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Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles con JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) Rol: C513-13

Consejo para la Transparencia, 28/06/2013

Se dedujo amparo en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, fundado en la falta de respuesta a su solicitud sobre a) Nómina de los funcionarios que fueron despedidos de la institución a partir del 1° de diciembre de 2012 hasta la fecha, desglosados por región. b) Grado y cargo en que se desempeñaban dichos funcionarios. c) Razones, motivo o causal por la que fueron despedidos dichos funcionarios. d) Antecedentes de las personas que serán despedidas y las causales que explicarían dicha decisión por parte de la jefatura de JUNJI. El Consejo señaló que en relación a la respuesta de la JUNJI a la solicitud de la nómina de los funcionarios que fueron despedidos en el periodo consultado, cabe señalar que JUNJI en el listado remitido no consignó a los funcionarios que fueron despedidos y posteriormente fueron reincorporados, sino tan sólo se limitó a señalar parcialmente a quienes fueron cesados en sus cargos de manera definitiva, excluyendo a los reincorporados. Por tal motivo, este Consejo acogerá el amparo en este punto, y requerirá a la JUNJI que complemente su listado, señalando expresamente a los funcionarios que fueron desvinculados en el periodo consultado, independientemente a la circunstancia de haber sido reincorporados en un periodo posterior.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C513-13

Entidad pública: Junta Nacional de Jardines Infantiles

Requirente: Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles

Ingreso Consejo: 24.04.2013

En sesión ordinaria Nº 446 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de junio de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C513-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L.Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de marzo de 2013, doña Juana González Mella, doña Sandra Oses Alarcón y doña Soledad González Aravena, en representación de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (AJUNJI), solicitaron a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), la siguiente información:

a) Nómina de los funcionarios que fueron despedidos de la institución a partir del 1° de diciembre de 2012 hasta la fecha, desglosados por región.

b) Grado y cargo en que se desempeñaban dichos funcionarios.

c) Razones, motivo o causal por la que fueron despedidos dichos funcionarios.

d) Antecedentes de las personas que serán despedidas y las causales que explicarían dicha decisión por parte de la jefatura de JUNJI.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 24 de abril de 2013, doña Juana González Mella, doña Sandra Oses Alarcón y doña Soledad González Aravena, en representación de AJUNJI, dedujeron amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la JUNJI, fundado en la falta de respuesta a su solicitud.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y, mediante el oficio N° 1.727, de 6 de mayo de 2013, confirió traslado a la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, solicitándole que, al formular sus descargos, indicara los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan sus afirmaciones y acompañara todos los antecedentes y medios de prueba de que dispusiere, señalando, además, las razones por las cuales la solicitud de información no fue respondida oportunamente. En dicho Oficio se precisó que lo solicitado en el literal c) sería amparable por la Ley de Transparencia en la medida que lo allí señalado obre en poder del órgano reclamado, en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 del citado texto legal. Añadió, respecto del literal d), que éste no constituye una solicitud de información amparada por la Ley de Transparencia. Mediante el Oficio Ordinario N° 1.228, de 30 de mayo de 2013, ingresado el 31 del mismo mes y año a este Consejo, la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles evacuó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, que:

a) JUNJI no dio respuesta a la presentación de las reclamantes dentro del plazo otorgado por la ley, y que en razón de una nueva solicitud de información presentada por las mismas peticionarias, se procedió a complementar los antecedentes requeridos en esa nueva presentación, a través del Oficio Ordinario N° 015/P1222, de 29 de mayo de 2013, de la Directora del Departamento de Fiscalía de la JUNJI, dirigido a doña Juana González Mella, y el cual fue enviado por correo electrónico, en la misma fecha, a las solicitantes.

b) Precisa el citado Oficio Ordinario N° 015/P1222, que adjuntó una planilla con la información de los funcionarios cesados en sus funciones que contiene los datos de la región, nombre, grado y causal de cesación, a partir de noviembre de 2011 a la fecha. El mismo oficio indica que de acuerdo a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General, el término de la contrata de un servidor, por no ser necesarios su servicios, constituye el resultado del ejercicio de una facultad legal de la autoridad de poner fin en forma anticipada a este tipo de contrataciones, en razón de la naturaleza esencialmente transitoria de este tipo de empleo. Agregó que ese órgano de control ha indicado que los empleos a contrata, de conformidad al Estatuto Administrativo, durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, y los empleados que los sirven expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos. Por otra parte, el mencionado Oficio cita, además, la jurisprudencia de este Consejo, según la cual, respecto de los fundamentos y/o motivaciones de hecho en virtud de los cuales se habría puesto término a los empleos a contrata o no renovados por nuevos períodos, que estos no se refieren específicamente a un determinado acto, documento o antecedente que obre en poder de la Administración del Estado, en los términos que disponen los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, sino que constituye una pronunciamiento por parte de la autoridad. Respecto de la solicitud contenida en el literal d), indicó en dicho Oficio que, de acuerdo a la jurisprudencia de este Consejo, la información requerida debe contenerse en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos o en un formato o soporte determinado, de acuerdo al inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia, siendo, por tanto, improcedente la entrega de información que sólo está en la mente de la autoridad.

c) Agrega que la JUNJI adoptará las medidas administrativas conducentes para que en lo sucesivo se mejoren los procedimientos internos de gestión de solicitudes de acceso a la información.

4) GESTIÓN OFICIOSA: El 19 de junio de 2013 la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo se comunicó con doña Juana González Mella mediante correo electrónico, por el cual se le consultó si recibió la documentación a que alude el organismo reclamado -singularizada en el numeral 3) de lo expositivo- y de ser ello efectivo, la vía por la cual la recibió, indicando si se encuentra conforme con la misma, o en su defecto, señalara concretamente la información que resulta faltante. Mediante correo electrónico de 22 de junio de 2013 la reclamante indicó que recibió la información, y precisó que la misma “…en un punto está incompleta, y en otro, no se respondió concretamente a lo solicitado…”. Al respecto, la solicitante detalló lo siguiente:

a) En el listado remitido por la JUNJI se omitió señalar a cuatro personas. Indicó que sólo logró obtener información de una funcionaria despedida en el mes de febrero de 2013, respecto de la cual indicó su nombre y señaló que era técnico en atención de párvulos, con 12 años de servicio en el organismo reclamado, y que se desempeñaba en el Jardín Infantil Puñepi, en la comuna de La Pintana. Añadió que respecto “… de los otros tres casos, no me fue posible ubicarlos…”.

b) El listado adjunto por la JUNJI no señaló los funcionarios que fueron despedidos y que con posterioridad fueron reincorporados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que en primer término, cabe señalar que este Consejo ha estimado que el requerimiento contenido en el litera d) de la solicitud presentada por la reclamante no constituye una solicitud de acceso amparada por la Ley de Transparencia. Lo anterior cual fue indicado en el Oficio N°1.727, por el cual este Consejo dio traslado el presente amparo al organismo reclamado. Por lo anterior, se declarará inadmisible el literal referido en lo resolutivo del presente acuerdo.

2) Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, la autoridad o jefatura del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la misma. En la especie, la solicitud de información que motivó el presente amparo ingresó el 13 de marzo de 2013 a la JUNJI, de modo que el plazo para pronunciarse sobre dicho requerimiento expiró el 11 de abril del año en curso, sin que éste fuera respondido dentro de ese término legal. En efecto, el organismo reclamado reconoció en sus descargos no haber evacuado la respuesta al solicitante dentro del plazo que establece la ley, contestando la solicitud recién el 29 de mayo de 2013, según consta del correo electrónico a que alude el numeral 3 de la parte expositiva. En consecuencia, se ha configurado el fundamento del presente amparo, cual es, la ausencia de respuesta dentro de plazo legal. Lo anterior constituye una infracción al deber legal descrito en el citado artículo 14, así como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se representará a la JUNJI la referida infracción en lo resolutivo del presente acuerdo.

3) Que de acuerdo a lo señalado a este Consejo por doña Juana González Mella en el correo electrónico de 22 de junio de 2013, con motivo de la gestión oficiosa anotada en numeral 4) de lo expositivo del presente acuerdo, accedió a la información remitida por el organismo reclamado, señalando expresamente su disconformidad con la misma, puesto que el listado remitido por la JUNJI omitiría a cuatro personas que fueron despedidas y, además, no habría incluido en dicho listado a las personas que fueron despedidas y que con posterioridad fueron reincorporadas. Por tal razón, este Consejo sólo se pronunciará en relación a los aspectos respecto de los cuales la reclamante ha manifestado su disconformidad.

4) Que en relación a la respuesta de la JUNJI a la solicitud de la nómina de los funcionarios que fueron despedidos en el periodo consultado, cabe señalar que JUNJI en el listado remitido no consignó a los funcionarios que fueron despedidos y posteriormente fueron reincorporados, sino tan sólo se limitó a señalar parcialmente a quienes fueron cesados en sus cargos de manera definitiva, excluyendo a los reincorporados. Por tal motivo, este Consejo acogerá el amparo en este punto, y requerirá a la JUNJI que complemente su listado, señalando expresamente a los funcionarios que fueron desvinculados en el periodo consultado, independientemente a la circunstancia de haber sido reincorporados en un periodo posterior.

5) Que en relación a la alegación de la reclamante, en orden a que el organismo reclamado habría omitido en su respuesta a cuatro funcionarios de la nómina de aquellos que fueron despedidos del organismo reclamado a partir del 1° de diciembre de 2012 hasta la fecha, cabe señalar, respecto de la funcionaria que individualizó, que dicha persona aparece como funcionaria de la JUNJI hasta marzo de 2013 inclusive, según se advierte del banner de transparencia activa del organismo señalado. Por tal razón, su situación no estaba comprendida en la solicitud de acceso original, referida a funcionarios desvinculados desde diciembre de 2012 hasta la fecha de la solicitud de acceso -13 de marzo de 2013-, motivo por el cual se desestimará tal alegación. En cuanto a las tres personas restantes a que hace mención la reclamante, esta última no consignó información de ningún tipo acerca de su individualización, limitándose a señalar que “…de los otros 3 casos no me fue posible ubicarlos…”. En razón de lo anterior, y atendido que no se aportaron en este procedimiento antecedentes que permitan concluir a este Consejo la veracidad de la alegación de la recurrente, en cuanto a que la nómina adjunta por el organismo reclamado se encontraría incompleta, se desestimará igualmente tal alegación. En consecuencia con lo señalado, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible lo requerido en el literal d) de la solicitud de información en atención a que dicha información no constituye una solicitud que se encuentre amparada por la Ley de Transparencia.

II. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Juana González Mella, doña Sandra Oses Alarcón y doña Soledad González Aravena, en representación de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

III. Requerir a la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que complemente la información remitida a las solicitantes, señalando expresamente los funcionarios que fueron desvinculados a partir de diciembre de 2012 y que con posterioridad fueron reincorporados.

IV. Representar a la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido al solicitante dentro del plazo previsto en el referido artículo 14. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

V. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Juana González Mella, doña Sandra Oses Alarcón y doña Soledad González Aravena, y a la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María. Se deja constancia de que el Consejero Sr. Alejandro Ferreiro Yazigi no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.