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José Fernández Valdivieso con MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C231-22

Consejo para la Transparencia, 18/01/2022

Se dedujo amparo en contra de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, fundado en la ausencia de respuesta a su requerimiento, mediante el cual, indicó lo siguiente: "No hubo, durante el presente año, una respuesta fundada en razones técnicas de eficacia, ni económicas de eficiencia, para justificar las negaciones de la Dirección de Obras Portuarias a mi solicitud de innovar en infraestructura de pavimentos. Lo anterior según documento oficial, actualizado a Mayo 2020, "Procedimientos de Gestión de Innovación en el MOP". Presentación de Pavimentos Portuarios, resilientes en el cambio climático con economía circular". El Consejo declara inadmisible el amparo, por ausencia de infracción.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Ausencia de infracción


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C231-22

Entidad pública: Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas.

Requirente: José Fernández Valdivieso.

Ingreso Consejo: 10.01.2022.

En sesión ordinaria N° 1246 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de enero de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C231-22.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

Que, con fecha 10 de enero de 2022, don José Fernández Valdivieso, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, fundado en la ausencia de respuesta a su requerimiento, mediante el cual, indicó lo siguiente: "No hubo, durante el presente año, una respuesta fundada en razones técnicas de eficacia, ni económicas de eficiencia, para justificar las negaciones de la Dirección de Obras Portuarias a mi solicitud de innovar en infraestructura de pavimentos. Lo anterior según documento oficial, actualizado a Mayo 2020, "Procedimientos de Gestión de Innovación en el MOP". Presentación de Pavimentos Portuarios, resilientes en el cambio climático con economía circular".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a fin de resolver la admisibilidad del amparo en la especie, primeramente es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en particular, si los hechos denunciados constituyen una infracción a la Ley de Transparencia.

2) Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".

3) Que, de acuerdo a los antecedentes expuestos por la parte reclamante, se concluye que su comparecencia en esta instancia no es a consecuencia de la falta de entrega de aquella información contenida en alguno de los soportes que señala el artículo 10 precitado. Ello, por cuanto, de lo que se deduce, es que la parte reclamante pretende que el órgano emita un pronunciamiento, lo que implicaría que diera explicaciones, precisando las razones técnicas del eventual rechazo de su solicitud de innovación, lo que no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, razón por la que no cabe pronunciarse respecto de ello en esta sede.

4) Que, del mismo modo, del tenor del requerimiento, no se advierte con total claridad la información específicamente requerida, de conformidad a lo exigido en el art. 12 literal b) de la Ley de Transparencia. En efecto, el artículo 28 del Reglamento de dicho cuerpo legal establece que se entiende que una solicitud identifica claramente la información cuando indica las características esenciales de ésta, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia, origen o destino, soporte, etc., elementos que no es posible determinar en el requerimiento formulado pues se limita a enunciar que "No hubo, durante el presente año, una respuesta fundada en razones técnicas de eficacia, ni económicas de eficiencia, para justificar las negaciones de la Dirección de Obras Portuarias a mi solicitud de innovar en infraestructura de pavimentos".

5) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad.

6) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que la parte recurrente en el futuro formule una solicitud de acceso a la información pública al órgano reclamado o cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, a través de los canales que correspondan, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano. Así como también, podrá recurrir ante este Consejo, interponiendo un nuevo amparo a su derecho de acceso a la información, en los casos que se cumplan los presupuestos del artículo 24, esto es, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de la eventual negativa a la solicitud de información; o bien, una vez terminado el plazo de 20 días que dispone el órgano requerido para dar respuesta.

7) Que, finalmente, se requerirá a la Unidad de Atención al Usuario de este Consejo, que tome contacto con la parte reclamante para que le entregue orientación en relación al uso del derecho de acceso a la información.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por don José Fernández Valdivieso en contra de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, por las razones expuestas precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don José Fernández Valdivieso y al Sr. Director Nacional de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Jefe de la Unidad de Atención al Usuario de la Dirección de Promoción, Formación y Vinculación de este Consejo, para los efectos de lo señalado en el considerando 7° del presente acuerdo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la parte reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez.

Se deja constancia que el Consejero don Francisco Javier Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009; es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, en su calidad de órgano reclamado en el presente amparo; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.