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Albino Segundo Urtubia Iturrieta con MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE Rol: C6642-21

Consejo para la Transparencia, 02/12/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de San Felipe, ordenándose la entrega de copia de la denuncia que se le realizó por una ampliación de un segundo piso que llevó a cabo en su domicilio, previa acreditación de identidad del solicitante. Se recomienda al órgano que aquella se realice por un medio alternativo a la entrega personal. Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, respecto de los cuales, no se acreditó la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano y a los derechos del tercero interesado. A su vez, atendido que la identidad del denunciante y el contenido de la misma son conocidos por la parte activa, advirtiéndose su calidad de interesado en la denuncia formulada. Aplica criterio contenido en los Amparos Roles C2769-19, C6130-19 y C5753-20. En virtud del Principio de Divisibilidad, el organismo, deberá tarjar, en forma previa a su entrega, los datos personales de contexto de personas naturales distintas del recurrente contenidos en la información solicitada, como, por ejemplo, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros. Asimismo, -de ser pertinente- se deberá reservar los datos personales de contexto que permitan la identificación de eventuales testigos comparecientes.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6642-21

Entidad pública: Municipalidad de San Felipe

Requirente: Albino Segundo Urtubia Iturrieta

Ingreso Consejo: 03.09.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de San Felipe, ordenándose la entrega de copia de la denuncia que se le realizó por una ampliación de un segundo piso que llevó a cabo en su domicilio, previa acreditación de identidad del solicitante. Se recomienda al órgano que aquella se realice por un medio alternativo a la entrega personal.

Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, respecto de los cuales, no se acreditó la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano y a los derechos del tercero interesado. A su vez, atendido que la identidad del denunciante y el contenido de la misma son conocidos por la parte activa, advirtiéndose su calidad de interesado en la denuncia formulada. Aplica criterio contenido en los Amparos Roles C2769-19, C6130-19 y C5753-20.

En virtud del Principio de Divisibilidad, el organismo, deberá tarjar, en forma previa a su entrega, los datos personales de contexto de personas naturales distintas del recurrente contenidos en la información solicitada, como, por ejemplo, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros. Asimismo, -de ser pertinente- se deberá reservar los datos personales de contexto que permitan la identificación de eventuales testigos comparecientes.

En sesión ordinaria N° 1234 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de diciembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6642-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de agosto de 2021, don Albino Segundo Urtubia Iturrieta solicitó a la Municipalidad de San Felipe lo siguiente: "copia de una denuncia que se le realizó por una ampliación de un segundo piso que llevó a cabo en su domicilio".

Contextualizó que, aquella fue ingresada en el mes de Febrero de 2021, a través de la Oficina de Atención Ciudadana de la Municipalidad de San Felipe y fue derivada a la Dirección de Obras Municipales de la misma. Agregó que, fue notificado con fecha 2 de Marzo de 2021. La citación en el Juzgado de Policía Local de San Felipe fue el día 16 de Marzo de 2021 y el número de Proceso es el 1179-2021.

Adjuntó una "copia de la citación que un inspector municipal llegó a dejar a su domicilio".

2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ord. N° 1753, de fecha 2 de septiembre de 2021, la Municipalidad de San Felipe respondió a dicho requerimiento de información, en los siguientes términos.

Hizo presente que, el antecedente solicitado involucra información relativa a terceros, por lo que se encuentra impedida de proporcionarla, en aplicación del procedimiento de oposición previsto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia, pues aquél se opuso a su entrega.

En efecto, mediante correo electrónico, de fecha 27 de agosto de 2021, el tercero involucrado se opuso a su entrega, exponiendo que: "no autoriza que su denuncia sea entregada a ninguna persona, ni identidad que sea adoc con su denuncia".

3) AMPARO: El 3 de septiembre de 2021, don Albino Segundo Urtubia Iturrieta dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Expuso circunstancias privadas que indica.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de San Felipe, mediante Oficio N° E19601, de fecha 16 de septiembre de 2021, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (5°) refiérase a los motivos por los cuales al responder la solicitud de información reveló la identidad de la persona que realizó la denuncia por la cual se consulta, considerando lo que ha señalado este Consejo en su jurisprudencia. Se hace presente que este Consejo en los amparo roles C831-18 y C824-18 ha sostenido que frente a solicitudes de información referidas al nombre de las personas que han efectuado denuncias ante organismos públicos, corresponde resguardar la identidad del denunciante, pues su entrega puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias se inhiban de realizarlas, impidiendo que el órgano cuente con un insumo inestimable, que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias, destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta, y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

Mediante Oficio Ord. N° 2061, de fecha 5 de octubre de 2021, la Entidad Edilicia evacuó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos.

Argumentó que, la denuncia peticionada si afecta los derechos del tercero, pues "lo denunciado dice relación con las materias que son propias de la Ley N° 20898, la cual trata de la regulación de ampliación de viviendas. Así las cosas, es un hecho público y notorio que las ampliaciones irregulares llevan intrínsecamente problemas vecinales frente a las consecuencias que aquellas puedan ocasionar en la vida de quienes habitan en las propiedades que las colindan. Con ello, dar a conocer el tenor de la denuncia seria derechamente ventilar la vida privada de quien denunció, vulnerándose una garantía constitucional que goza de protección no sólo dentro de la Ley de Transparencia, sino que también a nivel constitucional". Hizo presente que, la denuncia justamente da cuenta de los problemas que se suscitan entre el solicitante y el denunciante, donde por lo demás existe un proceso en el juzgado de Policía Local de San Felipe. Reiteró que se encuentre impedida de acceder a lo solicitado, en virtud de la denegatoria del tercero involucrado y la hipótesis de excepción prevista en el artículo 21N° 2 de la Ley de Transparencia.

Seguidamente, hizo presente que la denuncia es un canal de control ciudadano que da inicio a diligencias y/o indagaciones que permiten ordenar y cautelar el cumplimiento de las normas de habitalidad, de seguridad y estabilidad. En tal contexto, señaló que dar a conocer el tenor de la denuncia implicaría debilitar o inhibir futuras denuncias, teniendo como consecuencia un impedimento para que los órganos de la administración del Estado cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos e irregularidades que dan cuenta, afectándose el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos previstos en el artículo 21° N° 1 de la Ley de Transparencia.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio N° E21098, de fecha 13 de octubre de 2021, solicitándole que haga mención expresa a los derechos que le asisten, y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada.

Mediante comunicación electrónica, de fecha 14 de octubre de 2021, el tercero interesado evacuó sus descargos y observaciones, reiterando su denegatoria. Al efecto, expuso que su oposición se funda en la existencia de un proceso judicial vigente en el Juzgado de Policía Local.

Asimismo, expuso circunstancias personales que indica, puntualizando que la develación de los antecedentes peticionados afectaría su privacidad y la de su familia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, referente a la entrega de copia de una denuncia que se le realizó por una ampliación de un segundo piso que se llevó a cabo en su domicilio. Al respecto, la Entidad Edilicia denegó su entrega, por encontrarse impedida de proporcionar lo solicitado, en virtud de la oposición formulada por el tercero interesado, en los términos previstos en el artículo 20° de la Ley de Transparencia. A su vez, hizo presente la concurrencia en la especie de las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21° N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.

2) Que, primeramente, en cuanto a la publicidad de los antecedentes consultados, esta Corporación advierte que dicha información es pública, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Asimismo, el peticionario tiene la calidad de interesado -denunciado- en la denuncia formulada, estimándose procedente que pueda conocer el antecedente y los hechos que motivaron aquella

3) Que, respecto de la solicitud de antecedentes referidos a denuncias, se debe hacer una distinción entre la identidad de la persona denunciante y el resto del contenido asociado a dichos procesos. Así, este Consejo ha sostenido reiteradamente, desde las decisiones recaídas en los amparos Roles C520-09 y C302-10, C13-12, C559-14, C2959-16, C1314-17, C5108-18 y C7715-20, entre otras, que ante solicitudes de información referidas al nombre de las personas que han efectuado denuncias ante organismos públicos, cabe resguardar la identidad del denunciante, toda vez que la entrega del mencionado dato puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales entidades cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta, y de esta forma, afectar el debido cumplimiento de las funciones el órgano, conforme a lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, de la Ley de Transparencia. Luego, en cuanto a su contenido, salvo la concurrencia de alguna causal de reserva legal que haga procedente su denegación, se ha ordenado la entrega de las denuncias y sus antecedentes asociados, tarjando el nombre y demás datos de los denunciantes, y de los eventuales testigos, como, asimismo, toda información presente en el contenido de las mismas, por medio del cual, se pueda identificar al denunciante o a quienes concurren a prestar un testimonio. (Énfasis agregado).

4) Que, respecto de los antecedentes de la denuncia, el organismo recurrido esgrimió la concurrencia de la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 de la Ley de Transparencia, la cual dispone que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información: "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido". Argumentó que, la denuncia es un canal de control ciudadano que inicia diligencias e indagaciones que permiten cautelar el cumplimiento de las normas de habitalidad, de seguridad y estabilidad. Señaló que, dar a conocer la denuncia implicaría debilitar o inhibir futuras denuncias, teniendo como consecuencia un impedimento para que los órganos del Estado cuenten con un insumo inestimable que les sirva para efectuar las fiscalizaciones necesarias.

5) Que, sobre la interpretación de la causal esgrimida, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales"; así como lo resuelto en la sentencia sobre Recurso de Queja Rol N° 8452-2018, en la cual dicha magistratura sostuvo que frente a la regla fundamental de publicidad, la sola consideración de la naturaleza excepcional que sirve de fundamento a la reserva, no es per se suficiente para excluir el principio general básico de publicidad y libre acceso a la información, puesto que además es indispensable que mediante dicho acceso se produzca una efectiva afectación a algunos de los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución (Considerando 8°).

6) Que, a juicio de este Consejo, este no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado, toda vez que no se ha acreditado detalladamente la afectación al debido funcionamiento del órgano, pues sus argumentaciones se sustentan en situaciones hipotéticas o meras apreciaciones subjetivas, respecto a eventuales consecuencias que podrían afectar el funcionamiento del órgano. En efecto, la reclamada se ha limitado únicamente a enunciar la hipótesis de reserva esgrimida, haciendo presente la jurisprudencia sostenida por este Consejo con relación a la develación de la identidad del denunciante, no pormenorizando el modo en que se afectaría su función fiscalizadora. Sobre este punto, este Consejo ha establecido como criterio, que para verificar la procedencia de una causal de reserva, se debe determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo, en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se ha verificado en la especie, teniendo presente, además que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, razón por la cual se desestimará la alegación de la reclamada en este punto.

7) Que, acto seguido, la Entidad Edilicia esgrimió la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21° N° 2 de la Ley de Transparencia, pues dar a conocer el tenor de la denuncia -sobre ampliaciones presuntamente irregulares- significaría ventilar la vida privada de quien denunció. Al respecto, cabe señalar que aquélla está establecida en forma exclusiva en favor de los terceros a quienes se refiere la información, contando con un procedimiento de oposición dispuesto en el artículo 20 de la ley señalada, el cual fue aplicado en este caso. Razón por la cual, los argumentos esgrimidos por la Entidad Edilicia para configurarla no serán considerados, por carecer de la titularidad activa para esgrimirla.

8) Que, en cuanto a la oposición formulada por el tercero interesado, cabe tener presente que este Consejo ha establecido como criterio, reiteradamente, que para verificar su procedencia, se debe determinar la afectación del bien jurídico protegido por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, circunstancia que en este asunto no se produce, toda vez que el tercero se limitó a formular su oposición, no aportando mayores elementos de juicio que permitan ponderar -con cierto grado de especificidad o certeza- la afectación de un derecho específico y determinado, en conformidad con lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, ni explicando cómo dicha vulneración se vería materializada en la especie. Asimismo, esta Corporación no advierte una vinculación directa y plausible entre las circunstancias personales esgrimidas y los daños que la publicidad de la denuncia provocaría.

9) Que, a mayor abundamiento, tras la revisión de los antecedentes del procedimiento de acceso en análisis, cabe consignar que en este caso, la identidad del denunciante es conocida por la parte reclamante, según da cuenta el tenor literal del amparo, la respuesta otorgada por el Municipio y las presentaciones formuladas por el tercero; y, en cuanto a su contenido, este Consejo no advierte que con su entrega se produzca las afectaciones alegadas, toda vez, que tal como se señaló, sólo se da cuenta de una denuncia por la presunta ampliación irregular de una vivienda. Al respecto, aplica criterio contenido en los amparos Roles C2769-19, C6130-19 y C5753-20, sobre la entrega de denuncias realizadas por terceros, con indicación de su identidad, cuando la misma fuere conocida por el solicitante.

10) Que, por consiguiente, tratándose de antecedentes de naturaleza pública; advirtiéndose la calidad de interesado del peticionario -denunciado-; y, habiéndose desestimado las hipótesis de excepción esgrimidas, se procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de la denuncia pedida.

11) Que, atendido a que los antecedentes solicitados contienen datos personales del peticionario, el organismo deberá proceder a su entrega, previa acreditación de su identidad, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación. No obstante lo anterior, teniendo en consideración la emergencia de salud pública que afecta al país a consecuencia de la pandemia por Covid-19 y el estado de alerta sanitaria establecido en el decreto N° 4, de 2020, de Salud, se recomienda a la reclamada que realice la entrega efectiva de lo solicitado al reclamante o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, por medio de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos.

12) Que, asimismo, previo a su entrega, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto de personas naturales distintas del recurrente, incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. A su vez, -de ser pertinente- aquellos que permitan determinar la identidad de eventuales testigos comparecientes. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Albino Segundo Urtubia Iturrieta, en contra de la Municipalidad de San Felipe, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de San Felipe, lo siguiente;

a) Entregue al recurrente copia de la denuncia que se le realizó por una ampliación de un segundo piso que llevó a cabo en su domicilio, previa acreditación de identidad de aquél. Se recomienda al órgano que aquella se realice por un medio alternativo a la entrega persona.

Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto de personas naturales distintas del recurrente contenidos en la información solicitada, como, por ejemplo, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros. Asimismo, -de ser pertinente- se deberá reservar los datos personales de contexto que permitan la identificación de eventuales testigos comparecientes.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Albino Segundo Urtubia Iturrieta; a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de San Felipe; y, al tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Consejera doña Natalia González Bañados no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.