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Germán Zúñiga Castro con SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR (SERNAC) Rol: C9130-21

Consejo para la Transparencia, 22/03/2022

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Nacional del Consumidor, respecto de los resultados de la fiscalización que indica. Lo anterior por tratarse de documentación que aún no existe, por tratarse de información no incluida en la solicitud que dio origen al presente amparo sino que se incorpora al momento de interponer el reclamo, y cuya entrega afectará el privilegio deliberativo de la institución reclamada. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos rol C4523-20 y C524-21.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

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Tipo de Documento

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C9130-21

Entidad pública: Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).

Requirente: Germán Zúñiga Castro.

Ingreso Consejo: 11.12.2021

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio Nacional del Consumidor, respecto de los resultados de la fiscalización que indica.

Lo anterior por tratarse de documentación que aún no existe, por tratarse de información no incluida en la solicitud que dio origen al presente amparo sino que se incorpora al momento de interponer el reclamo, y cuya entrega afectará el privilegio deliberativo de la institución reclamada.

Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos rol C4523-20 y C524-21.

En sesión ordinaria N° 1264 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de marzo de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C9130-21.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de noviembre de 2021, don Germán Zúñiga Castro requirió al Servicio Nacional del Consumidor, lo siguiente: "CON FECHA 20/08/20, SE PUBLICÓ LO SIGUIENTE ‘SERNAC fiscaliza a centros médicos que aumentan el valor del examen COVID por medio de ventas atadas’. Ello, implicó una investigación, de la que NO me gustaría conocer el resultado. SOLICITO EL RESULTADO DE FICHA INVESTIGACIÓN / FISCALIZACIÓN".

Acto seguido, agregó que "FISCALIZACIÓN POR COBROS EXAMEN DE COVID DESDE EL 20/08/2020 EN ADELANTE".

2) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: El 23 de noviembre de 2021, el Servicio Nacional del Consumidor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, requirió al solicitante aclarar su requerimiento, en el sentido de indicar "En una parte de su petición se menciona que "no" quiere conocer el resultado de la fiscalización y, por otro, que quiere conocer el resultado de la fiscalización. Necesitamos que aclare si desea o no ser informada de la fiscalización a los centros médicos que Ud. indica en su solicitud de información pública".

Mediante comunicación de fecha 25 de noviembre de 2021, el solicitante subsanó su requerimiento, indicando que, efectivamente, requiere conocer el resultado de la fiscalización mencionada.

3) RESPUESTA: El 6 de diciembre de 2021, mediante Ord. N° 6744, el Servicio Nacional del Consumidor otorgó respuesta al requerimiento, señalando que la actividad de fiscalización aún se encuentra en curso, y que corresponde a una fiscalización con alcance nacional con el fin de verificar si se produce incumplimiento en el cobro del precio del examen PCR, en perjuicio del consumidor, teniendo en cuenta que se limitó su precio por la autoridad sanitaria, requiriendo a 51 proveedores de diversas regiones que proporcionaran información sobre sus cobros y procedimientos, incluyendo una planilla con la identificación de las instituciones de salud fiscalizadas, su número de RUT, y los números de los oficios por los cuales fueron requeridas.

Finalmente, informó que "en estos momentos el estudio se encuentra en una etapa de coordinación interinstitucional con la Superintendencia de Salud para dilucidar algunas temáticas específicas del sector antes de continuar con las acciones posteriores (...) Es en ese sentido que no es posible, por ahora, acceder a su petición (...) Es por ello que producto del análisis de la Subdirección de Fiscalización, de los antecedentes allegados por la empresa y recabados en la actividad de fiscalización aludida, se están evaluando los cursos de acción que surgen del mérito de los mismos, definición que está en proceso de evaluación por el Servicio", denegando la entrega de la información conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

4) AMPARO: El 11 de diciembre de 2021, don Germán Zúñiga Castro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio Nacional del Consumidor, fundado en que recibió una respuesta negativa a su solicitud.

Asimismo, el reclamante manifestó que "En subsidio, para el caso que el CPLT no acoja la petición de entrega total de la información señalada, PIDO que, de acuerdo al principio de divisibilidad, establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, que señala que si un acto administrativo contiene información que pueda ser conocida y, al mismo tiempo, información que deba denegarse en virtud de una causal legal, DAR ACCESO a la primera y no a la segunda. Así, en el presente caso, para dar cumplimiento efectivo al referido principio, el órgano reclamado tiene la obligación entregar toda aquella información referente a los oficios y re oficios complementarios que se han direccionado a los prestadores señalados en la propia respuesta dada por el SERNAC, como asimismo, las respuestas a tales oficios entregadas por los mismos prestadores. Ahora bien, lo que determine o resuelva el SERNAC o las gestiones posteriores al conocimiento y evaluación de dichas respuestas de parte de los prestadores, NO es requerida por esta parte".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E380, de 7 de enero de 2022, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.

Mediante Ord. N° 387, de fecha 24 de enero de 2022, el Servicio formuló sus descargos, reiterando su denegación conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, y agregando que "se denegó el actual acceso a los antecedentes por cuanto no se ha afinado la etapa de análisis de los antecedentes, la evaluación de los cursos de acción hace indispensable no divulgar los antecedentes y así evitar frustrar el éxito de la fiscalización. A continuación, explicaremos argumentos que en opinión de este Servicio y de nuestra Subdirección de Fiscalización sustentan la reserva sobre el expediente de la fiscalización, salvo los oficios que dieron origen a la acción, por constituir actos administrativos que han sido notificados a sus destinatarios y que por tanto se entregan, mediante el presente".

Acto seguido, indicó que "Primeramente, existe la posibilidad de haberse producido una confusión en la comprensión del solicitante y la del Servicio en torno al concepto de ‘resultado de la fiscalización’. Cabe notar que en el requerimiento original el Sr. Zúñiga señaló expresamente no querer conocer el resultado de la investigación, sin embargo, a renglón seguido solicitó el resultado de dicha fiscalización (...) Ante la evidente contradicción y tras la subsanación solicitada por el Servicio, afirma que requiere conocer el resultado de la fiscalización", explicando el procedimiento de fiscalización efectuado por el SERNAC y sus facultades legales, y argumentando que "La etapa posterior al levantamiento de información en materias determinadas de fiscalización viene dada por su estudio y análisis. Concluido el análisis, el Servicio deberá adoptar una decisión sobre el curso de acción en relación con los hechos constatados en los procedimientos de fiscalización, en base al mérito de los antecedentes aportados por los proveedores y su alineamiento con la normativa y criterios institucionales vigentes. Los cursos de acción alternativos de acuerdo a su intensidad son los siguientes: información a las empresas que por motivo de los hechos constatados no ameritan la realización de nuevas acciones; oficios para advertir u otorgar plazo para la corrección de la conducta; derivación o denuncia de los antecedentes ante el organismo competente; el inicio de un procedimiento judicial infraccional o de reparación; el inicio de un procedimiento voluntario colectivo o cualquier otro procedimiento que establezca la ley".

Luego, el mismo Servicio informó que "Lo cierto es que a la fecha no se ha verificado el término del proceso de fiscalización requerido, con lo cual resulta indispensable mantener las respuestas de los proveedores bajo reserva, toda vez que los antecedentes proporcionados incluyen información clave en relación con el cobro del examen para detectar el virus del SARS-CoV-2 y su posterior análisis de laboratorio bajo la técnica del PCR a nivel de paciente, la que sirve como insumo para el análisis de otras aristas relacionadas. La divulgación de estos antecedentes constituye un riesgo de impacto en las conclusiones y acciones posteriores que se encuentra habilitado este Servicio y deberá adoptar, en virtud del principio conclusivo del artículo 8 de la Ley N° 19.880. El conocimiento de las respuestas en el marco de una acción de fiscalización por un tercero ajeno a las facultades legales atribuidas exclusiva y excluyentemente al SERNAC, representan una amenaza a la eficacia de los mecanismos de protección susceptibles de ser ejecutados por esta agencia pública (...) A mayor abundamiento, el conocimiento por parte de alguno de los prestadores de las respuestas suministradas por otros proveedores del mercado debilita la posición del Servicio en una instancia como la señalada, en virtud de la cual son los propios proveedores participantes quienes aportan propuestas de solución y compensación para los consumidores afectados (...) Por estas razones, reiteramos lo expresado en la respuesta a la SAIP y se sostiene la causal de reserva a la comunicación del expediente de la fiscalización solicitado por el recurrente de amparo, Sr. Zúñiga, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley N° 20.285, en sentido que la acción de fiscalización objeto del amparo se encuentra pendiente, en la fase final de la etapa de análisis, que se espera concluir en un tiempo que no exceda el primer semestre del año en curso".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio Nacional del Consumidor, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a información relativa al resultado de la fiscalización que indica, realizada por el Servicio. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información solicitada conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de sus descargos, el órgano remitió al solicitante copia de los 51 oficios enviados a las instituciones fiscalizadas, reiterando sus alegaciones respecto de las respuestas a dichos oficios, por parte de las respectivas clínicas, y del resto de la información que conforma el expediente.

2) Que, conforme a lo expuesto, el órgano denegó la entrega de la documentación fundado en lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se podrá denegar el acceso a la información "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas". A su vez, el artículo 7 N° 1 letra b) del Reglamento de la Ley de Transparencia, señala que "se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios". Así, según la jurisprudencia de este Consejo -contenida, entre otras, en sus decisiones recaídas en los amparos Roles A12-09, A47-09, A79-09, C248-10 y C67-12- para configurar la causal de reserva se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: i) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, ii) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

3) Que, en cuanto a la verificación de los requisitos, este Consejo ha sostenido que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En tal sentido, en la decisión del amparo Rol A79-09 se estableció que: "ésta también supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. No entenderlo así llevaría a que los fundamentos de la decisión fuesen indefinidamente reservados, lo que pugna con el sentido de la Ley de Transparencia y los principios de su artículo 11. En otras palabras, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) no puede quedar sometida a una condición meramente potestativa, esto es, no puede depender de la mera voluntad o discrecionalidad del órgano requerido".

4) Que, en la especie, la información pedida forma parte, efectivamente, de un proceso de fiscalización iniciado por el SERNAC, que actualmente se encuentra en etapa de análisis o de revisión para esclarecer los hechos denunciados y sus posibles consecuencias. Por lo anterior, a juicio de este Consejo, y conforme a lo razonado en los amparos rol C4523-20 y C524-21, los documentos requeridos constituyen antecedentes previos a la adopción de la resolución del proceso del cual forman parte, y que, a la fecha de la solicitud, no ha finalizado, razón por la cual no es posible entregar lo requerido sin producir una afectación presente o probable y con suficiente especificidad, al debido funcionamiento del Servicio, en especial, aquella que dice relación con las facultades para proteger a los consumidores, y para aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales.

5) Que, conforme a lo expuesto, el artículo 57 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 2021, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.496 que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, dispone que "El Servicio Nacional del Consumidor (en esta ley también el "Servicio") será un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. El Servicio será una institución fiscalizadora en los términos del decreto ley N° 3.551, de 1981". Luego, el artículo 58 de la misma norma, establece que "El Servicio Nacional del Consumidor deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y demás normas que digan relación con el consumidor, difundir los derechos y deberes del consumidor y realizar acciones de información y educación del consumidor. Corresponderán especialmente al Servicio Nacional del Consumidor las siguientes funciones: a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de toda la normativa de protección de los derechos de los consumidores (...) El Servicio desarrollará sus actividades de fiscalización en conformidad a un plan que elaborará anualmente, en el que priorizará aquellas áreas que involucren un mayor nivel de riesgo para los derechos de los consumidores. Las directrices generales de dicho plan serán públicas". Asimismo, la letra g) del mismo artículo 58, determina que el Servicio deberá "g) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores y hacerse parte en aquellas causas que comprometan los intereses generales de los consumidores, según los procedimientos que fijan las normas generales o los que se señalen en leyes especiales. La facultad de velar por el cumplimiento de normas establecidas en leyes especiales que digan relación con la protección de los derechos de los consumidores, incluye la atribución del Servicio Nacional del Consumidor de denunciar los posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas y de hacerse parte en las causas en que estén afectados los intereses generales de los consumidores, según los procedimientos que fijan las normas generales o los que se señalen en esas leyes especiales" (énfasis agregado).

6) Que, por consiguiente, tratándose de un proceso de fiscalización en trámite, respecto del cual no se ha adoptado la resolución final por parte de las autoridades competentes, la develación de lo solicitado, en esta instancia, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. En este sentido, la publicidad de lo requerido puede evidenciar futuras diligencias, como sus objetivos, conforme a las alternativas de solución indicadas en sus descargos, lo cual debilita la función fiscalizadora de la reclamada. Asimismo, afectaría el desarrollo de las investigaciones en curso, en la medida que pondría en conocimiento de posibles infractores detalles relevantes de la investigación, generando una ventaja o facilitando la ocultación de información relevante.

7) Que, en virtud de lo expuesto, la publicidad o divulgación de información que servirá de fundamento o de base para la adopción de una resolución, medida o política específica, en forma previa, generará la afectación alegada en relación con el debido cumplimiento de sus funciones, debiendo adoptarse los resguardos necesarios para evitar que dichos antecedentes sean divulgados en forma previa, motivo por el cual el presente amparo no podrá prosperar. A juicio de este Consejo, la divulgación de la documentación solicitada, de manera previa a la adopción de una medida o política, supone inmiscuirse en el ámbito de las decisiones que le competen, afectando de manera evidente el privilegio deliberativo del mismo, sin perjuicio que una vez adoptada la decisión, esos antecedentes puedan llegar a ser públicos. Por lo anterior, se considera configurada la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

8) Que, no obstante lo anterior, cabe tener presente que, en su amparo, el reclamante manifestó expresamente que "NO se logra apreciar el FUNDAMENTO de dicha negativa sustentada en dicha excepción, ya que NO se ha solicitado la resolución final, sino que sólo la fiscalización". Así las cosas, vale tener en consideración que, tanto en su solicitud como en la subsanación, aunque de manera confusa -al punto que debió ser subsanada-, el solicitante requirió, específicamente, el resultado de la investigación o fiscalización. En efecto, en su solicitud, don Germán Zúñiga Castro requirió "SOLICITO EL RESULTADO DE FICHA INVESTIGACIÓN / FISCALIZACIÓN". Luego, en la subsanación de la misma, reiteró que "Subsana, señalando que ‘SE REQUIERE conocimiento de resultado de fiscalización’". En dicho contexto, según el diccionario de la Real Academia Española, en https://dle.rae.es/resultado, la palabra "resultado" significa "Efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación". Conforme a lo anterior, y de acuerdo a lo manifestado expresamente por el requirente, resulta plausible sostener que lo pedido por el solicitante se refiere, efectivamente, al resultado final del proceso de fiscalización efectuado por el SERNAC, a su consecuencia, y no a los documentos intermedios con los cuales se gestionó dicho procedimiento.

9) Que, en este orden de ideas, el SERNAC manifestó que el procedimiento aún se encuentra en etapa de revisión o análisis, y que no se ha determinado la alternativa por medio de la cual se continuará el proceso, por lo que el resultado final aún no existe. Así las cosas, cabe tener presente lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en orden a que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia, que obre en poder de la institución. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de antecedentes que no obran en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente. En consecuencia, en atención a que no existe el resultado final de la fiscalización, este Consejo procederá, igualmente, a rechazar el presente amparo.

10) Que, finalmente, respecto de lo solicitado por el reclamante, en su amparo, de manera subsidiaria, al señalar que "En subsidio, para el caso que el CPLT no acoja la petición de entrega total de la información señalada, PIDO que, de acuerdo al principio de divisibilidad, establecido en el artículo 11 de la Ley de Transparencia (...) DAR ACCESO a la primera y no a la segunda. Así, en el presente caso, para dar cumplimiento efectivo al referido principio, el órgano reclamado tiene la obligación entregar toda aquella información referente a los oficios y re oficios complementarios que se han direccionado a los prestadores señalados en la propia respuesta dada por el SERNAC, como asimismo, las respuestas a tales oficios entregadas por los mismos prestadores", cabe tener presente que dicha petición -la entrega de los oficios enviados por el Servicio, y las respuestas de los proveedores- no se encuentra incorporada en la solicitud que dio origen al presente amparo, sino que se incorpora en forma posterior, al momento de interponer el presente reclamo, por lo que debe ser desestimada de plano.

11) Que, en consecuencia, en virtud de lo razonado precedentemente, tratándose de documentación que aún no existe, que se refiere a información no incluida en la solicitud de información sino que se incorpora al momento de interponer el reclamo, y cuya entrega configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Germán Zúñiga Castro en contra del Servicio Nacional del Consumidor, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Germán Zúñiga Castro y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.