logo
 

Alejandro del Pino Larzet y otros con SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL Rol: C118-13, C119-13, C120-13, C121-13, C134-13, C145-13 Y C146-13

Consejo para la Transparencia, 15/03/2013

Se dedujeron varios amparo, mediantes escritos separados, todos de idéntico tenor, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), todos ellos fundados en cada caso, en que la información entregada no corresponde a la solicitada sobre información relacionada con el proceso de evaluación del “Proyecto Hidroeléctrico Aysén”. El Consejo acogió parcialmente los amparos ya que señaló que la respuesta al requerimiento sobre las facultades legales y los procedimientos específicos que se están realizando por los órganos del Estado, para la fiscalización y evaluación de los antecedentes que conforman el Proyecto HidroAysén, en los términos señalados en la solicitud de acceso analizada, se trata de información que el órgano reclamado está en posición de responder, atendidas sus especiales atribuciones sobre la materia. Por lo tanto, se acogerá el amparo en este punto y se requerirá al SEA que entregue dicha información a los reclamantes, el resto de la información es declarada inadmisible por ser materia relativa al derecho de petición, establecida en la Constitución.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Medio Ambiente
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Inhabilitación)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C118-13, C119-13, C120-13, C121-13, C134-13, C145-13 Y C146-13

Entidad pública: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)

Requirentes: Alejandro del Pino Larzet, Peter Hartmann Samhaber, Elizabeth Schindele, Patricio Segura Ortiz, Christian Medina Zamora, Tamara Ullrich Railton y Juan Croxatto Díaz.

Ingreso Consejo: 21.01.2013, 24.01.2013 y 25.01.2013

En sesión ordinaria Nº 419 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de marzo de 2013 con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparos al derecho de acceso a la información Roles C118-13, C119-13, C120-13, C121-13, C134-13, C145-13 y C146-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de octubre de 2012, Alejandro del Pino Larzet, Peter Hartmann Samhaber, Elizabeth Schindele, Patricio Segura Ortiz, Christian Medina Zamora, Tamara Ullrich Railton y Juan Croxatto Díaz, solicitaron al Ministerio del Medio Ambiente, mediante una presentación conjunta, información relacionada con el proceso de evaluación del “Proyecto Hidroeléctrico Aysén”. En detalle requirieron:

a) "Indicar cuáles órganos del Estado, y en virtud de cuáles facultades legales y siguiendo qué procedimientos específicos se está realizando tal fiscalización y evaluando además la información hasta ahora aportada por el titular;

b) Que todos los documentos vinculados al proyecto HidroAysén, sean dispuestos cuanto antes en la página electrónica del Servicio de Evaluación Ambiental;

c) Que se notifique personalmente a los afectados directos, en particular las personas que están sujetas al plan de relocalización; y,

d) Que se establezcan las instancias pertinentes para una adecuada participación de la ciudadanía en la evaluación de las condiciones puestas al proyecto y la ponderación de los documentos presentados por la empresa" (sic).

2) DERIVACIÓN Y RESPUESTAS: Mediante memorándum N° 70 de 5 de noviembre de 2012, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Medio Ambiente derivó la solicitud señalada en el numeral precedente al Servicio de Evaluación Ambiental, en adelante también SEA, la cual ingresó a este último el mismo 5 de noviembre. El SEA respondió a dicho requerimiento de información mediante cartas de 27 de diciembre de 2012, dirigidas separadamente a cada uno de los solicitantes de información, remitidas mediante correo electrónico de 2 de enero de 2013 a las direcciones de correos electrónicos de cada requirente. En dichas respuestas el órgano reclamado señaló en síntesis, para cada caso y en iguales términos, lo siguiente:

a) En cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la Ley N° 19.300 y el D.S. N° 95/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprobó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al “Proyecto Hidroeléctrico Aysén” fue calificado ambientalmente favorable mediante la Resolución Exenta N° 225 de 2011, por la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén.

b) El seguimiento y fiscalización del cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de conformidad a lo previsto en la Ley N° 20.473, durante el tiempo que medie entre la supresión de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y la entrada en vigencia en plenitud de las facultades de la Superintendencia del Medio Ambiente, corresponderá a los órganos del Estado que, en uso de sus facultades legales, participan en el sistema de evaluación de impacto ambiental. En caso de incumplimiento, dichas autoridades deberán solicitar a la Comisión de Evaluación la aplicación de las sanciones que contempla la Ley, que son las de amonestación, imposición de multas de hasta quinientas unidades tributarias mensuales y revocación de la aprobación, sin perjuicio de su derecho a ejercer las acciones civiles o penales que sean procedentes.

c) Desde la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental a la fecha, se ha realizado, por parte de dichos órganos, un completo seguimiento del Proyecto sobre el cual versa la solicitud de información, en cuanto a las condiciones impuestas en la Resolución de Calificación Ambiental señalada. Como resultado de dichas acciones la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén, dio inicio a un proceso sancionatorio, mediante Resolución Exenta N° 15, de 5 de enero de 2012, para determinar responsabilidades por eventuales incumplimientos a las condiciones o exigencias establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental, y que concluyó con la aplicación de una sanción de amonestación al Titular, como consta en Resolución Exenta N° 270, de 14 de agosto de 2012.

d) En cuanto a la solicitud de información, el SEA garantiza este derecho mediante los mecanismos que establece la Ley de Transparencia y su Reglamento, poniendo a disposición de todas las personas un sistema electrónico de gestión de solicitudes, sin perjuicio de la recepción por escrito a través de las oficinas de partes. Este Servicio, como una buena práctica, con el objeto de facilitar el acceso a la información y publicidad de sus actos, cuenta en su página web institucional con un sistema de expediente electrónico del Proyecto, de acceso público, gratuito y universal, el que contiene los antecedentes actualizados de evaluación, seguimiento, fiscalización y recursos administrativos relativos al Proyecto.

e) En relación a la participación ciudadana, por tratarse de un Estudio de Impacto Ambiental tuvo aplicación lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 19.300, en virtud del cual, con la publicación del Extracto del Estudio de Impacto Ambiental en el Diario Oficial y en un diario de circulación regional, el 28 de agosto de 2008, se dio inicio al proceso formal de Participación Ciudadana, extendiéndose por un plazo legal de 60 días hábiles y finalizando el 25 de noviembre de 2008. De esta manera, las organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, por intermedio de sus representantes, y las personas naturales directamente afectadas, pudieron informarse del contenido del Estudio de Impacto Ambiental y entregar sus comentarios mediante la formulación de observaciones ciudadanas, en los plazos establecidos, proceso que culminó con la recepción de 10.069 documentos a través de la Oficina de Partes de CONAMA (actual Servicio de Evaluación Ambiental), todas las cuales se encuentran en el expediente electrónico del proyecto.

f) En el ejercicio de sus derechos, las personas que estimaron que sus observaciones no habrían sido debidamente consideradas en los fundamentos de la Resolución de Calificación Ambiental, presentaron 34 recursos de reclamación ante el Comité de Ministros, conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley N° 19.300.

g) Finalmente, en lo relativo a las notificaciones, esa materia se encuentra regulada en el artículo 117 del Reglamento del SEIA, que dispone que señala que "las notificaciones que deban efectuarse conforme al presente Reglamento se harán por carta certificada, sin perjuicio de que el titular o interesado, o su representante legal, concurra personalmente a notificarse".

3) AMPAROS: Mediantes escritos separados, todos de idéntico tenor, presentados ante la Gobernación Provincial de Coyhaique e ingresados a este Consejo en distintas fechas, los solicitantes presentaron los siguientes amparos a su derecho de acceso a la información en contra del SEA, todos ellos fundados en cada caso, en que la información entregada no corresponde a la solicitada:

I. Amparos Roles C118-13, C119-13, C120-13, C121-13, deducidos por Alejandro del Pino Larzet, Peter Hartmann Samhaber, Elizabeth Schindele, Patricio Segura Ortiz, respectivamente, ingresados a este Consejo el 21 de enero de 2013.

II. Amparo Rol C134-13, deducido por Christian Medina Zamora y que ingresó al Consejo el 24 de enero de 2013 y;

III. Amparos Roles C145-13 y C146-13, deducidos por Tamara Ullrich Railton y Juan Croxatto Díaz respectivamente, presentados al Consejo el 25 de enero de 2013.

En cada una de estas presentaciones los reclamantes señalaron, en síntesis, lo siguiente:

a) Las respuestas del SEA fueron notificadas a cada uno de los solicitantes el 2 de enero de 2013 mediante correo electrónico.

b) Respecto del literal a) de la solicitud, lo que se requirió fue información acerca de la fiscalización al cumplimiento de condiciones por parte de las Centrales Hidroeléctricas de Aysén, y se hicieron tres preguntas: ¿Qué órgano?; ¿Qué facultades?; y, ¿Cuál procedimiento? Al respecto, señaló que podría entenderse que de alguna manera el Servicio de Evaluación Ambiental contestó la primera pregunta, pero las preguntas ¿Qué facultades? o bajo ¿Qué procedimiento?, a su juicio, no fueron respondidas.

c) Respecto a esa solicitud, se requirieron antecedentes relativos a la información aportada por el titular post Resolución de Calificación Ambiental, respecto de la cual también se hicieron tres preguntas: ¿Qué órgano?; ¿Qué facultades? y ¿Cuál procedimiento? En relación a este último, la respuesta de parte del SEA nada dice, ni siquiera se menciona de manera tangencial. Agrega que esta pregunta se refiere específicamente al proceso post Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Aysén.

d) Después de dictada la Resolución de Calificación Ambiental se han acompañado y emitido más de 150 documentos, algunos con más de 100 páginas, con materias técnicas relacionadas con derechos de terceros. Las preguntas son básicas ¿Quién ha procesado dicha información?, ¿Cómo la ha procesado?, ¿Se ha resuelto algo?, ¿Cuál es el medio para conocerlas?, ¿Se ha notificado a quienes son afectados?, ¿Se ha permitido la participación ciudadana?

e) La respuesta del SEA genera otras preguntas, tales como ¿ese proceso de fiscalización quien lo hizo?, ¿cómo se inició el procedimiento?, ¿cómo se llevó a cabo el proceso hasta la condenatoria en Multa de Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A.?, ¿hubo notificación de los afectados?, ¿los afectados pudieron participar? ¿Pueden participar interesados?, lo que es peor ¿se cumplieron todos los requisitos en ese procedimiento? No es posible contestar estas preguntas porque se desconoce absolutamente el procedimiento, y por ende las partes, los plazos, la forma de notificación, los recursos, etc.

f) Respecto de la solicitud del literal c), el SEA respondió mediante la cita de una norma conocida por todos, por lo tanto no responde en realidad pues si la respuesta estuviera en el reglamento que se cita la solicitud de información no habría sido presentada.

g) Finalmente, respecto a la consulta del literal d) de la solicitud, el Servicio de Evaluación Ambiental contestó citando normativa que no sería aplicable al caso, por lo que en definitiva no contestó.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación los Amparos Roles C118-13, C119-13, C120-13, C121-13, C134-13, C145-13 Y C146-13 y los trasladó conjuntamente al Sr. Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, a través del Oficio N° 469 de 31 de enero de 2013. En dicho Oficio se señaló especialmente que luego de realizado el análisis de admisibilidad de los referidos amparos, este Consejo advirtió que lo solicitado en los literales b), c) y d), no constituyen requerimientos amparados por la Ley de Transparencia. Además se le solicitó que señalara los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten sus afirmaciones y acompañar todos los antecedentes y los medios de prueba de que dispusiere. Asimismo, se le requirió expresamente que al momento de formular los descargos, hiciera mención expresa de la fecha en que fue notificada a los reclamantes la respuesta entregada por ese servicio.

Mediante el Oficio N° 130280 de 7 de febrero de 2013 el Director Ejecutivo (S) del SEA señaló a este Consejo que el Oficio N° 469 citado precedentemente, no adjuntó copia de los amparos y de sus documentos fundantes, por lo que no resultaba posible presentar descargos. Por lo anterior, solicitó remitir la información correspondiente, y otorgar un plazo adicional para presentar descargos. Dicha solicitud fue respondida por esta Corporación mediante el Oficio N° 680 de 19 de febrero de 2013, y se otorgó un plazo excepcional de 6 días hábiles a contar de la recepción de ese Oficio, para evacuar sus descargos y observaciones.

A través del Oficio N° 130391, de 27 de febrero de 2013 el Director Ejecutivo (S) del Servicio de Evaluación Ambiental presentó sus descargos, señalando, en síntesis que:

a) El Ministerio de Medio Ambiente derivó la solicitud de información al Servicio de Evaluación Ambiental a través del memorándum N° 70 de 5 de noviembre de 2012, el cual ingresó al SEA esa misma fecha.

b) Atendido el análisis de admisibilidad señalado por el Consejo en su Oficio de traslado de los amparos, indica que si bien en la respuesta se hizo cargo de todas las consultas, en los descargos únicamente se aborda la solicitud señalada en el literal a) del requerimiento de información.

c) En la respuesta se informó a los solicitantes cuáles son los órganos fiscalizadores y sus facultades, se citó la Ley que regula la materia y se explicó que esas facultades se encontraban radicadas en los órganos del Estado que participan del sistema de evaluación de impacto ambiental.

d) Sobre el procedimiento específico, la Ley N° 20.473 dispone que las autoridades deberán solicitar a la Comisión de Evaluación la aplicación de las sanciones que contempla la Ley, sin perjuicio de su derecho a ejercer las acciones civiles o penales que sean procedentes. Además se informaron las acciones de seguimiento y fiscalización realizadas a la fecha por los Órganos competentes y la forma en que los solicitantes pueden acceder a esa información, a través de la página web del SEA.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo tanto, atendiendo al hecho que entre los Amparos Roles C118-13, C119-13, C120-13, C121-13, C134-13, C145-13 y C146-13 existe identidad entre la solicitud de información y el órgano de la Administración requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión.

2) Que consta que la solicitud de información que dio origen a los amparos señalados en el considerando precedente fue ingresada al Ministerio del Medio Ambiente y que este organismo derivó el requerimiento al SEA, en aplicación del artículo 13 de la Ley de Transparencia, ingresando a ese Servicio el 5 de noviembre del año 2012, según da cuenta los antecedentes aportados por el propio órgano reclamado. no constando a este Consejo que la reclamada hubiere hecho uso de la prórroga excepcional contemplada en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia, cabe concluir que el plazo de veinte días hábiles dispuesto en el referido artículo 14 para que el Servicio de Evaluación Ambiental se pronunciare sobre la solicitud, entregando la información solicitada o negándose a ello, venció el 3 de diciembre de 2012.

3) Que del tenor de sus descargos se advierte que el SEA remitió respuesta a la solicitud mediante cartas de 27 de diciembre de 2012, dirigidas por separado a cada solicitante y que estas respuestas fueron enviadas a los requirentes a través de correo certificado de la misma fecha - según comprobante de Chilexpress acompañado por la reclamada a sus descargos- y también a través de correos electrónicos de 2 de enero de 2013, cuyas copias fueron remitidas por la reclamada en esta sede. En consecuencia, se advierte que el órgano reclamado elaboró y remitió las respuestas señaladas, en exceso del plazo legal establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, lo que implicó una contravención a la citada norma, así como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley de Transparencia, todo lo cual será representado al órgano reclamado en lo resolutivo del presente acuerdo.

4) Que el artículo 24 de la Ley de Transparencia dispone un plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la respuesta para solicitar amparo ante este Consejo. Dicho término, en la especie, venció, en principio, el 24 de enero de 2013.

5) Que de los antecedentes que obran en este procedimiento, se advierte que los amparos fueron presentados en la Gobernación de Coyhaique, por lo que tiene aplicación lo dispuesto en el inciso 4° del art 24, por el cual si el reclamo se presenta en la respectiva Gobernación, se entenderá presentado en la fecha de su recepción por la Gobernación. Sin embargo esa repartición, al enviar los antecedentes de los amparos a este Consejo, no acompañó un oficio conductor dónde conste la fecha de ingreso de tales reclamaciones ni se estampó en el formulario de amparo un timbre o cargo que estableciera la fecha de recepción de la solicitud de amparo en la Gobernación, tal y cómo lo dispone la Instrucción General N° 1 de este Consejo relativa a la Presentación de Reclamos ante las Gobernaciones, especialmente en su numeral 1.6. De acuerdo a lo indicado en el Acta del Comité de Admisibilidad aprobada en la sesión ordinaria Nº 223 del Consejo Directivo de este Consejo, celebrada el 30 de enero de 2013, este Consejo tomó contacto con la Gobernación de Coyhaique a objeto de requerir antecedentes para determinar la fecha de presentación de los amparos, sin obtener resultados satisfactorios sobre este punto.

6) Que, por lo dicho, sin perjuicio que los Amparos Roles C134-13, C145-13 y C146-13 ingresaron a este Consejo fuera del plazo legal establecido en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, según da cuenta los numerales II y III del 3° de lo expositivo, estos fueron declarados formalmente admisibles, toda vez que la ausencia de registro de la actuación de los reclamantes ante la Gobernación señalada, es un hecho que no resulta imputable a los solicitantes, según lo ya expresado, no pudiendo restringirse el ejercicio de un derecho debido a faltas administrativas como la señalada. Asimismo, por la fecha de ingreso de estos amparos al Consejo, resulta plausible que los mismos hubieren sido presentados ante la Gobernación estando dentro del plazo legal establecido al efecto. Por lo expuesto, se encomendará al Director General de este Consejo notificar la presente decisión al Sr. Gobernador Provincial de Coyhaique, a fin de que tome conocimiento de esta situación, a objeto de que adopte las medidas conducentes a ajustar sus procedimientos, en los términos que se indicarán en lo resolutivo de esta decisión, cuestión que se le señalará expresamente en el respectivo oficio conductor.

7) Que, en cuanto al fondo de lo discutido en los amparos que por esta decisión se resuelven conjuntamente, cabe señalar que los literales b), c) y d) de la solicitud de información, en armonía con lo indicado al órgano reclamado en el traslado conferido, a juicio de este Consejo dichas solicitudes no se encuentran amparadas por la Ley de Transparencia, pues lo requerido se encuentra dirigido a que la autoridad ambiental ejecute determinadas acciones o emita ciertos pronunciamientos en el marco de un específico asunto de su competencia, lo que constituye un legítimo ejercicio del derecho de petición, consagrado en el artículo 19 Nº 14 de la Constitución Política, a tramitarse según las normas legales específicas que puedan existir o, en su caso, según las disposiciones de la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos de los Órganos de la Administración del Estado. Por lo anterior, y tal como se indicó al organismo reclamado en el oficio de traslado del presente amparo, este Consejo declarará inamisible tales requerimientos en lo resolutivo del presente acuerdo.

8) Que, en cuanto a lo requerido en el literal a) de la solicitud de información, cabe señalar que lo solicitado por los reclamantes, al tenor de este requerimiento consiste, a juicio de este Consejo, en que el órgano reclamado informe cuáles son los órganos del Estado, cuáles son las facultades legales de esos órganos y cuáles son los procedimientos específicos en cuya virtud se está realizando la fiscalización y evaluación de la información aportada por el titular en el marco del procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Aysén. Al respecto, el SEA informó extemporáneamente a los solicitantes, que dicha información se encuentra contenida en la Ley N° 20.473, correspondiendo a los órganos del Estado que, en uso de sus facultades legales, participan en el sistema de evaluación de impacto ambiental, llevar a cabo las fiscalizaciones y demás procedimientos sobre la materia. Agregó que ante posibles incumplimientos, esas autoridades deberán solicitar a la Comisión de Evaluación la aplicación de las sanciones que contempla la Ley. Asimismo, explicó en cada una de sus respuestas que las facultades y procedimientos son los fijados en el cuerpo legal citado, informando a los solicitantes los vínculos dentro de su página web dónde se contienen los documentos correspondientes al Proyecto de que se trata.

9) Que, los solicitantes, en cada uno de sus amparos, según da cuenta la letra b) del numeral 3° de lo expositivo, sostuvieron que de la respuesta del órgano reclamado podía desprenderse que éste respondió a la primera de las preguntas señaladas, esto es, la relativa a los órganos del Estado que están realizando la fiscalización y evaluación de los documentos aportados por el titular respectivo del Proyecto HidroAysén. Atendido lo informado expresamente por los solicitantes, se tendrá por satisfecha dicha parte de la solicitud, aunque extemporáneamente.

10) Que, no obstante lo anterior, los reclamantes señalaron que las consultas destinadas a determinar las facultades de esos órganos del Estado y los procedimientos específicos utilizados para la fiscalización y evaluación de los antecedentes aportados por el titular del Proyecto de HidroAysén no habrían sido respondidas, pues de la normativa citada no se desprenderían cuáles son las facultades específicas y los procedimientos requeridos en la solicitud. Al respecto, este Consejo revisó la Ley N° 20.473 que otorga, transitoriamente, las facultades fiscalizadoras y sancionadoras que indica a la Comisión señalada en el artículo 86 de la Ley Nº 19.300. Del tenor de la norma señalada no se advierte el detalle de las facultades legales y de los procedimientos a los cuales se deben someter las fiscalizaciones planteadas en la solicitud en análisis, toda vez que esa normativa, a través de un artículo único, refiere en términos generales a “facultades legales” y a la obligación que tienen los órganos del Estado de “fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales se aprobó el Estudio o se aceptó la Declaración de Impacto Ambiental”, pero sin precisar cuáles son esas facultades legales y cuáles son los procedimientos específicos. Por lo tanto, atendido que la respuesta del SEA no indicó en forma expresa las facultades de cada uno de los órganos, en el sentido señalado, ni los procedimientos específicos que esos órganos están utilizando para llevar a cabo la fiscalización del Proyecto de que se trata, este Consejo no puede dar por respondida esta solicitud de manera satisfactoria con el sólo mérito de lo informado por el órgano reclamado.

11) Que, cabe concluir que la respuesta al requerimiento sobre las facultades legales y los procedimientos específicos que se están realizando por los órganos del Estado, para la fiscalización y evaluación de los antecedentes que conforman el Proyecto HidroAysén, en los términos señalados en la solicitud de acceso analizada, se trata de información que el órgano reclamado está en posición de responder, atendidas sus especiales atribuciones sobre la materia. Por lo tanto, se acogerá el amparo en este punto y se requerirá al SEA que entregue dicha información a los reclamantes.

12) Que, cabe agregar que los reclamantes por separado y utilizando idéntico texto en cada uno de sus amparos, señalaron que la respuesta del órgano no era satisfactoria, pues el literal a) de la solicitud buscaba determinar los órganos, facultades y procedimientos para cada etapa del proceso, esto es, aquella relativa al cumplimiento de condiciones por parte de las Centrales Hidroeléctricas de Aysén – literal b) del numeral 3° de lo expositivo; y por otro lado aquel relacionado con la información aportada por el titular una vez emitida la Resolución de Calificación Ambiental – letra c) del numeral 3° de la parte expositiva. Asimismo formularon nuevas consultas detalladas en la letras d) y e) del numeral recientemente citado. Sobre esta materia, corresponde precisar que del tenor literal de la solicitud de información este Consejo no aprecia que en la formulación del requerimiento de que se trata, se encuentre explicitada la distinción y la especificidad efectuada por los solicitantes con ocasión de cada uno de sus amparos, por lo que dicha precisión, en los términos explicados, así como también las nuevas consultas señaladas, vienen más bien a ampliar el objeto de las reclamaciones de amparos, razón por la que este Consejo no se pronunciará al respecto.

13) Que, finalmente, la Consejera Vivianne Blanlot Soza hizo presente a este Consejo su inhabilidad para participar en la discusión y decisión del presente amparo, basada en su calidad de Directora de Colbún, lo que fue aceptado por este Consejo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisibles las letras b), c) y d) de la solicitud de información, por tratarse de requerimientos efectuados en ejercicio del Derecho de Petición.

II. Acoger parcialmente los Amparos Roles C118-13, C119-13, C120-13, C121-13, C134-13, C145-13 y C146-13, deducidos respectivamente por Alejandro del Pino Larzet, Peter Hartmann Samhaber, Elizabeth Schindele, Patricio Segura Ortiz, Christian Medina Zamora, Tamara Ullrich Railton y Juan Croxatto Díaz en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, no obstante tener por satisfecha la obligación de informar del órgano, aunque extemporáneamente, respecto de la primera parte del literal a) de la solicitud de información, conforme lo señalado en el considerando 8° de ésta decisión.

III. Requerir al Sr. Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental que:

a) Informe a los solicitantes cuáles son las facultades legales de los órganos del Estado que participan en el sistema de evaluación de impacto ambiental y los procedimientos específicos que estos están utilizando en la evaluación y fiscalización de los antecedentes correspondientes al Proyecto de HidroAysén.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

IV. Representar al Sr. Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental que al no haber respondido a la solicitud dentro del plazo legal contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, infringió el principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra f) del mismo cuerpo legal por lo que, en lo sucesivo, deberá adoptar las medidas administrativas que permitan a su representada cumplir estrictamente los plazos legales.

V. Encomendar al Sr. Director General del Consejo para la Transparencia la notificación de la presente decisión al Sr. Gobernador Provincial de Coyhaique, a objeto de que este ajuste sus procedimientos administrativos y de cumplimiento a lo dispuesto en la Instrucción General N° 1 de este Consejo relativa a la Presentación de Reclamos ante las Gobernaciones, en particular, a lo dispuesto en el apartado 1.6: “El funcionario encargado de la recepción de los formularios certificará su ingreso estampando en ellos un número de ingreso, la fecha, el timbre de la propia Gobernación y su firma. Si el reclamante exhibe una copia de la solicitud y/o documentos anexos adicionales el funcionario también deberá timbrarlos para certificar su recepción. Sin perjuicio de lo anterior, los formularios contienen un cupón desprendible que deberá ser numerado, timbrado y entregado como comprobante de la recepción”. Además, de recomendar como buena práctica adjuntar a los amparos remitidos a este Consejo en los plazos que establece la misma instrucción un oficio conductor o explicativo, todo lo cual se le señalará expresamente en el respectivo oficio conductor.

VI. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Alejandro del Pino Larzet, Peter Hartmann Samhaber, Elizabeth Schindele, Patricio Segura Ortiz, Christian Medina Zamora, Tamara Ullrich Railton y Juan Croxatto Díaz y al Sr. Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María. Se deja constancia que la consejera Vivianne Blanlot Soza se abstuvo de concurrir a la discusión y acuerdo de la presente decisión por las razones expresadas en el último considerando del presente acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.