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Diego Cortés Pamparana con DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS (DGA) Rol: C6726-21

Consejo para la Transparencia, 23/11/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Dirección General de Aguas, ordenando la entrega de la información, adicional a la proporcionada, correspondiente a los juicios de reclamación y recursos de protección, deducidos contra la Institución, desde enero 2010 a julio 2021, con indicación del Rol y Corte de Apelaciones respectiva. Lo anterior, por cuanto, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, al no haber justificado ni acreditado de manera debida los presupuestos que la ley y la jurisprudencia de este Consejo han determinado para su verificación, teniendo en consideración que una deficiente gestión documental, en ningún caso, pueden justificar la denegación de la información solicitada, ni obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Bienes Públicos
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Inhabilitación)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6726-21

Entidad pública: Dirección General de Aguas (DGA)

Requirente: Diego Cortés Pamparana

Ingreso Consejo: 07.09.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Dirección General de Aguas, ordenando la entrega de la información, adicional a la proporcionada, correspondiente a los juicios de reclamación y recursos de protección, deducidos contra la Institución, desde enero 2010 a julio 2021, con indicación del Rol y Corte de Apelaciones respectiva.

Lo anterior, por cuanto, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, al no haber justificado ni acreditado de manera debida los presupuestos que la ley y la jurisprudencia de este Consejo han determinado para su verificación, teniendo en consideración que una deficiente gestión documental, en ningún caso, pueden justificar la denegación de la información solicitada, ni obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1232 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de noviembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6726-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de agosto de 2021, don Diego Cortés Pamparana solicitó a la Dirección General de Aguas (DGA) la siguiente información: "Solicito para fines académicos, se me envíe los juicios de reclamación contra la DGA, desde enero 2010 a julio 2021, con indicación del Rol y Corte de Apelación respectiva.

Junto con eso, solicito los recursos de protección contra la DGA por el período desde enero 2010 a julio 2021, con indicación del rol y Corte de Apelaciones respectiva.

Enviar la información en archivo Excel respectivamente".

2) RESPUESTA: El 3 de septiembre de 2021, la Dirección General de Aguas respondió al requerimiento, indicando que, en relación al requerimiento, se envía archivo Excel con información disponible en la División Legal de la Dirección General de Aguas.

3) AMPARO: El 7 de septiembre de 2021, don Diego Cortés Pamparana dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la entrega de respuesta incompleta o parcial. Además, el reclamante hizo presente que: "Se solicitó por un periodo de 11 años las causas de reclamación ante la Corte de Apelaciones respectiva, enviando 52 causas por dicho período".

4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada. Atendido que el órgano manifestó que no se acogería al SARC, este se tuvo por fracasado.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de Aguas, mediante Oficio E20523, de 30 de septiembre de 2021, solicitando que: (1°) refiérase a las alegaciones de la parte reclamante, quien sostiene la remisión de información incompleta a su requerimiento, atendido que sólo se habrían remitido antecedentes referentes al período 2018-2021; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso no existir inconvenientes para la entrega de la información solicitada ni causal de reserva aplicable, remita la misma a la parte reclamante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como, por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de contexto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4, de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Mediante Ord. DGA N° 466, de fecha 8 de octubre de 2021, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que es efectivo que solo fueron remitidos los antecedentes del periodo 2018 a 2021, ya que la información solicitada no se encuentra sistematizada en su integridad, indicando que aquella, si bien se encuentra en poder de la DGA, no es generada por la institución, sino que emana del Poder Judicial, actuando el Servicio solamente como parte. Asimismo, si bien existe la información de requerimientos por parte de las respectivas Cortes de Apelaciones del país, los que son notificados e ingresados al Sistema de Seguimiento de Documentos (SSD), no existe una categorización respecto al tipo de requerimiento o a la naturaleza jurídica del recurso tramitado.

Agrega que, considerando que la solicitud requiere la recopilación y el procesamiento de un gran volumen de documentación, comprendida entre los años 2010 y 2021, labores que en la práctica involucrarán la revisión, selección y procesamiento de recursos de reconsideración y protección notificados a la DGA por parte del Poder Judicial, además de la consulta en el sitio web del Poder Judicial de todos los fallos involucrados, revisión y análisis de contenido de cada uno de ellos, clasificación y sistematización por materias tratadas.

Señala que una estimación del volumen de documentos realizada, indica la revisión de las bases de datos de alrededor de 100 fallos anuales aproximadamente en el periodo requerido por el solicitante, lo que equivale a destinar en jornada completa a un Abogado de la Unidad de Litigios de la División Legal por espacio de 30 días laborales.

Explica que, actualmente, en la Unidad de Litigios laboran dos abogados, razón por la cual acceder a la solicitud significa distraer indebidamente a un funcionario de sus labores habituales lo que en la práctica afectará la elaboración de informes para los Juzgados de Letras, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, así como la asistencia a audiencias presenciales (telemáticas) ante dichos organismos.

Por ello, estima procedente la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la entrega incompleta o parcial de la información solicitada, correspondiente a los juicios de reclamación y recursos de protección, deducidos contra la DGA, desde enero de 2010 a julio de 2021, con indicación del Rol y la Corte de Apelaciones respectiva. Por su parte, el órgano reclamado proporciona la información referida al periodo 2018 a 2021, alegando respecto de los antecedentes restantes la causal de reserva o secreto de distracción indebida de sus funcionarios.

2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

3) Que, en este contexto, respecto de la concurrencia de la causal de secreto o reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas.

4) Que, así, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

5) Que, como se enunció, en este caso el órgano reclamado ha explicado que los antecedentes reclamados no se encuentran sistematizados en su integridad, y que, si bien existe la información de requerimientos de las Cortes de Apelaciones, los que son ingresados al Sistema de Seguimiento de Documentos, no existe una categorización respecto al tipo de requerimiento o de la naturaleza jurídica del recurso, por lo que, al demandar la solicitud la recopilación y procesamiento de un gran volumen de documentos de los años 2010 a 2021, labores que involucran la revisión, selección y procesamiento de recursos de reconsideración y protección, además de la consulta en el sitio web del Poder Judicial de todos los fallos involucrados, revisión y análisis de contenido de cada uno de ellos, clasificación y sistematización por materias tratadas, estimándose necesaria la revisión de las bases de datos de alrededor de 100 fallos anuales en el periodo requerido, lo que equivale a destinar en jornada completa a un abogado de la Unidad de Litigios de la División Legal por espacio de 30 días laborales, contando dicha dependencia con solo 2 abogados.

6) Que, al respecto, se debe hacer presente que, del tenor de la solicitud y del amparo, se desprende que el objeto del requerimiento recae sobre la entrega del listado de acciones judiciales enunciadas, con las especificaciones que se detallan, lo anterior, a juicio de este Consejo, desvirtúa las alegaciones del órgano, referidas, por ejemplo, a la necesidad de análisis de las sentencias dictadas, así como también, a las labores de clasificación y sistematización de las mismas por materias tratadas. Por el contrario, la información del periodo que sí fue proporcionada se compone de tres datos, tipo de acción (reclamación o protección), Corte de Apelaciones y Rol, sin desprenderse de aquello la necesidad de efectuar un análisis en los términos descritos por el órgano reclamado. Lo anterior, impide contar con fundamentos y medios de acreditación, que permitan tener por verificada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo presente que, por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, estimando este Consejo que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

7) Que, a mayor abundamiento, a juicio de esta Corporación, por tratarse lo solicitado de antecedentes referidos a la representación judicial de la Institución, el hecho de mantener sistematizada la información requerida, más que provocar una distracción indebida de las funciones del órgano, es de aquellas actividades que -precisamente- permiten un correcto ejercicio de las funciones públicas, y en particular, una gestión eficiente de los procedimientos judiciales en cuestión, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3 de la Ley N° 18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Así las cosas, una deficiente gestión documental por parte de la institución reclamada, en ningún caso puede justificar la denegación del derecho de acceso a información pública, toda vez que, la falta de una política integral de automatización o digitalización en la tramitación de los documentos, con el estado actual de las tecnologías de la información, no permite fundar la imposibilidad de entrega de documentación como la requerida.

8) Que, de esta manera, es posible afirmar que el órgano no acreditó cómo la entrega de los documentos requeridos podría generar la afectación alegada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, de la Ley de Transparencia. El criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Al respecto, cabe tener presente que por tratarse de normas de derecho estricto -las causales de reserva-, que se contraponen al principio general de Transparencia de los actos de la Administración, dichas normas deben ser interpretadas restrictivamente. Razones por las cuales, será desestimada la configuración de la causal de reserva o secreto invocada.

9) Que, en consecuencia, al tratarse de información pública en los términos establecidos en el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, respecto de la cual se descarta la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida, se acogerá este amparo, ordenándose la entrega de la información requerida, adicional a la ya proporcionada, confiriéndose para ello un plazo adicional.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Diego Cortés Pamparana en contra de la Dirección General de Aguas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de Aguas, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante la información, adicional a la proporcionada, correspondiente a:

i. Los juicios de reclamación contra la DGA, desde enero 2010 a julio 2021, con indicación del Rol y Corte de Apelación respectiva.

ii. Los recursos de protección contra la DGA por el período desde enero 2010 a julio 2021, con indicación del rol y Corte de Apelaciones respectiva.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Diego Cortés Pamparana y al Sr. Director General de Aguas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.