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Luis Sepúlveda Arteaga con MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO Rol: C587-13

Consejo para la Transparencia, 19/07/2013

Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada sobre a) Nómina de personas del balneario de Dichato comuna de Tomé, que, pese a estar registrados y verificados por el gobierno como damnificados del 27 de febrero de 2010, quedaron sin recibir casa; b) Motivos por los cuales se les marginó de dicho beneficio; c) Confirmar si habrá solución a los casos pendientes e indicar fechas; d) Señalar motivo por el cual algún vecino damnificado no recibirá casa, sólo si existen casos; e) Informar de manera detallada si el matrimonio que individualiza -residentes de la Aldea El Molino-, tendrán solución a la asignación de vivienda. El Consejo señaló que la nómina de damnificados que “quedaron sin recibir casa”, es posible concluir, del mismo modo, que no concurre un interés público prevalente en conocer la identificación de las personas que forman parte de dicho registro y que no han sido objeto de un beneficio o subsidio estatal, razón por la que procede el rechazo del amparo en esta parte, manteniendo en reserva dichos datos personales.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Vivienda
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C587-13

Entidad pública: Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Requirente: Luis Sepúlveda Arteaga

Ingreso Consejo: 06.05.2013

En sesión ordinaria Nº 451 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de julio de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C587-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de marzo de 2013, don Luis Sepúlveda Arteaga presentó en el sitio web de la Presidencia de la República la siguiente solicitud de información:

a) Nómina de personas del balneario de Dichato comuna de Tomé, que, pese a estar registrados y verificados por el gobierno como damnificados del 27 de febrero de 2010, quedaron sin recibir casa;

b) Motivos por los cuales se les marginó de dicho beneficio;

c) Confirmar si habrá solución a los casos pendientes e indicar fechas;

d) Señalar motivo por el cual algún vecino damnificado no recibirá casa, sólo si existen casos;

e) Informar de manera detallada si el matrimonio que individualiza -residentes de la Aldea El Molino-, tendrán solución a la asignación de vivienda.

2) RESPUESTA Y DERIVACIÓN : Mediante Oficio N° 226, de 27 de marzo de 2013, el Director Administrativo de la Presidencia de la República, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, derivó la solicitud al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, a fin de que éste diera respuesta directa.

3) RESPUESTA DEL ÓRGANO DERIVADO: Mediante Ord. Nº 596 de 23 de abril de 2013, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo –en adelante MINVU- señaló que sólo cuenta en sus registros con los subsidios entregados en la región y comuna, y no cuenta con datos estadísticos por localidad, por lo que no tiene la información solicitada. Respecto del literal c) de la solicitud, informa que, si bien las postulaciones al Programa de Reconstrucción se cerraron en diciembre de 2011, en las regiones se han revisado casos que cumpliendo las condiciones han postulado y pueden seguir postulando al programa regular del ministerio.

4) AMPARO: El 6 de mayo de 2013, don Luis Sepúlveda Arteaga dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada.

5) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 1923, de 20 de mayo de 2013, acordó solicitar al reclamante que subsanara su amparo, especificando qué información le habría sido denegada. En cumplimiento de la subsanación solicitada, mediante correo electrónico de 23 de mayo de 2013, el reclamante señaló, en lo pertinente, que no le habría sido entregada la información solicitada en los literales a) y e) de su solicitud. Al efecto insiste en “solicitar nómina de damnificados beneficiados con viviendas SERVIU en Dichato, comuna de Tomé. Junto con ello solicito se me informe el motivo por el cual se posterga entregar una solución definitiva al matrimonio de don José Ulloa y doña Flor Sepúlveda.”

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 2.100, de 30 de mayo de 2013, acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Dicha autoridad, a través del Jefe de su División Jurídica, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:

a) La petición contenida en la subsanación del amparo relativa a informar "la nómina de beneficiados con vivienda SERVIU", se aparta del requerimiento original, y debe ser considerada como una petición enteramente nueva que no puede ser planteada a través del procedimiento de amparo.

b) Respecto a la no entrega de la nómina de personas del Registro de Damnificados que quedaron sin recibir casa en Dichato, informa que sólo cuenta en sus registros con información relativa a los subsidios entregados por región y comuna, pero no con datos estadísticos por localidad, razón por la que estimó que la respuesta dada a la solicitud era suficiente, “toda vez que para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no es posible proporcionar nóminas de personas que integran el Registro de Damnificados contenido en el Sistema RUKAN MINVU.”

c) Conforme con el criterio fijado por este Consejo, los datos relativos al nombre, RUT, dirección, número de personas del grupo familiar y sexo de las personas damnificadas contenidos en el Registro de Damnificados del Sistema Computacional RUKAN MINVU, constituyen datos personales, conforme a la definición establecida en la letra m) del artículo 2° de la Ley N° 19.628, que dispone que se entiende por datos de carácter personal o datos personales "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables".

d) Por su parte, el citado Registro de Damnificados contenido en el Sistema Computacional RUKAN MINVU, constituye un registro o banco de datos, de conformidad a lo dispuesto en la disposición antes aludida, el cual tuvo por finalidad el ingreso de todas las familias que sufrieron algún tipo de daños en sus respectivas viviendas, y en el que la incorporación al mismo era obligatoria para los damnificados que deseaban participar en alguno de los llamados a postulación del Plan de Reconstrucción del MINVU. En consecuencia, siéndole plenamente aplicable la Ley N° 19.628 por tratarse de un registro o base de datos de carácter personal, y no disponiendo del consentimiento de los titulares de la información, estima que no era posible proporcionar la nómina de personas registradas como damnificadas y que aún no han sido beneficiadas con un subsidio habitacional.

e) Se allana derechamente a la petición de informar en relación con el literal e) de la solicitud, toda vez que se trata de información pública, que efectivamente no fue incluida en el Ord. N° 596 de 23 de abril del 2012 de ese Ministerio por cuanto no fue considerada al momento de preparar dicho oficio, ya que tal solicitud se contenía en el recuadro de Información adicional, sin que ésta se advirtiera por las unidades encargadas de su redacción.

f) Al respecto, de acuerdo a la información remitida por el SERVIU de la Región del Biobío, si bien en un principio el Sr. Ulloa resultó favorecido con un subsidio para aplicar en sitio propio, con la modalidad de proyecto tipo (CSPPT), posteriormente vendió su propiedad para acogerse al subsidio contemplado en el D.S. N° 174 de 2005, que reglamenta el Programa Fondo Solidario de Vivienda, el cual se está haciendo efectivo en el Conjunto Habitacional Villa Horizonte, ubicado en la localidad de Dichato, comuna de Tomé, en la dirección que señala. Agrega que, aún cuando el proceso de asignación no se encuentra cerrado administrativamente, el matrimonio Ulloa Sepúlveda ya se encuentra viviendo actualmente en la dirección que indica, a contar del mes de abril de presente año, según consta en la Acta de Recepción de Vivienda firmado por el propio beneficiario, cuya copia adjunta.

Y CONSIDERANDO:

1) Que atendido el tenor de la subsanación del presente amparo, éste ha de entenderse circunscrito a los literales a) y e) de la solicitud que le dio origen. Cabe aclarar que no se incluirá en el presente análisis aquella parte de la subsanación en que el solicitante requiere “nómina de damnificados beneficiados con viviendas SERVIU en Dichato”, por representar una nueva solicitud de acceso, distinta de aquella que motivó el presente amparo.

2) Que en cuanto al literal a) de la solicitud, esto es, “nómina de personas del balneario de Dichato comuna de Tomé, que, pese a estar registrados y verificados por el gobierno como damnificados del 27 de febrero de 2010, quedaron sin recibir casa”, el órgano reclamado en su respuesta señaló que no contaba con la información solicitada, por no tener datos estadísticos por localidad. Posteriormente con ocasión de sus descargos, agregó que encontrándose la información solicitada en un registro o base de datos de carácter personal, y no disponiendo del consentimiento los titulares de dichos datos, a la luz de lo dispuesto en la Ley Nº 19.628, no podía hacer entrega de tal información.

3) Que respecto del fundamento alegado por el órgano reclamado en su respuesta para no acceder a la entrega de la información solicitada en el precitado literal, esto es, “no tener datos estadísticos por localidad”, es dable indicar que éste no resulta consistente con ciertos elementos de juicio de que dispone este Consejo. En efecto, la Ficha de Registro de Damnificados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, disponible en http://www.serviuvalpo.cl/incjs/download.aspx?glb_cod_nodo=20100423173744&hdd_nom_archivo=Ficha_registrodamn.pdf, en el acápite relativo a la identificación de la vivienda afectada, además de contener campos relativos a región y comuna, incluye aquellos referentes a villa/población, y dirección. Por otra parte, de acuerdo con lo informado por el sitio web del Ministerio Secretaría General de Gobierno, en el vínculo http://www.msgg.gob.cl/destacados/seremi-de-gobierno-destaco-el-avance-en-reconstruccion-de-88-en-dichato.html, “Dichato está mejor que antes. Tal como lo anunció el Ministro Pérez Mackenna, el 88% de las familias damnificadas ya tienen sus viviendas”. En dicho contexto, y atendidos los mencionados antecedentes que a titulo ejemplar se citan, no resultan suficientes las alegaciones del órgano reclamado para justificar la inexistencia de la información solicitada relativa a la localidad de Dichato.

4) Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde a este Consejo analizar la naturaleza de la información requerida. Conforme con lo informado por el MINVU en sus descargos el “Registro de Damnificados”, contenido en su sistema informático “Rukan”, contiene la información de todas las familias que sufrieron algún tipo de daño en sus respectivas viviendas. La incorporación en este sistema es obligatoria para que los damnificados puedan postular a los subsidios entregados por dicho organismo. Por lo tanto, se trata de un sistema que contiene un registro o bancos de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en la letra m) del artículo 2° de la Ley N° 19.628.

5) Que de acuerdo a lo razonado en el considerando 4° de la decisión del amparo Rol C315-11, “al ser la Ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7° el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia...” Sin embargo, en el considerando 5° de la citada decisión, este Consejo indicó que “no toda información subsumible en la categoría de dato personal es per se secreta, pues ello obviaría la inteligencia o sentido de la regla de publicidad de información que obre en poder de la Administración del Estado, contenida en los artículos 5°, 11 letra c) y 21 de la Ley de Transparencia”. Para abordar esta problemática, se ha optado por circunscribir los efectos de sus decisiones al caso concreto utilizando el denominado test de daños y/o de interés público.

6) Que en la misma precitada decisión del amparo Rol C315-11, ponderando información relativa a la “nómina de damnificados cuya incorporación a los registros del MINVU forma parte del proceso al que se encuentran sujetos todos los postulantes a subsidios estatales de vivienda y que no importa, necesariamente, la adjudicación de estos beneficios”, este Consejo concluyó que no se verifica un interés público preponderante en la divulgación de tal información, que permita justificar que la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la Ley N° 19.628 ceda ante el interés general de la divulgación de la información. Ello, toda vez que sólo con posterioridad a la evaluación de los antecedentes de cada damnificado, éstos pueden ser definidos como asignatarios de algún beneficio estatal pendiente de entrega.

7) Que aplicado el criterio mencionado en los considerandos anteriores al caso que se analiza, en que se solicita la nómina de damnificados que “quedaron sin recibir casa”, es posible concluir, del mismo modo, que no concurre un interés público prevalente en conocer la identificación de las personas que forman parte de dicho registro y que no han sido objeto de un beneficio o subsidio estatal, razón por la que procede el rechazo del amparo en esta parte, manteniendo en reserva dichos datos personales.

8) Que, en cuanto al literal e) de la solicitud que dio origen al presente amparo, relativo a informar si los residentes de la Aldea el Molino que individualiza “tendrán solución a la asignación de vivienda”, de acuerdo a lo señalado por el propio órgano reclamado, éste omitió pronunciarse sobre dicho literal en su respuesta. Sin embargo, con ocasión de sus descargos, entregó información detallada respecto de la asignación de vivienda de las personas respecto de las que se consulta en la solicitud, lo cual permite tener por contestado dicho literal.

9) Que, a mayor abundamiento, en cuanto a la naturaleza de dicha información, resulta pertinente consignar que, conforme lo ha venido resolviendo en forma sistemática este Consejo, a partir de la decisión de amparo Roles C446-09 y ratificada en la decisión C206-13, entre otras, el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de estos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social respecto de las personas a quienes se ha otorgado dichos beneficios. Además, el artículo 7º de la Ley de Transparencia en su letra i) contempla como parte de la obligación de transparencia activa el diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución. De este modo, versando la información sobre ciertos beneficios o subsidios estatales ya otorgados, ésta constituye información de carácter público. Por lo señalado, se acogerá el presente amparo en esta parte, por cuanto la respuesta íntegra a la solicitud sólo se otorgó con ocasión de los descargos presentados en esta sede, cuyo resultado será de conocimiento del reclamante con la notificación del presente acuerdo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Luis Sepúlveda Arteaga, en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, no obstante lo cual se tendrá por cumplida su obligación de informar sobre lo solicitado en el literal e), aunque en forma extemporánea.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Sepúlveda Arteaga, y al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.