logo
 

Juan Cárcamo Cárcamo con CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO (CDE) Rol: C222-13

Consejo para la Transparencia, 27/03/2013

Se dedujo amparo en contra del Consejo de Defensa del Estado (CDE). El mismo se fundó, en la respuesta negativa a su solicitud de información sobre información relacionada con el uso indebido de bienes fiscales existentes en la vencida concesión marítima otorgada a la Municipalidad de Puerto Montt. En particular requirió conocer lo siguiente: a) Si el CDE se hará cargo de la defensa de los intereses fiscales en la costanera de Puerto Montt; b) Si el CDE conocía esta situación antes de la presentación del reclamante, efectuada en Diciembre de 2012. El Consejo señaló que en virtud de la Ley de Transparencia también resulta amparable el derecho de acceso a la información de aquellas solicitudes que implican informar, afirmativa o negativamente, “si se realizó o no una acción que habría acaecido en el pasado”, el CDE en sus descargos nada dijo en cuanto a si a la fecha de la solicitud que motiva este amparo, dicha entidad había realizado alguna acción tendiente a resguardar los intereses fiscales relacionados con el uso de los bienes del Estado que el reclamante aludió en su presentación. Por lo tanto, se requerirá al Sr. Presidente del CDE que otorgue una respuesta al reclamante.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Ausente)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C222-13

Entidad pública: Consejo de Defensa del Estado (CDE)

Requirente: Juan Cárcamo Cárcamo

Ingreso Consejo: 19.02.2013

En sesión ordinaria N° 422 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de marzo de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C222-13.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de enero de 2013, don Juan Cárcamo Cárcamo solicitó al Consejo de Defensa del Estado, en adelante indistintamente “CDE”, información relacionada con el uso indebido de bienes fiscales existentes en la vencida concesión marítima otorgada a la Municipalidad de Puerto Montt. En particular requirió conocer lo siguiente:

a) Si el CDE se hará cargo de la defensa de los intereses fiscales en la costanera de Puerto Montt;

b) Si el CDE conocía esta situación antes de la presentación del reclamante, efectuada en Diciembre de 2012; y

c) “Si este organismo encuentra que una vez caducada la concesión a la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, considera que es legal que una empresa siga cobrando estacionamientos en los subterráneos de la costanera de Puerto Montt, de acuerdo a la Ley” (sic).

2) RESPUESTA: Mediante oficio N° 1.074 de 4 de febrero de 2013, el Consejo de Defensa del Estado respondió el requerimiento del reclamante, señalando que la Ley de Transparencia no obliga ni permite a los organismos públicos efectuar estudios o informes sobre eventuales conflictos o asuntos que la ciudadanía pueda plantear, así como tampoco, resolver inquietudes de los solicitantes, ya que, en esos casos, no se está solicitando información que exista en poder de la Administración, sino información que debe ser elaborada para responder la consulta. Concluyó su comunicación indicando que no correspondía emitir un pronunciamiento en este caso, ya que la solicitud del Sr. Cárcamo estaba fuera al ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 19 de febrero de 2013, don Juan Cárcamo Cárcamo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado. El mismo se fundó, por una parte, en la respuesta negativa a su solicitud de información y, por la otra, en no haber recibido respuesta a lo solicitado. En particular, señaló lo siguiente: “Sólo quiero que este organismo del estado, se pronuncie del fondo, es decir de la solicitud que hiciera el pasado 13 de diciembre del 2012. En consecuencia a los antecedentes que entrega la Armada de Chile en su respuesta O.T.A.I.P.A. ORDINARIO N° 12900/287. Es decir si este organismo defenderá los intereses fiscales. Eso es lo que no se me ha respondido y por ello acudo a este organismo”. El reclamante adjuntó los siguientes documentos:

a) El oficio O.T.A.I.P.A. Ordinario N° 12.900/287 de 15 de noviembre de 2012, mediante el cual el Jefe de la Oficina de Transparencia de la Armada contestó una solicitud de información del Sr. Cárcamo, informándole que en Septiembre de 2002 se otorgó una concesión marítima menor a favor de la Municipalidad de Puerto Montt, la cual venció el 30 de junio de 2012, no habiendo sido objeto de renovaciones. Como consecuencia de lo anterior, pasaron a constituir “mejora fiscal”, entre otras, las siguientes instalaciones: Museo Regional, máquinas de ejercicios, estacionamientos subterráneos y muelle de pasajeros. Por último, comunicó que la concesión actualmente se encuentra vencida, no existiendo ninguna autorización especial para continuar usufructuando de dicho bien nacional.

b) Carta de 13 de diciembre de 2012, mediante la cual el reclamante solicitó al Consejo de Defensa del Estado su intervención directa e inmediata para resguardar los intereses fiscales en relación al uso no autorizado de bienes nacionales de uso público, como por ejemplo, la explotación por parte de particulares de los mencionados estacionamientos subterráneos, sin mediar título de tenencia alguno.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante oficio N° 836, de 4 de marzo de 2013, al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado. En la comunicación se hizo presente al órgano reclamado que, a partir del análisis de admisibilidad del presente caso, se advirtió que el reclamante dedujo amparo sólo para que el CDE respondiera si defendería los intereses fiscales respecto del asunto en referencia, petición que se contempló en el literal a) del N° 1) precedente, por tanto, el amparo se entendía restringido sólo a dicho requerimiento. Además se indicó a la reclamada que el requerimiento individualizado sería admisible sólo si a la fecha de la presentación del reclamante, esto es, al 30 de enero de 2013, se había adoptado por parte de dicho órgano una decisión respecto a la materia consultada. El Presidente del CDE presentó sus descargos y observaciones a través del oficio ORD. N° 1.955, de 14 de marzo de 2013, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) Tal como se comunicó a don Juan Cárcamo, mediante ordinario N° 1074, no corresponde emitir un pronunciamiento en relación a la información solicitada, por cuanto ésta no corresponde al ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia.

b) Dicho cuerpo legal regula el acceso a la información pública que obre en poder de los órganos del Estado, esto es, información existente, como oficios, informes, resoluciones u otro tipo de documentos, así como de los antecedentes que les sirvan de fundamento, no siendo obligación legal para los organismos públicos efectuar estudios o informes sobre eventuales conflictos o asuntos que la ciudadanía pueda plantear, así como tampoco, resolver inquietudes de los solicitantes, ya que, en esos casos, no se está solicitando información que exista en poder de la Administración, sino información que debe ser elaborada para responder la consulta.

c) En este sentido, una interpretación armónica de las normas, principios y reglas constitucionales y legales en relación al ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, lleva a discernir que la frase “toda otra información que obre en poder de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento” no tiene una significación tan amplia y absoluta como una lectura apresurada podría sugerirnos. Toda información solicitada debe existir precisamente en función de las competencias del órgano respectivo para adoptar decisiones que caben en sus atribuciones y facultades. Que la Administración tenga en su poder antecedentes que pudiesen ser solicitados, que justifica el interés público y ciudadano para recabarla o solicitarla, tiene como fundamento asegurar que los órganos del Estado hagan ejercicio correcto de sus competencias legales, así como la eficiencia, eficacia, legalidad y oportunidad en su ejecución, no siendo, en consecuencia, posible imponer a los órganos de la administración la obligación de hacer público todo aquello que la ciudadanía plantee, menos cuando lo solicitado no se encuadre dentro de lo que por ley compete a un determinado órgano y fuera del ámbito de aplicación de la normativa invocada.

d) Por lo señalado, no cabe más que concluir que la información solicitada por el Sr. Cárcamo, no es información que obre en poder del CDE en los términos expuestos, referida específicamente a un determinado acto, documento o antecedente en poder de la Administración del Estado, en los términos que disponen los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, sino que constituye una consulta destinada a provocar un pronunciamiento por parte de ese Servicio enfocada a un aspecto determinado, circunscribiéndose más bien, al ámbito del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, a tramitarse según las normas legales específicas que la regule o, a falta de ésta, y dada su aplicación supletoria, en conformidad a las disposiciones de la Ley N° 19.880, del año 2003, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que como se anotó en el numeral 3) precedente, el reclamante en su amparo ante este Consejo, manifestó que su interés era conocer si el CDE defenderá los intereses fiscales aludidos en su presentación del 13 de diciembre de 2012, la cual se refirió a la situación de los bienes quedados de la concesión marítima vencida que antes correspondía a la municipalidad de Puerto Montt y que se ubicaba en la costanera de dicha ciudad. Tal petición se contempla en el literal a) de la solicitud de acceso indicada en el N° 1) de la parte expositiva, que motiva este amparo. Atendido lo expuesto, este Consejo Directivo acordó en su sesión N° 413, celebrada el 26 de febrero de 2013, que el presente amparo debía entenderse restringido sólo a dicho requerimiento y en estos términos fue trasladado al órgano reclamado, a través del oficio N° 836/2013.

2) Que según consta en el acta N° 226 del Comité de Admisibilidad de este Consejo y según se comunicó al CDE a través del citado oficio N° 836, este amparo se declaró admisible sólo si a la fecha de la solicitud, esto es, si al 30 de enero de 2013, el órgano reclamado había adoptado la decisión de defender los intereses fiscales en el asunto consultado. Esto ya que conforme lo ha resuelto previamente este Consejo en las decisiones a los amparos roles C539-10, C603-09 y C16-10, en virtud de la Ley de Transparencia también resulta amparable el derecho de acceso a la información de aquellas solicitudes que implican informar, afirmativa o negativamente, “si se realizó o no una acción que habría acaecido en el pasado”.

3) Que el CDE en sus descargos nada dijo en cuanto a si a la fecha de la solicitud que motiva este amparo, dicha entidad había realizado alguna acción tendiente a resguardar los intereses fiscales relacionados con el uso de los bienes del Estado que el reclamante aludió en su presentación. Por lo tanto, se requerirá al Sr. Presidente del CDE que otorgue una respuesta al reclamante, en los términos descritos en el considerando anterior, dentro del plazo que se indicará en lo resolutivo de este acuerdo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Juan Cárcamo Cárcamo, de 19 de febrero de 2013, en contra del Consejo de Defensa del Estado, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado que:

a) Informe al reclamante si a la fecha de la solicitud que motiva este amparo, esto es, al 30 de enero de 2013, ese órgano había realizado alguna gestión tendiente a resguardar los intereses fiscales relacionados con el uso de los bienes del Estado que el reclamante aludió en la recién mencionada solicitud.

b) Cumpla dicho requerimiento dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas N° 1291, piso 6°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Presidente del Consejo de Defensa del Estado y a don Juan Cárcamo Cárcamo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por no asistir a la sesión.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.