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David Labbé Otárola con MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Rol: C198-13

Consejo para la Transparencia, 17/04/2013

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaria de Evaluación Social, fundado en que le habrían denegado la información solicitada sobre: Materia: Inversión pública, fecha de vigencia 2000-2012, bases de datos en Excel o stata de la inversión pública realizada en las 346 comunas a nivel nacional, segmentada por nivel sectorial, específicamente en las áreas de educación, salud y vivienda desde el año 2000 hasta el año 2012, por año y comuna. El Consejo acoge parcialmente el amparo ya que señaló que al Ministerio de Desarrollo Social le corresponde evaluar las iniciativas de inversión que solicitan financiamiento del Estado para determinar su rentabilidad social. En ese entendido, la información que dispone en su calidad de administradora de la base de datos compuesta por el Banco Integrado de Proyectos de Inversión, y sus otras aplicaciones como el Tablero de Gestión de iniciativas y BIP Gestión, es aquella registrada por dicho sistema. De este modo, no dispondría de los datos de aquellas inversiones ejecutadas por iniciativa presidencial a través del ministerio correspondiente. En este sentido, la derivación efectuada por la reclamada a los Ministerios de Educación, Salud y Vivienda, para que se pronunciaran acerca de la solicitud de acceso del peticionario, es procedente en este punto, toda vez que serían dichas carteras, los organismos competentes para pronunciarse respecto de aquel tipo de inversión pública ejecutadas por iniciativa presidencial.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C198-13

Entidad pública: Subsecretaria de Evaluación Social

Requirente: David Labbé Otárola

Ingreso Consejo: 11.02.2013

En sesión ordinaria Nº 426 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de abril de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C198-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.530, N° 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don David Labbé Otárola, el 29 de diciembre de 2012, efectuó la siguiente solicitud a la Subsecretaria de Evaluación Social, por la que requería: “Materia: Inversión pública, fecha de vigencia 2000-2012, bases de datos en Excel o stata de la inversión pública realizada en las 346 comunas a nivel nacional, segmentada por nivel sectorial, específicamente en las áreas de educación, salud y vivienda desde el año 2000 hasta el año 2012, por año y comuna”.

2) RESPUESTA: La Subsecretaria de Evaluación Social, por Carta N° 033-C/109, de 28 de enero de 2013, en respuesta a dicho requerimiento señaló que la información solicitada no se encuentra disponible en sus dependencias, por lo que han derivado su petición a los Ministerios de Salud, Educación y Vivienda, instituciones que considera competentes para responder a lo pedido, en función de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: Don David Labbé Otárola, el 11 de febrero de 2013, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que le habrían denegado la información solicitada. Además, el reclamante hizo presente que el rol del Ministerio reclamado es resguardar la inversión pública nacional, por lo que no se explica que no tengan la información solicitada. Para respaldar el fundamento de su amparo acompaña pantallazos de la página web institucional, donde se despliegan algunas funciones y rol del Ministerio de Desarrollo Social.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 713, de 21 de febrero de 2013, a la Sra. Subsecretaria de Evaluación Social; quien a través del Oficio ORD. (S.E.S) N° 40/285, de 14 de marzo de 2013, presentó sus descargos y observaciones, señalando que:

a) En la especie no existió una denegación de acceso a la información toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Transparencia el organismo requerido está obligado a proporcionar la información salvo que concurra la oposición de un tercero o concurra alguna de las causales de reserva.

b) La respuesta entregada al solicitante informó oportunamente que la información no se encontraba disponible en ese Ministerio, razón por la que se aplicó el artículo 13 de la Ley de Transparencia y procedió a derivar el requerimiento a otras carteras de Estado.

c) Además, señala que “es posible informar que esa Subsecretaría cuenta con la información de iniciativas de inversión recomendadas favorablemente, sin embargo la información sobre gasto efectivo ejecutado es sólo referencial, toda vez que el registro de esa información es obligatorio para el sistema de Información para la Gestión Financiera (SIGFE), pero respecto del banco integrado de proyectos e inversión, es auto reportado por él o los responsables de su ejecución”.

5) GESTIONES OFICIOSAS: Mediante comunicación telefónica con el solicitante efectuada el 22 de marzo de 2013, se consultó si habría recibido respuesta de los ministerios a los cuales les habría sido derivada su solicitud de acceso. Al respecto informó que solamente recibió respuesta desde el Ministerio de Vivienda, el cual si bien le adjuntó una planilla Excel, en ella no se contenía la información solicitada.

Del mismo modo, por correo electrónico de 2 de abril de 2013 se solicitó al enlace del organismo reclamado que aclare a qué se refiere el órgano cuando indica que la información del gasto efectivo ejecutado es sólo referencial, señalando concretamente si disponen o no de tales antecedentes y si ello se registra en el Banco Integrado de Proyectos. Del mismo modo, a fin de ilustrar a este Consejo en cuanto a la información específica de que disponen, se solicitó que informe acerca del formato en que se encuentra registrada la información solicitada, indicando los campos o ítems específicos y concretos que contiene la base de datos solicitada, pudiendo, en tal caso, acompañar una copia de algún documento o de aquella parte del mismo que permita constatar los campos o ítems que comprende.

Por el ORD. N° 40/369, de 5 de abril de 2013, la Subsecretaría de Evaluación Social, informó lo siguiente:

a) Los gastos que se registran en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) tienen un carácter sólo referencial atendido que el citado Banco se alimenta de la información que cada institución auto reporta de manera directa a éste, y no se condice necesariamente con el gasto exacto u oficial que ejecuta cada institución. Por lo anterior, dicha Secretaría de Estado no sería responsable de la veracidad de dicha información.

b) Asimismo, en las evaluaciones ex post que realiza el Área de Inversiones de la Subsecretaría de Evaluación Social, se ha advertido que, en un porcentaje importante de los proyectos, no coincide la información registrada en el SIGFE (Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado) con la registrada en el BIP. Además, se han detectado casos respecto de proyectos ejecutados en los que no se ha ingresado gasto alguno al BIP. Es decir, el BIP no cuenta con la base de datos completa de la inversión pública realizada en las 346 comunas a nivel nacional, razón por la cual el requerimiento de información objeto de amparo, fue derivado a las carteras de Educación, Salud y Vivienda.

c) Sin perjuicio de lo anterior, la información disponible en el BIP puede ser consultada en la página del Ministerio de Desarrollo Social, en el link: http://bip.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/bip-trabajo/index.html.

d) Con respecto a la solicitud relativa a informar acerca del formato en que se encuentra registrada la información, indicando los campos o ítems específicos y concretos que contiene la base de datos solicitada, la reclamada remite a este Consejo un CD que contiene una planilla Excel en la cual se expresa el periodo: 2000-2012 y se detallan los montos por municipio y sector. Además, señala que en cuanto a la presentación, es una matriz de doble entrada, en la que en las filas están las comunas y en las columnas los sectores, correspondiendo a una hoja por cada año. La información que se proporciona corresponde al gasto efectivo expresado en miles de pesos corrientes, y cuya fuente es el BIP. Asimismo indica que parte de la información no contiene identificación de comuna en el registro de la Ficha IDI, por lo que ha sido clasificada como "en blanco" en la columna correspondiente a comuna, y que el grado de detalle en cuanto a los sectores es mayor al solicitado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, a modo de contexto, es menester destacar las siguientes disposiciones comprendidas en la Ley N° 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y modifica los cuerpos legales que indica:

a) El artículo 1° previene que corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social evaluar las iniciativas de inversión que solicitan financiamiento del Estado, para determinar su rentabilidad social, velando por la eficacia y eficiencia del uso de los fondos públicos, de manera que respondan a las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo económico y social que se determinen para el país.

b) El artículo 2° define iniciativas de inversión como los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos de inversión pública. Asimismo, considera los gastos en proyectos de inversión que realizan los organismos del sector público, para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o prestación de servicios, incluyendo aquello que forme parte integral de un proyecto de inversión. Comprende además los programas de inversión que señala.

c) Del mismo modo, define el Banco Integrado de Proyectos de Inversión como aquel registro administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, que contiene las iniciativas de inversión que han sido evaluadas, estén o no en ejecución, que requieren financiamiento del Estado. Este registro incluirá, al menos, una descripción del proyecto, el informe de evaluación, demás antecedentes a que hacen referencia las letras g) y h) del artículo 3°, si correspondiera, y las evaluaciones posteriores a su implementación, si las tuvieren. El registro será público en los términos de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. La administración de dicho banco, le corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, atendido lo dispuesto en los artículos 3°, letra k) y 5°.

d) El artículo 3°, letras g) y h), del cuerpo legal en análisis establece que dicho ministerio deberá elaborar un informe respecto de las iniciativas de inversión evaluadas. Del mismo modo, realizar el seguimiento de los proyectos de inversión en ejecución y estudios de preinversión, utilizando para ello los informes que les sean presentados por el organismo público que solicita se emita el documento interno de la Administración.

e) Además, la letra i) del citado artículo 3°, previene que en conjunto con el Ministerio de Hacienda, deberá poner a disposición de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de los Gobiernos Regionales, de los Consejos Regionales, de los Alcaldes y de los Concejos Municipales, durante el mes de agosto de cada año, un informe de los estudios de preinversión de las iniciativas de inversión evaluadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Dicho informe indicará, a lo menos, el porcentaje de inversión decretada y ejecutada en el año precedente que fue sometida a la evaluación señalada en el inciso cuarto del artículo 19 bis del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, y el porcentaje de ésta que obtuvo rentabilidad social positiva. Esta última disposición se refiere a los estudios preinversionales y los programas o proyectos de inversión y a la evaluación técnica y económica que haya analizado su rentabilidad.

2) Que el peticionario ha requerido la base de datos de la inversión pública realizada en las 346 comunas a nivel nacional, segmentada por nivel sectorial, específicamente en las áreas de educación, salud y vivienda desde el año 2000 hasta el año 2012, por año y comuna. Conforme a ello, a juicio de este Consejo requiere en definitiva todos los datos referidos a las iniciativas de inversión, comprendiendo dentro de ellas, los estudios, proyectos y programas de inversión, según la definición indicada en el literal b) del considerando 1° de este acuerdo, que se hayan ejecutado en el periodo consultado.

3) Que, según se puede apreciar del link http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=4, el objetivo central del Sistema Nacional de Inversiones (S.N.I.) es velar por la efectividad y eficiencia del uso de los recursos públicos que se destinan a inversión. Esta eficiencia se ve reflejada en un número de IDI (Iniciativa de Inversión) acorde con la disponibilidad de recursos, con un estándar de calidad en su elaboración, evaluación y análisis, controlados según una normativa transparente y común, y con la debida participación de la institucionalidad pública y de la comunidad organizada. Además se indica que dicho sistema está compuesto por cuatro subsistemas, siendo ellos los siguientes: a) Subsistema de Análisis Técnico-Económico: conjunto de normas, instrucciones y procedimientos que posibilita a las instituciones públicas disponer de una cartera de iniciativas de inversión socialmente rentables (RS), y en condiciones de asignarles recursos para su ejecución. La administración de este proceso recae íntegramente en MIDEPLAN, hoy, Ministerio de Desarrollo Social; b) Subsistema de Formulación Presupuestaria: asignación de recursos financieros a los proyectos de interés sectorial, regional y de las Empresas del Estado. Su función es homogeneizar, normar y coordinar la información relativa al proceso de asignación de fondos así como la aplicación del presupuesto aprobado para el sector público; c) Subsistema de Ejecución Presupuestaria: corresponde a la regulación y supervisión de la ejecución del gasto público y su respectivo financiamiento. Se materializa a través de la Ley de Presupuestos del Sector Público, y las instrucciones complementarias de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES); y d) Subsistema de Evaluación Ex-Post: dice relación con el análisis de los resultados logrados una vez que el proyecto entra en operación, para medir el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Asimismo permite retroalimentar y actualizar las metodologías, parámetros y supuestos del análisis técnico-económico (evaluación ex ante), y efectuar las correcciones tendientes a perfeccionar los procesos y los procedimientos de inversión vigentes. Es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social efectuar anualmente una evaluación ex post simplificada a una muestra representativa de proyectos, programas y estudios básicos financiados por los gobiernos regionales.

4) Que, además, en el banner http://bip.mideplan.cl/bip-trabajo/index.html, se encuentra disponible el Banco Integrado de Proyectos, el que es definido como una “herramienta informática que captura, archiva y procesa la información relacionada con el proceso de la inversión pública, cualquiera sea la etapa del ciclo de vida en que las iniciativas de inversión se encuentren”. En este sentido, precisa que se puede conocer el estado de la Inversión Pública en una región o comuna y mantener la información referida a los cambios en la evaluación, es decir, si el proyecto ha tenido una nueva revisión y el resultado de ésta a través de la Ficha IDI, entre otras aplicaciones. En efecto, según ha podido apreciar este Consejo, es posible realizar la búsqueda de las inversiones por área geográfica, ámbito sectorial, código bip, entre otras. Así por ejemplo ingresando a la consulta por ámbito sectorial, se despliegan otros filtros tales como subsector, región, provincia, comuna, tipología (proyecto, programa o estudio), resultado análisis, situación financiera (que muestra el estado de la inversión en cuanto a su materialización como con asignación, con contratos y con gastos), situación (nueva o arrastre), competencia de análisis y costos.

5) Que en el mismo banner del Banco Integrado de Proyectos es posible acceder al “Tablero de Gestión de iniciativas”, herramienta que permite la consulta en línea de las instituciones y servicios que formulan iniciativas de inversión, con el fin de entregar información de tiempos de respuesta del sistema. Esta herramienta despliega indicadores en línea de tiempo de respuesta de las instituciones y servicios en el proceso de obtención de la recomendación favorable (RS). Cualquier persona puede acceder a la información contenida en ella y efectuar las búsquedas con los filtros que en ella se contiene, por año presupuestario o calendario del 2009 en adelante, ya sea a través del tablero automático o el personalizado, por el cual se pueden efectuar las búsquedas por sector, territorio, institución responsable o financiera; e ingresar diversos indicadores y campos ya predefinidos.

6) Que, según el Manual del Usuario, en la aplicación de BIP Gestión (por la que pueden acceder únicamente los funcionarios públicos pertenecientes a alguna de las instituciones que presentan iniciativas de inversión al sistema) es posible extraer información directamente desde la base de datos, seleccionando y filtrando datos a su conveniencia, que luego puede exportar a una planilla Excel.

7) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3°, letra i) de la Ley N° 20.530, antes citado, en el link http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=108 se encuentran disponibles los Informes remitidos por los Ministerios de Hacienda y de Desarrollo Social a la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso Nacional de Chile por los que informa el total de iniciativas de inversión analizadas, la cantidad que fueron decretadas y las que registran ejecución en el año 2011. Del mismo modo, en el link http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=97, figura la Serie de Inversión Pública Regionalizada 2011, efectuada por el Departamento de Estudios de la División de Evaluación Social de Inversiones, y en el cual aparece la inversión pública efectiva total por regiones y sectores del año 2001 al 2011.

8) Que, de conformidad con lo señalado en los considerandos anteriores, al Ministerio de Desarrollo Social le corresponde evaluar las iniciativas de inversión que solicitan financiamiento del Estado para determinar su rentabilidad social. En ese entendido, la información que dispone en su calidad de administradora de la base de datos compuesta por el Banco Integrado de Proyectos de Inversión, y sus otras aplicaciones como el Tablero de Gestión de iniciativas y BIP Gestión, es aquella registrada por dicho sistema. De este modo, no dispondría de los datos de aquellas inversiones ejecutadas por iniciativa presidencial a través del ministerio correspondiente. En este sentido, la derivación efectuada por la reclamada a los Ministerios de Educación, Salud y Vivienda, para que se pronunciaran acerca de la solicitud de acceso del peticionario, es procedente en este punto, toda vez que serían dichas carteras, los organismos competentes para pronunciarse respecto de aquel tipo de inversión pública ejecutadas por iniciativa presidencial.

9) Que, atendido lo anterior, la información sobre el gasto ejecutado que dispone el organismo reclamado no necesariamente corresponde a la inversión pública realizada –que es lo que en la especie se ha solicitado-, por cuanto, como se ha indicado por la reclamada, dicho dato es el informado por los organismos que ejecutan las inversiones, e incorporados por ellos al Banco Integrado de Proyectos, y no necesariamente el que se haya verificado como tal. Con esa salvedad es que la Subsecretaría de Evaluación Social remitió a este Consejo la planilla Excel a la cual se hizo referencia en el numeral 5°, letra d) de lo expositivo de este acuerdo, en donde se indica el monto ejecutado en cada comuna y en cada uno de los sectores (incluidos aquellos por los que específicamente consulta el peticionario), desde el año 2000 al 2012, con excepción del año 2011, en que en la fila correspondiente a los sectores, se incluyeron las regiones del país, de modo que no resulta posible determinar que los montos indicados correspondan a un sector en específico de la economía y por ende, aquellos específicamente consultados por el solicitante.

10) Que, no obstante lo señalado, con ocasión de la dictación de la Ley N° 20.530, que entró en vigencia el 13 de octubre de 2011, el Ministerio de Desarrollo Social se encuentra obligado a informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, el porcentaje de inversión decretada y ejecutada en el año precedente, según se indicó en el considerando 3°, letra e) del presente acuerdo. Por ello, a partir de la entrada en vigencia de la norma en comento, resulta exigible al Ministerio reclamado contar con la información sobre la inversión pública ejecutada, en los términos en que han sido solicitados.

11) Que, con todo lo anterior, cabe concluir lo siguiente:

a) La derivación efectuada por la reclamada, es procedente únicamente respecto de la inversión pública realizada por iniciativa presidencial.

b) El organismo reclamado, al momento de dar respuesta al solicitante, debió entregar aquella información referida a la inversión pública ejecutada, desde el año 2011 en adelante, en tanto debió disponer tal dato conforme con lo dispuesto en la letra i) del citado artículo 3°, de la Ley N° 20.530. De esta forma se acogerá el amparo en tal punto y se ordenará su entrega al solicitante.

c) Respecto del resto de la información solicitada, que va de los años 2000 al 2010, el Ministerio de Desarrollo Social no contaba con la obligación legal de disponer de ella, razón por la que se rechazará el amparo en este punto. No obstante ello, en virtud de los principios de apertura o transparencia y de facilitación, este Consejo remitirá al requirente, conjuntamente con la notificación de la presente decisión, una copia de la planilla Excel adjuntada en el ORD. N° 40/369, de 5 de abril de 2013, de la entidad reclamada, en tanto se trata de información pública conforme con lo dispuesto en los artículos 5º, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, la que da cuenta de aquellos datos referidos a la inversión pública registrada en el BIP.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don David Labbé Otárola, en contra de la Subsecretaria de Evaluación Social, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Evaluación Social:

a) Hacer entrega al reclamante en formato Excel o stata de copia de la información relativa a la inversión pública realizada en las 346 comunas a nivel nacional, segmentado por nivel sectorial, específicamente en las áreas de educación, salud y vivienda correspondiente a los años 2011 y 2012.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Recomendar a la Sra. Subsecretaria de Evaluación Social que, en lo sucesivo, de disponer de parte de la información requerida deberá dar respuesta directa a lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Transparencia y, sólo en lo que corresponda, derivar al organismo que sea competente, según lo dispone el artículo 13 de dicho cuerpo legal.

IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don David Labbé Otárola, remitiendo copia de la planilla Excel adjuntada por el organismo reclamado en su ORD. N° 40/369, de 5 de abril de 2013 y a la Sra. Subsecretaria de Evaluación Social.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.