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Gisell Figueroa Acevedo con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C546-13

Consejo para la Transparencia, 26/06/2013

Se dedujo amparo en contra de la Tesorería General de la República, fundado en que se denegó parcialmente su requerimiento sobre el mapa de cobranza del Servicio de Tesorerías, actualizado, que incluya especialmente el monto total de la cartera morosa, análisis de ésta por materia, montos demandados, número y rol y/o número de expedientes, comunas, RUT de los demandados, saldos adeudados, etapas procesales de los expedientes y procesos, bienes embargados, territorios, jurisdicciones y comunas en que se encuentran las deudas morosas más altas, y la concentración de cartera morosa por etapa procesal. El Consejo señaló que no se advierte que en el mismo se haya incluido la información que se solicita ni que haya sido eliminada por el organismo reclamado al proporcionar la respuesta a la recurrente. Por lo tanto, se rechazará el amparo interpuesto, en tanto, como se ha indicado, el documento solicitado no incluye el dato específico requerido por la peticionaria, referido al RUT de los demandados.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C546-13

Entidad pública: Tesorería General de la República

Requirente: Gisell Figueroa Acevedo

Ingreso Consejo: 26.04.2013

En sesión ordinaria Nº 445 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de junio de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C546-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285, N° 19.880 y N° 19.628; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Doña Gisell Figueroa Acevedo, el 13 de marzo de 2013, solicitó a la Tesorería General de la República, en planilla Excel, el mapa de cobranza del Servicio de Tesorerías, actualizado, que incluya especialmente el monto total de la cartera morosa, análisis de ésta por materia, montos demandados, número y rol y/o número de expedientes, comunas, RUT de los demandados, saldos adeudados, etapas procesales de los expedientes y procesos, bienes embargados, territorios, jurisdicciones y comunas en que se encuentran las deudas morosas más altas, y la concentración de cartera morosa por etapa procesal.

Al respecto indica que requiere la información “en el mismo formato y con la misma información que hubiera sido confeccionado y con las herramientas propias de cada documento o archivo y las funciones propias de cada programa, de la misma forma y con los mismos elementos en que haya sido diseñado para el trabajo de la División de Cobranzas y Quiebras del organismo y de cada Tesorería Provincial y Regional”.

2) RESPUESTA: La Tesorería General de la República, mediante correo electrónico de 9 de abril de 2013, dirigido a la solicitante, respondió a dicho requerimiento de información poniendo a su disposición un CD con parte de la información solicitada. En cuanto al RUT de los demandados, deniega su entrega fundado en el artículo 20 inciso primero de la Ley de Transparencia, ya que a su juicio, se refieren a documentos o antecedentes que contienen información que puede afectar los derechos de terceros.

3) AMPARO: El 26 de abril de 2013, doña Gisell Figueroa Acevedo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se denegó parcialmente su requerimiento, esto es, el RUT de los demandados. Además hizo presente lo siguiente:

a) El artículo 20 de la Ley de Transparencia no contiene ninguna excepción, sino que una condición previa. Las únicas excepciones se encuentran en el artículo 21 de dicha Ley, el cual no fue invocado por el organismo reclamado. Además, indica que al alegar la procedencia del citado artículo 20, “no solo violentan la ley sino que además es una grave contravención a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política. No puede ningún servicio público atribuirse potestades que no les han conferido la constitución ni las leyes. Así, negar la información en base a una excepción inexistente es atribuirse una potestad que no le corresponde”.

b) Por otra parte, señala que ha sido el mismo Servicio de Tesorerías quien ha defendido con vehemencia la publicidad de la información referente a los deudores y la sostuvo para defender las publicaciones de los deudores morosos en DICOM. Cabe recordar, que la Corte Suprema ordenó a la Tesorería General de la República, retirar a todos los deudores que se encontraban publicados en DICOM, pero no porque la información no fuera pública, sino porque de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.628 y a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, simplemente carecía de facultades para publicar a los deudores en este sistema. Pero nunca y en ningún caso la Corte llegó a señalar que la información no fuese pública, único gran argumento que el Servicio logro defender con éxito y que hoy se retracta incomprensiblemente.

c) Al respecto acompaña copia del Dictamen N° 25.336, de 2002, de la Contraloría General de la Republica y fallo Rol 126-2006, de la Corte de Apelaciones de Chillán en que se incluyen los argumentos de Tesorería.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 1749, de 6 de mayo de 2013, al Sr. Tesorero General de la República, requiriéndole que se pronunciara acerca de las causales de reserva que a su juicio haría procedente la denegación de parte de la información solicitada, así como la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, invocada en la respuesta entregada, debiendo acompañar los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación correspondientes.

Al respecto, el Sr. Tesorero General de la República, por el Oficio N° 3723, de 4 de junio de 2013, presentó sus descargos y observaciones, señalando que:

a) La reclamante solicitó una planilla Excel que contuviera el Mapa de Cobranzas del Servicio de Tesorerías, señalando expresamente que éste se entregara en el mismo formato y con la misma información que hubiere sido confeccionado. Sobre el particular, cita el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República.

b) Al respecto, ese Servicio acogió parcialmente la solicitud de la interesada, indicándole que debido al tamaño del archivo, debía acercarse a la División Jurídica de este Servicio a retirar un CD con parte de la información requerida. Asimismo, se le indicó que no era posible entregar los RUT de los demandados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

c) Sobre este punto, señala que la norma aplicable es aquella contenida en el artículo 21 N° 2 de la referida ley, y no la indicada en la respuesta otorgada a la recurrente, por cuanto la entrega de los RUT de los contribuyentes afecta los derechos de las personas, particularmente, la esfera de su vida privada.

d) Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que la aseveración señalada en el párrafo precedente, fue incluida en la respuesta dada a la señora Figueroa Acevedo, por error de ese Servicio, toda vez que, tal cual consta del archivo que contiene el Mapa de Cobranzas Consolidado, dicho documento no contiene como información los RUT de los contribuyentes demandados.

e) De esta forma, y teniendo especial consideración que la información requerida fue entregada en su oportunidad, sin tarjar ni eliminar los RUT de los demandados (ya que, como ha señalado, ésta es una información que no contiene el mapa de Cobranzas Consolidado), y que la propia solicitante requirió que la información fuera entregada en el mismo formato y con la misma información con la que fue confeccionada, a juicio de esa Tesorería, el presente reclamo debe ser desestimado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que en la especie se ha solicitado una copia del “mapa de cobranza del Servicio de Tesorerías”, con una serie de antecedentes, siendo uno de los requeridos, el RUT de los demandados, el que, como se ha indicado, no fue entregado por el organismo reclamado.

2) Que, conforme con los antecedentes tenidos a la vista, es posible establecer que el referido mapa de cobranza consiste en una herramienta o instrumento de gestión interno utilizado por la Tesorería General de la República, para la ejecución, control y evaluación de la cobranza de tributos y demás créditos fiscales, con el objeto de permitir o facilitar la correcta tramitación de los juicios a que dé lugar la cobranza judicial de deudas fiscales morosas.

3) Que el órgano reclamado, rectificando las alegaciones planteadas en su respuesta, manifestó en sus descargos que en el Mapa de Cobranzas Consolidado, cuya copia acompaña, no fueron incorporados los datos referidos al RUT de los demandados, razón por la que no figuran en dicho documento. En este sentido, señala que los antecedentes fueron proporcionados en la forma solicitada por la peticionaria, en tanto le fue entregado “en el mismo formato y con la misma información que hubiera sido confeccionado”.

4) Que, según se indicó en el numeral 1° de lo expositivo de este acuerdo, la recurrente solicitó la información “en el mismo formato y con la misma información que hubiera sido confeccionado”. Con ello pretendía acceder al mapa con los antecedentes incorporados al tiempo de su elaboración sin que fuera eliminado dato alguno. De esta forma, si en la elaboración del mapa de cobranza, no fueron incorporados los RUT de los demandados, no puede entenderse que se trata de datos que están incluidos dentro del concepto de “Mapa de Cobranza”, que es el documento requerido. En efecto, de la revisión que ha efectuado este Consejo del archivo correspondiente, no se advierte que en el mismo se haya incluido la información que se solicita ni que haya sido eliminada por el organismo reclamado al proporcionar la respuesta a la recurrente. Por lo tanto, se rechazará el amparo interpuesto, en tanto, como se ha indicado, el documento solicitado no incluye el dato específico requerido por la peticionaria, referido al RUT de los demandados.

5) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, respecto del RUT de los deudores demandados, información que no fue proporcionada por el organismo reclamado por no formar parte del “Mapa de Cobranza” solicitado –más allá de la causal de reserva invocada por la Tesorería General de la República–, cabe tener presente el criterio sostenido por este Consejo, entre otras en su decisión de amparo Rol C403-11, en cuanto a entender que, aún en el caso de personas naturales, en que la calidad de deudor sea un dato personal a la luz de lo dispuesto en el artículo 2º, letra f), de la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, las deudas tributarias constituyen el reflejo de cargas públicas, cuyo cumplimiento tiene un evidente interés público que justifica su publicidad. Además, se precisó que el mismo razonamiento resulta aplicable respecto de los deudores que son personas jurídicas, respecto de las cuales no les resulta aplicable la protección establecida en la Ley N° 19.628, antes mencionada. Dicho criterio es plenamente procedente al caso en análisis, lo que permite desvirtuar la procedencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, alegada por el órgano reclamado.

6) Que considerando que la información sobre el RUT de los deudores demandados es pública y que se trata de antecedentes que obrarían en poder de la Tesorería General de la Republica en un formato o soporte distinto al solicitado, se recomendará a esta última que proporcione el RUT de los citados deudores demandados, en virtud de los principios de máxima divulgación y de facilitación contemplados en el artículo 11, letras d) y e) de la Ley de Transparencia, respectivamente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Gisell Juliet Figueroa Acevedo en contra de la Tesorería General de la República, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Recomendar al Sr. Tesorero General de la República, en virtud de los principios de máxima divulgación y de facilitación contemplados en el artículo 11, letras d) y e) de la Ley de Transparencia, respectivamente, proporcionar a la recurrente el RUT de los demandados, según lo indicado en el considerando 6° del presente acuerdo.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Gisell Juliet Figueroa Acevedo y al Sr. Tesorero General de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Consejero don Alejandro Ferreiro Yazigi no concurre al presente acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.