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Claudio Morales Bórquez con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C4790-21

Consejo para la Transparencia, 23/11/2021

Por decisión de mayoría, se rechaza el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, relativo a la entrega de información sobre reajustes, intereses y multas, de los montos declarados incobrables por la TGR y por la sección de grandes deudores en el período que se indica. Lo anterior, por cuanto la reclamada ha explicado que la información solicitada no obra en su poder, no disponiendo esta Corporación de antecedentes que desvirtúen lo alegado por el órgano requerido, en cuanto a la inexistencia de la información en los términos pedidos. Consta el voto disidente del Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez, quien estima que el presente amparo debió acogerse, por cuanto a su juicio, resulta relevante que la información sea conocida por la ciudadanía, en la medida que versa sobre cargas impositivas, cuya recaudación redunda en directo beneficio de la comunidad, resultando, en consecuencia, relevante su divulgación para efectos del ejercicio de un efectivo control social en relación a la actuación del organismo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Disidente)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4790-21

Entidad pública: Tesorería General de la República

Requirente: Claudio Morales Bórquez

Ingreso Consejo: 25.06.2021

RESUMEN

Por decisión de mayoría, se rechaza el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, relativo a la entrega de información sobre reajustes, intereses y multas, de los montos declarados incobrables por la TGR y por la sección de grandes deudores en el período que se indica.

Lo anterior, por cuanto la reclamada ha explicado que la información solicitada no obra en su poder, no disponiendo esta Corporación de antecedentes que desvirtúen lo alegado por el órgano requerido, en cuanto a la inexistencia de la información en los términos pedidos.

Consta el voto disidente del Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez, quien estima que el presente amparo debió acogerse, por cuanto a su juicio, resulta relevante que la información sea conocida por la ciudadanía, en la medida que versa sobre cargas impositivas, cuya recaudación redunda en directo beneficio de la comunidad, resultando, en consecuencia, relevante su divulgación para efectos del ejercicio de un efectivo control social en relación a la actuación del organismo.

A su vez, se deja constancia que la Presidenta doña Gloria de la Fuente González se abstuvo de intervenir y votar en el presente acuerdo.

En sesión ordinaria N° 1232 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de noviembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4790-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de abril de 2021, don Claudio Morales Bórquez solicitó a la Tesorería General de la República -en adelante e indistintamente, TGR-, lo siguiente:

"Presupuesto

1.- Presupuesto anual destinado a la sección de grandes deudores los años 2017, 2018 y 2019.

2.- Presupuesto anual destinado a la cobranza coercitiva de la Tesorería General los años 2017, 2018 y 2019.

Montos declarados incobrables.

3.- Monto total (incluyendo reajustes, intereses y multas) declarados incobrables por la Tesorería General de la República los años 2017, 2018 y 2019.

4.- Monto total (incluyendo reajustes, intereses y multas) declarados incobrables por la sección grandes deudores los años 2017, 2018 y 2019 respecto de deudores pertenecientes a su cartera.

Montos recaudados

5.- Monto total (incluyendo reajustes, intereses y multas) efectivamente recaudados por la sección grandes deudores como consecuencia de las acciones de cobranza los años 2017, 2018 y 2019 respecto de deudores pertenecientes a su cartera.

6.- Monto total (incluyendo reajustes, intereses y multas) efectivamente recaudado por Tesorería General de la República como consecuencia de las acciones de cobranza los años 2017, 2018 y 2019".

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por Oficio N° 7007 de fecha 25 de mayo de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: Mediante Oficio Ordinario N° 8063 de fecha 9 de junio de 2021, la TGR respondió el requerimiento y en relación a lo consultado en los puntos 1 y 2, informó sobre el monto del presupuesto anual destinado a la sección grandes deudores y a la cobranza coercitiva, en el período consultado.

A su vez, en cuanto a los puntos 3 y 4, señaló que sólo se cuenta con los valores netos debido a que no se pueden liquidar las deudas declaradas incobrables. Así, informó en relación a los años consultados, los montos netos declarados incobrables por la TGR y la sección Grandes Deudores.

Por otra parte, sobre los puntos 5 y 6, informó sobre los montos totales recaudados -pagados- por la sección de grandes deudores y por la TGR como consecuencia de las acciones de cobranza en el período consultado.

4) AMPARO: El 25 de junio de 2021, don Claudio Morales Bórquez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud.

El reclamante hizo presente que "en la solicitud realizada, se consultó por deuda total (incluyendo reajustes, intereses y multas) y la Tesorería informó la deuda neta". En este sentido reiteró lo solicitado en los numerales 3 y 4, y agregó que el órgano respondió por el monto neto declarado incobrable por Tesorería y por la sección de Grandes Deudores, y agregó que "las deudas con Tesorería generan reajustes, intereses y multas. Cuando la Tesorería informa sobre los montos netos, está excluyendo de la información sobre los reajustes, intereses y multas. Sin embargo, el crédito fiscal es uno solo y no es legítimo eliminar de una pregunta sobre cuanto el Fisco dejó de cobrar, sobre cuál es el crédito fiscal que se ha dejado de percibir".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y confirió traslado a la Sra. Tesorera General de la República, mediante Oficio N° 15436 de fecha 20 de julio de 2021, con el objeto de que presente sus descargos y observaciones.

A través de Oficio Ordinario N° 12807 de fecha 11 de agosto de 2021, el órgano presentó sus descargos en los siguientes términos:

Advirtió sobre la inexistencia de la información en los términos pedidos y, explicó que el Jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana de la TGR, corroboró que los registros de Cuenta Única Tributaria -CUT- de las deudas declaradas incobrables, se hace con los montos netos de la deuda, lo que enseguida se consignan con saldo cero, y por ende, a futuro dejan de liquidarse, por lo que en la actualidad no es posible informar los ítems correspondientes a "reajustes, intereses y multas" de las deudas declaradas incobrables. Así, señaló que dicho proceso de eliminación de deuda se funda en la dispuesto en el artículo 197 del Código Tributario, conforme al cual, una vez declaradas incobrables las deudas de los contribuyentes, debe procederse "a la eliminación de los giros u órdenes respectivos", y si bien el mismo artículo permite revalidar las deudas en caso de ser habido el deudor o encontrarse bienes de su propiedad (dentro del plazo de 3 años desde la declaración de incobrabilidad), como se trata de una situación excepcionalísima, la revalidación y liquidación de la deuda se hace caso a caso o uno a uno, ya que como se indicó en el párrafo anterior, el proceso de liquidación masiva de deudas en CUT que la institución realiza mensualmente, no considera las deudas declaradas incobrables ya que para los efectos y fines desarrollados no lo requiere.

En esta línea, precisó que, dado que el ordenamiento ha facultado al Servicio para la eliminación de la información y, por tanto, no se encuentra obligada a mantener archivos históricos a su respecto, carece de los antecedentes relativos a los recargos legales de las deudas declaradas incobrables. Añadió que la Ley de Transparencia no exige a la administración entregar información inexistente, como tampoco a elaborarla, y advirtió que, para efectos de elaborar la información, implicaría una modificación al software que permite la liquidación, sin embargo dicho esfuerzo económico y de recursos humanos tendría que ser evaluado considerando que no tiene utilidad para los procesos de la TGR. Añadió que para efectuar la liquidación en forma manual -una a una- para todas las deudas declaradas incobrables, implicaría una distracción indebida de recursos humanos y financieros de las funciones institucionales, dado el alto número comprometido en la revisión y generación de la información, número que sobrepasa los 3.296 cuentas a analizar, toda vez que se trataría de 3.296 Rut, cada uno de los cuales puede tener varios folios asociados, debiendo efectuarse la operación separadamente por cada uno de ellos, configurándose además, para efecto de elaborar la información, la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Por medio de Oficio N° E21129 de fecha 13 de octubre de 2021, este Consejo solicitó al órgano explicar detalladamente las razones, así como los antecedentes que justifican la inexistencia que fuere esgrimida.

Al respecto, por medio de correo electrónico de fecha 22 de octubre de 2021, el órgano explicó que el proceso de incobrabilidad llevada a cabo por el Servicio de Tesorerías no contempla la liquidación de los formularios involucrados, por lo tanto, en dicho proceso solo se gestiona el saldo neto actual, ya que sobre éste se producen los movimientos en su sistema y el resto de las gestiones asociadas a la incobrabilidad. Por lo anterior, indicó que los filtros y controles del proceso solo manejan montos netos. En este sentido, indicó que sus sistemas, no cuentan con un procedimiento que permita liquidar masivamente los montos en los términos solicitados, motivo por el cual para dar cumplimiento a lo requerido por el requirente sería necesario el desarrollo de los mismos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido a los términos en que fuere interpuesto, el objeto del presente amparo es la entrega de información sobre los reajustes, intereses y multas, de los montos declarados incobrables por la TGR y por la sección de grandes deudores en el período que se indica, respecto de lo cual, el órgano reclamado esgrimió la inexistencia de la información en los términos pedidos.

2) Que, respecto a la inexistencia de la información que fuere esgrimida por la reclamada, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. (énfasis agregado)".

3) Que, a su turno, según lo prescrito en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregado).

4) Que, cabe tener presente además, lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de información que de acuerdo a lo aclarado por la TGR en su respuesta y con ocasión de sus descargos, no obra en su poder, en adecuación a lo informado por la División de Operación y Atención Ciudadana, en relación a la ausencia de liquidación de las deudas declaradas incobrables, toda vez que una vez declaradas incobrables, según lo aclarado por el órgano, se procede a la eliminación de los giros u ordenes respectivos, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 del Código Tributario Por lo anterior, y atendida la falta de antecedentes suficientes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano requerido en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información en los términos pedidos, se rechazará el presente amparo. Asimismo, atendido lo anterior, este Consejo no se pronunciará sobre las demás alegaciones realizadas por la reclamada, por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Claudio Morales Bórquez en contra de la Tesorería General de la República, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Claudio Morales Bórquez y a la Sra. Tesorera General de la República.

VOTO DISIDENTE:

La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero don Bernardo Navarrete Yañez, quien estima que el presente amparo debe ser acogido, con base a las siguientes consideraciones:

1) Que, estima que resulta relevante que la información sobre reajustes, intereses y multas, de los montos declarados incobrables por la TGR y por la sección de grandes deudores en el período que se indica, sea conocida por la ciudadanía, en la medida que versa sobre cargas impositivas, cuya recaudación redunda en directo beneficio de la comunidad, resultando, en consecuencia, relevante su divulgación para efectos del ejercicio de un efectivo control social en relación a la actuación del organismo.

2) Que, luego, atendido el interés público respecto a la información -con el detalle consultado-, y que la reclamada indicó que el proceso de liquidación masiva de deudas que la institución realiza mensualmente se podría obtener con la modificación de un software, a juicio de este Consejero, el organismo está en posición de generar la información requerida. En este sentido, además, advierte la necesidad de que la reclamada adopte las medidas necesarias a efetos de generar, en lo sucesivo, lo requerido y mantenerla en sus registros internos.

3) Que, en virtud de lo anterior, el Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez estima que se debió haber acogido el amparo, ordenándose la entrega de lo pedido.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que la Presidenta doña Gloria de la Fuente González, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con funcionaria que se desempeña en área de cuentas fiscales, al ser hermana de dicha funcionaria, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.