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Multicaja SA con COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO Rol: C8717-21

Consejo para la Transparencia, 22/03/2022

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, ordenándose la entrega de información sobre resoluciones, normativas o pronunciamientos que se hayan dictado relativos a situación que se indica. Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, respecto de los cuales, no se acreditó la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano y al privilegio deliberativo pendiente. Asimismo, con respecto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21° N° 5 de la Ley de Transparencia, se desestimó su concurrencia, pues el precepto invocado por la reclamada no constituye en sí mismo un caso de reserva, pues no otorga carácter secreto a los datos que indica, sino que explicita un deber funcionario aplicable a las personas que, a cualquier título, presten servicios en la CMF. Aplica criterio razonado en las decisiones C1732-19, C1747-19 y C6617-20. En forma previa a su entrega, el órgano deberá tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.


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DECISIÓN AMPARO ROL C8717-21

Entidad pública: Comisión para el Mercado Financiero

Requirente: Multicaja S.A.

Ingreso Consejo: 22.11.2021

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, ordenándose la entrega de información sobre resoluciones, normativas o pronunciamientos que se hayan dictado relativos a situación que se indica.

Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, respecto de los cuales, no se acreditó la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano y al privilegio deliberativo pendiente.

Asimismo, con respecto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21° N° 5 de la Ley de Transparencia, se desestimó su concurrencia, pues el precepto invocado por la reclamada no constituye en sí mismo un caso de reserva, pues no otorga carácter secreto a los datos que indica, sino que explicita un deber funcionario aplicable a las personas que, a cualquier título, presten servicios en la CMF. Aplica criterio razonado en las decisiones C1732-19, C1747-19 y C6617-20.

En forma previa a su entrega, el órgano deberá tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1264 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de marzo de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8717-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de septiembre de 2021, Multicaja S.A -representada convencionalmente por Javier Etcheberry Celhay, según consta en poder de representación que acompañó- solicitó a la Comisión para el Mercado Financiero -en adelante, indistintamente CMF- lo siguiente: "(...)

Informar de cualquier resolución, normativa o pronunciamiento que haya dictado, relativo a la posibilidad de que Operadores de Tarjetas de Pago o Sociedades de Apoyo al Giro Bancario, puedan constituirse como un Prestador de Servicios de Certificación para efectos de emitir boletas electrónicas, o bien, puedan facilitar su infraestructura para que un Prestador de Servicios de Certificación, a través de una alianza comercial y/o tecnológica, pueda prestar sus servicios a través ya sea de un Operador y/o de una Sociedad de Apoyo al Giro Bancario.

En particular, se solicita que la CMF informe de toda solución, normativa o pronunciamiento que haya dictado, a propósito de la comunicación que Transbank S.A. hizo en enerco de 2020, en la que le presentó su servicio de boleta electrónica, o a la consulta presentada, sobre esta misma materia, con fecha 26 de octubre de 2020 por Vessi SpA.

En la afirmativa, en caso de que la CMF haya dictado alguna resolución, normativa o pronunciamiento sobre la materia, sea que haya sido con ocasión de las presentaciones de Transbank S.A. o de Vessi SpA, o no, se solicita que, además de informar ese hecho, se acompañe la correspondiente resolución, normativa o pronunciamiento.

2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ord. N° 89655, de fecha 29 de octubre de 2021, la CMF respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega, en aplicación de las hipótesis de reservas previstas en el artículo 21° N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última, en relación con lo dispuesto en el artículo 28° del Decreto Ley N° 3.538 de 1980, de Hacienda, que crea la Comisión para el Mercado Financiero.

Argumentó que, dicha disposición que tiene el rango de ley de quórum calificado ficta de conformidad a lo establecido en el artículo 1° de las disposiciones transitorias de la Ley de Transparencia y a lo establecido en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República.

3) AMPARO: El 22 de noviembre de 2021, Multicaja S.A. dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.

Expuso que, lo pedido constituye información pública cuyo acceso se encuentra garantizado por la propia Constitución y la Ley de Transparencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, y en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, pues se refiere a resoluciones, normativas o pronunciamientos que dictados por dicho organismo.

Acto seguido, señaló que: "la CMF se limitó a citar la causa legal, sin explicar, ni fundamentar ni mucho menos acreditar cómo, en los hechos, el acceso a la información requerida afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, ni tampoco qué subcausal en particular, de las tres contempladas en la norma, se verificaría en la especie". Agregó que, las causales de reserva legal son de derecho estricto, y, por tanto, no pueden presumirse o darse por verificadas, como pretende la CMF con su sola mención e inexistente fundamentación.

Complementó que, la normativa citada por la CMF para configurar la causal de reserva legal contemplada en el numeral quinto del artículo 21° de la Ley de Transparencia, no sólo no es el tipo de ley que exige la causal -de quórum calificado-, sino que está destinada al personal de la CMF, relacionándose con sus deberes como funcionarios públicos, y no estando dirigida a la institución u órgano del Estado. A fin de refrendar lo anterior, citó jurisprudencia administrativa de esta Corporación.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Oficio N° E24999, de fecha 10 de diciembre de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (2°) detalle cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa.

Mediante Oficio Ord. N° 104470, de fecha 27 de diciembre de 2021, el organismo evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, los argumentos expuestos en su respuesta denegatoria.

Hizo presente que, por una inadvertencia, no fue incluida en el Oficio de respuesta la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. Lo anterior, atendido que los antecedentes se encontraban siendo objeto de reposición administrativa. Asimismo, añadió que, los antecedentes se encuentran en procedimiento de impugnación por recurso de ilegalidad, ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol 626-2021 contencioso administrativo, en el cual podrá encontrar los antecedentes solicitados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, referente a la entrega de información sobre resoluciones, normativas o pronunciamientos que se hayan dictado relativos a la posibilidad de que Operadores de Tarjetas de Pago o Sociedades de Apoyo al Giro Bancario, puedan constituirse como un Prestador de Servicios de Certificación para efectos de emitir boletas electrónicas, o bien, puedan facilitar su infraestructura para que un Prestador pueda prestar sus servicios a través ya sea de un Operador y/o de una Sociedad de Apoyo al Giro Bancario, en adecuación del detalle expuesto en su solicitud de especie. Al efecto, la CMF denegó su acceso, por concurrir las hipótesis de secreto previstas en el artículo 21 N° 1, N° 1 letra b) y N° 5 de la Ley de Transparencia.

2) Que, primeramente, respecto de la publicidad de los antecedentes peticionados, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

3) Que, respecto de la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 de la Ley de Transparencia, aquella dispone que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información: "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido". Sobre la interpretación de la causal esgrimida, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales"; así como lo resuelto en la sentencia sobre Recurso de Queja Rol N° 8452-2018, en la cual dicha magistratura sostuvo que frente a la regla fundamental de publicidad, la sola consideración de la naturaleza excepcional que sirve de fundamento a la reserva, no es per se suficiente para excluir el principio general básico de publicidad y libre acceso a la información, puesto que además es indispensable que mediante dicho acceso se produzca una efectiva afectación a algunos de los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución (Considerando 8°). (Énfasis agregado).

4) Que, en la especie, el organismo se limitó meramente a enunciar la hipótesis de reserva esgrimida, sin aportar mayores antecedentes, medios de prueba o elementos de juicio que pormenoricen el modo en que se afectaría sus funciones. Sobre este punto, este Consejo ha establecido como criterio, que para verificar la procedencia de una causal de reserva, se debe determinar la afectación del bien jurídico protegido por ella, debiendo, en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se ha verificado en la especie, teniendo presente, además que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, razón por la cual se desestimará la alegación de la reclamada en este punto.

5) Que, acto seguido, sobre la hipótesis de reserva establecida en el 21° N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, cabe hacer presente que ésta contempla que, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas". Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes "todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios". Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. (Énfasis agregado).

6) Que, en la especie, la CMF sólo expresó que los antecedentes se encontraban siendo objeto de reposición administrativa, sin acompañar mayores medios de prueba o elementos de juicio que permitan a este Consejo, tener por configurada la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21° N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, o estimar plausible que por el hecho de divulgarse la información pedida, en los términos planteados, se afectará el desarrollo del procedimiento administrativo en curso. En efecto, el órgano recurrido no aportó suficientes antecedentes que permitan acreditar de manera indubitada y fehaciente la manera en que la develación de la información consultada produciría una afectación presente o probable con suficiente especificidad en el cumplimiento de las funciones del organismo Al respecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entrega, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Por tales consideraciones, se desestimará la hipótesis de reserva esgrimida en esta parte.

7) Que, por otra parte, el organismo reclamado esgrimió la concurrencia en la especie de la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 5 de la Ley de Transparencia, esto es, "cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política", cuya verificación -a juicio del órgano recurrido- encontraría sustento en el artículo 28° del Decreto Ley N° 3538, de 1980, de Hacienda, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, el cual preceptúa que: "La Comisión, así como los Comisionados, funcionarios y las personas que, a cualquier título, presten servicios a dicha entidad estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de los que tomen conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones, así como documentos, informes y antecedentes que elaboren, preparen o mantengan en su poder o de los que hayan tomado conocimiento en el ejercicio de dichas funciones, siempre que éstos no tengan el carácter de públicos (...)".

8) Que, la antedicha hipótesis de reserva no sólo exige que una ley de quórum calificado establezca la reserva o secreto de documentos, datos o información, sino además, y en forma copulativa, requiere que la declaración que haga dicha ley, sea de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política, a saber: afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. Al respecto, cabe hacer presente que el precepto invocado por la reclamada no constituye en sí mismo un caso de reserva, pues no otorga carácter secreto a los datos que indica, sino que simplemente explicita un deber funcionario aplicable a las personas que, a cualquier título, presten servicios en la CMF, sin habilitar a este órgano para fundar la denegación de información que obre en su poder, máxime cuando se solicita información al órgano de la Administración y no a sus funcionarios individualmente considerados, existiendo un deber constitucional y legal de la institución de cumplir con la Ley de Transparencia.

9) Que, sobre este punto, este Consejo reiteradamente ha señalado que los deberes de confidencialidad que contienen las normas orgánicas de los distintos organismos públicos, no puede conducir a una interpretación que suponga que todos los documentos o antecedentes de que tomen conocimiento en el desempeño de su cargo sean secretos o reservados, ya que ello invertiría, por vía interpretativa, la regla constitucional que exige al legislador establecer positivamente los casos de reserva y fundarlos en alguna de las causales del inciso 2° del artículo 8°.

10) Que, en efecto, según lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos roles C1732-19, C1747-19 y C6617-20, en lo que concierne a la causal de reserva del artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 28 del decreto ley N° 3.538, aquella se debe desestimar, toda vez que los deberes u obligaciones del personal de la institución, no pueden entenderse como una causal de reserva que pueda invocar el organismo al que pertenecen dichos funcionarios. Al efecto, el mencionado artículo 28 forma parte del párrafo 4 del aludido Decreto Ley, el cual se titula "Del Personal de la Comisión para el Mercado Financiero", y el artículo 26 que lo encabeza, dispone que "Todo el personal de la Comisión se regirá por un estatuto del personal de carácter especial. En lo no previsto en él o en la presente ley regirá, como legislación supletoria, el Código del Trabajo". Así, una cosa es la responsabilidad de los funcionarios -que es la regulada en la norma señalada- y otra la que tiene el órgano al evaluar una solicitud de información formulada conforme a la Ley de Transparencia, caso en que corresponderá al Jefe de Servicio resolver si accede o no a entregar la información requerida. Para ello deberá invocar alguna de las causales establecidas por el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otra ley de quórum calificado, causales que para ser válidas deberían fundarse en las causales de secreto o reserva que específicamente establece el artículo 8° de la Constitución Política.

11) Que, a mayor abundamiento, tal como precisó la Excma. Corte Suprema en la causal Rol N° 14.642-2017, en sentencia de 20 de diciembre de 2017, sobre una norma similar, es que aquella constituye: "(...) una regulación jurídica que tiene como destinatarios a los funcionarios en las áreas de sus competencias propias (...). La publicidad y la transparencia, en cambio, con su regulación jurídica actual, antes que a las personas, están referidas a los órganos del Estado", así como también, "Que el ciudadano tiene derecho a conocer la eficiencia y eficacia con que el órgano público cumple sus funciones, esto es, la información de cuyo conocimiento se trata está íntimamente ligada con el derecho que a éste asiste de conocer de qué modo la citada Superintendencia lleva a cabo sus deberes y, específicamente, aquellos relacionados con la fiscalización previa de aquellas sociedades y sus accionistas que desean constituirse como una entidad bancaria con funcionamiento en nuestro país" (considerando 10°). Por consiguiente, se desestimará la hipótesis de secreto expresada en esta parte.

12) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, habiéndose desestimado la concurrencia de las causales de reserva previstas en el N° 1, N° 1 letra b) y N° 5 del artículo 21° de la Ley de Transparencia alegadas por el órgano reclamado, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de los antecedentes consultados. Sin perjuicio de lo cual, previo a la entrega, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por Multicaja S.A, en contra de la Comisión para el Mercado Financiero, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, lo siguiente;

a) Informe de cualquier resolución, normativa o pronunciamiento que haya dictado, relativo a la posibilidad de que Operadores de Tarjetas de Pago o Sociedades de Apoyo al Giro Bancario, puedan constituirse como un Prestador de Servicios de Certificación para efectos de emitir boletas electrónicas, o bien, puedan facilitar su infraestructura para que un Prestador de Servicios de Certificación, a través de una alianza comercial y/o tecnológica, pueda prestar sus servicios a través ya sea de un Operador y/o de una Sociedad de Apoyo al Giro Bancario.

En particular, informe de toda solución, normativa o pronunciamiento que haya dictado, a propósito de la comunicación que Transbank S.A. hizo en enerco de 2020, en la que le presentó su servicio de boleta electrónica, o a la consulta presentada, sobre esta misma materia, con fecha 26 de octubre de 2020 por Vessi SpA.

En la afirmativa, en caso de que la CMF haya dictado alguna resolución, normativa o pronunciamiento sobre la materia, sea que haya sido con ocasión de las presentaciones de Transbank S.A. o de Vessi SpA, o no, se solicita que, además de informar ese hecho, se acompañe la correspondiente resolución, normativa o pronunciamiento.

Lo anterior, tarjando, en forma previa, todos los datos personales de contexto contenidos en los documentos solicitados, como, por ejemplo, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Multicaja S.A.; y, al Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.