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Maximiliano Bazán Heredia con SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Rol: C61-22

Consejo para la Transparencia, 12/04/2022

Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, ordenándose la entrega listado en excel que contenga el detalle de todos los informes favorables emanados desde el órgano, relativos al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el detalle que se indica, o en su defecto, copia en pdf de todos los informes señalados. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual, no consta su remisión al solicitante en los términos consultados, habiéndose desestimado además, la causal de distracción indebida esgrimida por el órgano. Asimismo, toda vez que permite el control social a efectos de verificar, por ejemplo, si quien solicitó la subdivisión en conformidad al procedimiento establecido en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones cumple con las condiciones necesarias para la autorización de la subdivisión, así como de la función de cautela que debe ejercer el órgano consultado en el respectivo procedimiento. En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales y sensibles de contexto que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, en conformidad a lo previsto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C61-22

Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago

Requirente: Maximiliano Bazán Heredia

Ingreso Consejo: 04.01.2022

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, ordenándose la entrega listado en excel que contenga el detalle de todos los informes favorables emanados desde el órgano, relativos al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el detalle que se indica, o en su defecto, copia en pdf de todos los informes señalados.

Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual, no consta su remisión al solicitante en los términos consultados, habiéndose desestimado además, la causal de distracción indebida esgrimida por el órgano. Asimismo, toda vez que permite el control social a efectos de verificar, por ejemplo, si quien solicitó la subdivisión en conformidad al procedimiento establecido en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones cumple con las condiciones necesarias para la autorización de la subdivisión, así como de la función de cautela que debe ejercer el órgano consultado en el respectivo procedimiento.

En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales y sensibles de contexto que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, en conformidad a lo previsto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1270 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de abril de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C61-22.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 19 de noviembre de 2021, don Maximiliano Bazán Heredia solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago -en adelante e indistintamente, SEREMI-, lo siguiente:

"listado en excel que contenga detalle de todos los informes favorables emanados desde esta SEREMI relativos al artículo 55 de la LGUC, detallando nombre del solicitante, representante legal, rol predial del terreno a subdividir, cantidad de predios resultantes con su respectiva superficie (m2 o ha), coordenadas del predio, comuna, región, año y destino que justifica dicha subdivisión, entre enero de 2010 y noviembre de 2021. De no existir tal listado, solicito copia en pdf de todos los informes señalados".

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por Carta N° 0012 de fecha 20 de diciembre de 2021, el órgano comunicó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta al requerimiento en 10 días hábiles, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 inciso 2° de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: Mediante Ordinario N° 3730 de fecha 23 de diciembre de 2021, el órgano respondió el requerimiento y señaló que la información solicitada no se encuentra procesada entre los años 2010 u 2017, así como tampoco se encuentra disponible conforme a los parámetros solicitados y, en consecuencia, atender el requerimiento implicaría al órgano efectuar la búsqueda, sistematización y revisión de una gran cantidad de antecedentes, lo que sin duda generará una carga de trabajo no presupuestada en el servicio.

En este sentido, indicó que la solicitud tiene una amplitud cronológica muy grande, sumado a que se debe informar en una planilla excel con el detalle que se refiere. En efecto, esgrimió la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, toda vez que el solo hecho de recopilar, analizar y sistematizar la información requerida conllevaría una utilización de tiempo excesivo considerando la jornada de trabajo diaria de los funcionarios públicos y el alejamiento de sus labores propias, afectando consecuentemente el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Además, citó jurisprudencia de este Consejo sobre la materia.

Agregó que la información contenida en la solicitud es de carácter técnico y específico, por lo que para dar una respuesta satisfactoria, se debe encomendar a funcionarios profesionales, capacitados y especializados con conocimiento técnico sobre la materia, que se desempeñan en el equipo de planificación regional del departamento de desarrollo Urbano e Infraestructura, que deben además, desempeñar una multiplicidad de funciones y trámites administrativos los cuales cuentan con plazos establecidos por ley para ser realizados, sumado a ello la atención de público, y de consultas telefónicas y por correo electrónico que los mismos funcionarios deben responder de municipios y otros servicios, así como consultas internas y particulares. Así, refirió que los referidos funcionarios debiesen ocupar la totalidad de su jornada laboral ordinaria para dar respuesta a lo consultado, afectando las demás funciones que indicó al efecto. Adicionalmente, manifestó que los recursos institucionales -humanos y materiales- que se destinan para cumplimiento de la Ley de Transparencia sobre el acceso a la información pública, se deben usar de un modo razonable y prudente en la institución.

Sin perjuicio de lo anterior, indicó que es posible entregar la información disponible actualmente referente a los años 2018, 2019, 2020, y 2021, la cual contendría información del año, región, comuna y número de oficio con la respuesta favorable, sin contener los datos sobre el nombre del solicitante o representante legal, rol predial, coordenadas del predio -ubicación geográfica exacta-. Así, adjuntó un link para efectos de remitir la referida información.

4) AMPARO: El 4 de enero de 2022, don Maximiliano Barzán Heredia dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud.

El reclamante hizo presente que la información pedida es relevante para el ejercicio de las facultades de la SEREMI, pues en conformidad a lo previsto en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, son las Seremis las encargadas de cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal, por lo que resulta fundamental que el organismo lleve un registro sistematizado de las autorizaciones otorgadas, para dar cuenta de su función fiscalizadora. Agregó que "por otro lado, el organismo entregó las resoluciones (PDF) que dejan constancia de los informes técnicos favorables (información solicitada no sistematizada) emitidos por el mismo entre 2018 y 2021, por lo cual tampoco se justifica la denegación a las resoluciones aprobadas entre 2010 y 2017. A partir de ello, solicito que se haga entrega de toda la información solicitada inicialmente a través de un excel, o bien, se haga entrega de cada una de las resoluciones ejecutadas por esta seremi entre los años 2010 y 2017".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana de Santiago, mediante Oficio N° E1829 de fecha 25 de enero de 2022, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Al respecto, mediante Ordinario N° 455 de fecha 16 de febrero de 2022, la SEREMI presentó sus descargos en los siguientes términos:

Explicó que el órgano realiza su gestión documental mediante un sistema digitalizado institucional denominado OFPA -Sistema de Oficina de Partes- que incluye en su base de datos toda una gama de actos administrativos y documentos emitidos por el servicio, los cuales se han ido incorporando a él a partir del año 2010. Sin embargo, señaló que de la información solicitada por el reclamante -enero de 2010 a noviembre de 2021- no se encuentra sistematizada entre los años 2010 a 2017 -inclusive-, por lo que todos los pronunciamientos durante esos años no se encuentran disponibles en la forma requerida. Añadió que la información que si se encuentra disponible, años 2018 a 2021, fue entregada en su respuesta al solicitante.

Además, reiteró lo señalado en su respuesta en orden a la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Además, agregó que la SEREMI sólo cuenta con 14 funcionarios con conocimientos cabales respecto de la materia requerida, de los cuales, solo 5 están realizando sus labores de forma presencial, 3 con turnos y 6 con teletrabajo -debido a la pandemia sanitaria por Covid-19-. Así, indicó que la atención de lo pedido implicaría que los referidos funcionarios debiesen ocupar la totalidad de su jornada laboral ordinaria, con dedicación exclusiva, destinada a recabar la información pedida y sistematizarla. A su vez, citó jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y de este Consejo sobre la causal invocada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo es la entrega de listado excel con información sobre los informes favorables emanados del organismo en conformidad a lo previsto en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el detalle que se indica, o en su defecto, copia de los informes señalados.

2) Que, en relación a la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, alegada por la reclamada, se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

3) Que, sobre la interpretación de la mentada causal de reserva, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las acciones que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

4) Que, en dicho contexto, se debe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

5) Que, en la especie, este Consejo advierte que la reclamada no acompañó antecedentes suficientes que acrediten la distracción indebida que fuere alegada. En efecto, no señaló de manera específica el tiempo total que implicaría atender la solicitud de información requerida, con indicación de las horas hombre necesarias y el tiempo que implicaría la recopilación y sistematización en los términos pedidos, así como tampoco el volumen de antecedentes a revisar y/o el formato en que se encuentra la información. De esta forma, la sola invocación de la causal en comento, unida a la necesariedad de recopilación y sistematización de la información, a la indicación de que implicaría la destinación exclusiva de sus funcionarios -sin señalar el tiempo específico-, y la circunstancia de la pandemia sanitaria por la que atraviesa el país producto del Covid-19, así como la enumeración de funciones que debe realizar sus funcionarios, no constituyen antecedentes suficientes que permitan, por sí mismos, justificar la configuración de la causal invocada, teniendo en consideración que la cantidad de funcionarios disponibles para atender la solicitud -14-, y que la atención de las solicitudes de acceso a la información pública forman, también, parte de aquellas funciones que debe realizar el órgano. A su vez, no indicó la forma concreta en que la entrega de lo pedido, implicaría afectar el debido cumplimiento de sus funciones. En este sentido, cabe tener presente que por tratarse de normas de derecho estricto -las causales de reserva-, que se contraponen al principio general de Transparencia de los actos de la Administración, deben ser interpretadas restrictivamente. Por lo anterior, será desestimada la configuración de la causal de reserva invocada.

6) Que, luego, cabe señalar que sin perjuicio de que el órgano en su respuesta, remitió copia de link donde señaló consta información sobre los años 2018 a 2021, este Consejo advierte la imposibilidad de acceder al mismo. Además, en su respuesta el órgano reconoció que en la documentación que señaló remitir, no consta información sobre el nombre del solicitante o representante legal, rol predial y coordinadas del predio, lo que no permite satisfacer el requerimiento en los términos consultados.

7) Que, por otra parte, sobre la materia consultada, resulta atingente hacer presente que el Decreto 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Ley General de Urbanismo y Construcciones, establece en su artículo 55 que "Fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado. Corresponderá a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal. Con dicho objeto, cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o campamento turístico, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado, la autorización que otorgue la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura requerirá del informe previo favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este informe señalará el grado de urbanización que deberá tener esa división predial, conforme a lo que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Igualmente, las construcciones industriales, de infraestructura, de equipamiento, turismo, y poblaciones, fuera de los límites urbanos, requerirán, previamente a la aprobación correspondiente de la Dirección de Obras Municipales, del informe favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola que correspondan. El mismo informe será exigible a las obras de infraestructura de transporte sanitaria y energética que ejecute el Estado". (énfasis agregado).

8) Que, a su vez, el Decreto 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, establece en su artículo 32.1.19 que "la división de predios rústicos que se realice de acuerdo al D.L. N° 3.516, de 1980, y las subdivisiones, urbanizaciones y edificaciones que autoriza el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se someterán a las siguientes reglas, según sea el caso: (...) 2.- Conforme al inciso tercero del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en relación con lo previsto en la letra e) del inciso segundo del artículo 1° del D.L. N° 3.516, de 1980, cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos rurales en lotes cuyas superficies sean inferiores a 0,5 hectárea física, para complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural (...) se deberá solicitar la autorización correspondiente a la Secretario Regional de Agricultura respectiva, las que deberá contar con el informe previo favorable de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, observando el procedimiento previsto en el artículo 3.1.7 de esta Ordenanza". Asimismo, el artículo 3.1.7 de la referida ordenanza, establece los requisitos de las solicitudes de subdivisión y urbanización del suelo en terrenos ubicados fuera del límite urbano establecido por un Instrumento de Planificación Territorial a que se refiere el artículo citado, contemplando que la solicitud debe ser firmada por el propietario del predio, con indicación de la ubicación, declaración jurada, objeto de subdivisión, plano de subdivisión, superficie, características topográficas del terreno, entre otros, estableciendo en el numeral 2 del referido artículo que "La Secretaria Regional del Ministerio de Agricultura (...) enviará los antecedentes a la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicitando el informe favorable correspondiente (...)". (énfasis agregado).

9) Que, acto seguido, en cuanto a la publicidad de lo pedido, cabe señalar que el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Además la información pedida sobre los solicitantes y las características del terreno, se enmarca dentro del procedimiento de subdivisión establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, en el cual interviene el organismo en los términos establecidos en el marco normativo referido en los considerando 7 y 8, cuya divulgación, permite ejercer un control social sobre la función de cautela que debe cumplir la SEREMI respecto a impedir que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, originen nuevos núcleos urbanos, al margen de la planificación urbana intercomunal.

10) Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que, en relación a los datos personales solicitados, tales como el nombre de los solicitantes y representantes legales, cabe señalar que este Consejo en el amparo rol C3388-17 y C124-22, ha razonado sobre la publicidad de dichos datos en la medida que forman parte de actos administrativos -de autorización y/o fiscalización- que son de naturaleza pública, reservando por otra parte, el RUN de las personas naturales que pudieren figurar en los mismos.

11) Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública en conformidad a lo establecido en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República, que permite el control social a efectos de verificar, por ejemplo, si quien solicitó la subdivisión en conformidad al procedimiento establecido en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones cumple con las condiciones necesarias para la autorización de la subdivisión, así como de la función de cautela que debe ejercer el órgano consultado en el respectivo procedimiento, respecto de la cual se desestimó la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida esgrimida por el órgano, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de lo pedido.

12) Que, en conformidad al principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto distintos a los referidos en la solicitud, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular distinto al predio a subdividir, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros datos de terceros que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

13) Que, no obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo previsto en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo.

14) Que, con todo, y en adecuación con lo expuesto por la reclamada en el presente procedimeinto, y teniendo en consideración la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia sanitaria por el brote de Covid-19, esta Corporación pudo prever, que la situación descrita anteriormente implicaría que los órganos de la Administración del Estado verían disminuida la capacidad de trabajo de sus dotaciones, que un gran número de funcionarias y funcionarios realizarían sus labores en modalidad de teletrabajo y que los servicios de despacho de documentos sufrirían retrasos, lo que podría generar una demora en el desarrollo de ciertos procedimientos administrativos, afectando con esto los plazos contemplados en los mismos. Por lo anterior, se concederá un plazo adicional para dar respuesta al presente procedimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Maximiliano Bazán Heredia en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana de Santiago, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante listado en excel que contenga el detalle de todos los informes favorables emanados desde el órgano, relativos al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el detalle que se indica en la solicitud consignada en el numeral 1° de lo expositivo, o en su defecto, copia en pdf de todos los informes señalados.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto distintos a los referidos en la solicitud, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular distinto al predio a subdividir, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros datos de terceros que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo previsto en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Maximiliano Bazán Heredia y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana de Santiago.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.