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Tatiana Peña Lazo con Servicio Nacional de Migraciones Rol: C9307-21

Consejo para la Transparencia, 15/03/2022

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Migraciones, ordenando la entrega de copia íntegra del expediente migratorio de la requirente. Lo anterior, por cuanto, se trata de información asociada a procedimientos administrativos de regularización migratoria iniciado en su favor, respecto del cual, se estima que resulta procedente su petición por medio del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sin que se advierta la concurrencia de causales de secreto o reserva que justifiquen su denegación, particularmente, la de privilegio deliberativo invocada durante el presente procedimiento. Se hace presente al organismo que la información deberá ser proporcionada de manera presencial en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. Sin perjuicio de lo cual, atendidas las dificultades que dicha situación pueda generar, se recomienda que realice aquella por un medio alternativo al presencial. A modo meramente ejemplar, por medio de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos.


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DECISIÓN AMPARO ROL C9307-21

Entidad pública: Servicio Nacional de Migraciones

Requirente: Tatiana Peña Lazo

Ingreso Consejo: 20.12.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio Nacional de Migraciones, ordenando la entrega de copia íntegra del expediente migratorio de la requirente.

Lo anterior, por cuanto, se trata de información asociada a procedimientos administrativos de regularización migratoria iniciado en su favor, respecto del cual, se estima que resulta procedente su petición por medio del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sin que se advierta la concurrencia de causales de secreto o reserva que justifiquen su denegación, particularmente, la de privilegio deliberativo invocada durante el presente procedimiento.

Se hace presente al organismo que la información deberá ser proporcionada de manera presencial en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. Sin perjuicio de lo cual, atendidas las dificultades que dicha situación pueda generar, se recomienda que realice aquella por un medio alternativo al presencial. A modo meramente ejemplar, por medio de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos.

En sesión ordinaria N° 1261 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de marzo de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C9307-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de noviembre de 2021, doña Tatiana Peña Lazo solicitó al Servicio Nacional de Migraciones copia íntegra de su expediente migratorio; solicitud presentada el 06 de febrero de 2020, con la representación de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes.

2) RESPUESTA: El 14 de diciembre de 2021, el Servicio Nacional de Migraciones respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 53121, de esa fecha; señalando, en síntesis, lo siguiente:

"(...) esta autoridad no podrá acceder a su solicitud en atención a que, según nuestros registros, el expediente consultado en su solicitud, se encuentra en etapa de análisis en virtud de su solicitud ingresada a este Servicio y teniendo en consideración, por tanto, estos antecedentes que conforman su expediente se encuentran aún en trámite para la adopción de una medida, debemos denegar su requerimiento de conformidad al artículo 21 número 1 letra b), de la Ley N° 20.285, puesto que su documentación es parte de un proceso continuo e indivisible, cuya divulgación previa afecta el funcionamiento de este servicio, que tiene como misión velar por el cumplimiento de la normativa migratoria vigente en el país, relativa al ingreso y egreso, residencia definitiva o temporal, expulsión y regulación de los ciudadanos extranjeros que permanecen en el territorio nacional, dictando actos administrativos para tales efectos que tienen como objetivo, justamente, llevar a cabo la Política Nacional Migratoria del Gobierno de Chile, para lo cual, adopta medidas y dicta resoluciones cuya notificación debe ser realizada por los medios legales dispuestos al efecto, puesto que no sólo corresponde a la comunicación del acto en cuestión, sino que, a la vez, constituye una garantía para su titular que lo habilita para presentar los descargos ante las autoridades que correspondan según sea el contenido de la misma.".

3) AMPARO: El 20 de diciembre de 2021, doña Tatiana Peña Lazo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, y mediante oficio N° E490, de 10 de enero de 2022, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.

A la fecha del presente acuerdo, no consta que dicho organismo haya evacuado descargos en esta sede.

Como gestión complementaria se confirió traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio N° E705, de 11 de enero de 2022.

- Por medio de Ordinario N° 1944, de 24 de enero de 2022, la Subsecretaría señaló que, en virtud de la Ley N° 21.325, que establece en su artículo 156 la creación del Servicio Nacional de Migraciones y el Decreto con Fuerza de Ley N° l - 21.325, del 19 de agosto de 2021, que fija planta de personal del Servicio Nacional de Migraciones y regula otras materias que indica, desde el día 1 de octubre de 2021 corresponderá a dicho servicio dar respuesta a las materias que le sean de su competencia. En este contexto, informa que realizó gestiones para que el aludido Servicio proceda a la entrega de los insumos correspondientes para dar respuesta al amparo y que a la fecha aquello no ha ocurrido.

- Luego, mediante Ordinario N° 2205, de 28 de febrero de 2022, la Subsecretaría del Interior complementó su respuesta señalando que el Servicio Nacional de Migraciones le informó que en el presente caso debió dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra b), de la Ley de Transparencia, toda vez que el expediente solicitado es el antecedente para la adopción de una resolución por parte de la autoridad, razón por la cual, acceder a su entrega antes que el acto se encuentre finalizado implicaría una trasgresión al espíritu verdadero de la referida Ley, en el sentido que aquella tiene por finalidad consagrar el derecho de acceso a la información pública respecto de actos, resoluciones o documentos que se encuentren totalmente tramitados. Por tanto, en consideración a que la documentación asociada a la tramitación de una solicitud es parte de un proceso continuo, indivisible y necesario para la adopción de la medida en cuestión, su divulgación afectaría el funcionamiento del Servicio, así como también, el debido proceso y la validez del acto administrativo final, pues aquellos corresponden a antecedentes previos a la adopción de una decisión. Adicionalmente se informó que el proceso pendiente se encuentra en su etapa final de tramitación.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de copia íntegra del expediente migratorio de la propia requirente. Al efecto el Servicio Nacional de Migraciones, con ocasión de su respuesta, denegó la información por tratarse de una solicitud de regularización migratoria en etapa de análisis. Luego, durante la tramitación del presente reclamo, a través de la Subsecretaría del Interior, informó que debió dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra b), de la Ley de Transparencia, fundada en que el expediente solicitado es el antecedente para la adopción de una resolución por parte de la autoridad actualmente en trámite.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

3) Que, conforme a la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21, N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7, N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

4) Que, en la especie, respecto del primero de los requisitos, cabe tener presente que, en adecuación a lo informado por la reclamada en su respuesta, los antecedentes pedidos aún se encuentran en proceso de tramitación, en el marco de los procedimientos migratorios iniciados, cuya resolución final aún se encontraría pendiente. Sin embargo, en relación al segundo de los requisitos, la reclamada no indicó la forma específica en la que la entrega de la información podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del Servicio Nacional de Migraciones, especialmente, en lo referido a la adopción de una medida o decisión en los procedimientos migratorios que se consultan. Asimismo, la reclamada no acompañó antecedentes suficientes que permitieran acreditar una eventual afectación a sus funciones específicas con la divulgación de lo solicitado, producto de la falta de dictación de un acto terminal.

5) Que, en efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Así, del análisis de los antecedentes se advierte que el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes pedidos, aún en tramitación, podría generar la afectación alegada, o la manera en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En este sentido, esta Corporación no advierte una afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado con la entrega de los expedientes solicitados.

6) Que, a mayor abundamiento, cabe hacer presente que la peticionaria tiene la calidad de interesada en el procedimiento consultado, circunstancia que no ha sido desvirtuada por el órgano reclamado por lo que, resulta aplicable lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, el cual dispone que: "Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa;(...) d) acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley".

7) Que, asimismo, atendida la materia sobre la que versa el expediente solicitado, este Consejo presume que el mismo contiene datos personales y sensibles de la parte solicitante, referidos a hechos o circunstancias de su vida privada, según la definición prevista en el artículo 2, letras f) y g), de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Al respecto, el artículo 12 del mismo cuerpo legal, reconoce que "toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente". De esta forma, en la especie, la peticionaria ha hecho uso del denominado "habeas data impropio" a efectos de acceder a sus datos de carácter personal y sensibles, que obran en poder de un tercero, en este caso, del Servicio Nacional de Migraciones. Tal derecho, puede ejercerse a través del procedimiento establecido por la Ley de Transparencia mediante el ejercicio del derecho de acceso a información pública, según ha sido resuelto anteriormente por este Consejo, por ejemplo, en las decisiones de amparos roles C134-10, C178-10 o C432-13, entre otras.

8) Que, en mérito de lo expuesto, tratándose lo solicitado de información referida al expediente administrativo iniciado en favor de la propia solicitante, que obra en poder del órgano reclamado, respecto del cual no se advierte la concurrencia de causales de secreto o reserva que justifiquen la denegación de lo pedido, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega presencial de lo solicitado, previa acreditación de identidad del requirente o de su apoderado, en conformidad a lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. Sin perjuicio de lo cual, atendidas las dificultades que dicha situación pueda generar, se recomienda que realice aquella por un medio alternativo al presencial. A modo meramente ejemplar, por medio de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad de su titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Tatiana Peña Lazo en contra del Servicio Nacional de Migraciones; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, lo siguiente;

a) Hacer entrega a la reclamante copia íntegra de su expediente migratorio,. Lo anterior, en forma presencial, previa acreditación de su identidad en conformidad a lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. Sin perjuicio de lo cual, atendidas las dificultades que dicha situación pueda generar, se recomienda que realice aquella por un medio alternativo al presencial. A modo meramente ejemplar, por medio de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad de su titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Tatiana Peña Lazo; al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones y al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.