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Elam Rocka con MUNICIPALIDAD DE QUILICURA Rol: C720-22

Consejo para la Transparencia, 29/03/2022

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Quilicura, ordenándose la entrega de copia de boletas e informes mensuales de servicios a honorarios presentados por la persona y período que se indican. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de lo cual se desestimó la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida. Asimismo, toda vez que la información se enmarca dentro de la órbita de control del órgano reclamado. En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales y sensibles de contexto que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, en conformidad a la Ley sobre Protección de la Vida Privada.


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Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C720-22

Entidad pública: Municipalidad de Quilicura

Requirente: Elam Rocka

Ingreso Consejo: 31.01.2022

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Quilicura, ordenándose la entrega de copia de boletas e informes mensuales de servicios a honorarios presentados por la persona y período que se indican.

Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de lo cual se desestimó la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida. Asimismo, toda vez que la información se enmarca dentro de la órbita de control del órgano reclamado.

En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales y sensibles de contexto que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, en conformidad a la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1265 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de marzo de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C720-22.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de diciembre de 2021, don Elam Rocka solicitó a la Municipalidad de Quilicura, lo siguiente:

"acceso y copia de los siguientes documentos relativos a la contratación a honorarios del señor Jorge Andrés Pomar Rodríguez, desde enero de 2017 a la fecha de esta solicitud:

1) Copia de el o los contratos a honorarios, y sus respectivos anexos, suscritos con la persona.

2) Copia de todas las boletas de honorarios presentadas por la persona para el pago de los servicios prestados.

3) Copia de todos los informes mensuales presentados por la persona para acreditar la prestación de los servicios contratados y validar el pago de los honorarios respectivos".

2) RESPUESTA: Mediante Oficio Alcaldicio N° 071 de fecha 14 de enero de 2022, el órgano respondió el requerimiento y señaló, en síntesis, lo siguiente:

Respecto a los puntos 2 y 3, esgrimió la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Así, advirtió que se trata de un elevado número de actos administrativos que tomaría mucho tiempo en reunir y distraería indebidamente a un funcionario de sus labores habituales. En este sentido, aclaró que se trata de alrededor de 19 informes, de los cuales no se resguarda copia física ni digital en la Dirección de Gestión de las Personas anterior al año 2020, y solo se archivaba el informe de cometidos original junto con el decreto de pago correspondiente, muchos de los cuales se encuentran resguardados en una empresa externa. Agregó que, mensualmente se tramitan entre 20 a 30 decretos de pago de honorarios, y cada uno de ellos pueden llegar a contener los informes de cometido de hasta 200 prestadores de servicio, por cuanto el tiempo de revisar una cantidad tan alta de documentos para hallar los de la persona consultada, requería poner a un funcionario exclusivamente en esta labor, distrayéndose de sus tareas habituales, para luego revisar y tachar datos sensibles.

Por otra parte, sobre lo pedido en el punto 1, accedió a la entrega de los 4 contratos que se suscribieron entre el 1 de enero de 2017 al 31 de julio de 2018 de servicios prestados como honorario.

3) AMPARO: El 31 de enero de 2022, don Elam Rocka dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Quilicura, fundado en la respuesta incompleta su solicitud.

El reclamante hizo presente que "se deniega el acceso a boleta de honorarios e informes mensuales de rendición por ser un alto número de actos administrativos. No se especifica el tiempo que significaría para los funcionarios reunir o buscar la información, lo cual impide el acceso a un derecho consagrado por ley".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y confirió traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Quilicura, mediante Oficio N° E3145 de fecha 16 de febrero de 2022, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada y la cantidad de tiempo que se destinaría a recopilar la información requerida.

Al respecto, mediante Oficio Alcaldicio N° 378 de fecha 14 de marzo de 2022, el órgano presentó sus descargos en los siguientes términos:

Refirió que lo solicitado se trata de 19 informes, los cuales ya no obran en poder del municipio, debido a que anterior al año 2020 la forma de tramitación consistía en archivar el informe cometido original y su respectiva boleta, junto con el decreto de pago correspondiente, los que se encuentran resguardados en una empresa externa de archivos. Por otro lado, señaló que el actual sistema de honorarios utilizado por el municipio, entró en vigencia durante el año 2018, por lo que tampoco existe registro digital de los informes de la persona consultada, ni el número de decreto o planilla a través de las que se tramitó el pago de su honorario, y sin dicha información, no es posible solicitar a la empresa externa de archivos copia del decreto de pago específico. En esta línea, añadió que mensualmente se tramitan entre 20 a 30 decretos de pago de honorarios, y cada uno de ellos puede contener los informes de cometido de hasta 200 prestadores de servicio. Por lo anterior, precisó que no es posible solicitar a la empresa de archivos que nos envíe la totalidad de los decretos a honorarios tramitados en los 19 meses que la persona por la cual se consulta prestó sus servicios, ya que se trata de entre 380 y 570 decretos de pago, que luego habría que revisar uno a uno, manualmente, para hallar en cuales se encuentran los informes, lo que, a su vez, tendría un costo asociado al desarchivo y archivo correspondiente. Además, adjunto Oficio DGP N° 191 de fecha 28 de febrero de 2022, de la Directora de Gestión de las Personas, informado lo señalado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta al requerimiento relativo a la entrega de información sobre boletas e informes mensuales de servicios a honorarios presentados por la persona y período que se indican.

2) Que, en relación a la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia que fuere esgrimida por la reclamada con ocasión de su respuesta, cabe señalar que, conforme a la referida causal, se podrá denegar el acceso a la información, cuando la entrega de la información solicitada afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

3) Que, respecto a la interpretación de la mentada causal de reserva, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las acciones que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

4) Que, en dicho contexto, se debe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

5) Que, en la especie, este Consejo advierte que la reclamada no acompañó antecedentes suficientes que acrediten la distracción indebida que fuere alegada. En efecto, el volumen de información referido por la reclamada -19 informes-, no es de una entidad suficiente para efectos de tener por acreditada la causal invocada, teniendo en consideración que la reclamada no señaló de manera específica el tiempo total que implicaría atender la solicitud de información requerida, con indicación de las horas hombre- que debiera destinar para su recopilación-. De esta forma, la sola invocación de la causal en comento, fundada en que la atención de la solicitud implicaría la destinación exclusiva de un funcionario al efecto, distrayéndolo indebidamente de sus labores habituales, no permite, por sí misma, justificar la configuración de la misma. A su vez, no indicó la forma concreta en que la entrega de lo pedido, implicaría afectar el debido cumplimiento de sus funciones. En este sentido, cabe tener presente que por tratarse de normas de derecho estricto -las causales de reserva-, que se contraponen al principio general de Transparencia de los actos de la Administración, deben ser interpretadas restrictivamente. Por consiguiente, se desestimará la alegación realizada en este punto.

6) Que, no obstante la alegación de distracción indebida alegada por el órgano en su respuesta, con ocasión de sus descargos, el municipio precisó que la información solicitada no obra en su poder, en la medida que se encuentra resguardada en una empresa externa de archivos. Sobre el particular, cabe señalar que, conforme a lo resuelto sostenidamente por este Consejo, la expresión "obre en poder de los órganos" del inciso segundo del artículo 5 de la Ley de Transparencia, no debe limitarse únicamente a la información existente físicamente en las dependencias de un órgano de la Administración del Estado, sino que también comprende aquella que el órgano mantiene bajo su órbita de control o bajo su disposición. En tal orden de ideas, al tratarse de información vinculada a un servidor público que ejerció funciones en el organismo reclamado y que fueren archivadas -según lo explicado por el propio órgano- junto a decretos de pago emitidos por la reclamada, la información solicitada se encuentra bajo la órbita de control de la reclamada, pudiendo ser requerida a la empresa externa donde se encuentran los archivos consultados.

7) Que, en este sentido, y ante la alegación de la reclamada en orden a que la solicitud de los antecedentes pedidos a la empresa externa sólo es posible con la información sobre el número de decreto o planilla a través de las que se tramitó el pago de los honorarios de la persona consultada, cabe hacer presente que, a juicio de este Consejo, no constituyen razones suficientes para efectos de justificar la ausencia de solicitud de los antecedentes a la empresa de resguardo de archivos que los detenta, teniendo en consideración que la individualización del nombre del funcionario unido a la información sobre el período en que trabajó en el municipio, permiten la búsqueda e identificación de los informes y boletas consultadas. Asimismo, y en la hipótesis en que la solicitud a la empresa externa fuere respecto de la remisión de todos los decretos de pago -los cuales se encuentra archivados junto con las boletas e informes de prestación de servicios- tramitados durante los 19 meses en que la persona consultada prestó servicios en el municipio, la entidad de información a revisar por parte del municipio -entre 380 a 570 decretos según lo informado por el órgano-, no es de una entidad suficiente que, a juicio de este Consejo, permitan distraer a los funcionarios de sus labores habituales, en consideración a las razones referidas en el considerando 5°.

8) Que, luego, en cuanto a la publicidad de la información pedida, resulta atingente tener presente que el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

9) Que, sumado a lo anterior, atendido al tipo de labores que desempeñan los servidores públicos, cabe señalar que estos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, antecedentes curriculares, liquidaciones y otros similares, incluyendo el nombre de los mismos. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella.

10) Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, vinculada a informes de gestión y antecedentes sobre el pago en relación a un servidor público del municipio, respecto de lo cual se desestimó la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida que fuere esgrimida, y advirtiéndose que la información se enmarca dentro de la órbita de control del órgano, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de lo requerido.

11) Que, asimismo, en conformidad al principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto referidos a terceros distintos del reclamante, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, deberá anonimizar los datos sensibles que pudieren constar en la información pedida. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), 4 y 10 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

12) Que, no obstante, en el evento de que esta información o parte de ella, luego de solicitada a la empresa externa, no obre en su poder, el órgano deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo establecido en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Elam Rocka en contra de la Municipalidad de Quilicura, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Quilicura, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante la información requerida en los puntos 2 y 3 de la solicitud consignada en el numeral 1° de lo expositivo, sobre copia de las boletas de honorarios presentadas por la persona que se indica para el pago de los servicios prestados, y de los informes mensuales presentados para acreditar la prestación de los servicios contratados y validar el pago de los honorarios respectivos, en el período que se señala.

Asimismo, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto referidos a terceros distintos del reclamante, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Asimismo, deberá anonimizar aquellos datos sensibles que pudieren estar contenidos en la información pedida. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), 4 y 10 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella, luego de solicitada a la empresa externa, no obre en su poder, el órgano deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo establecido en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N°360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Elam Rocka y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Quilicura.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.