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David Ignacio Rayman Silva con JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB) Rol: C7624-21

Consejo para la Transparencia, 14/12/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, requiriéndose la entrega de información sobre el financiamiento entregado a los establecimientos de educación escolar durante el año 2020. Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública que permiten rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del órgano reclamado, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos. A su vez, se advierte que la divulgación de la información reviste un evidente interés público, resultando relevante que esté a disposición de la ciudadanía, por cuanto posibilita a que aquella pueda tomar noticia y ejercer control social respecto de la administración de recursos estatales destinados a velar por los niños, niñas y jóvenes chilenos en condición de vulnerabilidad socioeconómica en el sistema educativo. En efecto, su develación permitiría evidenciar la asignación, la forma de distribución y ejecución de fondos públicos en las distintas entidades escolares y la comunidades educativas que las conforman. Al respecto, el órgano reclamado no acreditó suficientemente la inexistencia de la información peticionada, conforme al estándar fijado en la Instrucción General N° 10 de esta Corporación y la jurisprudencia sostenida por este Consejo sobre la materia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Presupuesto y Finanzas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7624-21

Entidad pública: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

Requirente: David Ignacio Rayman Silva

Ingreso Consejo: 14.10.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, requiriéndose la entrega de información sobre el financiamiento entregado a los establecimientos de educación escolar durante el año 2020.

Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública que permiten rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del órgano reclamado, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos. A su vez, se advierte que la divulgación de la información reviste un evidente interés público, resultando relevante que esté a disposición de la ciudadanía, por cuanto posibilita a que aquella pueda tomar noticia y ejercer control social respecto de la administración de recursos estatales destinados a velar por los niños, niñas y jóvenes chilenos en condición de vulnerabilidad socioeconómica en el sistema educativo. En efecto, su develación permitiría evidenciar la asignación, la forma de distribución y ejecución de fondos públicos en las distintas entidades escolares y la comunidades educativas que las conforman.

Al respecto, el órgano reclamado no acreditó suficientemente la inexistencia de la información peticionada, conforme al estándar fijado en la Instrucción General N° 10 de esta Corporación y la jurisprudencia sostenida por este Consejo sobre la materia.

En sesión ordinaria N° 1237 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de diciembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7624-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de septiembre de 2021, don David Ignacio Rayman Silva solicitó a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas -en adelante, indistintamente JUNAEB- lo siguiente: "(...) el total del financiamiento entregado a los establecimientos de educación escolar durante el año 2020. Es decir, me gustaría saber cuánto del presupuesto asignado a los 3 programas de JUNAEB fue destinado a establecimientos educacionales escolares públicos y privados (por separado) durante el año 2020. Lo anterior puede ser un número total pero preferiría por asignaciones presupuestarias."

2) RESPUESTA: Mediante Carta N° 1159, de fecha 13 de octubre de 2021, la JUNAEB respondió a dicho requerimiento de información, esgrimiendo la inexistencia material de los antecedentes consultados.

Hizo presente que, el organismo beneficia directamente a los estudiantes o en su defecto a la Comunidad Educativa, pero no a los establecimientos educacionales.

Proporcionó acceso a la partida de la Ley de Presupuesto, correspondiente a JUNAEB segregada por temática.

3) AMPARO: El 14 de octubre de 2021, don David Ignacio Rayman Silva dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Hizo presente que, "solicité información por tipo de establecimiento pero me dijeron que solo entregaban la información a personas naturales que iban a un tipo de establecimiento. Para completar la información que solicité solo deben hacer un cruce de los ruts de los beneficiarios con alguna base de datos que determine en qué establecimiento está. La respuesta es incompleta debido a que no entregaron la información solicitada per también porque no se realizó ningún esfuerzo de armar una base de datos que sirviera para determinar lo solicitado".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, mediante Oficio N° E22413, de fecha 3 de noviembre de 2021, solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale expresamente si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) en caso de no obrar en su poder la información requerida, señale si era procedente aplicar el procedimiento de derivación establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (6°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

Mediante Oficio N° 1025, de fecha 23 de noviembre de 2021, la JUNAEB evacuó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos.

Reiteró la inexistencia material de los antecedentes consultados, en virtud de las razones expuestas en su respuesta.

Hizo presente que, el presupuesto del Servicio, correspondiente al capítulo 9, partida 9 del presupuesto fiscal, se encuentra asignado a tres programas, conforme al siguiente detalle:

- Programa N° 01: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas;

- Programa N° 02: Salud Escolar; y

- Programa N° 03: Becas y Asistencialidad

Reseñó que el programa N° 01 gestiona las transferencias que realiza el Estado a empresas privadas encargadas de proveer alimentación a estudiantes. Luego, consignó que el programa N° 02 gestiona las transferencias que el Estado realiza a privados y organismos estatales en el marco del programa de salud escolar que tiene como finalidad desarrollar acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud bucal. Respecto del programa N° 03, ilustró que gestiona las transferencias que el Estado realiza para la provisión de asistencialidad en la forma de becas destinadas a estudiantes de la educación media y superior, como apoyo financiero al proceso de formación.

En tal orden de ideas, señaló que la Institución no dispone de la información solicitada en alguno de los soportes documentales consignados en el artículo 10° inciso segundo de la Ley de Transparencia.

Sobre las alegaciones del peticionario, esgrimió que el organismo no cuenta con una formula aritmética o algorítmica en su sistema informáticos que le permita obtener los antecedentes pedidos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de información sobre el financiamiento entregado a los establecimientos de educación escolar durante el año 2020. Al respecto, la JUNAEB esgrimió la inexistencia material de los antecedentes consultados.

2) Que, primeramente, resulta atingente tener presente que el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". En línea con lo anterior, la develación de la información consultada permite rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del órgano reclamado, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

3) Que, en tal orden de ideas, esta Corporación advierte que la divulgación de información sobre el financiamiento entregado a los establecimientos de educación escolar reviste un evidente interés público, resultando relevante que esté a disposición de la ciudadanía, por cuanto posibilita a que aquella pueda tomar noticia y ejercer control social respecto de la administración de recursos estatales destinados a velar por los niños, niñas y jóvenes chilenos en condición de vulnerabilidad socioeconómica en el sistema educativo.

4) Que, sobre el particular, es menester tener presente que la JUNAEB es una Corporación de Derecho Público, autónoma, cuya finalidad es la aplicación de medidas coordinadas de asistencia social y económica a los escolares, conducentes a hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación (artículo 1° de la Ley N° 15.720, de 1964, del Ministerio de Educación Pública, que crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas). En dicho contexto, desarrolla diferentes servicios, programas y planes en los establecimientos educacionales -entre los cuales se encuentran beneficios de alimentación, vestuario, útiles escolares, de transporte, becas, internados y hogares estudiantiles-, con la finalidad de facilitar la incorporación en el sistema educacional de niños y jóvenes en condición de desventaja social y económica. Con ese fin, se asignan anualmente a la JUNAEB, recursos públicos (mediante la Ley de presupuestos del sector público), los cuales son gestionados en diversas prestaciones. Por consiguiente, la develación de dichos antecedentes, permitiría evidenciar la asignación, la forma de distribución y ejecución de fondos públicos en las distintas entidades escolares y las comunidades educativas que las conforman.

5) Que, acto seguido, en cuanto a la inexistencia material esgrimida por el organismo, este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente.

6) Que, a su turno, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen".

7) Que, en la especie, las alegaciones esgrimidas por el órgano recurrido resultan ser insuficientes en el caso de especie, por cuanto no se avienen al estándar de búsqueda y acreditación descrito. En efecto, la JUNAEB sólo se limitó a señalar que se beneficia directamente a los estudiantes -o en su defecto- a la Comunidad Educativa, pero no a los establecimientos educacionales y describió los programas financiados con el presupuesto asignado, sin aportar mayores medios de prueba y elementos de juicio que permitan fundar -de manera fehaciente e indubitada- la inexistencia alegada. A su vez, no especificó, ni detalló las gestiones de búsqueda realizadas, ni consigna dichas diligencias en actos administrativos que refrenden lo señalado por el órgano reclamado, con ocasión de su respuesta y descargos. A mayor abundamiento, a juicio de este Consejo, no resulta del todo plausible que la reclamada no cuente con herramientas o sistemas informatizados que permitan identificar los establecimientos educacionales de los beneficiarios de los diversos programas sociales y económicos, en circunstancias de que gran parte de aquellos son gestionados e implementados en dichas entidades educativas, encargándose la reclamada -según sus propios dichos- de la administración y gestión de los programas referidos.

8) Que, sobre la materia, resulta del caso tener presente que el artículo 2° de la Ley N° 15720, que crea la Junta nacional de Auxilio Escolar y Becas, dispone en su artículo 2° que: "(...) de acuerdo con las finalidades que establezcan los planes de desarrollo educativo y con las informaciones y normas docentes que proporcione la Superintendencia de Educación Pública, las Juntas de Auxilio Escolar y Becas programarán la aplicación de los siguientes beneficios a los alumnos de los establecimientos de enseñanza pública y particular gratuita, de niveles pre-primario, primario, medio y superior: a) De alimentación; b) De vestuario; c) De útiles escolares; d) De transporte; e) De becas; f) De préstamos a los estudiantes universitarios; g) De internados y hogares estudiantiles; h) De preservación y recuperación de la salud en colonias climáticas y de vacaciones, e i) De cualquiera otra medida asistencial" (...).

9) Que, tratándose de antecedentes de naturaleza pública que dicen relación con el uso de fondos públicos; advirtiéndose el interés público prevalente que reviste su develación; y, atendiéndose que el órgano reclamado no justificó suficientemente la inexistencia de la información requerida, conforme al estándar fijado en la Instrucción General N° 10 de esta Corporación, y en conformidad a la jurisprudencia sostenida por este Consejo, se procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará que se otorgue acceso a los antecedentes pedidos. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don David Ignacio Rayman Silva, en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas lo siguiente;

a) Entregue al peticionario copia de información sobre "(...) el total del financiamiento entregado a los establecimientos de educación escolar durante el año 2020. Es decir, me gustaría saber cuánto del presupuesto asignado a los 3 programas de JUNAEB fue destinado a establecimientos educacionales escolares públicos y privados (por separado) durante el año 2020. Lo anterior puede ser un número total pero preferiría por asignaciones presupuestarias."

Sin perjuicio de lo cual, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don David Ignacio Rayman Silva; y, al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.