República ha relevado de manera sistemática la necesidad de motivación y fundamento racional de los actos administrativos, apelando al principio de juridicidad. Fundamentalmente, en la dictación de actos que correspondan al ejercicio de potestades discrecionales, el órgano contralor exige un especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica en que se encuentra la administración en orden de motivar sus actos. Así, por ejemplo, razonó en el dictamen N° 23114, de 2007: "En efecto, tal como ha tenido ocasión de precisarlo este Organismo de Control, a través de los dictámenes N° s. 11.887, de -2001; 42.268, de 2004; 36.029 y 44.114, de 2005 y 2.783, de 2007, es menester señalar que el principio de juridicidad, en un concepto amplio y moderno, conlleva la exigencia de que los actos administrativos tengan una motivación y un fundamento racional y no obedezcan a un mero capricho de la autoridad, pues en tal caso, resultarían arbitrarios y por ende, ilegítimos./ En este orden de ideas, según lo ha manifestado esta Entidad de Control a través de los dictámenes N° s. 36.661, de 1999 y 11.158, de 2000, la dictación de actos que, como ocurre en la especie, corresponden al ejercicio de potestades discrecionales, exigen un especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración en orden a motivar sus actos, exigencia que tiene por objeto asegurar que los actos de la Administración no se desvíen del fin considerado por la normativa que confiere las respectivas atribuciones, que cuenten con un fundamento racional y se encuentren plenamente ajustados a la normativa constitucional y legal vigente, lo cual impide, por cierto, establecer diferencias arbitrarias entre personas que se encuentran en una misma situación, cautelándose de este modo el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19, numeral 2, de nuestra Carta Fundamental".

10) Que, la forma externa de manifestación de los actos de la administración es la forma escrita. Esta, es la única que asegura la certeza del contenido y de los efectos del acto, y la única que posibilita su motivación. Lo anterior se encuentra establecido como un principio básico de la legislación de procedimiento administrativo e incluido en la propia definición que sobre el acto administrativo que recoge la normativa. En efecto, la ley N° 19.880, en su artículo 1°, inciso 1°, señala: "Las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos"; por su parte, el artículo 5°, establece: "Principio de escrituración. El procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia". Al efecto, cabe considerar lo señalado respecto del anotado principio por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de protección Rol N° 23261-2019, de 29 de octubre de 2019: "Quinto: Que, de esta forma, es posible asentar el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad ha desconocido no sólo la aplicación del principio de escrituración(...) Sexto: En este aspecto, es importante señalar que, aún cuando las autoridades estimaran que en la especie no se puede iniciar el procedimiento y formalizar la solicitud que le es requerida por los ciudadanos extranjeros, igualmente tal decisión debió plasmarse en un acto administrativo, cuestión que no se realizó, incurriendo así en una omisión de carácter ilegal."

11) Que, en tal orden de ideas, el acceso a la motivación de un acto o decisión administrativa permite ejercer un adecuado control social sobre la misma. En otras palabras, la publicidad de las razones que han llevado a la autoridad a adoptar una determinada decisión no solo resulta la mejor garantía del correcto uso de las atribuciones jurídicas que la ley le ha conferido para satisfacer las necesidades públicas, sino que también propicia que la ciudadanía comprenda de mejor manera las medidas adoptadas, facilitando así el cumplimiento o ejecución de la decisión administrativa. Lo anteriormente concluido resulta aplicable cualquiera sea la naturaleza jurídica de la instancia en que se generó la información o las particulares circunstancias de su funcionamiento.

12) Que, por tanto, no habiendo sido fehacientemente acreditada la inexistencia de la información pedida; existiendo un prevalente interés público en trasparentar las razones que han motivado la adopción de medidas sanitarias en el control de la pandemia por covid-19 en nuestro país y; en tal contexto, del trabajo que han realizado instancias de asesoría técnica interministerial como la consultada, sus integrantes y los acuerdos adoptados; se acogerá el presente amparo, ordenándose entregar todo antecedente documental que obre en su poder en alguno de los soportes a que se refiere el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, que diga relación con la lista de asistentes a las reuniones de trabajo de la "Mesa COVID" consultada, las materias tratadas, los acuerdos adoptados y sus criterios. Con todo, en el evento de que todo o parte de la información pedida no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, por medio de los certificados de búsqueda pertinentes, dando cuenta detalladamente de las razones de ello. Igualmente, de ser pertinente, deberán tarjarse todos aquellos datos personales de contexto incorporados a la documentación -tales como, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, esto último según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por el Colegio Médico de Chile (A.G.) en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de todo antecedente documental que obre en su poder en alguno de los soportes a que se refiere el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, que diga relación con la lista de asistentes a las reuniones de trabajo de la "Mesa COVID" consultada, las materias tratadas, los acuerdos adoptados y sus criterios.

Con todo, en el evento de que todo o parte de la información pedida no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, por medio de los certificados de búsqueda pertinentes, dando cuenta detalladamente de las razones de ello.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Colegio Médico de Chile (A.G.) y a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.