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Santiago Álvarez Vallejos con DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES (DIRECON) Rol: C6002-21

Consejo para la Transparencia, 16/11/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, referido a la entrega del Primer Informe Pericial de Price Waterhouse Coopers (PwC), de 13 de junio de 2018, y el Segundo Informe Pericial de PwC, de 25 de enero de 2019; presentados por el Estado de Chile en el procedimiento arbitral seguido ante el Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI). Lo anterior, por afectación a los derechos económicos y comerciales de los terceros involucrados; al contener los informes periciales pedidos antecedentes relativos a la situación económica-financiera de Inversiones Alsacia S.A. y Express de Santiago Uno S.A, declarados como reservados por un tribunal arbitral internacional. Asimismo, por estimarse que el organismo acredita en forma cierta y probable, y con suficiente especificidad, una expectativa razonable de daño o afectación que conllevaría la entrega de informes que el CIADI, por acuerdo de las partes involucradas, ha declarado reservado; afectando con ello el interés nacional, en particular, los intereses económicos o comerciales del país. Hay voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien no obstante compartir el rechazo del presente amparo, estima necesario hacer presente que la información solicitada refiere a antecedentes de relevancia pública que la ciudadanía debiera poder escrutar.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6002-21

Entidad pública: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales

Requirente: Santiago Álvarez Vallejos

Ingreso Consejo: 12.08.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, referido a la entrega del Primer Informe Pericial de Price Waterhouse Coopers (PwC), de 13 de junio de 2018, y el Segundo Informe Pericial de PwC, de 25 de enero de 2019; presentados por el Estado de Chile en el procedimiento arbitral seguido ante el Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI).

Lo anterior, por afectación a los derechos económicos y comerciales de los terceros involucrados; al contener los informes periciales pedidos antecedentes relativos a la situación económica-financiera de Inversiones Alsacia S.A. y Express de Santiago Uno S.A, declarados como reservados por un tribunal arbitral internacional.

Asimismo, por estimarse que el organismo acredita en forma cierta y probable, y con suficiente especificidad, una expectativa razonable de daño o afectación que conllevaría la entrega de informes que el CIADI, por acuerdo de las partes involucradas, ha declarado reservado; afectando con ello el interés nacional, en particular, los intereses económicos o comerciales del país.

Hay voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien no obstante compartir el rechazo del presente amparo, estima necesario hacer presente que la información solicitada refiere a antecedentes de relevancia pública que la ciudadanía debiera poder escrutar.

En sesión ordinaria N° 1231 del Consejo Directivo, celebrada el 16 de noviembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6002-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 06 de julio de 2021, don Santiago Álvarez Vallejos solicitó a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales la siguiente información:

(i) (...) PwC, el cual aporta un análisis de la situación financiera de Alsacia y Express, incluyendo su estructura de financiamiento y costos operacionales. PwC también ha realizado comparaciones con el resto de los operadores del Transantiago para ilustrar las consecuencias del modelo de negocio adoptado por Alsacia y Express. [Informe Pericial de PwC, 13 de junio de 2018.] y

(ii) Segundo Informe Pericial de PwC, de fecha 25 de enero de 2019, el cual aporta un análisis de la situación financiera de Alsacia y Express, incluyendo su estructura de financiamiento y costos operacionales. PwC también ha realizado comparaciones con el resto de los operadores del Transantiago para ilustrar las consecuencias del modelo de negocio adoptado por Alsacia y Express. ("Segundo Informe Pericial de PwC").

Estos informes fueron acompañados por el Estado de Chile en el juicio denominado "Carlos Ríos and Francisco Javier Ríos v. Republic of Chile (ICSID Case No. ARB/17/16)" seguido ante el CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (...)". (Énfasis agregado).

2) RESPUESTA: El 04 de agosto de 2021, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales respondió a dicho requerimiento de información mediante Resolución Exenta J-079, de 03 de agosto de 2021, señalando, en síntesis, lo siguiente:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia se notificó a los terceros cuyos derechos pudieren verse afectados con la entrega de la información requerida, los Sres. Carlos y Francisco Ríos y a las empresas Alsacia S.A. y Express de Santiago Uno S.A.

Los Sres. Ríos se opusieron a la entrega de la solicitud en comento de conformidad con el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, fundado en que podría afectar sus derechos de carácter comercial o económico, ya que en los informes solicitados se analiza la situación financiera de sus empresas; agregando que la ley solo se aplica a los órganos del Estado y no a particulares o empresas privadas, ello por disposición del artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, que consagra el principio de publicidad. Así, la solicitud formulada excede el ámbito de aplicación de la Ley 20.285, por cuanto dicha normativa, conforme a su artículo 1°, determina que la misma se aplica exclusivamente a los órganos de la Administración del Estado, y en ningún caso es extensiva su aplicación a entes privados. "(...) Señalan además que por ser la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales un organismo del Estado de Chile, como parte del arbitraje y por lo tanto debe cumplir con su obligación de no revelar los informes, y que de lo contrario sería responsable de los perjuicios que le cause a los terceros. Agregan que en el arbitraje entre el Estado de Chile y los hermanos Ríos se pactó que los documentos que las partes presenten se mantendrían como información reservada, que la entrega de la información atentaría contra el derecho a la intimidad de la empresa privada del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de 1980, en la medida en que la información requerida dice relación con datos personales y derechos de carácter comercial y económicos, que la entrega de los documentos requeridos vulnerarían los derechos consagrados en el artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental, y que la entrega afecta sus derechos comerciales y económicos porque entregan su situación financiera (...)".

Las empresas Inversiones Alsacia S.A. y Express de Santiago Uno S.A., a través de sus representantes, manifestaron similares argumentos a los señalados precedentemente agregando que "(...) se oponen a la entrega porque la información requerida dice relación con datos personales y derechos de carácter comercial y económicos. La empresa también señala que se oponen a la entrega ya que ésta vulneraría los derechos consagrados en el artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental, dando lugar a las acciones indemnizatorias correspondientes contra el Estado de Chile por falta de servicio. Además, que de conformidad con el artículo 21, numeral 2 de la Ley No. 20.285, la información solicitada podría afectar derechos de carácter comercial o económico de terceros pues se pretende publicar informes en que se analizó la situación financiera de sus representadas. Por último, agregan que el requerimiento de información no debe ser dirigido a ellos debido a que no han sido parte del procedimiento arbitral seguido ante el CIADI ICSID Caso N° ARB/17/16 (...)".

Finalmente, la Subsecretaría explica que los dos informes emitidos por Price Waterhouse Coopers (PwC) tienen como objeto revisar la situación económica-financiera de dos empresas, incluyendo las deudas de éstas y sus restructuraciones, con el objetivo de determinar la situación financiera de sus accionistas, personas naturales, los cuales son propietarios finales del 100% de las empresas. Cita jurisprudencia del Consejo referente a las deudas de personas.

3) AMPARO: El 12 de agosto de 2021, don Santiago Álvarez Vallejos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, respecto de la solicitud AC007T0000321, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

Además el reclamante hizo presente, en síntesis, que el órgano yerra al denegar la solicitud de información, por lo siguiente:

1. Los informes periciales de PwC corresponden a un análisis de la situación financiera de las empresas Inversiones Alsacia S.A. y Express Santiago Uno S.A., las cuales son informantes de la Comisión para el Mercado Financiero, por tanto, su información financiera es pública, según lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la Ley N° 20.382.

Los estados financieros corresponden a informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica, financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado. Por tanto, la información pedida es pública ya que lo solicitado es el análisis realizado por PwC sobre dicha información; que en ningún caso puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de Alsacia y Express.

2. Los informes realizados por PwC fueron financiados con fondos públicos, para ser presentados en el arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, lo que le otorga carácter de información pública. Cita jurisprudencia de este Consejo sobre la información emanada de particulares que ha sido financiada con dineros públicos.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E18280, de 26 de agosto de 2021, confirió traslado al Sr. Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, solicitando que: (1°) explique cómo la entrega de la información solicitada afectaría los derechos de los terceros involucrados; (2°) proporcione los datos de contacto de los terceros involucrados -nombre y dirección postal y electrónica-, a fin de notificarlos del amparo deducido; y, (3°) acompañe copia íntegra de los informes solicitado. Se hace presente que la información que se solicita acompañar para su análisis, se realiza en estricta sujeción a lo dispuesto en los artículos 26 y 34 de la Ley de Transparencia.

Por correo electrónico de fecha 09 de septiembre de 2021, el órgano remitió su escrito de descargos reiterando lo señalado en su respuesta para denegar la entrega de la información pedida. Adjunta los dos informes periciales requeridos y los antecedentes de notificación de los terceros.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros interesados, mediante los oficios números E18555 y E18556, ambos de 30 de agosto de 2021.

5.1.- Por escrito de fechas 09 y 13 de septiembre de 2021, los señores Carlos y Javier Ríos Velilla, señalaron, en síntesis, lo siguiente:

- El artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política consagra el principio de publicidad de donde se desprende claramente que la Ley de Transparencia no es aplicable a las empresas privadas ni a particulares cuando se vean afectados sus derechos fundamentales. En este sentido, la solicitud formulada excede el ámbito de aplicación de esta Ley, por cuanto dicha normativa, conforme a su artículo 1° determina que se aplica exclusivamente a los órganos de la administración del Estado, ratificando lo expuesto por la norma constitucional, pero en ningún caso es extensiva a entes privados. Adicionalmente, el artículo 2° expresamente señala a qué órganos y servicios públicos es aplicable la presente ley, sin que se contemple a las empresas privadas, por lo que resulta del todo improcedente el recurso de amparo deducido.

- "(...) Esta parte se opuso a la entrega de los documentos solicitados, toda vez que conforme a la Resolución Procesal N° 1, dictada con fecha 23 de enero de 2018, en el procedimiento arbitral seguido ante el CIADI ICSID Caso N° ARB/17/16, las partes de ese procedimiento acordaron que sólo serían públicos, por parte de CIADI, el laudo arbitral y las resoluciones que se emitieran en el referido procedimiento, pero no los documentos que las partes presentaran en éste". En este sentido, los informes periciales solicitados, corresponden a información reservada por cuanto su divulgación implica la afectación de derechos fundamentales, y no corresponde que sea entregada a terceros a través del Estado de Chile y, en particular, por parte de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales por ser parte en dicho arbitraje, debiendo cumplir con su obligación de no revelar tales informes.

- Adicionalmente, en virtud del artículo 21° N° 2° de la Ley de Transparencia resulta lógico y evidente que con la publicación de los referidos informes periciales se pondrían en riesgo los derechos de carácter comercial y económico de estos terceros, "(...) pues se pretende publicar informes en que se analizó la situación financiera, económica y comercial de las empresas Alsacia y Express". La denegación por esta causal se funda en el hecho que dar a conocer los informes periciales requeridos produce una afectación directa e inmediata al derecho contenido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política. "(...) En ese sentido, es necesario controvertir lo que sostiene el reclamante de amparo, en cuanto a que los informes periciales son públicos por ser financiados con fondos públicos, en la medida que respecto de los antecedentes que obran en dichos informes periciales, fue el propio Estado de Chile que, ante el CIADI, acordó con mis representados que fueran reservados o secretos".

- Además, se vulneran los derechos a la intimidad, por cuanto los datos de estas personas naturales se encuentran resguardados y sus derechos de carácter comercial o económico consagrados en la ley de Protección de datos personales en relación con el artículo 19 N° 4° de la Constitución Política; pues la ley establece que el tratamiento de datos personales solo puede realizarse mediando una autorización expresa de la referida ley o del titular de los datos, lo que no se produce en la especie, toda vez que ha existido oposición de terceros.

- " (...) En sentido, son públicos los actos y resoluciones de los órganos, así como sus fundamentos y procedimientos, sólo en la medida que exista un acto administrativo dictado, que se encuentre en el expediente administrativo correspondiente y que constituya él mismo o sirva de base a un acto administrativo terminal, que produzca efectos jurídicos, dicha regla de publicidad no se cumple en el Recurso de Amparo, ya que los informes periciales no son actos ni resoluciones de un órgano del Estado, sino que es un documento de prueba en el que un perito judicial, con conocimientos especializados, explica y realiza una reflexión sobre los elementos que existen como prueba en un juicio, es decir no existe un acto administrativo en los términos del artículo 3° de la Ley N° 19.880, ni tampoco existe un expediente administrativo, ya que es un expediente jurisdiccional ante un Tribunal Arbitral Internacional, ni tampoco existe un acto administrativo terminal, es decir, no se da ninguno de los supuestos habilitantes de acceso a la información". Además, la titularidad de derechos constitucionales vulnerados ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional, de modo general en las sentencias Rol N° 1990/2011 y de modo particular, respecto de ciertos derechos en la sentencia Rol N° 640/2006. En razón de lo expuesto, se deniega lo pedido por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

5.2.- Por escrito de fecha 13 de septiembre de 2021, el gerente de asuntos legales de Express de Santiago Uno S.A. e Inversiones Alsacia S.A., reiteró los argumentos de hecho y derecho y la causal de reserva expuesta por los terceros en el punto 5.1 precedente, agregando, en síntesis, lo siguiente:

- "(...) Los informes periciales cuya entrega se ha solicitado, corresponden a información reservada por cuanto su divulgación implica la afectación de derechos fundamentales, y no corresponde que sea entregada a terceros por parte del Estado de Chile y, en particular, por parte de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (que por ser un organismo del Estado de Chile, es parte en dicho arbitraje y por lo tanto debe cumplir con su obligación de no revelar los informes, de lo contrario será responsable de los perjuicio que le cause a Alsacia y Express)".

- "(...) Además, en ningún caso puede hacerse entrega de los informes solicitados, pues - sin ser conocidos por las compañías - entendemos que ellos, por su naturaleza, contienen información de gran sensibilidad financiera de Alsacia y Express, que no puede ser entregada a terceros, ni mucho menos para los fines solicitados".

- En virtud del artículo 21° N° 2° de la Ley de Transparencia resulta lógico y evidente que con la publicación de los referidos informes periciales se pondría en riesgo los derechos de carácter comercial y económico de Inversiones Alsacia S.A. y Express de Santiago Uno S.A., pues se pretenden publicar informes en que se analizó la situación financiera, económica y comercial de mi representada. "(...) A su vez, respecto de las empresas Alsacia y Express se genera una vulneración a sus derechos de carácter comercial o económico, ya que los informes dicen relación a aspectos propios de su giro comercial, económico y financiero, con lo cual acceder al Recurso de Amparo deducido, produce una vulneración al derecho de propiedad contenido en el artículo 19° N° 24° y, adicionalmente, al principio de igualdad en el trato económico que el Estado y sus organismo deben dar a los particulares contendido en el artículo 19° N° 22° ambos de la Carta Fundamental de 1980".

6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión ordinaria N° 1220, de 12 de octubre de 2021, el Consejo Directivo acordó requerir a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales mediante Oficio N° E21082, de 12 de octubre de 2021, lo siguiente:

a) Informar sobre el estado procesal de la controversia arbitral ante el CIADI (a la fecha del requerimiento).

b) Indicar fundadamente si a su juicio concurre alguna(s) causal(es) de reserva o secreto que justifique(n) denegar los informes pedidos; y en su caso, proporcionar antecedentes que permitan ponderar la o las causales esgrimidas.

Por correo electrónico, de fecha 18 de octubre de 2021, la Subsecretaría remitió escrito de respuesta, señalando lo siguiente:

a) "(...) actualmente la controversia se encuentra en fase de ejecución del laudo arbitral que fue emitido el 11 de enero de 2021, en lo relativo al cobro de las costas que le fueron reconocidas al Estado de Chile por el tribunal, en el arbitraje ventilado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Grupo del Banco Mundial (el "CIADI").

b) "(...) Cumplo con indicar, con base en los fundamentos que se indican a continuación, que a juicio de esta Subsecretaría concurre (i) la causal de reserva del artículo 21 No. 2 de la Ley No. 20.285, que dispone que se podrá denegar el acceso a la información "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de [...] derechos de carácter comercial o económico", además de remitirnos a lo ya señalado en la Resolución Exenta J-079, de 2021, de esta Subsecretaría en particular en su párrafo 9, cumplimos con resaltar que los informes solicitados tienen por objeto revisar la situación económica financiera de dos empresas, incluyendo las deudas de éstas y sus restructuraciones con el objetivo de determinar la situación financiera de sus accionistas, los cuales son propietarios y controladores finales al 100% de las empresas.

El contenido de los informes objeto de la solicitud debe ser protegido no solamente por el tenor de la oposición debidamente evacuada por los terceros de cuya afectación de derechos se trata, sino, además, porque como resulta de la lectura de la propia solicitud de información, el solicitante precisamente pretende obtener conocimiento sobre el "(...) análisis de la situación financiera de Alsacia y Express, incluyendo su estructura de financiamiento y costos operacionales (...) [y] (...) las consecuencias del modelo de negocio adoptado (...)". Consecuentemente, la divulgación de los informes objeto de la solicitud pondrá en conocimiento del público los derechos económicos de terceros, quienes, por lo demás, ejercieron su derecho a oposición de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Es menester hacer notar que, tal como ya dedujeron los Sres. Ríos y las empresas Alsacia y Express al evacuar su oposición, en el arbitraje ante el CIADI, el Tribunal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.21 del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colombia (el "TLC"), ordenó expresamente en el párrafo 6.2 de la Resolución Procesal No. 2 (adjunta como Anexo), la confidencialidad de dichos informes periciales y de los documentos que los acompañan. Es por esta razón que, a diferencia de otros documentos del expediente arbitral, los informes periciales solicitados no se encuentran a disposición del público, y que, es necesario protegerlos y no divulgarlos a terceros. Los arbitrajes CIADI pueden estar sujetos a diferentes estándares de confidencialidad según sea el tratado internacional y las reglas de arbitraje que resulten aplicables, así como los acuerdos a los que lleguen las partes en disputa.

Dado lo sostenido en la oposición de los terceros, puede señalarse que, si se diese acceso al Sr. Álvarez a los informes periciales, no solamente un tribunal podría determinar que se ha incumplido una obligación impuesta por un tribunal internacional ante el CIADI, sino que, además, dicho incumplimiento, como bien señalaron los Sres. Ríos al evacuar su oposición, podría eventualmente acarrear que el Estado deba resarcir los perjuicios que les ocasione la publicidad de su información financiera. Consecuentemente, la entrega de los informes periciales podría afectar el interés nacional, en particular los intereses económicos o comerciales del país, como está descrito en el artículo 21 N° 4. Cabe señalar también que el artículo 9.21(5) del TLC dispone que "[n]ada de lo dispuesto en esta Sección autoriza o requiere al demandado [i.e. el Estado de Chile] a negarle acceso al público a información que, de acuerdo a su legislación, debe ser divulgada". Este es precisamente el caso de marras, donde, de conformidad con la Ley de Transparencia, existen causales para denegar el acceso a la información que, de acuerdo con la ley deba ser protegida (...)."

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de los dos informes periciales emitidos por Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores SpA, presentados por el Estado de Chile en el procedimiento arbitral seguido ante el Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI), en el juicio denominado "Carlos Ríos and Francisco Javier Ríos v. Republic of Chile" (ICSID Case No. ARB/17/16); según se señala en el N° 1 de lo expositivo.

2) Que, al respecto, el órgano recurrido denegó dichos informes fundado en la oposición ejercida por los terceros interesados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Luego, en la medida para mejor resolver decretada en esta causa, fundó su negativa en las causales de reserva del artículo 21, N° 2 y N° 4, de la misma Ley, por afectación de derechos comerciales o económicos de los terceros involucrados y del interés nacional, en particular, los intereses económicos o comerciales del país, en caso de divulgarse información que un tribunal arbitral ha decretado como reservada. A su vez, emplazados los terceros interesados en esta sede, aquellos reiteraron su negativa a la entrega de los informes periciales requeridos por configurarse a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley en comento.

3) Que, a modo de contexto y en base a los antecedentes tenidos a la vista, cabe señalar:

a) Que, los dos informes periciales requeridos por el Estado de Chile a Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores SpA, en el marco del juicio arbitral señalado, fueron emitidos con fechas 13 de junio de 2018 y 25 de enero de 2018, con carácter de "Privado y confidencial", según consta en sus respectivas carátulas. A su vez, en la parte introductoria del primer informe PwC, se señala que "(...) Este informe refleja los resultados y las conclusiones de PwC en función de nuestra evaluación financiera de Inversiones Alsacia S.A. ("Inversiones Alsacia" o "Alsacia") y Express de Santiago Uno S.A. ("Express de Santiago" o "Express"), en el contexto de este arbitraje" (...)." . Luego, en lo que interesa, agrega que "(...) Transantiago fue lanzado en 2005 como un sistema de transporte público en el área metropolitana de Santiago y las concesiones de los operadores vencerán entre mayo de 2018 y noviembre de 2021 (varía según el operador). Alsacia y Express son dos de las compañías que recibieron una concesión para operar las flotas de autobuses y la infraestructura relacionada (...)". (énfasis agregado).

b) Que, en esta misma línea, la Subsecretaría señaló que los informes solicitados tienen por objeto revisar la situación económica financiera de dos empresas, incluyendo las deudas de éstas y sus restructuraciones con el objetivo de determinar la situación financiera de sus accionistas, los cuales son propietarios y controladores finales al 100% de las empresas.

c) Que, a su turno, en la Resolución Procesa No. 2, del Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI), de fecha 16 de febrero de 2018, en el caso CIADI No. ARB/17/16, en la parte resolutiva se establece "6.2. No serán considerados Documentos Publicables los medios probatorios que se presenten conjuntamente con los Documentos Publicables o en cualquier otra oportunidad procesal. A modo meramente aclaratorio, no serán Documentos Publicables los documentos que acompañen, como prueba, los escritos que presenten las Partes en el transcurso del presente arbitraje, así como tampoco las declaraciones testimoniales, los informes de los peritos y los documentos que acompañen unas y otros." // "6.3. De conformidad con lo establecido en el Artículo 9.21.2, 9.21.3, y 9.21.4 del TLC, tampoco serán considerados Documentos Publicables aquéllos que contengan información que, de conformidad con la legislación de la Parte pertinente, sea clasificada como: (i) comercial confidencial; (ii) privilegiada; (iii) protegida de divulgación; e (iv) información que proporcione o permita el acceso a información que las Partes no tengan obligación de divulgar, de conformidad con los Artículos 21.2 y 20.5 del TLC (en adelante, conjuntamente denominados, la "Información Protegida")." (énfasis agregado)

4) Que, el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

5) Que, en primer lugar, respecto de la alegación de los terceros involucrados, en orden a que la información pedida excedería el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, por cuanto dicha normativa resultaría aplicable exclusivamente a los órganos de la Administración del Estado y en ningún caso es extensiva a entes privados; se debe tener presente que según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. En consecuencia, tratándose lo requerido de información que obra en poder de la reclamada, es en principio pública, por lo que este Consejo desestimará la alegación de los terceros en tal sentido, debiendo determinar si en la especie concurre la causa de reserva invocada.

6) Que, en segundo lugar, conforme a la causal de reserva alegada prevista en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, se puede denegar total o parcialmente el acceso a los antecedentes requeridos "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". Por su parte, el artículo 7, N° 2, del Reglamento de la Ley, señala que se entenderá por tales aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés. En consecuencia, un mero interés no es suficiente para justificar la reserva de la información solicitada, debiendo justificarse la existencia de un derecho que, con la entrega de lo pedido, se vería afectado.

7) Que, en este sentido, tanto el órgano recurrido, como los terceros involucrados, aseveraron que la información requerida contiene antecedentes de carácter económico y/o comercial, y que con su publicidad se afectarían dichos derechos, configurándose la causal de reserva o secreto descrita en el considerando precedente. Al efecto, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, que den lugar a la causal de reserva del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia. Al respecto, se ha establecido que la información debe cumplir con las siguientes condiciones: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

8) Que, en el presente caso, tratándose del cumplimiento de los requisitos enunciados en las letras a) y b) del considerando precedente, cabe señalar que tanto el órgano recurrido, como los terceros comparecientes, han manifestado que la información requerida tiene el carácter de secreta; ello, en virtud de lo resuelto por la citada Resolución Procesal No. 2, dictada por el CIADI, en el procedimiento arbitral analizado, donde se estableció, por acuerdo de las partes involucradas, que serían reservados los documentos que las partes presentaran en éste, como ocurre en la especie, con los informes periciales pedidos, que fueron elaborados con carácter de "privado y confidencial" para ser presentados por el Estado de Chile en dicho procedimiento; lo que demuestra que, en efecto, se trata de información que no es generalmente conocida ni de fácil acceso, y, a su vez, los terceros titulares de la misma han realizado esfuerzos para impedir su publicidad, debiendo por ello, considerarse cumplidas ambas exigencias de los literales en comento.

9) Que, en este sentido, tratándose lo pedido de dos informes periciales que tienen por objeto revisar la situación económica financiera de dos empresas privadas, que han sido declarados por un tribunal arbitral internacional como reservados, a juicio de este Consejo, lo señalado tiene mérito suficiente para dar cumplida la causal analizada, resultando inoficioso analizar la procedencia del siguiente requisito; con lo cual no cabe sino concluir que se verifican las exigencias en cuestión para la configuración de la causal invocada.

10) Que, en tercer lugar, el órgano invocó la hipótesis de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 4, de la Ley de Transparencia, fundada en que si se diese acceso a los informes periciales, no solamente se podría determinar que el Estado de Chile ha incumplido una obligación impuesta por un tribunal internacional ante el CIADI, sino que, además, dicho incumplimiento, podría eventualmente acarrear que el Estado deba resarcir los perjuicios que les ocasione la publicidad de su información financiera; y consecuentemente, la entrega de los informes periciales podría afectar el interés nacional, en particular los intereses económicos o comerciales del país. En este sentido, este Consejo estima, que el organismo acredita en forma cierta y probable, y con suficiente especificidad, una expectativa razonable de daño o afectación que conllevaría la entrega de dichos informes. Por tanto, a juicio de esta Corporación, se justifica la reserva invocada, en resguardo del interés nacional, en especial, los intereses económicos o comerciales del país.

11) Que, en consecuencia, en virtud de lo precedentemente señalado, se procederá a rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Santiago Álvarez Vallejos en contra de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, por configurarse la causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 4° de la Ley de Transparencia; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Santiago Álvarez Vallejos; al Sr. Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y a los terceros interesados.

VOTO CONCURRENTE:

La presente decisión fue acordada con el voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien si bien concurre con la decisión de rechazar el presente amparo, estima necesario hacer presente lo siguiente:

1) Que, el artículo 5° de la Constitución Política de la República impone al Estado de Chile la obligación de respetar y promover los derechos fundamentales reconocidos tanto en aquella como en los tratados internacionales vigentes, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros; los que obligan al Estado a promover el acceso a la información y los demás derechos fundamentales a todo nivel, incluso en el ámbito internacional, ya que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional.

2) Que, en cuanto órgano del Estado y en su rol de promotora de derechos fundamentales, esta Corporación debe velar siempre por el ejercicio del derecho de acceso a la información y la observancia de las garantías mínimas del debido proceso, como lo son la publicidad de los asuntos jurisdiccionales, especialmente de aquellos de alto interés público, dado que garantiza la imparcialidad de la sentencia, la corrección del proceso y el control que debe ejercer la ciudadanía a las funciones públicas tan consustancial a la democracia .

3) Que, la publicidad como regla general del debido proceso, no solo se desprende del inciso 6 del artículo 19 N° 3 de nuestra carta fundamental y del artículo 8 del referido Pacto de San José de Costa Rica, sino también del principio de publicidad consagrado en el artículo 8 de nuestra carta magna, en relación con los artículos 5 y 9 de Código Orgánico de Tribunales, normas estas últimas que a pesar de ser expresamente aplicables a los tribunales de justicia en cuanto a órganos del Estado - y no a organismos internacionales como lo es el CIADI - nos ilustran respecto a cómo entender las obligaciones de transparencia de órganos que ejercen una función social tan relevante como lo es la jurisdicción.

4) Que, en la especie, no dar acceso a los informes periciales solicitados, cuya elaboración fue financiada con recursos fiscales, que forman parte del expediente de un arbitraje comercial internacional ya resuelto en que fue parte el Estado y que significó a este altos costos de tramitación y eventualmente de condena (económicos y reputacionales), pareciera contrariar el rol promotor que tiene esta Corporación, pues se trata de antecedentes de relevancia pública, que la ciudadanía debiera poder escrutar.

5) Que, a pesar de que de que se observa una posible discrepancia entre las normas legales que rigen a este Consejo y las obligaciones constitucionales e internacionales desarrolladas con precedencia, este último debe apegarse estrictamente a lo establecido en las primeras y actuar dentro del ámbito de su competencia, por aplicación del principio de legalidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución y en el artículo 2 de la LOCBGAE.

6) Que, en virtud de lo establecido en el considerando anterior, esta posible discrepancia debe ser resuelta en una instancia jurisdiccional superior, pues no es claro que esta Corporación, como órgano administrativo autónomo, cuente con facultades para resolver cuestiones de esta magnitud.

7) No obstante lo anterior, es importante que estas tensiones y posibles contradicciones sean identificadas y relevadas, confirmando el compromiso del CplT con los valores y principios constitucionales de carácter fundamental, y para que puedan ser conocidas y resueltas por órganos estatales competentes, sobre todo cuando de los antecedentes aportados podrían observarse indicios de importantes vulneraciones a derechos fundamentales, entre ellos, el de acceso a la información y a varias de las normas del debido proceso (juicio justo) frente a las cuales una posición neutral no parece coherente con los valores democráticos.

8) Finalmente, cabe recordar que esta y otras cuestiones relacionadas con la institucionalidad del CIADI han sido ya cuestionadas, promoviendo por su innegable relevancia, interesantes discusiones, iniciativas de reforma e incluso la salida del mismo de algunos países signatarios.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.