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René Francisco González Romero con SUBSECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA Rol: A11-09

Consejo para la Transparencia, 04/09/2009

Se solicita amparo en contra la denegación de la Subsecretaría General de la Presidencia de proveerle el listado de las auditorías internas que dicha entidad había efectuado en el último año y medio más los informes de aquéllas que hubiesen finalizado. Dicha Subsecretaría se negó a entregar tal información invocando que el conocimiento por terceros de dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la entidad. El Consejo argumenta que el acceso a la información pública es un derecho reconocido implícitamente en la Constitución y que, haciendo una ponderación de intereses en el caso, es de utilidad pública divulgar la información solicitada. Se acoge íntegramente el reclamo del solicitante.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Auditoría y Control de gestión
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:



Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO Nº A11-09

Entidad pública: Subsecretaría General de la Presidencia

Requirente: René González Romero

Ingreso Consejo: 19.05.2009

En sesión ordinaria N° 82 de su Consejo Directivo, celebrada el 4 de septiembre de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A11-09.

VISTOS:

El artículo 8° de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; El D.F.L. Nº 7.912, de 1927, que organiza las Secretarías de Estado; la Ley N° 18.993, que crea el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia; el D.S. Nº 12/1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que crea el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno; y el D.S. N° 7/1991, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento Orgánico de la misma cartera.

TENIENDO PRESENTE:

1) Solicitud de acceso: El 20 de abril de 2009 don René Francisco González Romero, periodista, solicitó al Ministerio Secretaría General de la Presidencia la siguiente información, idealmente en formato digital:

a. El listado de las auditorías realizadas por la unidad de auditoría interna de esa Secretaría de Estado durante 2008 y el primer trimestre del 2009 y el estado de las mismas, y

b. Una copia de las auditorías anteriores que hubiesen sido terminadas durante ese mismo periodo.

2) Respuesta: Dicha solicitud fue respondida dentro de plazo por la Subsecretaría General de la Presidencia, mediante Resolución Exenta Nº 5 y Ordinario N° 574, ambos de 14 de mayo de 2009, en cuya virtud denegó el acceso a la información solicitada invocando la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, es decir, que el conocimiento por terceros de esta información afectaría el debido cumplimiento de las funciones de dicha Subsecretaría debido a que:

a. Las auditorías constituirían herramientas de control de gestión a disposición de las instancias superiores y directivas de cualquier organización que sirven para cautelar y garantizar su correcto funcionamiento y permitirían que toda la estructura y organización se oriente efectivamente al cumplimiento de los objetivos institucionales, en este caso los del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;

b. El carácter no público o reservado de los informes de auditoría interna garantizaría que la autoridad cuente con informes para, eventualmente, corregir situaciones que lo ameriten; y

c. Difundir estos informes provocaría un daño irreversible a este instrumento de gestión interna que resulta fundamental para el adecuado control y perfeccionamiento continuo de las labores del Gobierno.

3) Amparo: Que contra esta respuesta negativa don René Francisco González Romero pidió a este Consejo amparar su derecho de acceso a la información pública, el 19 de mayo de 2009.

4) Traslado: Que el Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, a través del oficio Nº 97, de 29 de mayo de 2009, a la Subsecretaría General de la Presidencia, quien mediante su Ordinario Nº 820, de 19 de junio de 2009, formuló los siguientes descargos solicitando el rechazo del amparo:

a. Las auditorías internas constituyen una herramienta de control de carácter interno, es decir, un control que se efectúa sobre las actuaciones de la Administración activa por la propia Administración activa. En definitiva, el sistema de auditorías es un mecanismo de colaboración en las tareas de control interno propias de todas las autoridades de cada uno de los órganos y servicios públicos que componen la Administración del Estado, y que se encuentra a disposición de la instancia superior del Servicio.

b. Entre sus características, las auditorías internas cuentan con reconocimiento en nuestra institucionalidad, lo que constaría en el Instructivo Presidencial Nº 6, de 1994; en el Documento de la Dirección de Asuntos de Gestión del Gabinete Presidencial; en los Decretos Supremos Nº 12, de 1997, y Nº 147,de 2005, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y en el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG).

c. Además, las auditorías internas están sujetas a normas técnicas nacionales (emanadas del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno) e internacionales (dictadas por The Institute of Internal Auditors, IIA) que determinan la forma en que ellas deben llevarse a cabo.

d. Asimismo, las auditorías internas se desarrollan conforma a planes, operan en distintos niveles (el Sistema de Auditoría Interna Gubernamental opera a nivel central, a nivel regional, a nivel ministerial y a nivel de cada servicio público), y constituyen un resultado, no un procedimiento.

e. Por su parte, las auditorías internas deben desarrollarse conforme a los Estatutos que regulan a cada Unidad de Auditoría Interna, que incluyen diversas funciones y obligaciones entre las que se cuentan las siguientes: actuación con eficacia y eficiencia; actuación coordinada; elaboración de informes; seguimiento de medidas adoptadas; y la obligación de reserva y confidencialidad.

f. En virtud de lo antes expresado, cabe arribar a las siguientes conclusiones frente a la reclamación del peticionario:

i. Si la publicidad de la información solicitada va en desmedro de las funciones del órgano, la Ley de Transparencia entiende que aquélla está amparada por la reserva o el secreto de su artículo 21 Nº 1. Así, dado que la Ley de Transparencia limita la publicidad de la información cuando ésta afecte las funciones del órgano, no puede dárseles la publicidad requerida a los informes de auditoría.

ii. El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (en adelante, CAIGG) y, en consecuencia, las unidades internas de gobierno, están configurados como órganos de asesoría, por lo que no están dotados de facultades decisorias. Los informes de auditoría interna no son una decisión sino una herramienta de gestión, pues éstos están destinados a que la superioridad de un servicio u órgano público adopte medidas de gestión destinadas a la constatación de hechos, a la corrección de procedimientos, o a la determinación de políticas destinadas al buen gobierno, al control interno o a la gestión de riesgos. De esta forma, la publicidad de sus informes desnaturalizaría el instrumento mismo, y ello iría en desmedro de las funciones del órgano. Por lo tanto, es propio de la naturaleza misma de este órgano que sus informes permanezcan secretos.

iii. Lo anterior se vería reforzado porque en los documentos que emanan del CAIGG, de aplicación obligatoria, se concibe, por una parte, al informe de auditoría como un documento secreto o reservado y, por otra parte, que los funcionarios que cumplen estas tareas tienen respecto de ellas un deber de reserva, en los términos del artículo 61, letra h), del Estatuto Administrativo. En efecto, el Documento Técnico Nº 43, de 2009, del CAIGG, expresa que los integrantes de las Unidades de Auditoría Interna están obligados a “guardar bajo estricta reserva la información y documentos a que tenga acceso y conocimiento en el cumplimiento de sus funciones”. Además, los Auditores Internos serán “responsables de realizar sus informes con el mayor profesionalismo, objetividad y discreción posibles, dentro de la más estricta reserva respecto de los documentos e información confidenciales que conozcan”. En términos idénticos se expresa el Documento Técnico Nº 39, de 2008. En consecuencia, no sólo se comprueba que el carácter reservado es inherente a la función que cumplen las auditorías internas, sino que la manera como las ha concebido el Consejo en sus documentos técnicos de general aplicación es coherente con tal reserva. Los funcionarios que le dieran publicidad estarían faltando a sus deberes.

iv. Además, de acuerdo con los estándares profesionales y técnicos aplicables a las auditorías, la función de control interno debe ser ejercida con reserva, toda vez que ésta posibilita una comunicación fluida desde los funcionarios hacia las Unidades de Auditoría Interna. Por el contrario, la publicidad de los informes afectaría su eficacia, pues inhibiría a los funcionarios de comunicar los hechos que requieran ser corregidos; haría que tales informes fueran más discretos o moderados y conllevaría que la corrección de hechos que lo requieran quedarían fuera de los mismos.

v. En cuanto a su alcance, los informes de auditoría interna son secretos de manera total. A su respecto, no resulta aplicable el principio de divisibilidad, contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, porque la naturaleza misma del órgano del cual emanan determina que tales informes tengan siempre por misión servir como herramientas de control de gestión a disposición de las instancias superiores de la organización.

g. En consecuencia, en la solicitud de la especie recibe plena aplicación el artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia, debiendo concluirse que los informes de auditoría interna son reservados o secretos y denegarse totalmente el acceso a la información pedida.

5) Medidas para mejor resolver: Para un mejor acierto en esta decisión el Consejo solicitó a la Subsecretaría General de la Presidencia, a través del oficio Nº 311, de 31 de julio de 2009, que le remitiera copia de la información solicitada, bajo la reserva establecida en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, de manera de poder analizarla, lo que ésta hizo mediante Ordinario Nº 1120, de 14 de agosto de 2009. Con el mismo fin se solicitó al Sr. Auditor General de Gobierno que emitiese un informe técnico relativo al secreto o reserva de las auditorías internas gubernamentales, en su calidad de órgano asesor de la Presidenta de la República en esta materia y coordinador técnico de las actividades desarrolladas por las Unidades de Auditoría Interna de las entidades dependientes o relacionadas con la Presidencia de la República. Este informe fue emitido a través del Ordinario Nº 455-09, de 10 de agosto de 2009.

Y CONSIDERANDO:

1) Que las auditorías internas de los organismos de la Administración Pública dependientes o relacionados con la Presidencia de la República está a cargo de Unidades de Auditoría Interna que coordina el CAIGG, órgano asesor de la Presidenta de la República en materias de auditoría interna, control interno y probidad administrativa, creado mediante el D.S. Nº 12/1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Dichas Unidades y el propio Consejo carecen de potestades legalmente otorgadas, salvo casos excepcionales, por lo que sólo actúan como órganos asesores de carácter interno. Según afirma el propio Auditor General de Gobierno, las Unidades Internas son elementos “de apoyo a la función directiva de un Ministerio, Empresa Pública o Servicio Adscrito, que califica y evalúa el grado de economicidad, eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos institucionales y se alcanzan los propósitos fundamentales de la unidad” (Documento Técnico N° 6, Bases para la Creación de Unidades de Auditoría Interna).

2) Que, conforme las normas técnicas que ha impartido el CAIGG, las Unidades de Auditoría Interna efectúan anualmente múltiples auditorías para comprobar si la gestión de la entidad a que pertenecen se ajusta a lo establecido en el ordenamiento jurídico, a los principios de economía, eficiencia y eficacia y, por último, a las instrucciones de la propia autoridad. Cada organismo planifica las auditorías a realizar cada año sugiriéndose concentrarlas en “aquellos procesos estratégicos relevantes y riesgosos de la institución” (Documento Técnico Nº 33 CAIGG, v.0.2, marzo 2008, p. 2). El resultado de cada una de dichas auditorías consta en un informe de auditoría, documento estandarizado que expresa por escrito una opinión sobre el área o actividad auditada en relación con los objetivos fijados, señala las debilidades de control y formula recomendaciones pertinentes para eliminar las causas o deficiencias, estableciendo las medidas correctivas que sean adecuadas para ello (Documento Técnico Nº 25 CAIGG v.0.4, marzo 2008).

3) Que, en este caso, el reclamante solicitó a la Subsecretaría General de la Presidencia el listado de las auditorías internas que efectuó en el último año y medio más los informes de aquéllas que hubiesen finalizado. Dicha Subsecretaría se negó a entregar tal información invocando el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, pues estima que el conocimiento por terceros de la misma afectaría el debido cumplimiento de sus funciones por las razones que se verán a continuación, y plantea una serie de razonamientos para acreditar de qué modo ocurriría esta afectación sin aludir a ninguno de los casos particulares que contemplan los literales de esta norma. El Auditor General de Gobierno, a su turno, también sostiene la pertinencia de esta causal de reserva, pero agrega que podrían también tener aplicación las demás causales del mismo artículo.

4) Que antes de analizar las razones que se han invocado para sostener la reserva o secreto de tales informes de auditorías, conviene hacer presente dos cuestiones:

a. Primero, que el acceso a la información pública es un derecho fundamental implícitamente reconocido en nuestra Constitución, como ya ha sostenido este Consejo en la decisión recaída en el amparo Rol A45-09 (considerando 10º) y como reconoció nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia Rol N° 634/2006, de 9 de agosto de 2007, al afirmar que “…acorde a la naturaleza de derecho reconocido por la Constitución que tiene el acceso a la información pública, aunque lo sea de forma implícita, la propia Carta Fundamental ha reservado a la ley y, específicamente, a una ley de quórum calificado, el establecimiento de las causales de secreto o de reserva que, haciendo excepción a la vigencia irrestricta del principio de publicidad en la actuación de los órganos del Estado, permiten limitarlo vedando, consecuentemente, el acceso a la información requerida” (considerando 10°). Dicha naturaleza se ve reforzada por lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos —en relación con el artículo 5° de nuestra Constitución—, como reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Claude Reyes y otros vs. Chile, de 19 de septiembre de 2006, serie C 151, al estimar que dicha norma «al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones” protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención» (Ibíd., párr. 77). Por lo mismo la Declaración de Principios sobre libertad de expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000) afirma, en su principio 4º, que “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley…”. Como consecuencia de lo anterior, las restricciones o limitaciones a este derecho “deben dar cumplimiento estricto a los requisitos derivados del artículo 13-2 de la Convención, esto es, las condiciones de carácter excepcional, consagración legal, objetivos legítimos, necesidad y proporcionalidad” (Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en el vol. III del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, párrafo N° 27).

b. Segundo, que la auditoría interna, en tanto herramienta de control interno y gestión, busca resguardar el principio de probidad, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política y que, de acuerdo al artículo 52, inciso 2°, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado “…consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”, agregando el artículo 53 del mismo cuerpo legal que “el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz…”. Precisamente la auditoría interna es uno de estos medios. A su turno, el artículo 9 N° 2 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción compromete a los Estados Parte, en sus letras c) y d), a tomar medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública, incluyendo la adopción de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente y la implementación de sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno. En la misma línea, el artículo III N° 11 de la Convención Interamericana contra la Corrupción exige fortalecer el rol que puede cumplir la sociedad civil en la prevención de la corrupción, lo que exige un alto grado la transparencia administrativa para permitir que se activen mecanismos de accountability —o rendición de cuentas— social.

5) Que, por su parte, se alega como fundamento de su reserva la necesidad de garantizar que los informes de las auditorías internas consignen situaciones que ameriten introducir correcciones al interior de la organización, y que, de darse publicidad a éstos, se desnaturalizaría el instrumento mismo, lo que, a su vez, iría en desmedro de las funciones del órgano. Que lo anterior puede entenderse en dos sentidos:

a. Por un lado, y como señala el Auditor General de Gobierno, la importancia de las actividades de las unidades de control interno reside en que éstas “…están orientadas a apoyar al proceso de toma de decisiones con sugestiones útiles y oportunas” (Documento Técnico N° 6, Bases para la Creación de Unidades de Auditoría Interna). Sin embargo, no se ha explicitado de manera clara y categórica la razón por la cual la difusión de aquéllas afectaría el debido cumplimiento de las funciones del servicio reclamado. Pudiera ocurrir, en todo caso, que a partir de un informe final de auditoría se desencadenara un conjunto de nuevas decisiones o de procesos de toma de decisiones, pero ello en nada obsta a que dicho informe final de cuenta, en sí mismo, del resultado de un procedimiento ya finalizado —una declaración de juicio, constancia o conocimiento en los términos de la Ley Nº 19.880— perfectamente distinguible de los demás cursos de acción que puedan generarse a partir de él, constituyendo, por ende, un antecedente distinto de las eventuales decisiones posteriores que pudieren adoptarse, y cuya publicidad debe analizarse de modo independiente. Por lo demás, como nada asegura que el informe de una auditoría vaya a incidir en la adopción de una decisión —por ejemplo, podría ocurrir perfectamente que no se compartieran las recomendaciones del informe, no hubiesen recursos para implementarlas o se estimaran aquéllas no prioritarias— aceptar esta tesis significaría que todo documento en poder de la Administración revestiría el carácter de secreto, pues siempre el Jefe de Servicio podría sostener, genéricamente, que aquél podría dar pie o incidir en la adopción de una decisión. Cabe recordar que si incluso se demostrara que el informe es un antecedente para la adopción de una resolución, medida o política concreta en los términos del artículo 21 Nº 1 b) —y que no pudiera difundirse porque frustraría la finalidad perseguida por las decisiones a adoptar o porque concedería ventajas contrarias al interés público, como sostiene el Auditor General— sería igualmente público una vez que se adoptase la resolución, medida o política. De allí que esta argumentación para declarar la reserva genérica de todas las auditorías y sus informes deba ser rechazada, como también aquella vinculada a la inaplicabilidad, en la especie, del principio de divisibilidad.

b. Que en sentido semejante se dice que difundir los informes de auditoría provocaría un daño irreversible a este instrumento. Conforme lo sostiene la Subsecretaría General de la Presidencia dicho perjuicio se traduciría en que los funcionarios implicados en una falta o error podrían inhibirse de comunicarlo y/o el informe final podría moderar sus hallazgos, críticas y sugerencias para no generar críticas en contra del servicio. En efecto, es probable que algunos informes de auditoría revelen errores, prácticas ineficientes o, incluso, irregularidades en la actuación del organismo que no sea agradable admitir. Sin embargo, no se advierte porqué éstos y aquéllas deberían ocultarse del escrutinio público, considerando que, en tal caso, la auditoría se encontraría terminada. Precisamente uno de los fines de la transparencia es permitir que las autoridades rindan cuenta a la ciudadanía, por incómodo que ello pueda resultar en algunas situaciones. A fin de cuentas, una buena gestión pública no puede basarse en la opacidad de sus sistemas de control, pues en tal caso éstos pasarían inadvertidos para la ciudadanía y podrían transformarse en un mero simulacro. De igual manera, sería especialmente reprobable mantener en secreto un informe si sus recomendaciones fueran desatendidas y se produjera, luego, un perjuicio derivado de dicha desatención. En consecuencia, resulta manifiesto en este caso la prevalencia del interés público que se encuentra comprometido en la publicidad de tales informes, sin que se haya acreditado en la especie que se causará algún daño o perjuicio concreto a dicho instrumento de gestión y control, por lo que, en base a esta consideración y a las demás antes señaladas, esta alegación de la reclamada debe ser rechazada.

6) Que también se ha afirmado por el Auditor General de Gobierno y otros servicios reclamados en solicitudes de información de igual naturaleza a la que se analiza en este amparo, como la Subsecretaría de Hacienda en el amparo Rol A23-09, para sustentar la reserva de los informes de auditoría interna que, conforme las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, éstos serían de "uso restringido” al emitirse para un usuario específico: el Jefe Superior del Servicio respectivo. Las directrices del CAIGG siguen este criterio estableciendo el deber de confidencialidad para los auditores internos en el ejercicio de sus funciones (Documento Técnico Nº 22 CAIGG, 2004, p. 11), aplicando las directrices del Institute of Internal Auditors y la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras (INTOSAI). Por su parte, la Subsecretaría General de la Presidencia ha sostenido que, en virtud del Documento Técnico Nº 43, de 2009, del CAIGG, los integrantes de las Unidades de Auditoría Interna están obligados a “guardar bajo estricta reserva la información y documentos a que tenga acceso y conocimiento en el cumplimiento de sus funciones”. Sin embargo, dicho deber de confidencialidad no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 8° de la Constitución Política, vale decir, no ha sido establecido en una ley de quórum calificado fundada en una de las causales contempladas en el texto de la misma disposición. Es más, la norma 2410.A3 del Institute of Internal Auditors, que cita tanto la reclamada como el Auditor General de Gobierno, parte señalando: “A menos de que exista obligación legal, estatutaria o de regulaciones en contrario, antes de enviar los resultados a partes ajenas a la organización, el director ejecutivo de auditoría debe…” (negritas nuestras), lo que significa que la restricción de entrega a terceros sólo opera en ausencia de norma en contrario, precisamente lo que ocurre entre nosotros en virtud del ya citado artículo 8° de la Constitución Política y los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia. Asimismo, el deber de confidencialidad impuesto a los funcionarios de las Unidades de Auditoría Interna resulta comprensible para el adecuado cumplimento de los fines de dicha institución, lo que no obsta, por cierto, a que se disponga la publicidad de los informes de las auditorías que se hayan realizado al amparo de la Ley de Transparencia, sin que signifique ello la vulneración de tal deber. Por todo ello no puede prosperar esta alegación.

7) Que el mismo deber de confidencialidad se ha planteado invocando el artículo 61, letra h), del Estatuto Administrativo, que establece la obligación funcionaria de “guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales”. Sin embargo, al tratarse de una norma previa a la reforma constitucional de 2005 para aplicarla es preciso averiguar si cumple con lo señalado en el artículo 1º transitorio de la Ley de Transparencia, vale decir, si el secreto o reserva allí establecido se ajusta a las causales que señala el artículo 8º de la Constitución Política. La misma operación habría que hacer si se invocase el art. 21 Nº 5 de la misma Ley. En este examen lo primero que salta a la vista es que exigiendo el art. 8º de la Constitución que las hipótesis de reserva se establezcan sólo por una ley de quórum calificado el artículo 61 h) del Estatuto Administrativo permite que un asunto tenga carácter reservado en virtud del “reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales”. Esto implica que en esta parte dicho precepto fue tácitamente derogado por la reforma constitucional de 2005, y que la remisión a la ley que allí se efectúa debe entenderse referida a una ley de quórum calificado. Visto así no puede sostenerse que dicho artículo 61, letra h) constituya en sí un caso de reserva. Simplemente se trata de la explicitación de un deber funcionario cuyo contenido —los casos de secreto o reserva— están establecidos en leyes de quórum calificado ajustándose a las causales que señala el artículo 8º de la Constitución Política. Por lo mismo su invocación será rechazada.

8) Que otra de las alegaciones que se ha invocado por parte de otros servicios reclamados respecto de solicitudes de información de idéntica índole es que las auditorías podrían servir de fundamento a una investigación o sumario administrativo que, por ley, sería reservada en la etapa de investigación, de manera que la auditoría también debería serlo. En esta misma línea el Auditor General plantea que los informes de auditoría pueden “detectar diversos fenómenos en que esté envuelta, por ejemplo, la responsabilidad funcionaria o el patrimonio público, llevando a la Administración a tomar las medidas de carácter preventivo o correctivo que sean apropiadas sin que los eventuales responsables sean alertados de las acciones que se habrán de tomar, sea en sede administrativa o judicial”. Se trata de un argumento que valdría sólo para ciertos informes de auditoría —los que detectasen irregularidades administrativas— y no todos ellos, como sostiene en este caso la reclamada, pero en tal caso el informe, en principio, sigue siendo público dado que no es una actuación generada en el sumario sino un antecedente previo, que sería reservado sólo si se acredita que su entrega —en ese caso concreto— afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Por otra parte, en tanto se actúe con la debida celeridad ante las irregularidades detectadas —como debiera ser— tampoco se pondría en riesgo el éxito de las acciones represivas derivadas del informe; es más, la potencial publicidad del informe sería un aliciente para una acción oportuna. Con todo, dado que esta situación no se ha invocado respecto de ninguno de los informes solicitados y remitidos por la Subsecretaria a este Consejo, esta hipótesis de reserva no podría ser aceptada en modo alguno.

9) Que otra de las alegaciones que ha hecho suya el CAIGG es que el artículo 7º k) de la Ley de Transparencia sólo exige publicar como parte de los deberes de Transparencia Activa de los organismos de la Administración Pública “Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, las aclaraciones que procedan”. Ello significaría que la publicidad de las auditorías se restringiría únicamente a estas auditorías de carácter externo, pues como señala el artículo 51 l) de la Ley “…cada órgano deberá publicar los resultados contenidos en el informe final de la auditoría correspondiente al ejercicio presupuestario, efectuada por la Contraloría General de la República o por la empresa externa a la cual se le encomendó dicha labor”. Tal conclusión no puede compartirse toda vez que, por definición, los antecedentes sujetos a difusión vía transparencia activa son sólo parte de la información pública, sin perjuicio que el resto puede conocerse a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, precisamente como se ha intentado en este caso. Es más, que el legislador explicite que parte de las auditorías son objeto de transparencia activa refuerza que éstas son, en principio y como categoría, información de carácter público que sólo podría considerarse secreta en caso que concurra una causal específica y precisa de reserva. A mayor abundamiento debe recordarse que actualmente Contraloría General de la República publica en su sitio web, sin estar obligada por Ley, los Informes de Auditoría elaborados por su División de Auditoría Administrativa (http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/appmanager/portalCGR/portal;JSESSIONID_ADMINTOOLS=G8mKKTBdtGDj70sqCYJ3N3SZYWLkG7fnYyhqcm22BPvx11f6GD86!-609416705!1745410591?_nfpb=true&_pageLabel=_MDivisionAuditoriaAdministrativav4).

10) Que el Auditor General agrega en su informe que la naturaleza y objetivos de las auditorías internas harían que sus resultados pudieran servir de fundamento a la defensa jurídica o judicial del órgano, lo que las transformaría en secretas. Sobre este punto señala que los informes podrían revelar «…algún “hallazgo” que pueda ser utilizado como fundamento de acciones que se promuevan en contra del Estado, comprometa una estrategia jurídica o judicial o, simplemente, pueda dar ventajas a personas o partes contra partes del Estado», caso en que se subsumiría en la causal de reserva que establece el artículo 21 Nº 1 a) de la Ley de Transparencia. De nuevo, sin embargo, se trata de un argumento que valdría sólo para ciertos informes de auditoría —los relacionados con defensas jurídicas y judiciales— y no todos ellos, pese a que en este caso la reclamada se niega a entregar toda la información solicitada. Pero incluso respecto de aquéllos en que pareciera aplicable debe tenerse presente que este Consejo ya ha señalado en la decisión del amparo A68-09 que incluso “…el hecho de tener un juicio pendiente no transforma a todos los documentos relacionados con él en secretos. Para que ello ocurra debe haber una debida relación directa entre los documentos o información solicitada y el litigio” (considerando 7º). Por todo ello la aplicabilidad de esta causal debe verse caso a caso y de ningún modo puede aceptarse para declarar secretas o reservadas todos los informes de auditoría. Por lo demás, tampoco se ha acreditado que alguno de los informes requeridos deba mantenerse en reserva por esta precisa causal.

11) Que, por último, el Auditor General estima que la revelación de un Informe de Auditoría podría afectar otros derechos o valores que la Ley protege, “…tales como la seguridad y salud pública, la defensa nacional, la prevalencia del orden público, las relaciones internacionales y los intereses económicos del país. Por consiguiente, bien puede acontecer que dependiendo de la repartición institucional, las funciones que se le conceden y las materias que correspondan a la función administrativa que se le ha confiado puedan los Informes de Auditoría Interna... ajustarse a una de las hipótesis o a más de alguna de ellas de forma que la reserva se ajusta también al derecho”. Que si bien lo anterior pudiere ser cierto, en el presente caso se está definiendo el carácter secreto o reservado de un conjunto delimitado de auditorías e informes, de manera que para que prosperase uno de esos motivos debería haberse acreditado cómo se producía esa afectación en el caso concreto, conforme ha señalado este Consejo en sus decisiones A1-09, A7-09, A39-09 ó A47-09, entre otros, lo que no ha ocurrido en la especie.

12) Que, sin perjuicio de lo antes señalado, a mayor abundamiento y atendido el notorio interés público comprometido en la solicitud de acceso a la información formulada por el reclamante, se hace necesario realizar una ponderación entre el interés de retener la información requerida y el interés de divulgarla para determinar, luego, si el beneficio público resultante de conocerla es mayor que el daño que podría causar su revelación. En este caso concreto el Consejo estima, considerando, como se dijo, el rango de carácter de derecho constitucional que tiene el derecho de acceso a la información pública, que la revelación del listado de las auditorías internas de dicho Ministerio realizadas durante 2008 y el primer trimestre del 2009, con indicación del estado de las mismas, y la entrega de copia de aquellas auditorías anteriores que hubiesen sido terminadas en el mismo período, implica una evidente utilidad pública en cuanto permite a la ciudadanía ejercer una adecuada supervigilancia sobre los sistemas de control y gestión implementados por los órganos de la Administración del Estado, y sobre las medidas y decisiones que en base a ellos se adopten, beneficio que se impone ampliamente sobre el eventual perjuicio que con su publicidad se pudiera causar a dichos instrumentos.

13) Que, finalmente, revisados los informes de auditoría interna remitidos por la Subsecretaría General de la Presidencia, y que se hallan comprendidos en la solicitud de información que motivó el presente amparo, atendida la naturaleza de los mismos y los asuntos sobre los que éstos versan, este Consejo no advierte que pudieran producirse los riesgos potenciales que generaría su publicidad al tenor de lo sostenido por la reclamada y el CAIGG, no configurándose a su respecto la causal de secreto invocada, lo que, por el contrario, no hace sino confirmar la pertinencia de su divulgación, debiendo, en definitiva, acogerse esta reclamación en esta parte. En el mismo sentido, y en lo que dice relación con la solicitud de entrega de las auditorías realizadas con anterioridad y terminadas durante 2008 y primer trimestre de 2009, teniendo en cuenta el plazo transcurrido desde su finalización, no puede sostenerse que el conocimiento de éstas por terceros provocaría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de las funciones de la Unidad de Auditoría Interna del órgano reclamado ni del órgano mismo, toda vez que el Subsecretario ha dispuesto de un lapso de tiempo suficiente y razonable para adoptar, si resultaba procedente, las medidas correctivas que fueren del caso, por lo que si ello no ha ocurrido, cualquiera sea la razón de dicha omisión, debe necesariamente concluirse que prima el interés público en conocer tales informes y sus recomendaciones, a fin de someter dichos instrumentos y el comportamiento de la autoridad al escrutinio ciudadano.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Acoger el reclamo interpuesto por don René Francisco González Romero en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia, por los fundamentos señalados en los considerandos precedentes.

2) Requerir a la Subsecretaría General de la Presidencia, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo dispone el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que entregue a don René Francisco González Romero la información solicitada.

3) Requerir al Subsecretario General de la Presidencia:

a. Cumplir el presente requerimiento dentro de un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada;

b. Informar del cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

4) Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don René Francisco González Romero y al Subsecretario General de la Presidencia.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.