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Nelsón Caucoto Pereira con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C1652-12

Consejo para la Transparencia, 25/01/2013

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en la falta de respuesta a su solicitud de información sobre a) Monto exacto y real de capitalización individual de una persona a la fecha; b) “El motivo del porqué, en los fondos previsionales de la representada, figura aquella gran merma con sólo un año de diferencia por cuanto la señora Espinoza Díaz se percató que su ahorro previsional habría disminuido en casi dos tercios”; y c) “La causa del porqué la persona no ha podido hacer gozo de sus fondos previsionales desde el año 2008”. El Consejo acogió parcialmente y señaló que a efecto de cumplir con su obligación de informar en este punto, la Superintendencia de Pensiones debió hacer entrega al solicitante de copia de cada uno de los dictámenes citados, en tanto estos constituyen el soporte documental de la información requerida, por cuanto, de su análisis es posible concluir que no ha podido disponer de sus fondos previsionales, por no contar con el porcentaje de discapacidad necesario para ser beneficiaria de la pensión de invalidez requerida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1652-12

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones

Requirente Nelsón Caucoto Pereira

Ingreso Consejo: 26.10.2012

En sesión ordinaria Nº 408 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de enero de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1652-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de octubre de 2012, don Nelsón Caucoto Pereira en representación de doña Patricia Espinoza Diaz, solicitó a la Superintendencia de Pensiones –en adelante e indistintamente la Superintendencia–, la siguiente información:

a) Monto exacto y real de capitalización individual de la señora Patricia Espinoza Díaz a la fecha;

b) “El motivo del porqué, en los fondos previsionales de la representada, figura aquella gran merma con sólo un año de diferencia por cuanto la señora Espinoza Díaz se percató que su ahorro previsional habría disminuido en casi dos tercios”; y

c) “La causa del porqué la señora Patricia Espinoza no ha podido hacer gozo de sus fondos previsionales desde el año 2008”.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 29 de octubre de 2012, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información, en contra de la Superintendencia, fundado en la falta de respuesta a su solicitud de información. A lo anterior agregó, que el objeto de su amparo es determinar su real ahorro previsional, en atención a las variaciones que sufrió dicho monto en el transcurso de un año, descendiendo desde $41.589.747 a $15.846.392 entre los años 2009 y 2010, motivo por el cual solicita a este Consejo,que acoja el presente amparo y requiera a la Superintendencia la entrega de la información contenida en la solicitud.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 4.698 de 7 de diciembre de 2012 a la Sra. Superintendenta de Pensiones, haciéndole presente que, analizada la admisibilidad de lo requerido, se concluyó por este Consejo que lo solicitado constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia. Lo anterior, sólo en cuanto lo pedido conste en alguno de los soportes documentales descritos por el inciso segundo del artículo 10 del cuerpo legal citado, solicitándole se refiera a las razones por las cuales el requerimiento de información no habría sido respondido oportunamente. La Superintendencia, mediante Oficio N° 30.096 de 21 de diciembre de 2012, evacuó sus descargos, al cual acompañó copia del Oficio N° 26.248 de 8 de noviembre de 2012, mediante el cual otorgó respuesta a la solicitante, con los documentos adjuntos al mismo. Tales oficios, señalan, en síntesis, lo siguiente:

3.1.- A través del Oficio N° 30.096 precitado señaló:

a) Respecto de la consulta formulada por la solicitante, indicó que otorgarle respuesta implicó a la Superintendencia la emisión de un juicio sobre la situación previsional de la señora Espinoza Díaz, lo cual se encuentra excluido del campo cubierto por la Ley N° 20. 285. Lo anterior, queda en evidencia de la literalidad de los requerimientos establecidos en los literales b) y c) de la solicitud, toda vez que apuntan a entender las razones de esas situaciones. En consecuencia, señala que, los pronunciamientos solicitados no constituyen actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos ni acuerdos, como tampoco información elaborada con presupuesto público, según prescribe el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 20.285.

b) Para pronunciarse sobre la situación previsional de la señora Espinoza Díaz, necesitó antecedentes que en su momento no obraban en poder de dicho órgano, por lo cual tuvo que recabarlos de la institución privada que los posee y a la cual se encuentra afiliada la interesada, a saber, AFP Provida S.A.

c) Finalmente hace presente, que ante el hipotético caso que el Consejo para la Transparencia persistiere en que los pronunciamientos solicitados fueran solicitudes de información amparables bajo la Ley N° 20.285, cabe concluir que no existen los presupuestos que aluden los representantes de la señora Espinoza Díaz para deducir el reclamo Rol C1652-12, toda vez que la citada presentación sí fue respondida y dentro del plazo que establece para tal efecto el artículo 14 de la Ley N° 20.285, respecto de cada uno de los requerimientos.

3.2.- A través del Oficio N° 26.248 de 8 de noviembre de 2012, indicó al reclamante que:

a) Con ocasión de dos solicitudes de pensión de invalidez formuladas por doña Patricia Espinoza Diaz en el mes de mayo de 2011, la Superintendencia de Pensiones, a través de los dictámenes de su Comisión Médica Regional Nos 313.0331/2010 y 313.0233/2011 de 28 de abril de 2010 y 30 de marzo de 2011, procedió a rechazarlas, toda vez que no cumple con el porcentaje de incapacidad del 50% exigido por el decreto Ley N° 3.500, para obtener la pensión de invalidez que requiere.

b) En lo referido a la merma de los ahorros previsionales de doña Patricia Espinoza Diaz, con ocasión de su reclamo formulado en mayo de 2011, procedió a requerir a la AFP Provida, la emisión de una carta de respuesta con el detalle de los motivos de la disminución de sus ahorros previsionales, adjuntando copia de la referida carta al requirente.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, son públicos los actos o resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación. En el mismo sentido y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° inciso segundo de la Ley de Transparencia es pública aquélla “…información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento…” . Al respecto este Consejo se ha pronunciado en las decisiones de amparo Roles C1101-11, C1482-11, C819-12, entre otras.

2) Que, en cuanto al literal a) de la solicitud, mediante el cual se solicitó la indicación del monto exacto de la capitalización individual de doña Patricia Espinoza Díaz a la fecha del requerimiento, del análisis de la documentación remitida por el órgano en esta sede, este Consejo advierte que los antecedentes actualizados que permitirían dar respuesta a la consulta, únicamente fueron recabados por éste, con posterioridad a la solicitud materia del presente análisis, por encontrarse en poder de AFP Provida. Además, la Superintendencia no tiene la obligación legal de mantener en su poder tales antecedentes, toda vez que su procesamiento y generación cuatrimestral y periódica, es parte de las funciones de cada Administradora de Fondos de Pensiones, siendo su omisión objeto de sanción, en conformidad a lo dispuesto en la Circular N°1.733 de fecha 6 de octubre de 2010 de la Superintendencia de Pensiones.

3) Que, conforme a lo anterior, se rechazará el presente amparo en este punto, toda vez que a la fecha del requerimiento, la información solicitada no obraba en poder del órgano reclamado, y a que, sin perjuicio que mediante Oficio N° 26.248 de 8 de noviembre la Superintendencia entregó la información requerida, no tenía la obligación de solicitarla a la AFP con ocasión de la solicitud de acceso.

4) Que, en cuanto al literal b) del requerimiento de información, mediante el cual se requirió el motivo de la disminución del ahorro previsional de doña Patricia Espinoza Díaz en el período comprendido entre los años 2009 y 2010, cabe concluir que el órgano mantenía en su poder dicha información a la época de la presente solicitud, toda vez que tales motivos constaban en una carta remitida por la AFP Provida, dirigida a la Sra. Patricia Espinoza, de fecha 16 de mayo de 2011. Tal carta, fue allegada a la Superintendencia con ocasión de un reclamo por la merma de sus ahorros previsionales formulado por la Sra. Espinoza ante dicho organimo. Si bien la carta aludida, está dirigida a la Sra. Espinoza, no consta a este Consejo, que le haya sido remitida por la Superintendencia, razón por la cual, se acogerá el amparo en esta parte y se remitirá dicha información con la notificación del presente acuerdo, en aplicación del principio de facilitación.

5) Que, en cuanto al literal c) del requerimiento, mediante el cual se solicitó la razón por la cual la Sra. Espinoza no ha podido hacer uso de sus fondos previsionales, cabe señalar que del tenor de la respuesta del órgano se desprende que éste tenía conocimiento de los antecedentes consultados en este punto. Lo anterior, por cuanto indicó que en virtud de los dictámenes emitidos por la Comisión Médica Regional de dicha Superintendencia, Nos 313.0331/2010 y 313.0233/2011 de 28 de abril de 2010 y 30 de marzo de 2011, respectivamente, se concluyó que doña Patricia Espinoza Díaz no cumple con el porcentaje de incapacidad del 50% exigido por el Decreto Ley N° 3.500, para obtener la pensión de invalidez. En virtud de lo señalado, este Consejo estima, que a efecto de cumplir con su obligación de informar en este punto, la Superintendencia de Pensiones debió hacer entrega al solicitante de copia de cada uno de los dictámenes citados, en tanto estos constituyen el soporte documental de la información requerida, por cuanto, de su análisis es posible concluir que no ha podido disponer de sus fondos previsionales, por no contar con el porcentaje de discapacidad necesario para ser beneficiaria de la pensión de invalidez requerida.

6) Que, en atención a lo precedentemente expuesto, se acogerá el presente amparo en esta parte y conjuntamente con ello, se requerirá a la Superintendencia de Pensiones hacer entrega al reclamante, de copia de los dictamenes individualizados en el considerando 5° precedente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente por las razones precedentemente expuestas, el amparo interpuesto por doña Patricia Espinoza Díaz, en contra de la Superintendencia de Pensiones, sin perjuicio de tener por cumplida la obligación de informar de la reclamada en forma extemporánea.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones:

a) Entregue al solicitante copia de los dictámenes emitidos por su Comisión Médica Regional Nos 313.0331/2010 y 313.0233/2011 de 28 de abril de 2010 y 30 de marzo de 2011, respectivamente.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sra. Superintendenta de Pensiones y a doña Patricia Espinoza Díaz a la cual deberá adjuntarse, además, la carta de la AFP Provida, de 16 de mayo de 2011, acompañada por el organismo reclamado en sus descargos.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre a la decisión por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.