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Edmundo Figueroa Müller con DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL Rol: C541-22

Consejo para la Transparencia, 12/04/2022

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, ordenándose la entrega de la resolución que cancela el permiso de tenencia de armas de la persona condenada que se indica. Lo anterior por tratarse de información de naturaleza pública, no advirtiéndose el modo específico en que la develación de dicha información podría producir una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de las funciones del órgano. Al efecto, la entrega de la resolución peticionada no implica una merma a los fines de prevención e investigación de delitos, circunscribiéndose aquella sólo a conocer si la DGMN cumplió el procedimiento de cancelación de los permisos previos del condenado, por haber caído en una inhabilidad sobreviniente. Asimismo, su publicidad reviste un evidente interés público, por cuanto posibilita tomar noticia y ejercer control social respecto del cumplimento de las funciones que detenta el órgano recurrido sobre la materia, relacionadas -incidentalmente- con la prevención de la comisión de delitos, y en último término, la mantención del orden público. En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales y sensibles de contexto que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, en conformidad a lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C541-22

Entidad pública: Dirección General de Movilización Nacional

Requirente: Edmundo Figueroa Müller

Ingreso Consejo: 24.01.2022

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, ordenándose la entrega de la resolución que cancela el permiso de tenencia de armas de la persona condenada que se indica.

Lo anterior por tratarse de información de naturaleza pública, no advirtiéndose el modo específico en que la develación de dicha información podría producir una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de las funciones del órgano. Al efecto, la entrega de la resolución peticionada no implica una merma a los fines de prevención e investigación de delitos, circunscribiéndose aquella sólo a conocer si la DGMN cumplió el procedimiento de cancelación de los permisos previos del condenado, por haber caído en una inhabilidad sobreviniente.

Asimismo, su publicidad reviste un evidente interés público, por cuanto posibilita tomar noticia y ejercer control social respecto del cumplimento de las funciones que detenta el órgano recurrido sobre la materia, relacionadas -incidentalmente- con la prevención de la comisión de delitos, y en último término, la mantención del orden público.

En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales y sensibles de contexto que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, en conformidad a lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1270 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de abril de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C541-22.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de enero de 2022, don Edmundo Figueroa Müller solicitó a la Dirección General de Movilización Nacional lo siguiente: "copia de resoluciones que cancelan permiso de tenencia de armas del señor (...), cédula nacional de identidad y rol único tributario número (...), domiciliado en el sector Menetúe, Laguna Ancapulli, comuna de Pucón. Ello porque fue condenado en causa rol (...) del Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, por amenazas simples a una pena remitida de 300 días de presidio, más accesorias. Soy abogado de la víctima, don (...)".

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 20 de enero de 2022, el órgano respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega, por concurrir la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21° N° 5 de la Ley de Transparencia.

Hizo presente que, el deber de reserva establecido en el artículo 16° del Decreto N° 400, de 1977, de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.798, sobre control de armas, se encuentra amparada en la causal de reserva esgrimida.

Acto seguido, señaló que la infracción a dicho deber de reserva se encuentra establecido en el artículo 246° del Código Penal, cuyo contenido citó.

3) AMPARO: El 24 de enero de 2022, don Edmundo Figueroa Müller dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.

Hizo presente que, "Aluden "reserva " permitida por artículo 16 de la Ley de Control de Armas, lo que no es procedente, dado que se ha pedido información específica sobre la "cancelación de los permisos" de una persona condenada en causa penal por delito de amenazas hechas precisamente con armas de fuego. Luego, la consulta no es "general" acerca de que si la persona tiene o no armas, sino que especifica, en relación a si DGMN cumplió el procedimiento de cancelación de los permisos previos del condenado (tenía 5 armas inscritas, a lo menos), por haber caído este en causal de inhabilidad sobreviviente el artículo 5 letra A. Ello lo consulto en razón de ser abogado querellante de la víctima (...), a fin de darle una mínima tranquilidad que el condenado no seguirá usando armas de fuego en su contra. Por ende, necesito que DGMN acompañe las resoluciones de cancelación o, en caso de no haberlo hecho, explique las razones de lo anterior".

Adjuntó sentencia condenatoria contra persona que se indica, con certificado de ejecutoria, en que constan su calidad de abogado querellante.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de Movilización Nacional, mediante Oficio N° E3046, de fecha 15 de febrero de 2021, solicitando que se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante DGMN.SDG N° 6800, de fecha 10 de febrero de 2022, el órgano recurrido evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, los argumentos expuestos en su respuesta denegatoria.

Arguyó que, la Institución se encuentra vedada de entregar lo solicitado, en aplicación de lo previsto en el artículo 16° del Decreto N° 400, de 1977, de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.798, sobre control de armas. Lo anterior, considerando, además, que se trata de un tercero ajeno a la información que se solicita.

A fin de refrendar lo anterior, citó diversa jurisprudencia emanada de este Consejo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, referente a la entrega de la resolución que cancela el permiso de tenencia de armas de la persona que se indica. Al respecto, el organismo denegó su entrega, en virtud del deber de reserva establecido en el artículo 16° del Decreto N° 400, de 1977, de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.798, sobre control de armas, en concordancia de la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21° N° 5 de la Ley de Transparencia.

2) Que, primeramente, en cuanto a la publicidad de los antecedentes peticionados, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en orden a que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

3) Que, el precipitado decreto dispone que: "El personal de la Dirección General de Movilización Nacional y el de los demás organismos que menciona el artículo 1°, no podrá revelar los hechos, informaciones y el contenido de las solicitudes recibidas por ellos, relativos a las materias que regula esta ley. La misma obligación tendrá respecto de las resoluciones, oficios y providencias que emitan la Dirección General y los organismos indicados en el artículo 1° de esta ley. La infracción a lo dispuesto en los incisos anteriores será sancionada con las penas establecidas en el inciso segundo del artículo 246 del Código Penal. Sin perjuicio de lo anterior y de las facultades de supervigilancia y control de las armas que corresponden al Ministerio encargado de la Defensa Nacional o a organismos de su dependencia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile estarán interconectados con la base de datos sobre inscripciones y registro de armas que debe mantener la Dirección General de Movilización Nacional. Sólo tendrán acceso a ella los funcionarios de las instituciones indicadas hasta los niveles de Oficiales Superiores y Prefectos. El reglamento fijará las normas con arreglo a las cuales se consultará dicha base de datos debiendo, en todo caso, registrarse dicha consulta y resguardarse la reserva de los antecedentes contenidos en aquélla".

4) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que además, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien artículo 16° de la Ley de Control de Armas, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

5) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, a juicio de este Consejo la divulgación de la información requerida - la resolución que cancela el permiso de tenencia de armas de una persona determinada- no reviste la potencialidad suficiente para afectar el debido cumplimiento de las funciones de supervigilancia, fiscalizadoras y de control de las armas, en adecuación de lo prescrito en el artículo 1, inciso 1°, del Decreto N° 400, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas. En efecto, la información reclamada dice relación con la cancelación de un permiso de porte de armas, en virtud de la condena de una persona determinada en una causa penal, no advirtiéndose el modo específico en que la develación de dicha información podría producir una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de las funciones del órgano.

6) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo, es que la afectación que funda la invocación de una de las causales de reserva o secreto debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, parámetro que no ha sido debidamente cumplido por la recurrida.

7) Que, acto seguido, a juicio de este Consejo, la entrega de la resolución peticionada no implica una merma a los fines de prevención e investigación de delitos, circunscribiéndose aquella sólo a conocer si la DGMN cumplió el procedimiento de cancelación de los permisos previos de armas del condenado, por haber caído en una inhabilidad sobreviniente. Al efecto, el artículo 5° letra c) del decreto N° 400 dispone que: "Si el poseedor o tenedor de un arma de fuego inscrita es condenado por crimen o simple delito, o por infracción a la ley N° 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar, el tribunal ordenará la cancelación de todas sus inscripciones de armas de fuego en la sentencia definitiva. Dicha resolución deberá comunicarse a la Dirección General de Movilización Nacional en el plazo de veinticuatro horas contado desde que se encuentre firme o ejecutoriada para su cumplimiento". Bajo esta lógica, la publicidad del antecedente consultado reviste un evidente interés público, por cuanto posibilita tomar noticia y ejercer control social respecto del cumplimento de las funciones que detenta el órgano recurrido sobre la materia, relacionadas -incidentalmente- con la prevención de la comisión de delitos, y en último término, la mantención del orden público. (Énfasis agregado).

8) Que, a mayor abundamiento, dicho documento no se encuentra vinculado al detalle de nuevas armas compradas por un privado, adquisiciones de munición, inscripción de almacenes explosivos, canchas de nitrato de amonio y camiones fábrica, el listado de armas inscritas extraviadas; supuestos que sí revisten la potencialidad de afectar las funciones fiscalizadoras de la DGMN, y las Fuerzas de Orden y Seguridad, en adecuación de lo razonado por este Consejo en los Amparos Roles C711-16, C2135-16 y C2608-17, C2404-20, C1011-21 y C6039-21.

9) Que, por consiguiente, tratándose de información de naturaleza pública; habiéndose desestimado la concurrencia de la causal de reserva esgrimida por el organismo; y, advirtiéndose el interés público que reviste su develación, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de la resolución consultada. Previo a la entrega, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley. No obstante lo anterior, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Edmundo Figueroa Müller, en contra de la Dirección General de Movilización Nacional, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de Movilización Nacional., lo siguiente;

a) Copia de resoluciones que cancelan el permiso de tenencia de armas de la persona que se indica.

Lo anterior, tarjando, en forma previa, todos los datos personales de contexto contenidos en los documentos solicitados, como, por ejemplo, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros.

No obstante lo anterior, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Edmundo Figueroa Müller; y, al Sr. Director General de Movilización Nacional.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.