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Kamil Hazbun Muñoz con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Rol: C1057-22

Consejo para la Transparencia, 10/05/2022

Por decisión de mayoría, se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, ordenando la entrega del número de personas que han hecho uso de la Ley de Identidad de Género en el año 2021 para cambiar su nombre y sexo registral, indicando si son menores o mayores de edad. Lo anterior, por cuanto, se trata de información que obra en poder de la institución conforme a sus funciones legales, que se refiere a meros datos estadísticos y no a datos personales ni sensibles, toda vez que, no recae sobre personas identificadas o identificables, y respecto de la cual, se desestima la configuración de las causales de reserva o secreto invocadas. Se sigue lo resuelto por este Consejo en las decisiones de los amparos roles C959-18, C4744-18, C1830-21 y C225-22. Hay voto disidente del Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez quien fue partidario de rechazar el presente amparo, en lo referido a información estadística referida a los cambios de nombre y sexo registral que se han ejecutado por medio de la Ley de Identidad de Género, con el desglose por edad que menciona, por cuanto, a diferencia del voto mayoritario, estima que, tratándose de información que no obra en poder del órgano con el desglose requerido, se impone al Servicio la obligación de sistematizar y elaborar una base de datos nueva, con datos específicos para el caso particular.


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Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1057-22

Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación

Requirente: Kamil Hazbun Muñoz

Ingreso Consejo: 14.02.2022

RESUMEN

Por decisión de mayoría, se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, ordenando la entrega del número de personas que han hecho uso de la Ley de Identidad de Género en el año 2021 para cambiar su nombre y sexo registral, indicando si son menores o mayores de edad.

Lo anterior, por cuanto, se trata de información que obra en poder de la institución conforme a sus funciones legales, que se refiere a meros datos estadísticos y no a datos personales ni sensibles, toda vez que, no recae sobre personas identificadas o identificables, y respecto de la cual, se desestima la configuración de las causales de reserva o secreto invocadas.

Se sigue lo resuelto por este Consejo en las decisiones de los amparos roles C959-18, C4744-18, C1830-21 y C225-22.

Hay voto disidente del Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez quien fue partidario de rechazar el presente amparo, en lo referido a información estadística referida a los cambios de nombre y sexo registral que se han ejecutado por medio de la Ley de Identidad de Género, con el desglose por edad que menciona, por cuanto, a diferencia del voto mayoritario, estima que, tratándose de información que no obra en poder del órgano con el desglose requerido, se impone al Servicio la obligación de sistematizar y elaborar una base de datos nueva, con datos específicos para el caso particular.

En sesión ordinaria N° 1276 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de mayo de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1057-22.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de enero de 2022, don Kamil Hazbun Muñoz solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación la siguiente información: "Conocer el número de personas que han hecho uso de la Ley 21.120 (Ley de Identidad de Género) en el año 2021 para cambiar su nombre y sexo registral en Chile. Conocer, a su vez, el número de personas según el rango de edad (Menores y mayores de 18 año)".

2) RESPUESTA: El 14 de febrero de 2022, a través de Resolución Exenta UT: 8, el Servicio de Registro Civil e Identificación respondió al requerimiento, denegando el acceso a la información, indicando que, el artículo 19, N° 4, de la Constitución asegura a todas las personas la protección de sus datos personales, garantía que se extiende igualmente a su tratamiento, el que debe hacerse en la forma y condiciones que señale la ley, resultando en este caso aplicable el deber de reserva del artículo 8 de la Ley N° 21.120 que dispone: "DE LA RESERVA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA INFORMACIÓN VINCULADA A ELLOS. Los procedimientos de que trata esta ley tendrán el carácter de reservados respecto de terceros, y toda la información vinculada a ellos será considerada como dato sensible, debiendo tratarse de acuerdo a lo establecido en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los deberes de información señalados en el artículo 20 de la presente ley", otorgado el legislador el carácter de "dato sensible" a toda la información vinculada a los procedimientos de que trata la Ley N° 21.120. Lo anterior, en relación con el artículo 10 de la Ley N° 19.628 que indica como se debe tratar el dato sensible, no encontrándose los antecedentes requeridos en ninguna de las hipótesis que autorizan su tratamiento.

A mayor abundamiento, el segundo inciso del artículo 7 del Decreto N° 355 de 2019, de Justicia y Derechos Humanos, que aprueba el reglamento que regula el procedimiento administrativo de rectificación de partidas de nacimiento ante el Servicio, de conformidad a la ley N° 21.120 dispone que: "emitidos los nuevos documentos de identidad de acuerdo a los procedimientos de identificación vigentes, estos reemplazarán, para todos los efectos legales, a los documentos de identidad anteriores", agregando el artículo 9: "Deber de Reserva. El Servicio adoptará las medidas administrativas conducentes a mantener en reserva tanto del procedimiento de tramitación de la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento como de la identidad anterior de la persona solicitante", y el tercer inciso del artículo 10: "Solo podrán otorgarse copias de la partida de nacimiento, de los antecedentes comprendidos en la tramitación de la rectificación, o del certificado de nacimiento que contenga información de la rectificación, a la persona titular a que éstos se refieran, a sus representantes con poder especial o a sus herederos", en relación con el artículo 7 de la ley N° 19.628.

Por lo tanto, el deber de secreto que pesa sobre los funcionarios del Servicio que trabajan con datos personales no es sólo respecto del dato personal, sino sobre los demás datos y antecedentes relacionado con el banco de datos.

No hay norma alguna que le permita atribuirse otras facultades que aquellas que expresamente le ha entregado la Constitución y las normas legales dictadas conforme a ella, y, por lo tanto, debe respetar el tratamiento de los datos sensibles, de conformidad al artículo 19, N° 4, de la Carta Fundamental.

Establecer y comunicar el número solicitado, para responder la solicitud, por lo tanto, transgrediría la prohibición indicada en el artículo 8 de la ley N° 21.120.

Se refiere al artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, y a los artículos 5, 10 y 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, explicando, en relación a la causal de reserva que la última norma establece, que lo solicitado implica transgredir las normas de secreto en relación a toda la información vinculada con la ley N° 21.120, respecto de la cual no es posible para el Servicio bajo ningún supuesto disponer de ella, dentro de la cual se encuentra el número de personas que han realizado cambios haciendo uso de ella, en relación, a su vez, con el artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 14 de febrero de 2022, don Kamil Hazbun Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Además, el reclamante hizo presente que: "No solicité información confidencial de ninguna persona particular. Solicité el agregado de datos. Es decir, la suma de un trámite, sin registro de la persona, solo la cantidad. Eso no cae dentro de la confidencialidad. Solicitar un número agregado de cambios de nombre y sexo registral bajo ley de Identidad de Género para su uso, no cae en violación a la confidencialidad de ninguna persona, pues no se buscan los datos de las personas, solo se busca la suma de trámites, la cantidad de solicitudes aprobadas. Se excusan en confidencialidad para ocultar datos, pero la solicitud no solicita nada confidencial".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante Oficio E4612, de 11 de marzo de 2022, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante Ord. SJ. N° 812, del 24 de marzo de 2022, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que el artículo 19, N° 4, de la Constitución asegura a todas las personas la protección de sus datos personales, garantía que se extiende a su tratamiento, el que debe hacerse en la forma que señale la ley, resultando aplicable el deber de reserva sobre la información vinculada a los procedimientos establecidos por el artículo 8 de la ley N° 21.120, a la cual el legislador le otorgó el carácter de "dato sensible", ello, en relación con el artículo 10 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

El artículo 5, letra c), de la Ley N° 21.120, establece el principio de la confidencialidad, lo que implica que toda persona tiene derecho a que se resguarde el carácter reservado de los antecedentes considerados como datos sensibles, en los términos señalados por la letra g) del artículo 2 de la ley N° 19.628, constituyendo la información vinculada a la normativa de identidad de género un dato sensible.

El Reglamento de la Ley de Identidad de Género, Decreto N° 355, del año 2019, también establece el deber de reserva, en su artículo 9: "Deber de Reserva. El Servicio adoptará las medidas administrativas conducentes a mantener en reserva tanto del procedimiento de tramitación de la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento como de la identidad anterior de la persona solicitante", agregando su artículo 10 las medidas de seguridad a adoptar, siendo deber del Servicio resguardar la identidad de las personas que se acojan a los procedimientos en comento y tomar las medidas de seguridad para que sean informados solo al titular.

Asimismo, el artículo 45, de la Ley N° 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil, establece que: "Por la naturaleza de las funciones que corresponden al Servicio de Registro Civil e Identificación, su personal deberá guardar la debida reserva de los antecedentes o documentos de los cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar el Servicio en conformidad a la ley", complementado ello por el artículo 7 de la Ley 19.628.

El Servicio se encuentra en la imposibilidad jurídica de realizar la entrega de la información, atendida su naturaleza sensible, fundado en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, por cuanto, se vincula a aspectos íntimos que guardan relación con la identidad de género, formando parte de la esfera de la vida privada e íntima de los titulares de las rectificaciones.

Agrega que, la solicitud implica que el Servicio trate datos sensibles con infracción a las leyes N° 21.120 y N° 19.628, no teniendo facultades para ello, de acuerdo con el principio de juridicidad, salvo en los casos señalados en las aludidas normas, hipótesis que no se da en la especie.

Al Servicio le corresponde custodiar datos personales, muchos de ellos sensibles, y entregarlos por la vía de certificados, copias de partidas e informes señalados por la ley, a las personas que la normativa señala, ya que sus registros no son fuentes de acceso público. En el caso del tratamiento de los datos personales, esto es, seleccionarlos, como pretende el recurrente, ello está permitido sólo de conformidad al artículo 20 de le ley N° 19.628.

Señala que la información reclamada no existe, pues no es una función pública que el Servicio ejerza el realizar estadísticas, el cual genera actos administrativos que, por lo general, entrega a la comunidad a través de la ley de transparencia, salvo que sean de naturaleza reservada.

En efecto, cuando se realiza una rectificación a la partida de nacimiento de conformidad a la Ley N° 21.120, el Servicio debe velar por la reserva de la información, no existiendo una norma que permita ejercer funciones de clasificación en cuanto al número de personas que han hecho uso de la ley, ni sus edades, nivel de educación, domicilio, etc., no encontrándose investido de las competencias necesarias para generar datos estadísticos, de acuerdo con el artículo 7 de la Constitución.

En relación con el artículo 8 de la ley N° 21.120 el legislador no distingue, siendo perentorio en cuanto a que toda la información vinculada a los procedimientos de dicha norma será considerada como dato sensible, no siendo dable al intérprete distinguir.

De esta manera, se configuran las causales de reserva o secreto del artículo 21, N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia.

Lo solicitado por el requirente es investigar a las personas que han hecho uso de la Ley N° 21.120, durante el año 2021, para cambiar su nombre y sexo registral, además solicita el número de personas según el rango de edad, sea clasificados en menores y mayores de 18 años. En tal sentido, analizada correctamente la solicitud no es de acceso a información pública, sino que está solicitando al Servicio que trate datos sensibles, fuera de su competencia, contraviniendo el artículo 20 de la ley N° 19.628.

El solicitante no puede usar la Ley de Transparencia para pedir esta información, puesto que tal solicitud implica el ejercicio del derecho de petición, no encontrándose amparada por el derecho de acceso a la información pública, ya que, para satisfacer el requerimiento, se exige un discernimiento previo, una interpretación o calificación e, incluso, un conocimiento especializado en el ámbito de la minería de datos, de modo que no se trata de "información pura" que deba y pueda entregarse. Se exige no sólo practicar un complejo trabajo cuya ejecución en sí misma implica transgredir normas constitucionales y legales de protección de datos y de reserva, sino que, al rastrear a las personas que han hecho uso de los procedimientos reservados de la ley N° 21.120, además se debe cruzar tal grupo con datos propios de las inscripciones del Registro de Nacimiento y Matrimonio, que no se registran ni ordenan de la forma concentrada solicitada, excluyendo otras, lo que implicaría tratar los datos calificados como sensibles por el legislador, con la única finalidad de constituir y presentar la información de la manera por solicitada, lo que no se encuentra dentro de sus funciones. Esto es, generando un estudio con información resultante de un cruce de datos sensibles. Para dar un ejemplo mínimo, las personas extranjeras no registran nacimiento inscrito en Chile, por lo que, además, se debe cruzar información disponible de otras fuentes.

Dentro de las materias de competencia del organismo no se encuentra crear bases de datos sin sujeción a normativa alguna, sino, como lo indica el artículo 3, de la ley N° 19.477, que Aprueba ley orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, a este organismo público le corresponde velar por la constitución legal de la familia y tendrá por objeto principal registrar los actos y hechos vitales que determinen el estado civil de las personas y la identificación de las mismas. Le corresponderá, también, llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende). Es así como la función principal de este Servicio es "registrar", esto es, "7.tr. Inscribir en una oficina determinados documentos públicos, instancias, etc." Por ende, no es competencia del Servicio crear bases de datos a solicitud de particulares, ni menos tratar datos personales con la información que registra sin el consentimiento del titular.

Adicionalmente, acceder a este tipo de petición transgrediría el principio de juridicidad consagrado en el artículo 7 de la Constitución, ya que solicita que se ejerza una competencia no entregada por ley al Servicio, al solicitar confeccionar un informe previa la realización de una minería de datos que implicaría cruzar información de nuestros Registros y bases de datos. El Servicio de Registro Civil e Identificación:

a) No cuenta con un departamento dedicado a la confección de bases de datos por criterios aleatorios o a solicitud de los ciudadanos, sino que cuando las crea, lo hace habilitado por normativa legal, informando tales bases de datos, de conformidad con el artículo 22 de la ley N° 19.628.

b) No cuenta con las competencias legales para establecer o catalogar la información solicitada en ninguno de los formatos que indica el artículo 10 de la Ley de Transparencia, pues no tiene obligación legal de registrar tal información de acuerdo con los parámetros indicados por el recurrente, así como tampoco se encuentra facultado por ley para estructurar las bases de datos que maneja en la forma solicitada (decisión de amparo Rol C 1.770-16 y dictamen de la Contraloría General de la República E120676, de 9 de julio de 2021).

c) En cambio, sí tiene por función y deber expreso, aquellas de resguardo, de acuerdo con los artículos 4 y 45, de la ley N° 19.477, lo que se vería transgredido de accederse a la solicitud. Cita el considerando 27, de la sentencia del Tribunal Constitucional, autos rol 8.474-20 y la decisión de amparo Rol C7432-21, en la que se resolvió que la Ley de Transparencia no era la vía idónea para acceder a lo pedido, pues aquello forma parte de registros no accesibles al público, debiendo aplicarse el principio de finalidad de la ley N° 19.628.

Explica que el nombre es sólo un dato personal, y la dignidad de las personas que hacen uso del procedimiento señalado en la ley N° 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, debe ser respetada por el Estado y sus organismos, no teniendo el Servicio potestades para clasificarlas ni hacer análisis sobre sus nacionalidades, estados civiles u otras circunstancias de su vida personal, al ser una institución registral. Por lo tanto, la garantía del tratamiento de conformidad a la ley de los datos personales debe entenderse en forma amplia, asegurando el derecho a la privacidad a todas las personas, a fin de garantizar efectiva, material y formalmente que los datos personales sólo se seleccionan y comunican de conformidad a la ley.

Señala que no procedió de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Transparencia, puesto que hay una norma especial que impide el tratamiento de la información y se relaciona con un documento o antecedente que contenga información existente.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información requerida, correspondiente a conocer el número de personas que han hecho uso de la Ley de Identidad de Género en el año 2021 para cambiar su nombre y sexo registral, indicando si son menores o mayores de edad. Al respecto, el órgano denegó el acceso a lo requerido conforme lo dispuesto en el artículo 21, N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 5, letra c), y 8, de la ley N° 21.120, en los artículos 3 y 45 de la ley N° 19.477, los artículos 2, 4, 7, 10, 20 y 22 de la ley N° 19.628, y los artículos 7 y 19, N° 4, de la Carta Fundamental.

2) Que, en primer lugar, se debe recordar que el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Tal consagración de la garantía constitucional determinó la promulgación, con fecha 20 de agosto de 2008, de la Ley Número 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, la cual en su artículo 32 dispone que: "El consejo tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información".

3) Que, luego, hay que hacer presente que, como se adelantó, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, invocando las causales de reserva o secreto del artículo 21, N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el marco normativo enunciado en el considerando primero de esta decisión. En dicho contexto, el órgano argumentó que la información requerida, respecto de los cambios de nombre y sexo registral que se han ejecutado durante el período consultado, por medio de la Ley de Identidad de Género N° 21.120, se refiere a datos que tienen el carácter de datos personales y sensibles al tenor de lo dispuesto en la Ley de Protección de la Vida Privada, por cuanto, se vinculan a aspectos íntimos que guardan relación con la identidad de género y a la vida privada, y a lo dispuesto en la propia ley N° 21.120, en sus artículos 5, letra c), y 8, por lo que, su tratamiento le estaría prohibido.

4) Que, así las cosas, el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, señala que se podrá denegar la entrega de la información cuando su publicidad "afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada (...)". Luego, el artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República dispone que: "La Constitución asegura a todas las personas: 4°.- El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley". Por su parte, la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, en su artículo 2, letra f), define el datos personales: "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables", y en su letra g), los datos sensibles como: "aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". El artículo 4 de la misma ley, indica que: "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello (...)", y su artículo 10, señala que: "No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares". Finalmente, el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, establece que: "El tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitará el consentimiento del titular" (énfasis agregados).

5) Que, conforme al marco normativo señalado, cabe tener presente que la normativa citada por el órgano se refiere a la protección de las personas, de su vida privada, su intimidad y su honra, de sus datos personales, y de sus datos sensibles -como una categoría especial de datos personales-. Al respecto, el artículo 2, letra f), establece que son "Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables". No obstante, en la especie, lo requerido recae sobre el número de personas que han hecho uso de la Ley de Identidad de Género en el año 2021 para cambiar su nombre y sexo registral, indicando si son menores o mayores de edad, y no respecto de personas determinadas o determinables -como parece entenderlo el Servicio-, conforme lo dispuesto en la citada norma. En efecto, lo requerido no se refiere al nombre, dirección o número de cédula de identidad, ni ningún otro antecedente que permita conocer la identidad de las personas que realizaron cambio de nombre y de sexo.

6) Que, en este orden de ideas, no resultan plausibles las alegaciones del órgano, toda vez que los datos requeridos se refieren más bien a datos estadísticos respecto del total de personas que han ejercido los derechos consagrados en la ley N° 21.120, y no a datos sensibles o datos personales protegidos, respecto de personas determinadas o determinables. El artículo 2, letra e), de la propia ley N° 19.628, dispone que es "Dato estadístico, el dato que, en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable", como ocurre en el presente caso, toda vez que, como se señaló, no se ha requerido ningún antecedente relativo al nombre, número de cédula de identidad o cualquier otro que permita la individualización de las personas respecto de la cuales se refiere la información.

7) Que, conforme a lo expuesto, en el considerando 5), de la decisión del amparo rol C1830-21, frente a otra solicitud de información estadística referida a las defunciones, este Consejo razonó que: "así las cosas, se verifica la existencia de hipótesis normativas que permiten sostener fundadamente, que el Servicio de Registro Civil e identificación se encontraba en condiciones de atender derechamente la solicitud de acceso que da origen a este amparo. Lo anterior, en consideración a que lo requerido consiste en información que dice relación con información que obra en su poder como parte del ejercicio de las facultades que el legislador le ha encomendado, atendido lo señalado en los considerandos precedentes". En dicho contexto, el artículo 10 de la ley N° 21.120 determina la competencia del órgano reclamado, al establecer que "DEL ÓRGANO COMPETENTE Y DE LA SOLICITUD. En caso de que el solicitante sea mayor de edad, será competente para conocer de su solicitud el Servicio de Registro Civil e Identificación. La solicitud podrá ser presentada ante cualquier oficina de dicho Servicio, sin importar cuál sea el domicilio o residencia del solicitante. Al momento de presentar la persona interesada la solicitud de rectificación, el Oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar al solicitante acerca de los efectos jurídicos de la aceptación de la solicitud" (énfasis agregados).

8) Que, en consecuencia, y en virtud de lo razonado, se desestimarán las alegaciones del órgano, fundadas en lo dispuesto en el artículo 21, N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la ley N° 19.477, los artículos 2, 4, 10 y 20 de la ley N° 19.628, y en el artículo 19, N° 4, de la Carta Fundamental.

9) Que, por su parte, en relación con las alegaciones del Servicio referidas al deber de confidencialidad, se debe hacer presente que el artículo 5, letra c), de la ley N° 21.120 dispone que: "PRINCIPIOS RELATIVOS AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. El derecho a la identidad de género reconoce, entre otros, los siguientes principios: c) Principio de la confidencialidad: toda persona tiene derecho a que, en los procedimientos seguidos ante autoridad administrativa o jurisdiccional, se resguarde el carácter reservado de los antecedentes considerados como datos sensibles, en los términos señalados por la letra g) del artículo 2° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada" (énfasis agregados). Así las cosas, y conforme se expuso previamente, la norma que establece el principio de confidencialidad se refiere expresamente al derecho que tiene toda persona -identificada o identificable- para que se resguarden los antecedentes considerados como datos sensibles. Por lo anterior, tratándose lo requerido de meros datos estadísticos o numéricos, o información anonimizada, sin la individualización de su respectivo titular, no es posible sostener que su publicidad tenga la entidad suficiente para afectar los datos sensibles de las personas, conforme lo sostiene latamente el Servicio. En consecuencia, igualmente se desechará esta alegación.

10) Que, a su vez, y siguiendo la misma idea, el artículo 8 de la Ley de Identidad de Género, al establecer la reserva de los procedimientos y la información vinculada a ellos, indica que: "Los procedimientos de que trata esta ley tendrán el carácter de reservados respecto de terceros, y toda la información vinculada a ellos será considerada como dato sensible, debiendo tratarse de acuerdo a lo establecido en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada". En la especie, lo requerido se refiere a información estadística o numérica, diferenciada solo por el criterio "edad" y no a copia de algún procedimiento o antecedente relativo a los mismos. Asimismo, y conforme a lo expuesto en dicha norma, la información considerada sensible, al tenor de lo dispuesto en la ley N° 19.628, es aquella referida a personas identificadas o identificables, asociada a circunstancias de su vida privada o intimidad y a su vida sexual, lo que no ocurre en la especie. En consecuencia, igualmente, se desestimará dicha alegación.

11) Que, por otra parte, y ratificando todo lo expuesto, vale tener en consideración lo informado por el propio Servicio de Registro Civil e Identificación frente a anteriores requerimientos relacionados con la misma materia. En efecto, ante la solicitud que dio origen al amparo rol C283-21, en el cual se requirió: "el número de personas que han accedido a la rectificación de su partida de nacimiento (sexo y nombre) desde el inicio de la vigencia de la ley 21.120. Esto, separado por lugar (región o comuna) y especificando profesión. Me interesa el número total y además el número de personas mayores de 18 años", el órgano, mediante CARTA UTSI N° 22, de 5 de enero de 2021, entregó a la solicitante la información requerida, señalando la cantidad de personas que han solicitado la rectificación de sus partidas, indicando cuántas de ellas son mayor de edad, y entregando, finalmente, una planilla con la información de casos de rectificación desglosada por región y por profesión, al tenor de lo requerido.

12) Que, en el mismo sentido, en los descargos ante esta sede, contenidos en el DN. ORD. N° 116, de 11 de febrero de 2021, respecto del mismo amparo rol C283-21, el órgano manifestó expresamente, que: "Por todo lo señalado, es la opinión de esta Institución que la respuesta satisface íntegra y específicamente lo que la requirente solicitó. Sin perjuicio de aclarar que este Servicio recibe múltiples requerimientos de cifras asociadas a la Ley N° 21.120, y ésta siempre se ha otorgado reservando el dato comuna para proteger a los individuos que se someten a este cambio registral, y en este caso, lo único que varió fue que los datos se asociaron a un nuevo parámetro como es la profesión, obteniendo las cifras que fueron requeridas". Conforme a lo señalado, la información numérica o de cifras asociadas a la citada Ley de Identidad de Género es pública, exceptuando solo aquella referida a la comuna, por cuanto, dicho antecedente permitiría identificar al individuo que se somete al cambio registral. Acto seguido, señaló que: "Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que de todas maneras no se le habría podido entregar el dato comuna debido que al hacer el cruce (...) esta institución habría vulnerado el principio de anonimización y el principio de secreto estadístico que impone la ley N° 21.120 en sus artículos 5 letra c) y 8", argumentos que este Consejo comparte, toda vez que, lo que la ley N° 21.120 protege es la identidad de las personas y sus respectivos datos personales y sensibles, y no aquella información estadística y anonimizada como la requerida en el presente caso. Finalmente, en dicha ocasión el Servicio señaló, acertadamente, que: "Asimismo, teniendo presente las nuevas Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre la Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado (...) las cuales elevan los estándares de protección de datos personales y sensibles en los organismos públicos, no es posible entregar la información solicitada desglosada por comunas, por cuanto pone en riesgo el principio de anonimicidad de datos que son sensibles y deben ser protegidos".

13) Que, a mayor abundamiento, vale tener en consideración que, además de entregar la información referida al número o cantidad de personas que han efectuado el cambio registral por parte del propio Servicio, y cuántas de ellas son mayores y menores de 18 años, como en el caso citado en los 2 considerandos anteriores, en la nota de prensa disponible en el link https://www.elmostrador.cl/braga/2020/12/21/a-un-ano-de-la-ley-de-identidad-de-genero-mas-de-2-200-personas-trans-han-cambiado-su-nombre-y-sexo-registral/ (publicada el 21 de diciembre de 2020, y revisada por este Consejo el 29 de abril de 2022), se indica expresamente la cantidad de personas que han cambiado su nombre y sexo, sin afectar dato sensible alguno, donde además se informa que: "Dentro de las más de 2 mil modificaciones, 8 de estas corresponden a adolescentes entre 14 y 18 años que hicieron la solicitud de cambio de nombre y sexo registral, ante un Tribunal de Familia, con el respectivo acuerdo de ambos padres. El 39% de las modificaciones de sexo y nombre en las partidas de nacimiento se concentran en la región Metropolitana, a la que le siguen las regiones de Valparaíso y Biobío", todos datos estadísticos que, en caso alguno, tienen la entidad suficiente para afectar datos sensibles, como tantas veces lo manifestó el órgano en sus descargos.

14) Que, finalmente, con relación con lo indicado por el Servicio, en el sentido de que la información no existiría en los términos requeridos, correspondiendo por ello el requerimiento más bien al ejercicio del derecho de petición contemplado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República y no a una solicitud de información pública al tenor de lo dispuesto en la Ley de Transparencia, cabe tener presente que lo requerido no se refiere a la elaboración de un informe o la entrega de información inexistente que deba ser generada, sino que corresponde a datos o antecedentes que, conforme a sus funciones legales, efectivamente son almacenados y gestionados por la institución. En efecto, lo pedido se refiere al número de personas que han hecho uso de la Ley de Identidad de Género en el año 2021 para cambiar su nombre y sexo registral, indicando si son menores o mayores de edad, información que -conforme a lo dispuesto en las normas citadas- obra en poder de la institución y constituye información pública, al tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Transparencia, según el cual: "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas", motivo por el cual, la presente solicitud corresponde a un requerimiento conforme a la Ley de Transparencia, y que cumple los requisitos contemplados en el artículo 12 de la citada ley.

15) Que, en consecuencia, conforme a lo expuesto, tratándose de información que obra en poder de la institución, y que se refiere a meros datos estadísticos, respecto de la cual se desestimaron sus alegaciones fundadas en el artículo 21, N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 5, letra c), y 8, de la ley N° 21.120, en los artículos 3 y 45 de la ley N° 19.477, los artículos 2, 4, 7, 10, 20 y 22 de la ley N° 19.628, y los artículos 7 y 19, N° 4, de la Carta Fundamental, este Consejo procederá a acoger el amparo, ordenando la entrega de los datos requeridos.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORIA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORIA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Kamil Hazbun Muñoz en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante el número de personas que han hecho uso de la Ley 21.120 (Ley de Identidad de Género) en el año 2021 para cambiar su nombre y sexo registral en Chile, indicando, a su vez, el número de personas según el rango de edad (Menores y mayores de 18 año).

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Kamil Hazbun Muñoz y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

VOTO DISIDENTE

La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez, quien no comparte lo razonado en el presente acuerdo, respecto de la información estadística referida a los cambios de nombre y sexo registral que se han ejecutado por medio de la Ley de Identidad de Género, con el desglose por edad requerido, estimando que el amparo debió rechazarse, en base a las siguientes consideraciones:

1) Que, a diferencia del voto mayoritario, este Consejero estima que tratándose de la información estadística requerida, el Servicio de Registro Civil e Identificación ha dado cuenta en forma clara y suficiente que la información requerida no obra en su poder, con el desglose por edad señalado, dado que no existe una obligación legal de registrar los datos en la forma mencionada, y que dicha institución no cuenta con un departamento dedicado a la confección de bases de datos por criterios aleatorios o sujetos a cada requerimiento particular.

2) Que, conforme a lo expuesto, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la información consultada exista en poder del órgano solicitado, en la forma requerida, conforme preceptúan los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, por lo que, no resulta posible requerir la entrega de ésta, toda vez que, se le está imponiendo al órgano la obligación de elaborar o confeccionar una nueva base de datos, que no necesariamente posee con el detalle de información que se ha solicitado.

3) Que, en este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, en el considerando 27° de la sentencia dictada en autos rol 8474-2020, donde razonó que: "Como se ha dicho, y ahora se reiterará, en parte alguna de dicha disposición "se obliga a la Administración a entregar información de una forma distinta de la prevista en el ordenamiento legal, debiendo realizar operaciones distintas tales como procesar, sistematizar, construir o elaborar un documento nuevo o distinto. Eso es algo que puede hacer el receptor de la información, toda vez que la ley no permite que se impongan condiciones de uso o restricciones a su empleo (artículo 19, Ley de Transparencia). Pero la obligación de la Administración se limita a publicar dichos actos o resoluciones o a "proporcionar" o "entregar" lo requerido (artículo 16, Ley de Transparencia)" (Entre otras, STC Rol N° 2907, c. 38°; STC Rol N° 3111, c. 34°; STC Rol N° 4669, c. 27°).

4) Que, en este mismo orden de ideas, en el considerando 6° del voto concurrente del Sr. Ministro del Tribunal Constitucional don Juan José Romero Guzmán, en sentencia rol 2558-INA-2013, razonó: "Que, a mayor abundamiento, en el caso concreto sometido a nuestra consideración, el Consejo para la Transparencia no ha ordenado la publicidad de información ya existente. Esto implica imponer a la SBIF una obligación de hacer, es decir, se le ordena a la Superintendencia a realizar una actividad que va más allá de la simple entrega de información que se encuentre actualmente disponible. A este respecto se acoge íntegramente lo argumentado en el considerando 11° del voto al cual se concurre. Así, tal como se concluye en el párrafo final del considerando aludido, no existe el ‘derecho a que se procese, sistematice u ordenen antecedentes contenidos en dichos documentos. El derecho de acceder no puede transformarse en un derecho a obtener informes hechos ad hoc para cada peticionario’".

5) Que, en virtud de lo expuesto, tratándose de información que no obra en poder del órgano con el desglose por edad requerido, y tratándose de un requerimiento en el cual se solicita al órgano tratar información y confeccionar una base con datos específicos para el caso particular, este disidente estima que el presente amparo debió rechazarse.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Francisco Leturia Infante, sus Consejeras doña Gloria de la Fuente González y doña Natalia González Bañados, y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.