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Juan Carlos Piracés Schmidt con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C9397-21

Consejo para la Transparencia, 29/03/2022

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenándose la entrega de información sobre las disposiciones legales que justifican la exención de contribuciones del inmueble que se indica. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, configurándose como un fundamento esencial que sirvió de sustento para la dictación de un acto administrativo, específicamente, la aprobación de la resolución que, en su oportunidad, resolvió otorgar el beneficio de exención del impuesto territorial sobre el inmueble que se indica. A su vez, se advierte que, si bien se requiere planteada en forma de pregunta, aquella puede ser satisfecha, simplemente, por el órgano proporcionando el documento que contendría los antecedentes correspondientes. Adicionalmente, se desestimó la afectación de los derechos económicos y comerciales del tercero interesado, en los términos previstos en el artículo 21° N° 2 de la Ley de Transparencia. Aplica criterio contenido en el Amparo Rol C2733-19.


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Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C9397-21

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos

Requirente: Juan Carlos Piracés Schmidt

Ingreso Consejo: 24.12.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenándose la entrega de información sobre las disposiciones legales que justifican la exención de contribuciones del inmueble que se indica.

Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, configurándose como un fundamento esencial que sirvió de sustento para la dictación de un acto administrativo, específicamente, la aprobación de la resolución que, en su oportunidad, resolvió otorgar el beneficio de exención del impuesto territorial sobre el inmueble que se indica.

A su vez, se advierte que, si bien se requiere planteada en forma de pregunta, aquella puede ser satisfecha, simplemente, por el órgano proporcionando el documento que contendría los antecedentes correspondientes.

Adicionalmente, se desestimó la afectación de los derechos económicos y comerciales del tercero interesado, en los términos previstos en el artículo 21° N° 2 de la Ley de Transparencia.

Aplica criterio contenido en el Amparo Rol C2733-19.

En sesión ordinaria N° 1265 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de marzo de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C9397-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de noviembre de 2021, don Juan Carlos Piracés Schmidt solicitó al Servicio de Impuestos Internos -en adelante, indistintamente SII- la siguiente información: "Estimados: Esta casa ubicada en (...), rol (...), se ofrece en venta en el portal TOCTOC en 24.400 UF, señalándose que está exenta de contribuciones pese a tener un avalúo superior a los 320 millones de pesos. ¿En base a qué disposición legal está exenta?".

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 21977, de fecha 24 de diciembre de 2021, el SII respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega.

Indicó que, según se desprende del tenor de su consulta, el requerimiento de información no se refiere, específicamente, a la exposición de un determinado acto, documento o antecedente en poder del Servicio de Impuestos Internos, ni a información elaborada con presupuesto público, conforme a los términos establecidos por los artículos 5° y 10°, ambos de la Ley N° 20.285 y definidos por la letra e) del artículo 3° del reglamento de la Ley de Transparencia contenido en el Decreto Supremo N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sino que se trata de una petición administrativa de carácter normativa, materia que queda fuera de la órbita de aplicación de la Ley de Transparencia.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en virtud del principio de facilitación, establecido en la letra f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, señaló la cartografía digital que la entidad pública mantiene en su página web, indicando su ruta de acceso. Añadió que, se podrá confirmar que se trata efectivamente de un predio exento de contribuciones y allí se describe el destino del predio por el cual se consulta referido a "culto" específicamente.

3) AMPARO: El 24 de diciembre de 2021, don Juan Carlos Piracés Schmidt dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.

Argumentó que, "para que un bien raíz quede realmente exento de contribuciones, el SII debe registrarlo en su base de datos, incluyendo la causal. Es decir, hay un acto del servicio, debe existir un documento de respaldo, y la consecuencia, la exención del impuesto corresponde a información elaborada con presupuesto público. Se ha solicitado conocer el fundamento de la resolución del SII que deja exento de contribuciones a un bien raíz"

Adjuntó certificado de avalúo fiscal que demuestra que el bien raíz está exento de contribuciones.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio N° E1363, de fecha 20 de enero de 2022, solicitando que: (1°) considerando lo señalado en el amparo, indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

Mediante presentación, de fecha 10 de febrero de 2022, el SII evacuó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos.

Reiteró la inadmisibilidad de la información solicitada, fundado en que lo requerido corresponde a una petición administrativa de carácter normativa. Añadió que, "lo anterior, debido a que solo por medio de una correspondiente petición administrativa se puede solicitar que esta entidad de control fiscal que señale las razones de la exención, por cuanto dicha información es entregada al propietario del bien raíz, debido a que es información de carácter tributaria referida a un beneficio tributario sobre un determinado inmueble que tiene una persona en calidad de dueña o propietario". En tal contexto, hizo presente que, dicha información, al ser personal y reservada solo es posible entregársela al propietario, y no se encuentra publicada.

Agregó que, determinar lo solicitado implicaría emitir un pronunciamiento lo cual escapa de las obligaciones contenidas en la referida Ley de Transparencia, por cuanto el interesado solicita saber cuáles son las razones de la exención del inmueble que indica, y dicha situación es materia de consulta a través de la correspondiente petición administrativa, con la finalidad de que ante dicha consulta, esta entidad de fiscalización se pronunciara, indicando justamente las razones o fundamentos de la exención de impuesto que se indica respecto del inmueble requerido. Esgrimió que, "lo anterior, debido a que solo se puede expresar los fundamentos de aquella resolución, una vez que se haya realizado el correspondiente análisis al caso en particular o en su defecto se haya realizado la correspondiente fiscalización".

Alegó que, el amparo es inadmisible, pues no se configura una denegación de información, en los términos previstos en el artículo 24° de la Ley de Transparencia.

Finalmente, expuso que: "la información relativa a la exención o beneficio tributario otorgado a un inmueble en particular es materia que corresponde entregar al propietario o dueño del respectivo bien raíz, atendido a que dicha información es reservada particularmente tratándose de sus derechos de carácter económicos y comerciales, ya que, para poder realizar la entrega de la misma, era imprescindible tener la autorización expresa del titular dueño de la información, por lo que, no contando con esta, seria inevitable denegarla sin pasar a llevar los derechos de terceros, particularmente, su derecho a la privacidad y derechos comerciales afectados, por cuanto al entregar datos de contenido patrimonial sobre el patrimonio de un contribuyentes sin la debida autorización, puede generar eventuales perjuicios comerciales y de carácter económicos para el contribuyente, que en cada caso dependerán del tipo de actividad económica y comercial que realice, siendo imposible cuantificarlo, siendo un análisis casuístico tener que determinar cómo es la afectación de los derechos comerciales y económicos del contribuyente eventualmente afectado".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a resolver el fondo, respecto a la eventual inadmisibilidad de la presente reclamación, en orden a que no cumpliría con los requisitos señalados en el artículo 24° de la Ley de Transparencia, toda vez que no se habría configurado la infracción esgrimida, cabe tener presente que, el fundamento de dicho reclamo es la respuesta negativa a la solicitud de acceso, por cuanto el SII denegó el acceso a la información, no otorgando a la parte reclamante las disposiciones legales que justifican la exención de contribuciones de inmueble que indica. Por consiguiente, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por el reclamante. Por lo tanto, al constituir un hecho patente la negativa del SII de entregar información pública, resulta admisible el amparo, debiendo este Consejo analizar el fondo de la controversia.

2) Que, respecto a la aplicabilidad de la Ley de Transparencia en el caso de especie, se debe señalar que, si bien la solicitud de acceso es formulada a través de enunciados interrogativos, dicha consulta puede ser satisfecha por el órgano proporcionando el documento que contendría los antecedentes correspondientes. En efecto, aquella pueden desprenderse de los registros o antecedentes que la Institución reclamada mantiene en su poder, y cuya respuesta no supone la imposición de un gravamen a su respecto, ni la configuración de las causales de reserva que establece la ley, por lo que debe estimarse que dicho requerimiento se encuentra amparado por la Ley de Transparencia, de acuerdo al criterio desarrollado por este Consejo en la decisión del amparo rol C467-10, entre otras, razón por la cual el organismo debe pronunciarse sobre la consulta efectuada, en aplicación de los principios de Máxima Divulgación y de Facilitación, consagrados en el artículo 11, letras d) y f) de la Ley de Transparencia.

3) Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que, en la medida que aquella pueda estar contenida en algún de los soportes documentales señalados en el artículo 10 inciso 2° de la Ley de Transparencia, es susceptible de ser requerida al amparo de la citada norma, circunscribiéndose lo pedido, dentro del debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública, consagrado en la ley señalada.

4) Que, acto seguido, la información solicitada constituye el fundamento de un acto administrativo, en particular, de la resolución que, en su oportunidad, resolvió otorgar el beneficio de exención del impuesto territorial sobre el inmueble materia del presente caso. En consecuencia, lo requerido en este amparo constituye información pública, en los términos del artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, que dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen (...)".

5) Que, en tal orden de ideas, los actos administrativos que conceden beneficios como el de exención tributaria, son públicos, por cuanto son pronunciados por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades. En tal sentido, si dichos actos son públicos, de igual manera lo son los antecedentes que los fundan, por cuanto constituyen en conjunto, el cuerpo documental, en virtud del cual se dictó la resolución respectiva, y que le sirvieron de fundamento, tal como lo establece el citado artículo 8°, inciso 2, de la Constitución Política de la República.

6) Que, luego, en relación con la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia que fuere alegada por el SII, la que se configuraría al afectarse eventualmente los derechos del propietario del inmueble sobre el que versa el requerimiento de información, se debe señalar que este Consejo ha resuelto reiteradamente que para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que, en la especie, no se ha producido, ya que el SII no ha explicado, ni acreditado suficientemente, cómo la entrega de lo requerido, afectaría un derecho específico y determinado, en conformidad con lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En efecto, sus alegaciones resultan ser genéricas y eventuales, no aportándose mayores medios de prueba o elementos de juicio que permitan ponderar las circunstancias esgrimidas, ni acreditándose -con cierto grado de especificidad o certeza- cómo dicha vulneración se vería materializada en la especie. A mayor abundamiento, esta Corporación no advierte la forma en que se verificaría la afectación esgrimida, pues lo peticionado no se circunscribe a la entrega de información tributaria de un determinado contribuyente, sino a los fundamentos normativos que justifican la exención de contribuciones del inmueble indicado. (Énfasis agregado).

7) Que, asimismo, se debe hacer presente que dicha causal está establecida en forma exclusiva en favor de los terceros a quienes se refiere la información, contando con un procedimiento de oposición establecido en el artículo 20° de la ley señalada, el cual no fue aplicado en este caso. Por consiguiente, el SII carece de la titularidad para esgrimir dicha hipótesis de reserva.

8) Que, por consiguiente, configurándose la presentación de especie como una solicitud de acceso amparada por la Ley de Transparencia; tratándose de información de naturaleza pública que obra en poder del órgano recurrido y que ha servido de fundamento para la asignación de un beneficio; y, no configurándose en la especie la afectación de derechos esgrimida por el SII, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de las disposiciones legales que justifican la exención de contribuciones del inmueble que se indica.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Juan Carlos Piracés Schmidt, en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos;

a) Entregue al reclamante información sobre las disposiciones legales que justifican la exención de contribuciones del inmueble que se indica.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N°360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Carlos Piracés Schmidt; y, al Sr.Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.