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Eusebio Rivera Muñoz con DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN ANTOFAGASTA Rol: C695-13

Consejo para la Transparencia, 26/07/2013

Se dedujo amparo en contra del Departamento Provincial de Educación de Antofagasta, fundado en la falta de respuesta a su solicitud sobre a) Listado de todos los colegios dependientes del referido departamento provincial; b) Listado de los colegios que se encuentran realizando clases de religión de la fe católica, indicando los profesores, cuantas horas de clases se efectúan y el horario; y, c) Listado de los colegios que se encuentran realizando clases de religión de la fe evangélica, indicando los profesores, cuantas horas de clases se efectúan y el horario. El Consejo señaló que se acoge parcialmente el amparo ya que si bien la reclamada posee facultades y atribuciones en atención a su marco regulatorio para requerir la información consultada a los respectivos sostenedores, de los antecedentes contenidos en el presente amparo, no fue posible al Consejo controvertir lo señalado por el organismo reclamado, toda vez que aseveró no poseeer la información por encontrarse ésta en poder tanto de las municipalidades respecto de los establecimientos educacionales que administran, como de los sostenedores privados.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C695-13

Entidad pública: Departamento Provincial de Educación de Antofagasta

Requirente: Eusebio Rivera Muñoz

Ingreso Consejo: 20.05.2013

En sesión ordinaria Nº 453 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de julio de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C695-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de abril 2013, don Eusebio Rivera Muñoz, solicitó al Departamento Educación Provincial de Antofagasta, en adelante también, Departamento de Educación, la siguiente información:

Respecto del año 2012:

a) Listado de todos los colegios dependientes del referido departamento provincial;

b) Listado de los colegios que se encuentran realizando clases de religión de la fe católica, indicando los profesores, cuantas horas de clases se efectúan y el horario; y,

c) Listado de los colegios que se encuentran realizando clases de religión de la fe evangélica, indicando los profesores, cuantas horas de clases se efectúan y el horario.

Respecto del año 2013:

a) “Mediante ordinario emanado hacia todos los colegios dependientes de esa Provincial que todos ellos deben cumplir lo que estipula el artículo 3° del Decreto Supremo de Educación N° 924 del año 1983, según lo dispone el Ordinario 645 del 4 de noviembre de 2010 del nivel central del MINEDUC. Adjuntar copia de dicho ordinario. La manifestación por escrito debe ser en formulario independiente de la ficha de matrícula, según formato e instrucciones emanadas de dicho ordinario ”[sic]; y,

b) “Como la única excepción para no realizar clases de religión fe evangélica es que no haya ningún padre o apoderado que la solicite (sentencia de recurso de protección emanada de la Corte Suprema. Que los colegios llamen a concurso para contratar él o los profesores de Religión Fe Evangélica según lo dispone el artículo 9 del Decreto Supremo de Educación 352 de 2004 que reglamenta el ejercicio de la función docente” [sic].

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 20 de mayo de 2013, el requirente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información, en contra del referido órgano, fundado en la falta de respuesta a su solicitud.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 2.105, de 31 de mayo de 2013, confirió traslado al organismo reclamado, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) indicara las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido respondida oportunamente; (2°) acreditara en caso de haber otorgado respuesta al requerimiento, la fecha y medio de envío empleado, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 inciso segundo de la Ley de Transparencia y, el numeral 4.4 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo; y, (3°) indicara si lo requerido en el literal b) de la solicitud de información respecto del año 2013, constituye una solicitud amparada por la Ley de Transparencia. El Jefe Provincial de Educación de Antofagasta, Sr. Williams Butler Portales, mediante Oficio N° 620, de 20 de junio de 2013, conjuntamente con remitir copia del Oficio N° 61, de 7 de marzo de 2013 del Jefe Provincial de Educación de Antofagasta, del Oficio N°645, de 4 de noviembre de 2010 del Ministro de Educación y del Oficio N° 312, de 11 de marzo del año en curso, del Secretario Ministerial de Educación de la Región de Antofagasta, señaló a este Consejo, en síntesis, lo siguiente:

a) En reunión realizada el 1° de abril del presente año, por la Secretaría Ministerial de Educación, en donde participó el reclamante acompañado por pastores de la Religión Evangélica, el Secretario Regional Ministerial de Educación, el abogado asesor de la Seremi, el Provincial de la ciudad de Calama, el Superintendente Regional y el Jefe Provincial de Educación de Antofagasta, “quedaron establecidas las competencias que tenía cada departamento provincial de educación y lo que correspondía a nuestro Ministerio en la situación de las clases de religión”.

b) El reclamante insiste en solicitar información que “no corresponde a este organismo entregar”. Lo anterior, por cuanto, los establecimientos educacionales consultados no dependen del Departamento Provincial de Educación.

c) Los establecimientos educacionales pertenecen a una municipalidad o sostenedor particular. Por lo tanto, “se carece de información sobre cantidades de horas, nómina de profesores contratados, u otra relación laboral”.

d) Los departamentos provinciales de educación, dependientes del Ministerio de Educación han cambiado su rol de supervisión, siendo sus funciones exclusivamente de apoyo y orientación pedagógica curricular.

e) En la actualidad la Superintendencia de Educación es el organismo que fiscaliza el cumplimiento de la normativa educacional, el uso de los recursos de los establecimientos educacionales subvencionados y que reciben aporte estatal.

f) Al reclamante, se le indicó que la información requerida, debía ser solicitada a la Corporación Municipal respecto de los colegios municipales, así como a los directores o sostenedores de planteles subvencionados.

g) En lo referido a la falta de respuesta del requerimiento de don Eusebio Rivera Muñoz, indicó que “esta administración creyó que había quedado claro en la reunión del 1° de abril del presente año, en donde se le reiteraron los pasos a seguir”.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone, que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo indicado, el cual vencía el 29 de abril de 2013, motivo por el cual, se representará al Jefe del Departamento Provincial de Educación de la Provincia de Antofagasta en lo resolutivo del presente acuerdo, la infracción a la precitada disposición y al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del cuerpo legal citado.

2) Que en el literal a) de la solicitud de información correspondiente al año 2013, el peticionario indicó que “mediante ordinario emanado hacia todos los colegios dependientes de esa Provincial que todos ellos deben cumplir lo que estipula el artículo 3° del Decreto Supremo de Educación N° 924 del año 1983, según lo dispone el Ordinario 645 del 4 de noviembre de 2010 del nivel central del MINEDUC” y luego solicitó “adjuntar copia de dicho ordinario. La manifestación por escrito debe ser en formulario independiente de la ficha de matrícula, según formato e instrucciones emanadas de dicho ordinario”. Al respecto cabe precisar que sólo se encuentra amparada por la Ley de Transparencia, aquella parte en la cual se requiere al organismo reclamado adjuntar la copia del Oficio N° 645, de 4 de noviembre de 2010, emitido por el Ministro de Educación, por cuanto las demás afirmaciones sólo buscan consignar un contexto a la petición.

3) Que la reclamada sólo con ocasión de sus descargos en esta sede adjuntó copia del mencionado Oficio N° 645, remitido por el Ministro de Educación a todos los Secretarios Regionales Ministeriales de Educación y a los respectivos Jefes de Departamentos Provinciales. Asimismo el referido oficio, se encuentra disponible en el link http://www.ayudamineduc.cl/docs/resguardo/religion_ord645.pdf. Por lo anterior, y encontrándose la información requerida a disposición del público, el Departamento de Educación pudo dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, indicando al solicitante la fuente, lugar y forma en que podía tener acceso a dicha información, cuestión que en los hechos no sucedió. En virtud de lo precedentemente expuesto, se acogerá el presente amparo en esta parte, sin perjuicio de tener por cumplida la obligación de informar con la notificación de la presente decisión.

4) Que por la solicitud del literal b) correspondiente al año 2013 el peticionario señaló que “la única excepción para no realizar clases de religión fe evangélica, es que no haya ningún padre o apoderado que la solicite (sentencia de recurso de protección emanada de la Corte Suprema. Que los colegios llamen a concurso para contratar él o los profesores de Religión Fe Evangélica según lo dispone el artículo 9º del Decreto Supremo de Educación 352 de 2004 que reglamenta el ejercicio de la función docente”[sic]. Al respecto, este Consejo concluye que dichas afirmaciones no constituyen una solicitud de acceso a la información amparada por la Ley de Transparencia, por cuanto en esta parte del requerimiento, no se han solicitado antecedentes que obren o deban obrar en poder de un órgano de la Administración del Estado, sino que sólo constituye una petición dirigida al órgano reclamado, a fin que este adopte la decisión de llamar a concurso para contratar a profesores que impartan la religión evangélica de acuerdo a las atribuciones que le han sido conferidas , razón por la cual este Consejo no se pronunciará sobre este punto.

5) Que en cuanto a la solicitud del literal a) correspondiente al año 2012 por la que el solicitante requirió una nómina de todos los colegios dependientes del referido departamento provincial, el organismo reclamado expresó que no le corresponde entregar tales antecedentes, por cuanto los establecimientos educacionales no se encuentran bajo su dependencia. Sobre tal interpretación de la solicitud, cabe señalar que, a la luz del principio de máxima divulgación previsto en elartículo 11 letra d) de la Ley de Transparencia, en virtud del cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales, ,el Departamento Provincial de Educación de Antofagasta, debió entender el vocablo “dependen” en los términos más amplios posibles e interpretar que lo requerido en la especie, son las nóminas de establecimientos educacionales que se encuentran sujetos al control del referido departamento.

6) Que al respecto, cabe tener presente, que de conformidad al artículo 3° de la Ley N° 18.956, de 8 de marzo de 1990, mediante la cual fue reestructurado el Ministerio de Educación, los Departamentos de Educación, forman parte de la estructura básica de la referida Secretaría de Estado. A su turno, el artículo 16° del cuerpo normativo citado, dispone que “Los Departamentos Provinciales son organismos desconcentrados funcional y territorialmente de las Secretarías Regionales Ministeriales, encargados de coordinar el apoyo técnico pedagógico que se preste en los establecimientos educacionales subvencionados y acogidos al decreto ley N° 3.166 de su jurisdicción. El territorio jurisdiccional de cada Departamento Provincial, será determinado por decreto supremo y podrá corresponder a una o más provincias. En casos calificados, podrá fijarse un territorio jurisdiccional que corresponda a parte de una provincia, pero en todo caso incluyendo comunas completas”. En concordancia con lo señalado precedentemente, el sitio electrónico del Departamento de Educación de Antofagasta - http://www.antofagasta.mineduc.cl/index2.php?id_portal=3&id_seccion=2941&id_contenido=18601, indica que “los Departamentos Provinciales de Educación son unidades organizacionales dependientes de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación. Asimismo, se encuentran encargados de la supervisión y asesoría técnico pedagógica, así como de la inspección administrativa y financiera de los establecimientos de su jurisdicción, en este caso las comunas de Antofagasta, Tocopilla, Taltal, María Elena, Mejillones y Sierra Gorda”.

7) Que por lo expuesto, y atendido el tipo de funciones que cumple la reclamada, esto es, supervisar y asesorar en el ámbito pedagógico a los establecimientos educacionales de las comunas citadas, este Consejo infiere que dicho órgano debe poseer antecedentes que permitan establecer cuáles son los establecimientos educacionales que se encuentran bajo la esfera de su jurisdicción. Por tal razón, se acogerá el presente amparo en esta parte y conjuntamente con ello, se requerirá al Departamento Provincial de Educación de Antofagasta que haga entrega al reclamante de la nómina solicitada.

8) Que en cuanto a los literales b) y c) correspondiente al año 2012, mediante los cuales se solicitaron las nóminas de los establecimientos educacionales que imparten clases de religión católica y evangélica, con indicación de los profesores, número de horas y horario en que se imparte, la reclamada esgrimió que no poseía dicha información, motivo por el cual debía ser requerida a las respectivas Corporaciones Municipales y en el caso de los establecimientos subvencionados, dichos antecedentes debían ser requeridos a cada uno de los sostenedores.

9) Que, en relación a las nóminas de los colegios que imparten exclusivamente clases de religión católica o evangélica, así como el número de horas destinadas al efecto y horario en que se imparten, cabe señalar que atendido el amplio tenor de la solicitud en este punto, deberá entenderse que lo requerido es información relativa a la totalidad de establecimientos educacionales de la Provincia de Antofagasta. Por lo anterior, resulta atingente tener presente los tipos de establecimientos educacionales existentes según su financiamiento. Existiendo las siguientes clasificaciones :

a) Gratuitos Subvencionados: reciben fundamentalmente aporte del Estado. Según su administración pueden ser Municipales o Particulares Subvencionados sin financiamiento compartido.

b) De Administración Delegada (DL Nº 3166-1980): Son 70 establecimientos de Educación Técnico Profesional, de propiedad del Estado, que son financiados a través de convenios de administración suscritos especialmente con entidades de derecho privado, vinculadas al mundo empresarial e industrial.

c) Pagados: se financian íntegramente a través del pago de una mensualidad por parte de los padres y apoderados, en una relación que se regula a través de un contrato de prestación de servicios educacionales.

10) Que asimismo, respecto de los establecimientos enunciados, cabe tener presente el rol de supervisión otorgado a la Superintendencia de Educación, mediante la Ley N° 20.529, de 27 de agosto de 2011, por el cual la información en análisis podría obrar en poder de dicho organsimo. En efecto, dicho cuerpo legal, otorgó en su artículo 48, las facultades de “fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, en adelante "la normativa educacional” (…) la legalidad del uso de los recursos por los sostenedores de los establecimientos subvencionados y que reciban aporte estatal y, respecto de los sostenedores de los establecimientos particulares pagados, fiscalizará la referida legalidad sólo en caso de denuncia. Además, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados”.

11) Que a su turno, si bien la reclamada posee facultades y atribuciones en atención a su marco regulatorio para requerir la información consultada a los respectivos sostenedores, de los antecedentes contenidos en el presente amparo, no fue posible a este Consejo controvertir lo señalado por el organismo reclamado, toda vez que aseveró no poseeer la información por encontrarse ésta en poder tanto de las municipalidades respecto de los establecimientos educacionales que administran, como de los sostenedores privados.

12) Que sin perjuicio de lo expuesto, y siendo competentes las respectivas corporaciones municipales o departamentos de educación municipales, según sea el caso, para satisfacer el requerimiento de información respecto de la educación municipalizada, e igualmente competente la Superintendencia de Educación respecto de estos y de los restantes establecimientos, la reclamada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, debió derivar el requerimiento a dichos órganos. Al no efectuar la referida derivación, el Departamento Provincial de Educación de Antofagasta, infringió el artículo 13 del cuerpo legal ya citado, lo cual le será representado en lo resolutivo del presente acuerdo. Por tal motivo se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello se requerirá a la reclamada que proceda a derivar la solicitud de información de los literales en comento a cada una de las municipalidades de las comunas de la provincia de Antofagasta o a las respectivas corporaciones de Educación, según corresponda, como a la Superintendencia de Educación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Declarar inadmisible, por las razones indicadas precedentemente, lo requerido en el literal b) de la solicitud de información referido al año 2013.

II. Acoger parcialmente por las razones precedentemente expuestas, el amparo interpuesto por don Eusebio Rivera Muñoz en contra del Departamento de Educación Provincial de Antofagasta.

III. Requerir al Sr. Jefe del Departamento de Educación de la Provincia de Antofagasta:

a) Entregue al Sr. Eusebio Rivera Muñoz el listado de establecimientos educacionales que se encuentran bajo la esfera de su competencia territorial en la Provincia de Antofagasta (literal a) de la solicitud correspondiente al año 2012).

b) Derive la solicitud de información respecto de los literales b) y c) de la solicitud correspondiente al año 2012, a todas las municipalidades de la Provincia de Antofagasta o a las respectivas Corporaciones Municipales de Educación, según corresponda, y a la Superintendencia de Educación.

c) Cumpla dicho requerimiento dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

d) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

IV. Tener por entregada, con la notificación de la presente decisión, lo requerido en el literal a) correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo señalado en el considerando 3) del presente acuerdo.

V. Representar al Sr. Jefe del Departamento de Educación de la Provincia de Antofagasta la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, al no haber derivado la solicitud contenida en los literales b) y c), de acuerdo a lo señalado en lo considerativo de la presente decisión, a efectos que se adopten medidas para prevenir la ocurrencia, en lo sucesivo, de tal situación.

VI. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Jefe del Departamento de Educación de la Provincia de Antofagasta y a don Eusebio Rivera Muñoz.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Robledo y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.