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Leonardo Osorio Briceño con CARABINEROS DE CHILE Rol: C1422-12

Consejo para la Transparencia, 26/02/2013

Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en que se le denegó la información solicitada respecto a la copia del documento a que hace referencia El Mercurio en su edición de 24 de agosto de 2012, página C11, mediante la cual Carabineros cuestiona la labor de los fiscales y les atribuye falencias indagatorias. El Consejo rechaza el amparo, toda vez que el órgano requerido ha señalado expresamente que tal informe no obra en su poder en forma alguna y que no tiene registro de la existencia de la información solicitada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Desarrollo y Gestión Institucional
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1422-12

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Leonardo Osorio Briceño

Ingreso Consejo: 01.10.2012

En sesión ordinaria N° 413 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de febrero de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1422-12.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada; lo dispuesto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de agosto de 2011 don Leonardo Osorio Briceño solicitó a Carabineros de Chile “…copia del documento a que hace referencia El Mercurio en su edición de 24 de agosto de 2012, página C11, mediante el cual Carabineros cuestiona la labor de los fiscales y les atribuye falencias indagatorias”.

2) RESPUESTA: Carabineros de Chile respondió a la antedicha solicitud mediante RSIP Nº 17.701, de 24 de septiembre de 2012, señalando que efectuada una búsqueda minuciosa y exhaustiva en sus registros, ha constatado que la institución no ha difundido de manera oficial a los medios de comunicación ninguna publicación relacionada con la información requerida. Asimismo, indica que de la fotografía del documento publicada por el periódico El Mercurio, no es posible concluir que el informe requerido constituya un documento oficial de Carabineros de Chile, ya que no contiene numeración, membrete o pie de firma, en circunstancias que son estas precisamente las formalidades que debe poseer un documento oficial.

3) AMPARO: El 1º de octubre de 2012 don Leonardo Osorio Briceño dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundado en que se le denegó la información solicitada. Agregó que el periódico El Mercurio, en su edición de 25 de agosto de 2012, ratificó la existencia del documento solicitado exhibiéndolo, y que hasta la fecha el periódico no ha desmentido esa información, por lo que entiende que se ha ratificado su inexistencia.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 3911, de 12 de octubre de 2012, al Sr. General Director de Carabineros de Chile, quien formuló sus observaciones y descargos mediante el Oficio Nº 757, de 31 de octubre de 2012, reiterando los términos de su respuesta y agregando que lo requerido por el Sr. Osorio corresponde más bien a un documento proveniente de un trabajo investigativo realizado por el periódico El Mercurio, sin que la institución conozca la fuente de la cual emanó la información o de la cual se podía haber remitido el documento.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: El Consejo Directivo de este Consejo, en sesión ordinaria Nº 405, celebrada el 16 de enero de 2013, conociendo del presente caso, y para una mejor resolución del mismo, acordó solicitar a Carabineros de Chile a fin de que dicha institución informara si obraba en su poder el informe solicitado, aún cuando no se tratare de un documento oficial, según la calificación que efectúa el mismo órgano.

6) RESPUESTA A LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Carabineros de Chile respondió a la antedicha medida para mejor resolver dispuesta por este Consejo mediante el Ordinario Nº 32, de 28 de enero de 2013, informando lo siguiente:

a) Hace presente que “no obra en archivo alguno de Carabineros de Chile el informe solicitado y que fuera publicado por el periódico El Mercurio el día 8 de agosto de 2012, en su página C-31”.

b) En tal contexto, agrega que la documentación de Carabineros de Chile es mantenida en los diversos registros institucionales, en cuanto cumpla con las formalidades que han sido prescritas por el Reglamento de Documentación, N° 22, aprobado por Decreto N° 3.612, de 1961, del Ministerio del Interior y su Directiva Complementaria, aprobada por Orden General N° 1.255, de abril de 1998.

c) En particular, el artículo 2° de dicho cuerpo normativo dispone que todo “documento debe llevar la firma o V° B° del Jefe de la Repartición o Unidad Respectiva”, y agrega su inciso segundo que la “firma que se estampe en los documentos deberá ser, en lo posible, clara y sin adornos innecesarios. Inmediatamente debajo de ella se colocarán el nombre, apellidos, grado y cargo que desempeñe el firmante, para lo cual se podrá utilizar un timbre de goma con caracteres de imprenta”.

d) Es por ello que se informó al solicitante en la respuesta RSIP N° 17701, y posteriormente se indicó en el traslado evacuado ante este Consejo que, luego de una minuciosa búsqueda realizada en los diversos archivos que establece el señalado Reglamento, el documento al que hace alusión la nota de prensa no existe en los registros institucionales.

7) SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN A LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: El Consejo Directivo de este Consejo, en sesión ordinaria Nº 411, celebrada el 6 de febrero de 2013, conociendo nuevamente el presente amparo, y a efectos de una mejor y más acertada resolución de este caso, acordó requerir a Carabineros de Chile en orden a que complementara lo solicitado en la medida para mejor resolver decretada anteriormente. Específicamente, se le solicitó informar derechamente si el documento requerido obra en poder de Carabineros de Chile, cualquiera sea su soporte, formato fecha de creación, origen, clasificación, procesamiento; sea que cumpla o no con la normativa interna de la institución y aún cuando tal documento, a juicio de Carabineros de Chile, no revista el carácter de oficial ni forme parte de sus archivos o registros institucionales. Dicha medida le fue comunicada mediante el Oficio N° 553, de 7 de febrero de 2012.

8) RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Carabineros de Chile, a través de su Departamento de Información Pública, respondió a la antedicha solicitud de complementación mediante el Ordinario Nº 83, de 15 de febrero de 2013, informando lo siguiente:

a) Indica que existen dos publicaciones del periódico El Mercurio sobre la materia: una corresponde a la edición del 24 de agosto de 2012, en su página C-11, y otra corresponde a la edición del 25 de agosto del mismo año, en su página C-31. La solicitud de acceso a la información alude al documento a que hace referencia la primera publicación, sólo que en el amparo el reclamante precisó que en la segunda publicación el citado diario ratificó la existencia de ese documento al exhibirlo, y sin que posteriormente hubiera desmentido esa información.

b) Agrega que el documento a que hacen referencias las publicaciones de El Mercurio, y a que se refieren tanto la solicitud de acceso a la información como el amparo, es uno en el que “Carabineros de Chile, cuestionaría la labor de los fiscales y les atribuiría falencias indagatorias”. La lectura de ambas publicaciones, en especial de la segunda, permiten concluir que habrían existido dos versiones del documento que se solicita: el primero, habría formado parte del material expuesto en una cumbre entre ambas instituciones, que se desarrolló el 16 de noviembre de 2011; y el segundo, habría tenido mejoras. Respecto de la autoría de tales antecedentes, el Sr. General Director de Carabineros precisó en la segunda publicación que “es posible que alguien dentro de Carabineros haya recopilado algunos antecedentes o alguien haya querido interpretar algunos documentos de trabajo de una u otra forma”.

c) En este contexto, reitera que Carabineros de Chile no posee el documento del que se requirió copia, y además éste no sería de aquellos destinados al cumplimiento de su función pública. Agrega que Carabineros de Chile no puede hacerse cargo de sueltos de prensa que imputan la autoría en la elaboración de un documento que ni siquiera aparece íntegramente fotografiado. Así como el reclamante desconoce que el periódico hubiera desmentido la información publicada, por lo que entiende ratificada la existencia del documento, también debiera entender que su autoría no aparece mencionada, y mal podría entonces imputarse a Carabineros de Chile.

d) Concluye que Carabineros de Chile no posee información sobre el documento por el que se requirió copia, porque no se trataría de informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos u otra elaborada con presupuesto público, dado que la institución no tiene registro de su existencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, tal como se desprende del tenor de la solicitud, y lo explica Carabineros de Chile al responder la medida para mejor resolver complementaria decretada en este caso, la solicitud se refiere a un documento mencionado por el periódico El Mercurio, en su edición de 24 de agosto de 2012, cuerpo C, página 11, mediante el cual, según indica misma publicación, Carabineros de Chile cuestionaría la labor de los fiscales y les atribuiría ciertas falencias indagatorias. La edición del citado periódico de 25 de agosto de 2012, cuerpo C, página 31, también alude a tal documento y contiene varias fotografías que corresponderían al mismo y en que se destacan sus principales párrafos.

2) Que, a continuación, y atendido lo sostenido por Carabineros en su respuesta y en sus descargos, es menester precisar los conceptos de documento oficial y documento no oficial. Al respecto, la Contraloría General de la República, en su Dictamen Nº 3191/04, ha sostenido que “… la jurisprudencia administrativa ha considerado como sinónimos los términos “documentación oficial” e “instrumentos públicos o auténticos” (dictamen N° 2.921, de 1987), entendiéndose, conforme a lo previsto en el artículo 1.699 del Código Civil, que instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario y, por consiguiente, debe entenderse que son “documentos no oficiales” todos aquellos que la legislación y la jurisprudencia no consideran como oficiales, públicos o auténticos”. Por su parte, Alessandri , al referirse a dicha cuestión, distingue entre documento oficial en sentido público y documento oficial en sentido privado. Respecto de los primeros indica que “han sido definidos más o menos como aquellos que, para satisfacer necesidades públicas, se expiden o firman por un funcionario público en su carácter de tal”; y respecto de los segundos señala que serían “aquellos que un particular, trascendiendo la esfera puramente personal, doméstica o de privacidad, emite de un modo formal invistiendo una calidad propia…o la titularidad de un derecho”.

3) Que, sin perjuicio del alcance diverso de dichos conceptos, debe destacarse que el derecho de acceso a la información pública consagrado en la Ley de Transparencia se extiende, en un sentido general, tanto a la documentación oficial como a la no oficial, que obre en poder de la Administración del Estado, toda vez que dicho cuerpo legal no la limita a la puramente oficial, no contemplando, por ende, dicha diferenciación. En efecto, la fórmula de publicidad que contempla el artículo 5º de la Ley de Transparencia no sólo comprende los actos o resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, sino también se extiende, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de la norma, a “…la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento…”, a menos que concurran las excepciones legales.

4) Que, la misma historia de la Ley Nº 20.285 da sustento a dicha interpretación. Así, en el primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, respecto de la incorporación propuesta como un inciso 2° al artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575, y que, posteriormente, en la indicación sustitutiva del Ejecutivo fue trasladado al actual artículo 5º inciso 2º, se señala: “…el segundo principio se refiere a la amplitud con que debe comprenderse el término información. El D.F.L. Nº 1/18575 restringía el acceso a la información sólo a los actos administrativos y a los documentos que le sirvieran de complemento directo o esencial. Las leyes de acceso eficaces le confieren al término información el sentido más amplio, y así lo deben recoger las normas que se refieran al efecto. La información comprenderá todo registro en poder de los órganos del Estado, con prescindencia de su origen y de si se trata formalmente de un acto que se adecue a la definición de acto administrativo”.

5) Que, Carabineros de Chile, al responder la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, sólo se refirió a la información que obraba en sus registros institucionales, conforme a su normativa interna. Sin embargo, al pronunciarse posteriormente respecto de aquello que le fuera requerido como complemento de la medida para mejor resolver –en que se le requirió una declaración sin limitación o condicionante–, ha indicado expresamente que tal informe no obra en su poder en forma alguna y que no tiene registro de la existencia de la información solicitada.

6) Que, en conclusión, atendida la declaración explícita de Carabineros de Chile en tal sentido, y no obrando en poder de este Consejo otros antecedentes que pudieran controvertir lo aseverado por el dicho órgano, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Leonardo Osorio Briceño en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General de este Consejo o a su Director Jurídico, indistintamente, notificar la presente decisión a don Leonardo Osorio Briceño, y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.