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Charles Holmes Piedrabuena con SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Rol: C5678-21

Consejo para la Transparencia, 02/12/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando la entrega del desglose de las vacunas aplicadas en Chile al 27 de junio de 2021, referidas por el Sr. Ministro de Salud, por cantidad y fecha de ingreso al país, según las diversas procedencias o tipo de vacunas. Lo anterior, por cuanto, se trata de información pública, respecto de la cual se descarta la configuración de la causal de reserva o secreto de afectación al interés nacional y a la salud pública, del artículo 21, N° 4, de la Ley de Transparencia, al no explicar la Subsecretaría de qué manera el conocimiento de lo requerido podría generar las afectaciones que alega o el desarrollo de futuros acuerdos o negociaciones, considerando que, como se señaló, diversa información sobre el volumen de vacunas ingresadas al país ha sido publicada por el propio órgano reclamado. Se representa al órgano la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del mencionado cuerpo legal, al no haber conferido respuesta íntegra a la solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5678-21

Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública

Requirente: Charles Holmes Piedrabuena

Ingreso Consejo: 02.08.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando la entrega del desglose de las vacunas aplicadas en Chile al 27 de junio de 2021, referidas por el Sr. Ministro de Salud, por cantidad y fecha de ingreso al país, según las diversas procedencias o tipo de vacunas.

Lo anterior, por cuanto, se trata de información pública, respecto de la cual se descarta la configuración de la causal de reserva o secreto de afectación al interés nacional y a la salud pública, del artículo 21, N° 4, de la Ley de Transparencia, al no explicar la Subsecretaría de qué manera el conocimiento de lo requerido podría generar las afectaciones que alega o el desarrollo de futuros acuerdos o negociaciones, considerando que, como se señaló, diversa información sobre el volumen de vacunas ingresadas al país ha sido publicada por el propio órgano reclamado.

Se representa al órgano la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del mencionado cuerpo legal, al no haber conferido respuesta íntegra a la solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal.

En sesión ordinaria N° 1234 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de diciembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5678-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de junio de 2021, don Charles Holmes Piedrabuena solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública la siguiente información: "El Ministro Paris declaró a diario El Mercurio, de fecha domingo 27 de junio de 2021, página C10, que en Chile se han aplicado 22.409.489 dosis de vacunas contra el Covid 19, de las cuales 17.335.716 corresponden a Sinovac; 4.368.218 a Pfizer-BioNtech; 358.719 a AstraZeneca-Oxford; y a 346.836 a Cansino.

Solicito saber el desglose de las vacunas antes mencionadas por cantidad y fecha de ingreso al país, según las diversas procedencias o tipo de vacunas".

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 2 de agosto de 2021, don Charles Holmes Piedrabuena dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud. Además, en presentación anexa, el reclamante hizo presente, en resumen, que la información requerida dice relación con antecedentes de carácter público relativos a la internación al país de vacunas contra el Covid 19, de cuatro marcas distintas, que han significado la utilización de recursos públicos, en un contexto de gran connotación pública. Indica que, como toda política pública, es de suma importancia que se transparente las cantidades que se han ingresado al país, según fechas de internación, por cada procedencia o tipo de vacunas. Estima que la denegación tácita de la información requerida contraviene los principios de relevancia, libertad de la información, apertura y transparencia, máxima divulgación, divisibilidad, facilitación, no discriminación, oportunidad, control y responsabilidad, que regula el artículo 11 de la Ley N° 20.285.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, mediante Oficio E17829, de 19 de agosto de 2021, solicitando que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (4°) en caso de no existir impedimentos para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

Mediante Ord. A/102 N° 1439, de fecha 20 de abril de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que la respuesta no ha sido entregada dentro del plazo estipulado en la Ley N° 20.285, debido a que en el marco de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud y sus funcionarios han concentrado sus labores en atender los requerimientos extraordinarios generados por esta situación de emergencia que se extiende por más de un año, lo que ha implicado una reestructuración de las funciones para dar respuesta a las necesidades que se han generado en materia sanitaria.

Explica que, considerando esta situación y el derecho de la ciudadanía a obtener información verídica y actualizada, ha realizado esfuerzos por disponer de información pública, a través de sitios web del Ministerio de Salud y de Gobierno, como es en el caso de los siguientes ítems: reportes diarios de casos confirmados en Chile COVID-19; informes epidemiológicos; reportes de la situación OMS/COVID-19; información sobre el proceso de vacunación; avance de campaña vacunación SARS-CoV; información técnica de vacunas; información sobre residencias sanitarias; estadísticas de defunciones por causa básica de muerte; Plan Paso a Paso y su documentación sobre protocolos, criterios epidemiológicos para transición de etapas, situación comunal, retorno a clases, Plan Marzo, Paso a Paso laboral, preguntas frecuentes y material descargable; entre otros temas, cuya actualización se realiza diaria o semanalmente. Asimismo, se encuentra publicado un repositorio de minutas del Consejo Asesor COVID-19, instancia independiente, conformada por expertos de la academia y funcionarios del Ministerio de Salud, cuyo objetivo es ser una guía en las políticas que se implementan para enfrentar la pandemia actual. Información se puede encontrar en los enlaces que señala.

A su vez, indica que se ha realizado un estudio, y redefinido los procesos, para la implementación de un mecanismo de procedimiento interno que permita agilizar los tiempos de respuesta en la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública, en el marco de la Ley de Transparencia.

Finalmente, con respecto a la entrega de la información requerida, señala que se encuentran trabajando como Ministerio de Salud para entregar una pronta respuesta al requirente.

4) COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Por medio de correo electrónico de fecha 9 de septiembre de 2021, este Consejo solicitó al órgano reclamado complementar sus descargos en los siguientes términos: refiérase especialmente a los puntos consultados en el Oficio N° E17829, de 19 de agosto de 2021, e indique por qué y/o qué relación tiene el Oficio Ord. A/102 N° 1439 con el amparo Rol C5678-21.

A través de correo electrónico de fecha 13 de septiembre de 2021, el órgano reclamado manifestó que "se informa que el oficio de respuesta se encuentra en tramitación de firma por parte de la autoridad correspondiente".

Luego, mediante correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2021, el órgano manifestó que dando traslado al Oficio N° E17829 de esta Corporación, se adjunta la Resolución Exenta N° 956 de la Subsecretaría de Salud Pública, dando respuesta a la solicitud del requirente, notificado vía Portal de Transparencia, mediante correo electrónico de fecha 27 de septiembre de 2021, el que también se adjunta.

A su vez, en la mencionada Resolución Exenta N° 956, se indica que la respuesta a la solicitud no fue entregada dentro de plazo debido a que en el marco de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud y sus funcionarios han concentrado sus labores en atender los requerimientos extraordinarios generados por la situación de emergencia, lo que ha implicado una reestructuración de las funciones para dar respuesta a las necesidades que se han generado en materia sanitaria.

Cita los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, y luego, el artículo 21, N° 4, del citado cuerpo legal, indicando que se debe tener presente que el concepto de interés nacional utilizado por esta última disposición ha sido desarrollado en la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago entendiéndose como "[t]odas las acciones que adopta el Estado afín de procurar el bien de toda la Nación"(sentencia de fecha 10 de junio de 2014, Reclamo de ilegalidad Rol N° 9693-2013). Ahondando aún más, se estimó que "[s]e trata de un concepto amplio, que no se encuentra definido en términos precisos y claros al menos por la doctrina; sin embargo lo central parece ser que exista un beneficio superior o que no se ponga en peligro dicho bienestar y seguridad para el país en su conjunto; se encuentra relacionado con el bien común del país" (sentencia de fecha 13 de noviembre de 2013, Reclamo de Ilegalidad Rol N° 4680-2012). En este entendido, puede concluirse que existe un estándar mínimo por el cual una solicitud de acceso a la información deberá denegarse en virtud del mencionado artículo 21, N° 4, de la Ley de Transparencia, -siendo este- cuando la entrega de la información requerida atente contra el deber del Estado de procurar el bien de toda la nación, exista un beneficio superior o se ponga en peligro el bienestar y seguridad para el país en su conjunto.

Explica que, en este orden de ideas, es dable mencionar que las negociaciones llevadas a cabo por el Estado chileno con la mayoría de los productores o distribuidores de vacunas contra el COVID 19 desde el mes de mayo del año 2020, han tenido como objetivo asegurar el abastecimiento oportuno de vacunas para contener la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, y han significado la suscripción de contratos con distintos proveedores, permitiendo la vacunación en nuestro país de más de 13.729.381 personas, según cifras oficiales del Departamento de Estadísticas e Información de Salud de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud. En este entendido, puede estimarse que la divulgación de los términos de los acuerdos alcanzados afectaría el interés nacional al implicar que otros compradores dentro del mercado podrían acceder a las condiciones otorgadas por las empresas a Chile referentes a precio, cantidades y plazos de entrega generando eventuales incentivos para el incumplimiento estratégico de los contratos y amenazando la consiguiente provisión de las vacunas para Chile. Lo señalado toma aún más relevancia considerando la incertidumbre respecto de la evolución de la pandemia, y la posibilidad de que sea necesario nuevamente suscribir contratos del mismo tipo. Por ello, puede concluirse que la entrega de la información solicitada pone efectivamente en jaque el deber del Estado de procurar el bien común de toda la nación y velar por su bienestar.

Indica que, por otro lado, debe estimarse respecto del artículo 21, N° 4, que "[a]l utilizar el término "en especial" para referirse a los casos en que se afecte la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país, lo hace a modo de ejemplificación de casos concretos en que este interés se puede ver afectado y no pretende ser una enumeración taxativa" (sentencia de fecha 13 de noviembre de 2013, Reclamo de Ilegalidad Rol N° 4680-2012). De este modo, si bien existen situaciones referidas al "interés nacional" que no se encuentran contempladas dentro del tenor literal del mencionado artículo, respecto de la salud pública, relaciones internacionales e intereses económicos, no hay duda de que quedan abarcados dentro de dicho concepto. Lo indicado tiene relevancia por cuanto la divulgación de la información solicitada podría derivar en trabas respecto de la suscripción de futuros convenios sobre vacunas para combatir el SARS-CoV-2, o incluso implicar la imposibilidad de su celebración, atentando por ende gravemente en contra de la salud pública y con ello del interés nacional.

De acuerdo con lo señalado, concluye que la entrega de la información requerida configura la causal de reserva contenida en el artículo 21, N° 4, de la Ley de Transparencia al atentar contra el interés nacional en su sentido amplio y a la vez en contra de la salud pública, causal ejemplar y específica de la mencionada norma. Señala que este Consejo ha seguido un criterio similar en múltiples decisiones de amparo, por ejemplo, las Roles C1864-21, C1865-21 y C2354-21.

Indica que, en atención a lo expuesto y teniendo presente que la solicitud recae precisamente sobre la estructura de costos, logística y distribución de las vacunas para combatir el COVID-19, puede considerarse que se configura la causal de secreto o reserva prevista en el N° 4 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, debiendo denegarse la entrega de la información.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles contados desde su recepción. No obstante, en el presente caso la solicitud no fue respondida dentro del plazo legal indicado, por lo que, este Consejo representará a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la citada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del mencionado cuerpo legal.

2) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información requerida, correspondiente al desglose de las vacunas aplicadas en Chile al 27 de junio de 2021, por cantidad y fecha de ingreso al país, según las diversas procedencias o tipo de vacunas. Por su parte, en respuesta extemporánea, el órgano reclamado invoca la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 4, de la Ley de Transparencia.

3) Que, en primer término, cabe tener presente que el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional", salvo las excepciones legales.

4) Que, luego, y tal como lo explica el órgano reclamado, este Consejo se ha pronunciado anteriormente sobre la entrega de antecedentes referidos al proceso de adquisición de vacunas para el desarrollo del programa nacional de vacunación contra el Covid-19, por ejemplo, en las decisiones de amparos Roles C8043-20, C1964-21, C2407-21, C2977-21 y C3810-21. En aquellas, se ha señalado que, en virtud de la causal de reserva o secreto establecida en el artículo 21, N° 4, de la Ley de Transparencia, se podrá denegar la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país". En dicho sentido, y según ha razonado este Consejo, el concepto de interés nacional no es unívoco pues no se encuentra definido de una manera precisa y clara por la doctrina. A propósito de los "intereses generales de la nación", aquellos expresan un bien jurídico que se vincula directamente con la Nación toda, y jamás, por importante que sea, con un sector de ella, y que se relaciona, básicamente, con el beneficio superior de la sociedad política globalmente considerada, como un todo, sin referencia alguna a categorías o grupos sociales, económicos o de cualquier otro orden.

5) Que, en este contexto, se debe señalar que, en adecuación al concepto de interés nacional señalado precedentemente e identificado con el beneficio superior de la sociedad globalmente considerada, la publicidad de antecedentes referidos al proceso de adquisición de las vacunas en cuestión, a juicio de esta Corporación, permitiría fortalecer la confianza pública de la ciudadanía en el proceso de vacunación, incentivándose con ello una mayor participación por parte de la misma en el plan nacional de vacunación, de carácter voluntario, y que apunta, en pos de un interés que comprende a la totalidad de la población, a asegurar la integridad física y psíquica de todas las personas -derecho consagrado en el artículo 19, N° 1, de la Constitución Política de la República-, mediante el suministro de vacunas seguras y eficaces para todos, y cuyo éxito, estriba, a su vez, en que a lo menos, un porcentaje importante de la población se encuentre inoculada, para efectos de asegurar la salud pública.

6) Que, así, en el marco del programa nacional de vacunación contra el Covid-19, se ha determinado que existe información relevante para efectos de la comprobación, en relación a lo informado por la autoridad, de los datos sobre las características de las vacunas adquiridas, tales como su efectividad, efectos adversos, calidad de fabricación, entre otros que permiten dar cuenta de la seguridad y eficacia de la misma, la posibilidad de comparación con las otras vacunas actualmente disponibles para inocular a la población y la constatación de cláusulas de responsabilidad de los contratantes, lo que incide directamente sobre la integridad física y psíquica de las personas -al otorgarles mayor tranquilidad y confianza en relación a las dosis suministradas, particularmente sobre su seguridad, calidad y eficacia-, y con ello, en la salud pública.

7) Que, asimismo, en el marco del amparo Rol C8043-20, mediante Oficio N° 1.131, este Consejo requirió con fecha 23 de noviembre de 2020, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en su calidad de órganos líderes en el marco de la estrategia nacional de vacunas Covid-19, información sobre esta última, específicamente en el punto 4 del mencionado oficio, se requirió la identificación de los Convenios celebrados en el marco de la Estrategia mencionada, sus objetivos y elementos principales, montos convenidos y el grado de ejecución o cumplimiento de los mismos, identificándose, en dicha oportunidad el carácter fundamental de la transparencia y el acceso a la información por parte de la ciudadanía a los elementos que conforman la mencionada estrategia.

8) Que, no obstante lo anterior, en relación con los datos sobre la estructura de costos y la logística o distribución del producto, esto es, aquellos procesos relativos a la adquisición, movimiento y almacenamiento de las vacunas y de sus partes, este Consejo ha advertido que, su divulgación podría producir una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional y a la salud pública, en la medida que la efectividad del proceso de vacunación supone, a su vez, el abastecimiento oportuno y continuo de dosis de las vacunas consultadas, para efectos de obtener un aprovisionamiento suficiente que permita inocular a toda o gran parte de la población. En este sentido, resulta plausible un posible impacto que, en el incumplimiento de los acuerdos -en ejecución- se podría provocar con la divulgación de los datos señalados, toda vez que otros compradores podrían tener acceso a las condiciones pactadas entre los laboratorios y el Estado de Chile, y que pueden diferir respecto de otros Estados -respecto de idéntica cantidad de dosis-, impactando negativamente en los costos futuros que usualmente se estipulan, amenazándose con ello, la suscripción de nuevos acuerdos, y consecuencialmente, la provisión de vacunas para el país, en el contexto de un mercado reducido, con un número acotado de proveedores.

9) Que, en esta línea, la reserva de los datos mencionados es indispensable para efectos de asegurar la ejecución de los convenios celebrados, y los sucesivos acuerdos que se convengan, los cuales, para una adecuada y óptima negociación, deben estar dotados de una necesaria confianza entre las partes que lo suscriben, escenario que, en marco del plan de vacunación nacional contra el Covid-19, y mientras aún no haya finalizado, es necesario mantener. No obstante, cabe señalar que la referida información, deberá ser entregada una vez concluido el proceso de vacunación, a fin de que la ciudadanía pueda acceder de modo completo al detalle del instrumento requerido.

10) Que, en este contexto, y como se señaló en la parte expositiva, la reclamada justifica la alegación de la causal en el hecho de que la divulgación de los términos de los acuerdos alcanzados afectaría el interés nacional al implicar que otros compradores dentro del mercado podrían acceder a las condiciones otorgadas por las empresas a Chile referentes a precio, cantidades y plazos de entrega generando eventuales incentivos para el incumplimiento estratégico de los contratos y amenazando la consiguiente provisión de las vacunas para Chile. Dicha justificación, a juicio de este Consejo, debe ser desestimada, por cuanto, en el presente amparo no se ha requerido específicamente el acceso a los términos de los acuerdos suscritos con las empresas proveedoras de las vacunas, sino que, el desglose por cantidad y fecha de ingreso al país, según las diversas procedencias o tipo de vacunas, de aquellas dosis a las que el propio Ministro de Salud ha hecho referencia en la prensa indicando su cantidad (vacunas aplicadas) y la empresa fabricante.

11) Que, sobre el particular, cabe tener presente que diversa información sobre los convenios suscritos y su ejecución se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Salud, en las plataformas de las empresas farmacéuticas y medios de comunicación nacionales e internacionales . En este sentido, a modo meramente ejemplar, es posible acceder a las características de las vacunas adquiridas, composición, conservación, porcentaje de efectividad, contraindicaciones y posibles efectos secundarios; sobre las alianzas estratégicas para la elaboración de la vacuna, así como a la cantidad de vacunas arribadas y fases de distribución dentro del territorio nacional. Específicamente, en la sección de noticias de la página web del Ministerio de Salud, periódicamente se informa sobre el ingreso de vacunas al país, haciéndose referencia en determinadas oportunidades no solo al volumen global de vacunas, sino que además, a la empresa fabricante, como en nota de fecha 3 de mayo de 2021, titulada "Llegan un millón y medio de dosis de vacunas Sinovac al país", en la que se explica: "Ésta es la novena partida de vacunas de este laboratorio, las que serán distribuidas a todo el país, permitiendo dar continuidad a la campaña de vacunación contra el COVID-19 dispuesta por el Gobierno de Chile. Con esto, sumando las vacunas de los laboratorios Pfizer-BioNTech, Sinovac, además de las 158 mil dosis de AstraZeneca adquiridas por medio del convenio Covax, el país ha recibido 17.719.476 dosis" .

12) Que, además, se debe señalar que la información reclamada en este amparo se circunscribe a las vacunas aplicadas al 27 de junio de 2021, sin explicar la Subsecretaría de qué manera su conocimiento podría generar las afectaciones que alega o el desarrollo de futuros acuerdos o negociaciones, considerando que, como se señaló, diversa información sobre el volumen de vacunas adquiridas ha sido publicada por el propio órgano reclamado. De esta forma, se debe concluir que la Subsecretaría de Salud Pública no explica de qué manera se produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional, en especial, a la salud pública, en circunstancias que, tal como se señaló precedentemente, parte de la información sobre la celebración de los convenios consultados y su ejecución, considerando número de dosis ingresadas al país, se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Salud.

13) Que, en consideración de lo anterior, y tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, al alero de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8 de la Carta Fundamental, que puede obrar en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual se descarta la configuración de la causal de reserva o secreto de afectación al interés nacional y a la salud pública, del artículo 21, N° 4, de la Ley de Transparencia, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de la información requerida.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Charles Holmes Piedrabuena en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante el desglose de las vacunas mencionadas en el numeral primero de lo expositivo por cantidad y fecha de ingreso al país, según las diversas procedencias o tipo de vacunas.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Representar a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, la infracción a lo dispuesto en los artículos 11, letra h), y 14 de la Ley de Transparencia, toda vez que no dio respuesta a la solicitud de información dentro de plazo legal. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Charles Holmes Piedrabuena y a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Consejera doña Natalia González Bañados no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.