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Soledad Luttino con SUPERINTENDENCIA DE SALUD Rol: C5325-21

Consejo para la Transparencia, 09/11/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Salud, ordenándose la entrega de diversos antecedentes vinculados a solicitudes de audiencia. Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, respecto de procedimientos administrativos que la recurrente tiene la calidad de interesada. Sobre los antecedentes vinculados a funcionarios públicos, cabe tener presente que se trata de información referida a la función pública, la que según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella. A su vez, se desestimó la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, al no haber justificado ni acreditado de manera debida, los presupuestos que la ley y la jurisprudencia de este Consejo, han determinado para su configuración. Respecto de las solicitudes y actas de audiencia, se ordenará la entrega previa acreditación de su identidad, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. Se recomienda al órgano que aquella se realice por un medio alternativo a la entrega persona.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5325-21

Entidad pública: Superintendencia de Salud

Requirente: Soledad Luttino

Ingreso Consejo: 14.07.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Salud, ordenándose la entrega de diversos antecedentes vinculados a solicitudes de audiencia.

Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, respecto de procedimientos administrativos que la recurrente tiene la calidad de interesada. Sobre los antecedentes vinculados a funcionarios públicos, cabe tener presente que se trata de información referida a la función pública, la que según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella.

A su vez, se desestimó la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, al no haber justificado ni acreditado de manera debida, los presupuestos que la ley y la jurisprudencia de este Consejo, han determinado para su configuración.

Respecto de las solicitudes y actas de audiencia, se ordenará la entrega previa acreditación de su identidad, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. Se recomienda al órgano que aquella se realice por un medio alternativo a la entrega persona.

En sesión ordinaria N° 1229 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de noviembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5325-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de junio de 2021, doña Soledad Luttino solicitó a la Superintendencia de Salud lo siguiente: "Respecto a su respuesta a solicitud de audiencia AO006AW0959992 y que al parecer de esta profesional va en contradicción a los derechos señalados en la ley 19880 y otros cuerpos legales vigentes, vengo a solicitar:

1.- Copia integra de la solicitud de audiencia solicitada AO006AW0959992;

2.- Funcionarios que tramitaron la solicitud de audiencia AO006AW0959992;

3.- Señale que materias respecto a la dictación de resoluciones de la intendencia de prestadores son sujetos de lobby;

4.- Copia de solicitud enviada mediante correo electrónico de fecha 11 del presente a doña (...), respecto a los recursos que asistían en decisión de fecha N° ORD IP N° 5692;

5.- Fundamentos para ignorar los recursos que se tiene como reclamante en las resoluciones emitidas; y

6.- Copias de las actas de audiencia señaladas y forma que el Superintendente resolvió. Adjunte documentos o similar que den fe de la tramitación".

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 511, de fecha 14 de julio de 2021, la Superintendencia de Salud respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega, en aplicación de la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

Lo anterior, en atención a que la reclamante ha presentado 11 solicitudes de acceso en el mes de junio, subdivididas en diversas peticiones, lo que implica dedicar esfuerzos adicionales, en relación a las tareas que deban ejecutarse con miras a dar respuesta a cada una de ellas.

En tal contexto, reseñó las funciones que le corresponden a la Unidad de Transparencia y Lobby del organismo. Puntualizó que la referida unidad está compuesta únicamente por dos funcionarias -Jefatura y Analista-. Estimó que los requerimientos involucran desarrollar un extenso trabajo de análisis, recopilación y sistematización de diversos tipos de información que implica la participación de otras áreas de la Superintendencia de Salud, como lo son la Intendencia de Prestadores de Salud, Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud y la Fiscalía del organismo.

Argumentó que, a efectos de ponderar la configuración de la hipótesis de reserva alegada, no sólo debe considerarse un requerimiento específico, sino la pluralidad de solicitud de información que una misma persona ha generado, en un periodo acotado de tiempo. A fin de refrendar lo anterior, citó jurisprudencia emanada de esta Corporación.

En tal orden de ideas, argumentó que la satisfacción del requerimiento implica distraer indebidamente de sus funciones a las dos funcionarias en materia de Transparencia, ocupando la mayor parte de su horario laboral en la realización de tareas que involucra su satisfacción, habida consideración que la información requerida, además, obra en poder de otras unidades y departamentos de la Institución, las que también deberían designar a uno de sus funcionarios, para realizar la búsqueda, recopilación y organización de la información.

Hizo presente que, en virtud de la emergencia de salud pública que afecta al país, las citadas funcionarias, así como también el resto de funcionarios se encuentran realizando sus labores en régimen de teletrabajo, o bien cumpliendo un horario reducido de labores de manera presencial, lo que deriva en una mayor complejidad al momento de otorgar respuesta a los requerimientos de acceso, considerando que parte de la información solicitada se encuentra en sus dependencias, en sistemas informáticos propios. Agregó que, las tareas que se realizan de forma presencial han sido restringidas a aquellas netamente esenciales para dar continuidad al Servicio, vinculadas al ámbito de salud de la ciudadanía.

Por tales motivos, concluyó que, debido a la multiplicidad de las labores que deben ejecutarse, así como también la pluralidad de requerimientos formulados, resulta una carga especialmente gravosa para el organismo.

3) AMPARO: El 14 de julio de 2021, doña Soledad Luttino dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de acceso.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Salud, mediante Oficio N° E16733, de fecha 5 de agosto de 2021, solicitándole que: (1°) señale si al dar respuesta a la solicitud, tuvo presente lo señalado por este Consejo en el párrafo 8, letra a) del Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, mediante el cual informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global; y, (2°) señale las tareas que implicarían proporcionar la información solicitada, indicando el tiempo que deberían destinar en dicha labor, y el personal y funciones que se verían entorpecidas.

Mediante Oficio Ord. N° 2236, de fecha 20 de agosto de 2021, el órgano recurrido evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, los argumentos expuestos en su respuesta.

Hizo presente que la peticionaria formuló 11 solicitudes de acceso en un periodo de 27 días, las que se subdividen en 81 requerimientos.

Acto seguido, señaló que los juicios, imputaciones y afirmaciones formuladas por la requirente en las solicitudes de acceso a la información y el Recurso de Amparo en términos irrespetuosos, con el ánimo de menoscabar la labor realizada por la Superintendencia de Salud transgreden la normativa constitucional y determinan la falta del cumplimiento de un estándar mínimo de procedencia de una solicitud de acceso a la información. A fin de refrendar lo anterior, citó jurisprudencia emanada de esta Corporación.

Sobre este punto, hizo presente que, el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República prescribe el denominado "derecho de petición", en los siguientes términos: "La Constitución asegura a todas las personas: 14°.- El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes". En tal sentido, razonó que, si bien la propia Carta Fundamental consagra el ejercicio de este derecho, también impone su limitación: "proceder en términos respetuosos y convenientes".

Al respecto, afirmó que, la solicitud de acceso a la información que la peticionaria formula tiene juicios, imputaciones y afirmaciones que sólo buscan descalificar la labor que la Superintendencia realiza, refiriéndose a éste en términos completamente irrespetuosos. A fin de refrendar lo anterior, citó expresiones y calificaciones empleadas por la peticionaria, con ocasión de sus solicitudes de acceso y amparo. Por lo anterior, expresó que: "De esta manera, esta Superintendencia entiende que si el ejercicio de un derecho traspasa los límites que la normativa impone, en este caso, los impuestos por nuestra Carta Fundamental, ello se traduce indefectiblemente en un "abuso del derecho".

Sobre la materia, citó dictámenes de la Contraloría General de la República, que habilitan a archivar nuevas peticiones o no atender nuevos requerimientos cuando éstos son efectuados en términos inapropiados, insultantes, irrespetuosos o inconvenientes. Adicionalmente, refirió jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con respecto a la relación existente entre el Principio de Transparencia y Publicidad de los actos de la administración del Estado y el derecho de petición, y los límites extrínsecos que están afectos dichos derechos. Por último, citó jurisprudencia emanada de esta Corporación, concluyendo que, las peticiones de información están sujetas a la observancia del cumplimiento de condiciones, dado que necesariamente debe efectuarse en términos respetuosos y convenientes, condiciones que se erigen como limitación constitucional a la procedencia de la petición, y que el presente requerimiento claramente no cumple.

A continuación, reiteró la concurrencia de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, toda vez que la solicitud se enmarca dentro de una serie de extensos requerimientos formulados por la peticionaria en un período acotado de tiempo, los cuales consignó. Al respecto, puntualizó y describió las funciones que debe desarrollar la Unidad de Transparencia y Lobby, a fin de atender los requerimientos de acceso, esgrimiendo que aquellas no sólo se encuentran referidas a la conducción de solicitudes de información, sino también a la elaboración de informes estadísticos de gestión, administración del Portal Web y tareas relacionadas al sistema de integridad de la Institución, labores que dejan de realizarse o deben postergarse en su ejecución para atender las peticiones de acceso de una requirente. Señaló que, en el periodo comprendido entre el 2 y 29 de junio de 2021, ingresaron 79 requerimientos de acceso.

Luego, consignó las funciones de la Intendencia de Prestadores de Salud, señalando que, aquella es la dependencia de mayor grado de requerimiento, dado que los reclamos se comprenden dentro del ámbito de sus atribuciones. Indicó que, las labores que se deben ejecutar resultan múltiples, ya que no sólo se debe buscar y recopilar la información, sino también verificar la forma de tramitación, funcionarios que participaron, descargar expedientes, solicitar o derivar la solicitud para generación de rutas de acceso, entre otras. Seguidamente, precisó las funciones del Subdepartamento de Sanciones, argumentando que la satisfacción del requerimiento implica que se deje de utilizar tiempo para la tramitación de los procesos sancionatorios contra prestadores de salud, entidades acreditadoras y mediadores.

Asimismo, hizo presente que los requerimientos efectuados dicen relación con la fundamentación de derecho en relación a los actos administrativos dictados por el organismo, situación que decanta en la participación de la Unidad de Apoyo Legal, cuyas funciones describió. Agregó que, en el caso de especie es necesario verificar las consideraciones legales para la dictación del acto administrativo y la actuación o no respecto del mismo, y adicionalmente, anexar la normativa comprometida en ello.

En el mismo sentido, consignó la participación del Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad, de Tecnologías de la Información y Fiscalía.

En virtud de lo expuesto, manifestó que resulta tan variada, compleja y extensa la información que solicita la recurrente, que ello implica para todas las Unidades y Departamentos de la Superintendencia de Salud precedentemente citadas, efectuar labores de búsqueda, recopilación, sistematización, encriptado y transformación a formato digital de la información, no resultando verosímil resolver en los plazos establecidos al efecto.

Sobre este punto, refirió que, la información solicitada, en su gran mayoría, apunta a hechos acaecidos entre los años 2015 y 2021, razón por la cual y por la naturaleza de la misma, no toda obra en formato digital, sino también en formato papel, debiendo llevarse a efectos revisiones y verificaciones de los mismos, por ello los tiempos que conllevan la realización de cada actividad fluctúan entre los 20 minutos y las 2 horas, por ello, designando a un funcionario de cada de las 7 dependencias que deben intervenir, asignando 1 hora de sus actividades normales a la satisfacción de sus requerimientos, conlleva que los mismos sean susceptibles de ser respondidos en un plazo que supera con creces los 30 días de plazo legal, llegando a aproximadamente a los 40 o 50 días.

Por lo anterior, concluyó que, el requerimiento de especie -y los demás formulados por la peticionaria- genera la distracción de sus funciones no sólo de la Unidad encargada de la Transparencia Pasiva, sino también a otras Unidades y Departamentos de la Superintendencia de Salud, las cuales deben destinar -a lo menos- a uno de sus funcionarios a la búsqueda de información, junto con la realización de otras tareas con el fin de dar la correspondiente respuesta, labores que involucran una extensa cantidad de información que debe revisarse, validarse y generarse, todo lo cual redunda en una carga especialmente gravosa para este organismo.

Por último, hizo presente que, la información solicitada resulta compleja de recopilar, dada la situación de emergencia pública por el brote de Covid-19, en virtud de la modalidad de teletrabajo y la reducción del horario laboral. Señaló que, con ocasión de la pandemia, el organismo ha debido priorizar el desarrollo de sus actividades revisoras, reguladoras y fiscalizadoras.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, referente a la entrega de diversos antecedentes vinculados a solicitudes de audiencia. Al respecto, el organismo denegó su entrega, en aplicación de la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Asimismo, hizo presente que, los juicios, imputaciones y afirmaciones formuladas por la requirente en las solicitudes de acceso a la información transgreden la normativa constitucional -específicamente el artículo 19° N° 14 de la Constitución Política de la República- y determinan la falta del cumplimiento de un estándar mínimo de procedencia de una solicitud de acceso a la información, lo cual se traduce en un abuso de derecho. Por último, refirió que, la situación de emergencia pública, a consecuencia de la pandemia de Covid-19 dificulta la recopilación de información.

2) Que, con respecto a la alegación efectuada por la reclamada, en orden a que el requerimiento de especie no cumple con el estándar mínimo de procedencia de una solicitud de acceso a la información, pues transgrede las condiciones impuestas por la Constitución Política de la República para el ejercicio del derecho de petición, consagrado en el artículo 19° N° 14 de la Carta Fundamental -proceder en términos respetuosos y convenientes-, a juicio de esta Corporación, si bien la peticionaria emplea expresiones, afirmaciones y juicios de valor despreciativos, irrespetuosos e inconvenientes, dicha circunstancia no puede configurarse como un óbice, y -mucho menos- una restricción al debido ejercicio de un derecho garantizado por el ordenamiento jurídico. Al efecto, el artículo 10° de la Ley de Transparencia establece que "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley", cumpliéndose, adicionalmente, los presupuestos habilitantes dispuestos en el artículo 24° de la Ley de Transparencia, esto es, la denegación de la información consultada. Por lo anterior, se desestimarán las alegaciones expuestas en este sentido. No obstante lo anterior, se hace presente a la reclamante, que en lo sucesivo se abstenga de realizar juicios o afirmaciones en contra de cualquier órgano de la Administración del Estado, respecto de los cuales recurra de amparo ante esta Corporación, en el entendido de que en el procedimiento de acceso a la información pública, como en cualquier otro procedimiento administrativo, las actuaciones realizadas en él se deben realizar en términos respetuosos y convenientes tal como prescribe la Constitución Política de la República. (Énfasis agregado).

3) Que, en cuanto a la configuración en la especie de la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra c), cabe tener presente que, dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. (Énfasis agregado).

4) Que, en dicho contexto, y de conformidad a la causal de reserva esgrimida por el organismo, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

5) Que, en tal sentido, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

6) Que, sobre lo anterior, este Consejo ha razonado, a partir de su decisión Rol C1186-11, que el conjunto de requerimientos de información interpuestos por una misma persona, ante un mismo órgano de la Administración del Estado, en un período acotado de tiempo, puede justificar la concurrencia de la hipótesis de distracción indebida de los funcionarios de dicho órgano, respecto del cumplimiento regular de sus funciones, recogidas en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, cuando se acredite que su atención agregada implica para tales funcionarios la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo, de esta forma, la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas, implicando, todo ello, una carga especialmente gravosa para el organismo, en términos de la causal de secreto o reserva antes señalada. En este sentido, se debe tener presente que, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de SEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, los órganos de la Administración del Estado, se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. (Énfasis agregado).

7) Que, a juicio de este Consejo, la cantidad de peticiones de información presentadas por la recurrente -11 solicitudes de acceso en 27 días corridos- no constituyen una entidad suficiente que configuren la distracción indebida de sus funcionarios en el caso de especie, máxime si se considera que por cada requerimiento de acceso a la información se cuenta con 20 días hábiles para ser satisfechas, pudiendo prorrogarse por 10 días hábiles más en caso de resultar necesarios, prerrogativa que no fue solicitada por el órgano requerido. Asimismo, sobre este punto, esta Corporación advierte que, la Superintendencia de Salud no proporcionó suficientes elementos de juicio o medios de prueba para ponderar la distracción indebida de sus funcionarios en el caso de especie, y consecuencialmente, que acreditaran la afectación al debido cumplimento de las funciones de la reclamada, resultando sus alegaciones genéricas y eventuales, inferidas a partir de las funciones encomendadas a las entidades dependientes de la Institución. En tal orden de ideas, se advierte que el órgano recurrido no precisó, ni cuantificó el volumen de información que es necesaria recopilar, procesar y remitir, ni explicó suficientemente cómo el conocimiento de las presentaciones obligaría al órgano reclamado a destinar un tiempo excesivo y desproporcionado de la jornada de sus funcionarios a la atención de las solicitudes de una sola persona, comprometiendo, de esta forma, su debido funcionamiento, con el evidente perjuicio de su normal quehacer institucional. En tal contexto, del tenor de los requerimientos de especie, se advierte que el universo de antecedentes pedidos se circunscribe a información -mayormente- vinculada a solicitudes de audiencia, la tramitación de aquellas, las materias sujetas a lobby y las actas de audiencia generadas, constatándose que dicen relación con materias similares, circunstancia que facilita su identificación y entrega. (Énfasis agregado)

8) Que, en cuanto a las dificultades generadas por el COVID-19 esgrimidas por la Superintendencia, se debe tener presente que el principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3°, inciso primero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. (Énfasis agregado).

9) Que, respecto de la publicidad de los antecedentes peticionados, resulta del caso tener presente que aquellos constituyen información pública, en la medida que se trata de información relativa a la Administración del Estado, en particular, de procedimientos administrativos respecto del cual, la peticionaria tiene la calidad de interviniente. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen (...)". Asimismo, en la especie resulta aplicable el artículo 17° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, el cual dispone que: "Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a)Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; d) acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley".

10) Que, particularmente, en cuanto a la individualización de los funcionarios públicos que tramitaron la solicitud de audiencia, dicha información es pública, toda vez que, en virtud del artículo 17° de la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado: "Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos". Asimismo, esta Corporación ha sostenido reiteradamente que, atendido al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes, actuaciones y conducta. Sobre lo anterior, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella.

11) Que, en consecuencia, tratándose de antecedentes de naturaleza pública, respecto de procedimientos administrativos que la recurrente tiene la calidad de interesada; habiéndose desestimado las alegaciones fundadas en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada.

12) Que, respecto de las solicitudes y actas de audiencia, teniéndose presente que aquellas versan sobre antecedentes que dicen relación con la atención de salud de la reclamante, por lo que ha de contener datos personales y sensibles, en conformidad de lo establecido en el artículo 2° de la Ley sobre Protección de la Vida, el organismo deberá proporcionarla, previa acreditación de la identidad de aquella, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación. No obstante lo anterior, teniendo en consideración la emergencia de salud pública que afecta al país a consecuencia de la pandemia por Covid-19 y el estado de alerta sanitaria establecido en el decreto N° 4, de 2020, de Salud, se recomienda a la reclamada que realice la entrega efectiva de lo solicitado al reclamante o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, por medio de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Soledad Luttino, en contra de la Superintendencia de Salud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Salud, lo siguiente;

a) Entregue a la peticionaria la siguiente información:

1.- Copia integra de la solicitud de audiencia solicitada AO006AW0959992;

2.- Funcionarios que tramitaron la solicitud de audiencia AO006AW0959992;

3.- Que materias respecto a la dictación de resoluciones de la intendencia de prestadores son sujetos de lobby;

4.- Copia de solicitud enviada mediante correo electrónico de fecha 11 del presente a doña (...), respecto a los recursos que asistían en decisión de fecha N° ORD IP N° 5692;

5.- Fundamentos para ignorar los recursos que se tiene como reclamante en las resoluciones emitidas; y

6.- Copias de las actas de audiencia señaladas y forma que el Superintendente resolvió. Adjunte documentos o similar que den fe de la tramitación.

Respecto de las solicitudes y actas de audiencia, se ordenará la entrega, previa acreditación de su identidad. Se recomienda al órgano que aquella se realice por un medio alternativo a la entrega persona.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Soledad Luttino; y, al Sr. Superintendente de Salud.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.