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Andrés Humeres Pepay con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE COQUIMBO Rol: C192-13

Consejo para la Transparencia, 27/03/2013

Se dedujo amparo en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada sobre información respecto de eventuales actuaciones realizadas por terceros de mala fe con el objeto de regularizar su posesión sobre el bien inmueble que administra y que individualiza en su presentación. El Consejo señaló que las resoluciones recaídas sobre el procedimiento de regularización efectuados por terceros, desde el año 2010 a la fecha de la solicitud son públicas, sin que se advierta la procedencia de alguna causal legal que justifique su reserva, así como tampoco la ha alegado el organismo reclamado. Por lo anterior, este Consejo acogerá el amparo en relación al literal a) y esta parte del literal b) de la solicitud de acceso, y requerirá al organismo reclamado la entrega al reclamante de copia de las resoluciones recaídas sobre el procedimiento de regularización efectuados por terceros en relación al bien inmueble individualizado en la solicitud de información, desde el año 2010 a la fecha de la solicitud.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Vivienda
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Ausente)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C192-13

Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo

Requirente Andrés Humeres Pepay

Ingreso Consejo: 08.02.2013

En sesión ordinaria Nº 422 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de Marzo de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C192-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de noviembre 2012, don Andrés Humeres Pepay, solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo -en adelante e indistintamente SEREMI- información respecto de eventuales actuaciones realizadas por terceros de mala fe con el objeto de regularizar su posesión sobre el bien inmueble que administra y que individualiza en su presentación. Se requirió, en detalle, lo siguiente:

a) Se le indique si se han efectuado gestiones de regularización sobre el inmueble singularizado en mérito de lo dispuesto en el Decreto Ley N° 2.695; y,

b) En caso afirmativo, se individualice a los solicitantes, otorgándole copia de las resoluciones que concedieron las solicitudes de regularización con la indicación de la inscripción conservatoria de las mismas, desde el año 2010 a la fecha.

El requirente invocó expresamente en su solicitud de acceso la Ley 20.285.

2) RESPUESTA: La SEREMI reclamada a través de Oficio N° 448 de 29 de enero de 2013, informó al solicitante que en relación a las solicitudes de saneamiento de título de dominio, a través del Decreto Ley N° 2.695/79, “…los plazos de oposición están señalados en el cuerpo legal citado y corresponde a los 30 días hábiles siguientes a la segunda publicación efectuada en un diario de mayor circulación en la región, oposición que debe presentar en cada caso particular según corresponda, debiendo acompañar la documentación necesaria e individualizando al tercero o terceros que puedan estar afectando su derecho”.

3) AMPARO: El 8 de febrero de 2013, don Andrés Humeres Pepay, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, pues el órgano en su respuesta hizo alusión a un procedimiento legal de reclamación, que no es lo consultado. Asimismo indicó, que la respuesta entregada por la SEREMI, no fue remitida dentro del plazo de 20 días hábiles que consagra la Ley N° 20.285

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 743 de 22 de febrero de 2013, confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, quien mediante el Oficio N° 1.418 de 19 de marzo de 2013, evacuó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis lo siguiente:

a) La solicitud de información de don Andrés Humeres Pepay, dice relación con trámites de saneamiento que afectan a parte del predio del cual es administrador, toda vez que según sus dichos, terceros de mala fe habrían iniciado gestiones tendientes a regularizar su posesión.

b) El requerimiento es poco preciso, pues no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del D.L N° 2.695 de 1979, que señala que se debe acompañar a la presentación ante dicho Servicio “la individualización de él o los oponentes, sus fundamentos, los documentos y demás medios de prueba en que se apoya y las peticiones concretas que se formulen”.

c) En tal sentido, los artículos 18, 19 y 26 del referido decreto, describen el procedimiento de oposición para la impugnación de inscripciones, así como las respectivas acciones indemnizatorias derivadas de los perjuicios causados en virtud del referido trámite.

d) No dispone de la información requerida, pues las bases de datos y el sistema informático de la Unidad de Catastro de dicho Servicio, sólo contiene información referida a inmuebles de dominio del Fisco.

e) En cuanto a información referida a inmuebles particulares, ésta, si existe, pero sólo respecto de inmuebles regularizados a través del D.L N° 2.695. Por tal motivo, cualquier usuario de dicho Servicio que desee obtener información sobre la regularización de inmuebles ante dicho órgano, debe individualizar a quien esté realizando el referido trámite. Al respecto, agregó que no cuenta con competencias para determinar si en un inmueble existen terceros de mala fe. Por lo señalado indicó, que en virtud del Oficio N° 448 de 29 de enero de 2012, le informó al reclamante “como debe proceder en tiempo y forma a solicitar la oposición ante dicho Servicio, a fin de resguardar los intereses de los propietarios del inmueble que representa”.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, atendido a lo señalado por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo tanto en su respuesta como en sus descargos se colige, que dicho órgano entendió el requerimiento de información de don Andrés Humeres Pepay como una eventual oposición al proceso de regularización de una propiedad raíz en el marco del procedimiento reglado en el Decreto Ley N° 2.695. Por tal motivo, la SEREMI reclamada exigió al solicitante dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del cuerpo legal citado. Al respecto, cabe señalar, que del análisis de la solicitud de información formulada el 27 de noviembre de 2012 ante el ya referido órgano, se desprende de forma inequívoca que ésta se realizó al amparo de la Ley de Transparencia, la cual fue invocada expresamente por el solicitante. En efecto, la solicitud de acceso, cumple con cada uno de los requisitos dispuesto en el artículo 12 del cuerpo legal citado. La errónea interpretación de la naturaleza de la solicitud, redundó en que se diera una tramitación diferente a la prevista en la Ley de Transparencia, lo que implicó una obstrucción al ejercicio del derecho de acceso a la información, en infracción al principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f) de la Ley de Transparencia. Por tal motivo se representará a la reclamada en lo resolutivo del presente acuerdo, la infracción indicada.

2) Que, establecido lo anterior, cabe señalar que el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, dicha respuesta no se concretó dentro del plazo legal –el cual vencía el 26 de diciembre de 2012-, toda vez que la solicitud planteada el 27 de noviembre de 2012, sólo fue respondida el 29 de enero de 2013, motivo por el cual se representará al Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo en lo resolutivo del presente acuerdo, la infracción a la precitada disposición y al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del cuerpo legal citado.

3) Que, previo al análisis de fondo y a modo de contexto, cabe tener presente lo prescrito en las siguientes disposiciones:

a) El Decreto Ley N° 2.695 de 21 de julio de 1979 sobre la regularización de la pequeña propiedad raíz y la constitución de dominio sobre ella dispone en su artículo 1° que “los poseedores materiales de bienes raíces rurales o urbanos, cuyo avalúo fiscal para el pago del impuesto territorial sea inferior a ochocientas o a trescientas ochenta unidades tributarias, respectivamente, que carezcan de título inscrito, podrán solicitar de la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de dichos bienes a fin de quedar habilitados para adquirir su dominio por prescripción, de acuerdo con el procedimiento que se establece en la presente ley”. Asimismo, los artículos 10° y 11° del referido cuerpo legal, describen el procedimiento para realizar la referida regularización y constitución de dominio, señalando el artículo 11° que, “cumplidos los trámites a que se refiere el artículo anterior y previo informe jurídico, el Servicio deberá pronunciarse denegando o aceptando la solicitud presentada. En este último caso, la resolución respectiva deberá disponer que ella se publique por dos veces en un diario o periódico de mayor circulación en la región que determine el Servicio y ordenará, asimismo, fijar carteles durante 15 días en los lugares públicos que él determine”. Por su parte, el artículo 14 de dicho decreto, dispone que una vez acogida la solicitud de regularización “El Conservador de Bienes Raíces deberá practicar la inscripción del inmueble a requerimiento del Servicio o del interesado, de acuerdo con las indicaciones que contenga la resolución dictada por el Servicio y agregará, al final del Registro de Propiedad, una copia autorizada de dicha resolución, junto con el plano correspondiente, en su caso, y además practicará la inscripción de la prohibición a que se refiere el artículo 17° de la presente ley”.

b) El artículo 6° del Decreto Supremo N° 541, que estableció el Reglamento del Decreto Ley N° 2.695, señala que “Los Secretarios Regionales Ministeriales y los Jefes de Oficinas Provinciales, (…) podrán acoger o denegar la tramitación de una solicitud de saneamiento basándose sólo en los informes jurídicos presentados por los ejecutores externos”. En tal sentido, cabe agregar que la regularización del dominio de una propiedad particular se realiza ante la Secretaría Regional Ministerial del domicilio en donde esté ubicado el bien inmueble, así lo señala la propia reclamada en su portal electrónico en el link http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=1876.

4) Que, el objeto de la solicitud de acceso de la especie es la entrega de información referida a si se han realizado gestiones de regularización realizadas por terceros en conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ley N°2.695, sobre el bien inmueble individualizado en la solicitud en análisis; y, en la afirmativa, la indicación de los nombres de quienes realizaron dichas gestiones, las resoluciones dictadas por la SEREMI reclamada respecto de tales gestiones y la indicación de las respectivas inscripciones en los Registros que mantiene el Conservador de Bienes Raíces competente.

5) Que, el organismo reclamado indicó en su respuesta, que el requirente debe formular su oposición a los trámites de regularización realizados sobre el bien inmueble consultado, de conformidad al procedimiento descrito en el Decreto Ley N° 2.695, cumpliendo los requisitos que dicho cuerpo legal exige y en especial, aquellos enunciados en el artículo 20 del referido decreto. Asimismo señaló, –sólo con ocasión de sus descargos-, que no disponía de la información requerida, pues la base de datos y el sistema informático de su Unidad de Catastro, sólo contiene información relativa a inmuebles de dominio del Fisco. No obstante ello, igualmente expresó, que en cuanto a inmuebles de propiedad de particulares, posee información tanto de los inmuebles ya regularizados como de los trámites efectuados para tal fin de conformidad a lo dispuesto en el D.L N° 2.695.

6) Que, este Consejo estima que lo señalado por la SEREMI reclamada no permite satisfacer las consultas formuladas por medio de la solicitud de información, toda vez que la SEREMI por lo ya indicado en el considerando 1° del presente acuerdo, entendió de manera diversa la naturaleza del requerimiento que le fuera formulado, y en virtud de ello, se refirió únicamente a un procedimiento de oposición dentro del contexto de la regularización de la propiedad raíz que por lo ya señalado precedentemente, difiere sustancialmente del requerimiento que fuera formulado por don Andrés Humeres Pepay. Asimismo, la referida respuesta resulta ser contradictoria, toda vez que por una parte indica que no se dispone de la información solicitada, y por otra señala, que posee información relativa a los trámites de regularización efectuados en conformidad al D.L N°2.695 respecto de inmuebles de propiedad de particulares, siendo precisamente éstos los antecedentes que han sido requeridos por medio de la solicitud y amparo objeto del presente análisis

7) Que, en relación a lo solicitado en el literal a) del requerimiento en análisis, por el cual se consultó si se han efectuado gestiones de regularización sobre el inmueble singularizado en mérito de los dispuesto en el Decreto Ley N° 2.695; éste Consejo estima que para satisfacer lo requerido, la SEREMI reclamada debió haber hecho entrega de las resoluciones recaídas sobre las solicitudes de regularización, cuestión que fue objeto de la solicitud consignada en el literal b), que se abordará a continuación, de modo que este Consejo se remitirá a dicho análisis para la resolución de esta parte.

8) Que, por el literal b) de la solicitud en análisis, se solicitaron las resoluciones recaídas sobre el procedimiento de regularización efectuados por terceros, desde el año 2010 a la fecha de la solicitud. Tales resoluciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia son públicas, sin que se advierta la procedencia de alguna causal legal que justifique su reserva, así como tampoco la ha alegado el organismo reclamado. Por lo anterior, este Consejo acogerá el amparo en relación al literal a) y esta parte del literal b) de la solicitud de acceso, y requerirá al organismo reclamado la entrega al reclamante de copia de las resoluciones recaídas sobre el procedimiento de regularización efectuados por terceros en relación al bien inmueble individualizado en la solicitud de información, desde el año 2010 a la fecha de la solicitud.

9) Que, por el mismo literal b) en comento, el reclamante solicitó la indicación de las respectivas inscripciones de las regularizaciones practicadas en el Registro del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, respecto del inmueble individualizado en la solicitud de acceso, desde el año 2010 a la fecha del requerimiento. Atendido a que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.695, dicho trámite puede ser requerido tanto por la propia reclamada como por el interesado, se acogerá el amparo en esta parte y se requerirá a la SEREMI que haga entrega de dicha información sólo en cuanto ésta obre en su poder. En caso que no disponga de tal información, deberá señalarlo expresamente al reclamante.

10) Que, por último, se hace presente al reclamante, la naturaleza pública de los tres registros que obran en poder de los Conservadores de Bienes Raíces –propiedad, hipotecas y gravámenes y interdicciones, y el de prohibiciones de enajenar-, en virtud de lo cual, éstos pueden ser consultados por cualquiera interesado en acceder a éstos. Lo anterior, a fin de que, en caso que la reclamada no disponga de la información sobre las inscripciones, concurra al referido Conservador para los efectos de examinar y obtener en el caso que lo estime pertinente, copias de las inscripciones materia del requerimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger por las razones expuestas precedentemente, el amparo interpuesto por don Andrés Humeres Pepay en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo.

II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo:

a) Entregue copia de las resoluciones recaídas sobre las solicitudes de regularización presentadas respecto del bien inmueble singularizado en la solicitud de información de don Andrés Humeres Pepay.

b) Informe al solicitante las inscripciones efectuadas ante el Conservador de Bienes Raíces, respecto de las resoluciones recaídas sobre el trámite de regularización del inmueble por él individualizado. En caso de no disponer de tal información, deberá señalarlo expresamente al reclamante.

c) Cumpla dicho requerimiento dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

d) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo:

a) La infracción al principio de facilitación, consagrado en el artículo 11, letra f) de la Ley de Transparencia, en tanto otorgó a la solicitud de información deducida por don Andrés Humeres Pepay, un tratamiento distinto al contemplado en la Ley de Transparencia, ha infringido el reseñado cuerpo legal. Lo anterior, a fin de que sean adoptadas las medidas administrativas necesarias, para que ello no vuelva a reiterarse.

b) La infracción a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia y al principio de oportunidad, consagrado en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo legal, en tanto no procedió a responder la solicitud de acceso dentro del plazo previsto en el referido artículo 14. Lo anterior, a fin de que sean adoptadas las medidas administrativas necesarias, que impidan la reiteración de la situación antes descrita.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídico(S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo y a don Andrés Humeres Pepay.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que el consejero don José Luis Santa María Zañartu no concurre a la firma de la presente decisión por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.