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Karoline Faúndez Zapata con MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Rol: C1608-12

Consejo para la Transparencia, 01/02/2013

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad, fundado en que no habría recibido respuesta a su solicitud de información sobre copia de los contratos de unos funcionarios del Departamento de Salud Municipal de Recoleta. El Consejo acogió el amparo ya que señaló que la oposición formulada, no ha sido sustentada sobre la base de una expectativa razonable de afectación de derechos, toda vez que no se acreditó cuáles serían los derechos que se verían afectados por la entrega, ni las circunstancias que configurarían una eventual afectación; lo que a su vez, tampoco puede ser colegido a partir de los antecedentes que se ha tenido a la vista, además, la publicidad de la información solicitada se ve reforzada, con el criterio que el Consejo ha sentado como principio fundamental respecto de los funcionarios públicos, cual es que la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado, es más reducida que la del resto de las personas, en virtud, precisamente, de las funciones que éstos ejercen.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1608-12

Entidad pública: Municipalidad de Recoleta

Requirente Karoline Faúndez Zapata

Ingreso Consejo: 21.11.2012

En sesión ordinaria Nº 410 del Consejo Directivo, celebrada 1° de febrero de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1608-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285, Nº 19.880, de Bases Generales de los Procedimientos Administrativos, así como el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de octubre de 2012, doña Karoline Faúndez Zapata solicitó a la Municipalidad de Recoleta –en adelante e indistintamente el Municipio- la entrega de copia de los contratos de Rosa Vidal, Ana María Lagos y Roberto Díaz, todos funcionarios del Departamento de Salud Municipal de Recoleta.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 21 de noviembre de 2012, la solicitante, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad, fundado en que no habría recibido respuesta a su solicitud de información.

3) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo, en sesión ordinaria Nº 392 de 28 de noviembre de 2012, acordó la realización de gestiones tendientes a alcanzar una solución anticipada al presente amparo. Mediante correo electrónico de 30 de noviembre de 2012, se ofreció a la reclamada someter la solicitud al procedimiento SARC. Al efecto, el órgano reclamado el 18 de diciembre de 2012, por el mismo medio, indicó que la información fue denegada por la oposición de los terceros interesados.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo señalado, el Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Recoleta, mediante Oficio N° 5.206 de 21 de diciembre de 2012, solicitándole especialmente que al formular sus descargos: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido respondida oportunamente; (2°) se refiera, específicamente a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (3°) acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, especialmente copia de la respectiva comunicación de los documentos que acrediten su notificación. La Municipalidad, mediante Oficio N° 1200/03 de 10 de enero de 2013 evacuó sus descargos, acompañando copia de los antecedentes requeridos, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) En atención al tenor de la solicitud de información de 18 de octubre de 2012, dicho órgano en aplicación del procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, confirió traslado a los tres funcionarios aludidos, mediante los Memorándum Nos 194, 195 y 196, todos de 19 de octubre de 2012, quienes a través del Memorándum N° 1-2012 de 23 de octubre, manifestaron su oposición a la entrega, quedando de dicho modo impedido el Municipio de Recoleta de acceder a lo solicitado.

b) En cuanto a la falta de respuesta de la solicitud de información, ello se debió a un error administrativo, toda vez que se omitió por parte de un funcionario de dicho órgano, señalar en la carta certificada de respuesta al solicitante de 26 de octubre de 2012, el número del domicilio de la solicitante, en virtud de lo anterior, la referida carta no fue notificada, debiendo nuevamente remitirse el 23 de noviembre del mismo año.

c) Finalmente, hizo presente que no se denegó la información por concurrir una causal de reserva en la materia, sino por existir la oposición de los terceros interesados.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante los Oficios Nos 5192, 5.193 y 5.194, de 21 de diciembre de 2012, notificó a Ana María Lagos Valdebenito, Rosa Vidal Lazcano y Roberto Díaz Zúñiga, en su calidad de terceros interesados en el presente procedimiento, a fin de que presentaren sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa de los derechos que les asistirían y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Mediante presentación de 10 de enero de 2012, los referidos terceros, ratificaron su oposición a la entrega de la información solicitada, señalando a través de tres presentaciones idénticas lo siguiente:

a) La negativa a la entrega de los contratos de trabajo “se funda en los hechos acontecidos durante todo el año 2012, los que hacen desconfiar del uso que se pueda hacer de la información requerida”.

b) En tal sentido, agregan que la solicitante en su calidad de Presidenta de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal, ha destinado todo su tiempo “no precisamente a asumir el rol que legalmente le compete, sino más bien a hacer perder tiempo al Departamento de Salud, desviando las horas que disponemos para trabajar en las funciones que nos son propias y que le dan continuidad al servicio, al invertir tiempo en contestar y recopilar la información pertinente y para desvirtuar sus infundadas denuncias”, por lo anterior se “ha denegado la entrega de los documentos que contiene la contratación”.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la misma. En el presente caso, dicha respuesta no se concretó dentro del plazo legal. Por lo anterior, se representará al Alcalde de la Municipalidad de Recoleta la infracción al aludido artículo 14 y al principio de oportunidad, consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley de Transparencia, en lo resolutivo del presente acuerdo. A mayor abundamiento, no resulta plausible lo expuesto por la reclamada a través de sus descargos, en cuanto a que la tardanza en su respuesta se atribuiría a un error administrativo, consistente en la omisión del número del domicilio de la solicitante en la carta certificada remitida. Al respecto, el artículo 16 de la Ley citada, dispone que la obligación de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro del término legal, recae en la autoridad superior del Servicio, por lo que en caso alguno la falta de gestión interna del órgano, lo habilita para no responder a la solicitud dentro del plazo ya citado.

2) Que, el artículo 16 de la Ley de Transparencia, dispone que la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano, ante una solicitud de acceso, deberá proporcionar la información, salvo la concurrencia de alguna de las causales legales de reserva o la oposición regulada en el artículo 20, En la especie, la municipalidad reclamada, denegó la entrega de la información por la concurrencia de la oposición de los funcionarios respecto de los cuales se solicitó la información.

3) Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 5) de lo expositivo, la referida oposición de los tres funcionarios involucrados tiene por fundamento evitar que la solicitante haga mal uso de los antecedentes requeridos consistentes en sus contratos de trabajo. Sobre el particular, a juicio de este Consejo, la oposición formulada, no ha sido sustentada sobre la base de una expectativa razonable de afectación de derechos, toda vez que no se acreditó cuáles serían los derechos que se verían afectados por la entrega, ni las circunstancias que configurarían una eventual afectación; lo que a su vez, tampoco puede ser colegido a partir de los antecedentes que se ha tenido a la vista, razón por la cual se desestimarán dichas alegaciones.

4) Que, la publicidad de la información solicitada se ve reforzada, además, con el criterio que este Consejo ha sentado como principio fundamental respecto de los funcionarios públicos, cual es que la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado, es más reducida que la del resto de las personas, en virtud, precisamente, de las funciones que éstos ejercen. En tal sentido se ha decidido en las decisiones de amparo A47-09, A58-09, A95-09, A327-09, entre otras.

5) Que, la divulgación de los contratos que vinculan laboralmente a determinados funcionarios a un organismo público, permiten conocer las condiciones en que se encuentran sometidas tales relaciones laborales. Es el propio legislador el que ha dispuesto la publicidad de parte de dichas condiciones, al disponer, en el artículo 7°, letra d) de la Ley de Transparencia, que los órganos de la administración del Estado deben publicar proactivamente en sus sitios electrónicos la planta de personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones. Sobre este punto, este Consejo, en la IG N° 4, sobre Transparencia Activa, indica que tal información debe publicarse en plantillas según se trate de personal de planta, a contrata, a honorarios y sujetos al Código del Trabajo, y respecto a este último, indica que tal plantilla deberá contener el nombre completo, cargo o función, grado de la escala al que esté asimilado si fuere el caso, región, título técnico o profesional, grado académico y/o experiencia o conocimientos relevantes, función o labor que desempeña, vigencia del contrato (fecha de inicio y de término o indicación de si es indefinido), y monto bruto de sus remuneraciones mensuales.

6) Que, en conclusión, habiéndose descartado que la revelación de los contratos requeridos afecte algún derecho de los funcionarios a quienes se refiere, prevalece el carácter público de tal información, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° y 10 de la Ley de Transparencia. Además, tratándose de información cuyo conocimiento permite un control acerca de las contrataciones de personal realizadas por el Estado, se acogerá el amparo y se requerirá a la Municipalidad de Recoleta hacer entrega de copia de los contratos de trabajo de Ana María Lagos Valdebenito, Rosa Vidal Lazcano y de Roberto Díaz Zúñiga.

7) Que, en vista de que es razonable suponer que tales contratos pueden contener datos de carácter personal de los funcionarios aludidos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2° letra f) de la Ley N° 19.628, que no están referidos a las condiciones y características del vínculo laboral que los une al organismo reclamado, se requerirá que previo a la entrega de los mismos se resguarde debidamente aquélla información que corresponda a datos personales correspondientes al domicilio, estado civil, correo electrónico, teléfonos, RUT, nacionalidad y cualquier otro dato de contexto que no diga relación con la función pública que los referidos funcionarios desempeñan, en concordancia con la Recomendación de este Consejo sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger por las razones precedentemente expuestas, el amparo interpuesto por doña Karoline Faúndez Zapata en contra de la Municipalidad de Recoleta.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad que:

a) Entregue al solicitante copia de los contratos de trabajo de Ana María Lagos Valdebenito, Rosa Vidal Lazcano y de Roberto Díaz Zúñiga, previo resguardo de los datos personales correspondientes al domicilio, estado civil, correo electrónico, teléfonos, RUT, nacionalidad y cualquier otro dato de contexto que no diga relación con la función pública que los referidos funcionarios desempeñan, en concordancia con la Recomendación de este Consejo sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles, contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Recoleta que, al no haber dado respuesta a la solicitud del requirente dentro del plazo fijado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, ha vulnerando tanto la citada disposición, como el principio de oportunidad consagrado en el artículo 11 literal h) del cuerpo legal citado, razón por la cual deberá adoptar en lo sucesivo, la medidas administrativas necesarias para dar respuesta a las solicitudes de información que se le formulen.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Recoleta y a doña Karoline Faúndez Zapata.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.