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Diego Sazo Muñoz con CARABINEROS DE CHILE Rol: C527-13

Consejo para la Transparencia, 26/07/2013

Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en la falta de respuesta a su solicitud sobre a) El número total de artefactos explosivos detectados por Carabineros en la vía pública, a lo largo de todo el territorio nacional. b) Se requiere la estadística de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. c) La cifra debe consignar la instalación de todo tipo de explosivos (bombas convencionales, de ruido, químicas, etcétera) y todos aquellos artefactos que hayan estallado o bien fueron oportunamente desactivados. El Consejo señaló que se acogerá el presente amparo y se requerirá al organismo reclamado que haga entrega del acto administrativo que dispuso la incineración de la documentación sobre explosivos, correspondiente a los años 2006 y 2007 y el acta respectiva.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C527-13

Entidad pública: Carabineros de Chile

Requirente: Diego Sazo Muñoz

Ingreso Consejo: 25.04.2013

En sesión ordinaria Nº 453 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de julio de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C527-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L.Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de marzo de 2013, don Diego Sazo Muñoz solicitó a Carabineros de Chile la siguiente información:

a) El número total de artefactos explosivos detectados por Carabineros en la vía pública, a lo largo de todo el territorio nacional.

b) Se requiere la estadística de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

c) La cifra debe consignar la instalación de todo tipo de explosivos (bombas convencionales, de ruido, químicas, etcétera) y todos aquellos artefactos que hayan estallado o bien fueron oportunamente desactivados.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 25 de abril de 2013, don Diego Sazo Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundado en la falta de respuesta a su solicitud.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y, mediante el Oficio N° 1.738, de 6 de mayo de 2013, confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros, solicitándole que, al formular sus descargos, indicara los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan sus afirmaciones y acompañara todos los antecedentes y medios de prueba de que dispusiere, señalando, además, las razones por las cuales la solicitud de información no fue respondida oportunamente. Mediante el Ordinario N° 234, de 27 de mayo de 2013, ingresado el 30 del mismo mes y año a este Consejo, el Sr. Jefe del Departamento de Información Pública de Carabineros de Chile evacuó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, que:

a) El solicitante presentó dos solicitudes de información, una el 25 de enero de 2013 y otra el 7 de marzo del mismo año. Agregó que ambos requerimientos fueron respondidos, dentro de plazo, a la dirección de correo electrónico que registró el requirente, dsazo@uc.cl, que fue la forma como indicó el solicitante que se le enviara la respuesta.

b) La primera de las solicitudes fue respondida el 7 de febrero de 2013, y la segunda, el 4 de abril del mismo año, según consta en los comprobantes de envío desde el correo contacto.gobiernotransparente@carabineros.cl, y que contienen, respectivamente, las cartas de respuesta de 6 de febrero de 2013 y de 3 de abril de 2013, junto con los archivos correspondientes.

c) El 27 de mayo de 2013 nuevamente le envió un nuevo correo al requirente a la casilla de correo electrónico dsazo@uc.cl con la información solicitada.

d) Las respuestas enviadas al requirente señalaron que se adjuntó una tabla estadística con la información relativa a artefactos explosivos en la vía pública, respecto de los años 2008 a 2012. El organismo reclamado agregó en su respuesta a la solicitud de información que en cuanto al período comprendido entre los años 2006 y 2007 “no existen registros disponibles”, y que la institución no tiene la obligación de crear estadísticas que no existan en su registro de antecedentes.

4) GESTIONES OFICIOSAS:

a) El 18 de junio de 2013 la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo se comunicó con el Sr. Jefe del Departamento de Información Pública de Carabineros de Chile mediante correo electrónico, por el cual se le solicitó remitiera la información enviada al solicitante, de conformidad a lo señalado en el numeral 3° de lo expositivo. Mediante correo electrónico de la misma fecha, don Carlos Aguilar Tessada, funcionario del Departamento de Información Pública de Carabineros de Chile, remitió el archivo denominado “explosivos”, el cual contiene una planilla que con información de los años 2008 a 2013 de “Contrabombas”, desglosado en “Detonados”, “Desactivados”, “Simulados”, “Incendiarios” y “Paquetes Sospechosos”, con su cantidad y con la información relativa a cada región del país.

b) El 25 de junio de 2013 la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo se comunicó con don Carlos Aguilar Tessada mediante correo electrónico, por el cual se le solicitó que señalara los motivos en razón de los cuales Carabineros de Chile no posee registros en relación a los años 2006 y 2007. Además, se le solicitó la normativa que regula al Departamento de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros de Chile. Mediante correo electrónico de la misma fecha, don Carlos Aguilar Tessada señaló lo siguiente:

i. El Departamento de Operaciones Policiales Especiales, que remitió la información en relación a la solicitud de acceso a la información de la especie, señaló que respecto de los años 2006 y 2007 “no hay registro en la base de datos”.

ii. En cuanto a la normativa que regula al Departamento de Operaciones Policiales Especiales, indicó que “…éste se rige por una Directiva de Organización y Funcionamiento, que dentro de nuestra normativa institucional, son todas aquellas que no son del dominio reglamentario y que tiene por objeto organizar servicios y fijar funciones o modalidades de los mismos…”. Agregó que “…la Orden General N° 2.185, de 05.04.2013, aprobó la nueva Directiva de Organización y Funcionamiento del Departamento de Operaciones Policiales Especiales – GOPE, y derogó la anterior. En ella, y en virtud del Art. 21 Nº 3 de la ley Nº 20.285 en relación al Art. 436 del Código de Justicia Militar, declaró secreta la Directiva que aprobó, porque su divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones que la Constitución Política asigna a Carabineros, y por contener elementos que se consignan con planes relacionados con operaciones y servicios especiales de la institución, cuyo conocimiento puede afectar la mantención del orden o seguridad pública…”.

c) El 23 de julio de 2013 la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo se comunicó con don Carlos Aguilar Tessada mediante correo electrónico, por el cual se le solicitó que remitiera a esta Corporación el acto administrativo que ordenó la expurgación de la documentación relativa a los explosivos a que alude la solicitud de acceso, respecto de los años 2006 y 2007, con su respectiva acta. Hasta la fecha dicha solicitud no ha sido contestada.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En la sesión ordinaria N° 446, de 28 de junio de 2013, el Consejo Directivo de esta Corporación dispuso una medida para mejor resolver el presente amparo, lo que se materializó mediante el Oficio N° 2.702, de 2 de julio de 2013. En dicha medida se requirió a Carabineros de Chile a fin de que se pronunciara sobre lo siguiente:

a) De qué modo específico registra y almacena la información relativa la instalación y detección de bombas y artefactos explosivos correspondientes a los años 2006 y 2007.

b) De qué modo realizó el levantamiento de la información, especialmente en lo pertinente a hallazgos de explosivos y a denuncias y aprehensiones relacionadas con esta materia, necesaria para la confección de los Informes Anuales de Carabineros, correspondientes a los años 2006 y 2007, y que fueron confeccionados por el Instituto Nacional de Estadísticas con la colaboración de Carabineros de Chile (disponibles en http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/policiales/carabineros/carabineros.php).

Dicha solicitud de pronunciamiento fue contestada por Carabineros de Chile a través del Oficio N° 308, de 19 de julio de 2013, y en el cual consignó lo siguiente:

a) En cuanto a la primera de las consultas -literal a) de la medida para mejor resolver- indicó que “…el Departamento de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y sus unidades regionales, registran la información de procedimientos con explosivos, por escrito, en los Libros de Población. Tratándose de la información de procedimientos con explosivos a nivel nacional correspondientes a los años 2006 y 2007, no mantiene esa información, en atención al tiempo transcurrido, puesto que los Libros de Población y de Guardia de esos años (2006 - 2007), fueron incinerados a través del trámite administrativo respectivo…”. Agregó que “…el levantamiento de la información para informes anuales, relativo a hallazgos de explosivos, se realiza mediante un documento que resume con datos numéricos la información del año anterior, que se envía a través del conducto regular, y cumplido su tiempo de permanencia en el archivo, se incinera”.

b) Respecto de la segunda de las consultas -literal b) de la medida para mejor resolver- señaló que “…el Departamento de Planificación Estratégica de la Dirección de Planificación y Desarrollo, colaboró con el Instituto Nacional de Estadísticas en la confección de los Informes Anuales de Carabineros de los años 2006 y 2007, para lo cual utilizó diferentes fuentes de información, que atendido el tiempo transcurrido a la fecha, fueron incinerados.

Y CONSIDERANDO:

1) Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, la autoridad o jefatura del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la misma. En la especie, el organismo reclamado señaló haber evacuado respuesta al requirente a su dirección de correo electrónico el 4 de abril de 2013, correo que acompañó a sus descargos, de modo que consta a este Consejo la entrega de la respuesta al reclamante en la forma requerida por este último en su solicitud de acceso. Por lo anterior, dado que la solicitud de información que motivó el presente amparo ingresó el 7 de marzo de 2013 a Carabineros de Chile, se concluye que el requerimiento de la especie fue respondido dentro del plazo para pronunciarse, el que expiraba el 5 de abril de 2013.

2) Que lo solicitado por el recurrente fue el número total de artefactos explosivos detectados por Carabineros en la vía pública, a lo largo de todo el territorio nacional, respecto de los años 2006 a 2012, con los datos de la instalación de todo tipo de explosivos (bombas convencionales, de ruido, químicas, etcétera) y todos aquellos artefactos que hayan estallado o bien fueron oportunamente desactivados.

3) Que en atención a que este Consejo dispone de los antecedentes que darían respuesta a la solicitud de acceso en relación a los años 2008 al 2013, los que fueron remitidos por el organismo reclamado con ocasión de la gestión oficiosa a que alude el numeral 4°, literal a), de la parte expositiva, se analizará si tal documentación satisface la solicitud de acceso que motivó el presente amparo.

4) Que el organismo reclamado remitió una planilla con información de los años 2008 a 2013, denominada explosivos, la que contiene información acerca de “Contrabombas”, desglosado en “Detonados”, “Desactivados”, “Simulados”, “Incendiarios” y “Paquetes Sospechosos”, con su cantidad y con la información desglosada por cada región del país y el total anual nacional. Analizada la información entregada, se advierte que ésta no cumple con el requerimiento del solicitante en orden a que se señalen los datos de la instalación de todo tipo de explosivos (bombas convencionales, de ruido, químicas, etcétera), motivo por el cual se acogerá parcialmente el amparo sobre este punto y se requerirá al organismo reclamado precise el tipo de explosivos a que se refiere la información entregada o, en su defecto, le indique al requirente de manera expresa que no posee tal información con ese nivel de desagregación.

5) Que respecto de la información relativa a los años 2006 y 2007, el órgano reclamado fundó la negativa a entregar tal información en la inexistencia de la misma, señalando, con ocasión de la medida para mejor resolver a que alude el numeral 5° de la parte expositiva, que ésta no obra en su poder por haber sido incinerada mediante el trámite administrativo respectivo.

6) Que al respecto, el Decreto Supremo N° 3.012, de 1961, del Ministerio del Interior, que aprueba el Reglamento de Documentación N° 22, de Carabineros de Chile, dispone en su artículo 58 que “Anualmente se presentarán al Jefe que pase la Revista Económica, los libros y legajos de documentos que hayan cumplido el tiempo reglamentario de permanencia en el archivo, a fin de que disponga su destrucción”. A su vez, de acuerdo a la Orden General N° 1.255, de 1998, de Carabineros de Chile, que aprueba la Directiva Complementaria del Reglamento de Documentación N° 22, el tiempo de duración en el archivo de los libros de novedades de guardia y de Población sería de 4 años. En atención a que la normativa recién reseñada no regula el procedimiento de incineración o eliminación propiamente tal, debe entenderse que, sobre el particular se aplica la Circular N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General de la República, que regula la eliminación de documentos en la Administración Pública. Ahora bien, teniendo presente que el propio organismo reclamado, con ocasión de la medida para mejor resolver antes citada, señaló que los Libros de Población y de Guardia fueron incinerados a través del “trámite administrativo respectivo”, es posible concluir que ha de existir un acto administrativo que dispuso la expurgación u otro acto administrativo equivalente donde se haya dejado constancia de la eliminación de tal información.

7) Que en atención a la alegación de inexistencia efectuada por el órgano reclamado, cabe tener presente que este Consejo, en su Instrucción General N° 10, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información, en su numeral 2.3, sobre “Búsqueda de la información requerida” señala que, si realizada la búsqueda de información, el órgano público constata que no posee la información, deberá “En caso de existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, comunicar esta circunstancia al solicitante, haciendo entrega de copia del acto y del acta respectiva, en los términos señalados en la Circular N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General de la República, que regula la eliminación de documentos en la Administración Pública…”. En consecuencia, se acogerá el presente amparo y se requerirá al organismo reclamado que haga entrega del acto administrativo que dispuso la incineración de la documentación sobre explosivos, correspondiente a los años 2006 y 2007 y el acta respectiva.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Diego Sazo Muñoz en contra Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros:

a) Entregue al solicitante, respecto de los datos correspondientes a los años 2008 a 2012, la información relativa al tipo de explosivos a que se refiere la información entregada o, en su defecto, le indique al requirente de manera expresa que no posee tal información con ese nivel de desagregación.

b) Entregue al solicitante copia del acto administrativo que dispuso la incineración de la documentación sobre explosivos, correspondiente a los años 2006 y 2007 y copia del acta respectiva.

c) Cumpla con dichos requerimiento dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

d) Informe el cumplimiento de dichos requerimientos enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Diego Sazo Muñoz y al Sr. General Director de Carabineros de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.