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Gabriela Mujica Sanz con SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Rol: C1009-22

Consejo para la Transparencia, 05/04/2022

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, referido a la entrega de contrato de trabajo firmado por la solicitante y el órgano reclamado, correspondiente al año 2018. Lo anterior, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no cuenta con la información solicitada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

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Tipo de Documento

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1009-22

Entidad pública: Subsecretaría de Prevención del Delito

Requirente: Gabriela Mujica Sanz

Ingreso Consejo: 11.02.2022

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, referido a la entrega de contrato de trabajo firmado por la solicitante y el órgano reclamado, correspondiente al año 2018.

Lo anterior, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no cuenta con la información solicitada.

En sesión ordinaria N° 1267 del Consejo Directivo, celebrada el 05 de abril de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1009-22.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de febrero de 2022, doña Gabriela Mujica Sanz solicitó a la Subsecretaría de Prevención del Delito la siguiente información:

"Copia de mis contratos de trabajo, firmados por ambas partes.

De los años:

2018,2019,2020 y 2021.

Observaciones: Contratos de trabajo de honorarios a suma alzada con las fechas:

14 de noviembre de 2018

17 de diciembre de 2018 (Para año 2019)

30 de diciembre de 2019 (Para año 2020)

31 de diciembre de 2020 (Para año 2021)".

2) RESPUESTA: El 11 de febrero de 2022, la Subsecretaría de Prevención del Delito respondió a dicho requerimiento de información adjuntando los contratos señalados, Asimismo, indicó que durante el 2018, no existe contrato que vincule a la Sra. Mujica Sanz y la Subsecretaria"

3) AMPARO: El 11 de febrero de 2022, doña Gabriela Mujica Sanz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta incompleta o parcial a su solicitud. Además, la reclamante hizo presente que: "La razón es porque solicité todas las copias de mis contratos de trabajo con esta institución (2018-2019-2020-2021) y ellos indican que no existe ningún contrato del año 2018, siendo que dicho contrato yo lo tengo. Tengo la impresión que están excusando para entregármelo, toda vez que fui contratada para el servicio DENUNCIA SEGURO, donde cumplí funciones hasta el año 2021, sin embargo, me contrataron en el año 2018, por el PROGRAMA VICTIMAS, donde jamás cumplí funciones, por tanto, supongo que se niegan a entregarlo para no verse involucrados en sumarios administrativos".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Prevención del Delito, mediante Oficio N° E4383, de 9 de marzo de 2022, solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

Mediante correo electrónico de 30 de marzo de 2022, el órgano reclamado hizo llegar sus descargos a este Consejo, acompañando Minuta explicativa de la inexistencia de un contrato de trabajo del año 2018 entre la solicitante y esa Subsecretaría.

Al respecto, señaló que la contratación de la reclamante se solicitó vía memorándum N° 18, de 12 de noviembre de 2018 por parte del Programa de Apoyo a Victima, como enlace en el Programa Denuncia Seguro. Para realizar las contrataciones por parte del Departamento de Gestión de Personas, es necesario la Ficha de Requerimiento, la cual debe venir firmada por la persona que solicita (en este caso el Jefe del Programa de ese entonces, Sr. José Antonio Arellano Lynch, el Jefe de la División de Administración, Finanzas y personas (Juan Francisco García Mac Vicar) y la Subsecretaria (Katherine Martorell Awad), ficha que llegó al Departamento de Gestión de Personas, el día 23 de noviembre de 2018, fecha en la cual se solicita al área Presupuesto generar el certificado de disponibilidad presupuestaria para continuar con el proceso de contratación.

Agregó que, la gestión de firma de contratos tuvo una demora sustancial, ya que con fecha 14 de diciembre de 2018, el Jefe de la División, SR. JUAN Francisco García, solicita al entonces Jefe de Gestión de Personas don Mauricio Toro Rojas, que se envíen las justificaciones al asesor del Ministro del Interior y Seguridad Pública para cursar y registrar el contrato, situación que no llega a concluir, traspasando el gasto al año 2019, cosa que, como presupuestariamente no es viable, se decide contemplar el mayor gasto en los contratos de honorarios del año 2019, el cual, el Jefe de División Jurídica y Legislativa informa que no corresponde y se debe regularizar el pago, mediante una Resolución Exenta, es por ello que se realiza el documento Exento N° 284, de 8 de febrero de 2019, que regulariza el pago a asesores a honorarios por el tiempo trabajado durante el año 2018. En cuanto a ello, se solicita informe de actividades y boleta de honorarios a la reclamante, el día 11 de febrero de 2019, pagándose la suma que indica, por el trabajo realizado en año 2018, el 13 de febrero de 2019.

Acompaña los siguientes antecedentes:

Resolución Exenta N° 284, de fecha 08 de febrero de 2019, que regulariza pago a asesores a honorarios que indica, por tiempo trabajado durante el año 2018.

Boleta de honorarios e informe de actividades de la reclamante correspondiente al periodo trabajado en el año 2018.

Correos electrónicos de tramitación interna del caso en comento

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en respuesta incompleta o parcial a la solicitud de información sobre copia de contratos de trabajo de la solicitante, de los años que indica. Al respecto, el órgano reclamado entregó los contratos de los años 2019, 2020 y 2021. Respecto del contrato del año 2018, señaló que no existe contrato.

2) Que, en cuanto a la inexistencia de la información alegada por la reclamada, cabe tener presente lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir a la reclamada que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente.

3) Que, en la especie, la reclamada acompañó minuta explicativa que da cuenta de las razones de la inexistencia de contrato de trabajo entre la reclamante y la Subsecretaría de Prevención del Delito, para el año 2018, junto con otros antecedentes que refuerzan dicha situación de hecho, particularmente, Resolución Exenta N° 284, de fecha 08 de febrero de 2019, que regulariza pago a asesores a honorarios que indica, por tiempo trabajado durante el año 2018, donde figura la reclamante de autos y que da cuenta de la prestación de servicios durante el año 2018, indicando a su vez que los convenios de trabajo no llegaron a tramitarse para ser pagados durante la anualidad 2018, razón por la cual, pese a pagarse por dichos servicios, no existe el contrato de trabajo requerido.

4) Que, en consecuencia, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente y sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por la reclamada, en orden a que no cuenta con la información requerida, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Gabriela Mujica Sanz, en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Gabriela Mujica Sanz y a la Sra. Subsecretaria de Prevención del Delito.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.