logo
 

Isabel Reyes Bustos con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C5471-21

Consejo para la Transparencia, 02/11/2021

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, referido a la entrega de copia de los documentos de todas las denuncias de abuso sexual cometido por algún familiar, realizadas por mujeres a nivel nacional entre los años 2015 y 2020. Lo anterior, por cuanto, se configura la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, atendido el volumen y naturaleza de la información solicitada, los que hacen razonable concluir la necesidad de destinar un número considerable de horas de trabajo de los funcionarios en las labores de identificación de los documentos requeridos y de tarjado de datos personales y sensibles. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente a la reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Policía de Investigaciones de Chile que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5471-21

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Isabel Reyes Bustos

Ingreso Consejo: 22.07.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, referido a la entrega de copia de los documentos de todas las denuncias de abuso sexual cometido por algún familiar, realizadas por mujeres a nivel nacional entre los años 2015 y 2020.

Lo anterior, por cuanto, se configura la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, atendido el volumen y naturaleza de la información solicitada, los que hacen razonable concluir la necesidad de destinar un número considerable de horas de trabajo de los funcionarios en las labores de identificación de los documentos requeridos y de tarjado de datos personales y sensibles.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente a la reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Policía de Investigaciones de Chile que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo.

En sesión ordinaria N° 1227 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de noviembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5471-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de junio de 2021, doña Isabel Reyes Bustos solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile la siguiente información:

"- El número total de denuncias por casos de abuso sexual entre 2010 y 2020.

- El número total de denuncias realizadas por mujeres sobre abuso sexual cometido por algún familiar directo entre 2010 y 2020.

- Acceso y copia de los documentos de todas las denuncias realizadas por mujeres de abuso sexual cometido por algún familiar, en todas las regiones de Chile, entre los años 2015-2020. Para un proyecto artístico, solo me es de interés el testimonio de las víctimas y su contenido, por lo que cualquier información privada o que pudiese develar la identidad, puede ser tachada y borrada.

Solicito esto, en base al principio de divisibilidad, establecido en el Artículo 11 de la Ley 20.285, que indica que si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida, e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda.

Solicito que esta solicitud sea considerada en los términos más amplios posibles, es decir, que se proporcione la mayor cantidad de información disponible al respecto, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales, en virtud del principio de máxima divulgación establecido también en el Artículo 11° de la Ley 20.285".

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por oficio de fecha 12 de julio de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: El 21 de julio de 2021, la Policía de Investigaciones de Chile respondió al requerimiento, indicando que se adjunta planilla Excel remitida por el Centro Nacional de Análisis Criminal, que contiene la información estadística solicitada. Destaca que en ciertas oportunidades se menciona el parentesco con la "denunciante".

4) AMPARO: El 22 de julio de 2021, doña Isabel Reyes Bustos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la entrega de respuesta incompleta o parcial. Además, la reclamante hizo presente que: "solicité datos estadísticos y testimonios a la PDI de acuerdo al principio de divisibilidad. Luego de recibir prórroga, me enviaron solamente los datos estadísticos, y no recibí la copia de los testimonios de las víctimas de los abusos presentados en el Excel, resguardando la información privada, que devele la identidad o pueda afectar a la víctima".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio E17550, de 17 de agosto de 2021, solicitando que: (1°) refiérase a las alegaciones de la parte reclamante, en particular refiérase a la falta de entrega de los testimonios de víctimas que fueron solicitados; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante Ord. N° 535, de fecha 31 de agosto de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que se consultó al Centro Nacional de Análisis Criminal respecto a lo requerido por la solicitante en cuanto a: "Acceso y copia de los documentos de todas las denuncias realizadas por mujeres de abuso sexual cometido por algún familiar, en todas las regiones de Chile, entre los años 2015-2020", haciéndose presente que, por tratarse de 2.724 los decretos que corresponden al periodo consultado, sobre los que sería necesario realizar un trabajo manual de tachar todos los datos personales, sensibles y secretos, por cada caso, requiere el trabajo de un importante número de personas o muchas horas que invertir en ello. En base a lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley N° 20.285, no es posible entregar lo solicitado, toda vez que, su respuesta requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

Agrega que, la información proporcionada a la recurrente corresponde a los datos estadísticos con que cuenta la Institución y que son factibles de entregar mediante una solicitud de acceso a la información pública. En este sentido, en el evento que ese Consejo, determinase acoger el recurso planteado, se deberá tener en consideración las instrucciones generales impartidas a la Policía de Investigaciones de Chile por el Ministerio Publico, contenidas en el Oficio N° 026/2011, del 14 de enero de 2011, como también lo dispuesto en el artículo 182, del Código Procesal Penal, conforme al cual, los documentos correspondientes a las denuncias realizadas por abuso sexual forman parte de los informes policiales emitidos por esta institución, actuaciones que son secretas para los terceros ajenos al procedimiento.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la entrega incompleta o parcial de la información solicitada, toda vez que, no se proporcionó a la reclamante copia de los testimonios de las víctimas de los abusos presentados en el archivo Excel remitido. Por su parte, el órgano reclamado, en su respuesta, adjunta la aludida planilla elaborada por el Centro Nacional de Análisis Criminal, que contiene la información estadística solicitada, alegando, respecto de la información reclamada en este amparo, la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional", salvo las excepciones legales del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, respecto de la concurrencia de la causal de secreto o reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano alegada, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas.

4) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

5) Que, en este caso, la información que se reclama por medio del presente amparo corresponde a copia de los documentos de todas las denuncias de abuso sexual cometido por algún familiar, realizadas por mujeres a nivel nacional entre los años 2015 y 2020. Al respecto, como señala el órgano reclamado, se debe tener presente que, de la planilla Excel entregada por la Policía de Investigaciones de Chile, se advierte que, para los años requeridos (2015 a 2020), se registran un total de 2724 denuncias para el ítem "víctimas mencionadas en las denuncias por delitos de abuso sexual, según la relación con el imputado". De lo anterior, se desprende que, a lo menos, la atención de la solicitud contempla la entrega de los antecedentes de dichas 2724 denuncias, documentación respecto de la cual, como la solicitante reconoce, se deben realizar las labores de análisis, identificación y tarjado de datos personales y sensibles, por cuanto, al tratarse de denuncias por delitos de abuso sexual, dicha gestión es ineludible. De esta manera, si bien el órgano no se pronuncia respecto de la cantidad de personal y las horas de trabajo que demandaría la atención de la solicitud, lo cierto es que, proyectado el volumen de la información y considerada su naturaleza, resulta pertinente concluir que su ubicación, sistematización y tarjado de datos personales y sensibles, para su entrega, en los términos requeridos por la solicitante, pueden distraer indebidamente a los funcionarios del órgano de sus labores habituales, razón por la cual, se rechazará el amparo, por configurarse la causal de secreto o reserva alegada, establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

6) Que, no obstante lo resuelto, se hace presente a la reclamante que nada obsta que pueda formular nuevas solicitudes de acceso a la Policía de Investigaciones de Chile que abarquen un universo más acotado de antecedentes, de forma que su satisfacción no entorpezca las funciones habituales del referido organismo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Isabel Reyes Bustos en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Isabel Reyes Bustos y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.