logo
 

Víctor Tapia Alarcón con SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES Rol: C762-13

Consejo para la Transparencia, 31/07/2013

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Transportes, fundado en que la información otorgada por el órgano es incompleta sobre una serie de antecedentes relativos a la contratación de los servicios de la empresa Virtus Partners S.A., en virtud de un procedimiento de la ley de compras públicas. El Consejo señaló que se estimó que la respuesta otorgada a la solicitud de acceso fue incompleta. Ya que para cumplir la obligación de informar, el órgano debe procurar ajustarse estrictamente a la petición del solicitante, de modo que reciba la información pertinente, en forma completa e íntegra, en consecuencia, se acogerá el presente amparo y, en aplicación del principio de facilitación, se remitirá al solicitante, conjuntamente con la notificación del presente acuerdo, copia del documento requerido y acompañado por el órgano con ocasión de sus descargos, con lo cual se tendrá por cumplida, aunque en forma extemporánea, la obligación de informar del órgano.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Transporte
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C762-13

Entidad pública: Subsecretaría de Transportes.

Requirente: Víctor Tapia Alarcón.

Ingreso Consejo: 29.05.2013.

En sesión ordinaria Nº 454 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de julio de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C762-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; en la Ley N° 19.886, de Compras Públicas y D.S. Nº 250 de 2004, Reglamento de Compras Públicas; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de abril de 2013, don Víctor Tapia Alarcón, Presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones AFUNMTT, y doña Juana Araya Salinas, Directora de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Transportes ANFUTRANS, solicitaron a la Subsecretaria de Transportes (SUBTRANS) una serie de antecedentes relativos a la contratación de los servicios de la empresa Virtus Partners S.A., en virtud de un procedimiento de la ley de compras públicas. Entre otros, requirieron:

a) Documentos de la etapa precontractual que hayan servido de base a la dictación de actos administrativos posteriores.

b) Copia de antecedentes de la empresa adjudicataria: escrituras originales y sus modificaciones si las hubiere, representantes, experiencia y currículum de los profesionales involucrados, y el contrato suscrito.

2) RESPUESTA: El 7 de mayo de 2013, la SUBTRANS responde a la solicitud de acceso mediante Oficio Nº 2.491, disponiendo la entrega de la información requerida, pero por razones de capacidad del correo institucional explica que no es posible enviar la información a los correos electrónicos designados en la solicitud, disponiendo su entrega en soporte de un disco compacto, que los recurrentes podrían retirar desde las oficinas de la Subsecretaría.

3) AMPARO: El 29 de mayo de 2013 don Víctor Tapia Alarcón, por sí, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la SUBTRANS, fundado en que la información otorgada por el órgano es incompleta, debido a que no hizo entrega de los siguientes antecedentes:

a) Documentación de la etapa precontractual.

b) La escritura de constitución de la empresa Virtus Partners S.A.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo a la Sra. Subsecretaria de Transportes, mediante el Oficio N° 2.278, de 7 de junio de 2013, pidiéndole que se refiriera a la existencia de los antecedentes de la etapa precontractual solicitados. El órgano evacuó sus descargos el 27 de junio de 2013, por Ordinario N° 4001, en los siguientes términos:

a) En cuanto a la solicitud del literal a), el órgano explica que para la contratación con la empresa Virtus Partners acudió al trato o contratación directa, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 19.886. Esta modalidad de contratación, a diferencia de la licitación pública o privada, no tiene establecida una etapa precontractual legal ni reglamentariamente, motivo por el cual, a juicio de la Subsecretaría, la información requerida es inexistente. No obstante lo anterior, y en virtud del principio de facilitación y de máxima apertura, adjunta copia de dos memorandos emitidos por la empresa Virtus Partners S.A., de 16 de septiembre de 2011, relativos a honorarios profesionales y gastos de contratación por prestación de servicios de la empresa.

b) Atendiendo a la solicitud del literal b), remite copia de escritura pública de constitución de la sociedad Virtus Partners S.A., de 2 de mayo de 2007, otorgada ante Notario Público de la 41ª Notaría de Santiago, don Félix Jara Cadot. Sin perjuicio de ello, aclara que había estimado satisfecha la solicitud con la entrega de copia de escritura pública a la que se redujo el acta de la primera sesión de directorio de la sociedad aludida.

Y CONSIDERANDO:

1) Que en cuanto al literal a) de la solicitud, el órgano reclamado alega la inexistencia de la información para justificar la falta de entrega. Pues bien, conforme ha resuelto previamente este Consejo, la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación legal de responder a lo requerido. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual la información pedida no obra en su poder, y debe acreditarse en forma fehaciente.

2) Que, en la especie, la SUBTRANS ha manifestado que para el caso que un órgano de la Administración del Estado acuda a la modalidad de contratación directa para la provisión de un bien o la prestación de un servicio, la ley no ha previsto la existencia de una etapa precontractual ni la obligación de registrar antecedentes relativos a ella. Explica que, a diferencia de una licitación pública, en que previo a la suscripción de un contrato debe haber un llamado a presentar ofertas, apertura y evaluación de las mismas, para finalizar en la adjudicación de la licitación, ello no es procedente en la contratación que se analiza.

3) Que consta de las resoluciones tenidas a la vista, N° 233 de 2011, N°160 de 2012 y N° 39 de 2013, todas de la Subsecretaría de Transportes, que se autorizó la contratación directa y se aprobaron sendos contratos con la sociedad Virtus Partner S.A., para la realización de una consultoría con el objetivo de definir la visión estratégica de largo plazo de la SUBTRANS.

4) Que el artículo 7, letra c), de la Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios define trato o contratación directa como “el procedimiento de contratación que, por la naturaleza de la negociación que conlleva, debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación o propuesta pública y para la privada”. Luego, el artículo 8° del mismo cuerpo legal se encarga de establecer los requisitos de procedencia de la contratación directa, como modalidad excepcional, que consiste, fundamentalmente, en la dictación de una resolución fundada que autorice la procedencia del trato o contratación directa, argumentando la causal que justifique su aplicación y que debe publicarse en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública (artículo 49 del Reglamento de la Ley N° 19.886, de Compras Públicas). Conforme a lo expuesto, la normativa en análisis establece la regulación en el contexto de la fase de contratación, pero no regula una etapa anterior o precontractual como parte del proceso.

5) Que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la información requerida exista u obre en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. Atendiendo a que la legislación analizada en el considerando anterior, no establece la existencia formal de una etapa anterior al contrato, en la modalidad de trato directo, no resulta legalmente exigible al órgano reclamado la obligación de tener en su poder la información que se ha requerido. En consecuencia, este Consejo se halla impedido de requerir la entrega de información adicional a aquella que el mismo órgano entrega con ocasión de sus descargos, razón por la cual se rechazará el amparo en esta parte.

6) Que respecto al literal b) de la solicitud, atendido el tenor literal de la solicitud, “escrituras originales y sus modificaciones si las hubiere”, cabe entender que al emplear estas expresiones el recurrente aludía a dos estados o situaciones diferentes de los estatutos de la sociedad, el original o de constitución y el de una eventual modificación posterior. Al respecto, el artículo 3° de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas establece que: “la sociedad anónima se forma, existe y prueba por escritura pública inscrita y publicada en los términos del artículo 5°”. De acuerdo a la norma legal citada, lo requerido en esta parte era justamente la escritura pública de constitución de la sociedad referida. Así, la entrega de la escritura pública a la que se redujo el acta de la primera sesión de directorio satisfacía más directamente la solicitud de los nombres de los representantes de la sociedad (el Directorio), elegido en la primera junta de accionistas (artículos 31 y 56 numeral 3 de la Ley N° 18.046). Por lo tanto, tal como señala el recurrente en su amparo y habiendo demostrado el propio órgano que disponía de los antecedentes requeridos, remitiéndolos a este Consejo, se estimará que la respuesta otorgada a la solicitud de acceso fue incompleta. A juicio de este Consejo, para cumplir la obligación de informar, el órgano debe procurar ajustarse estrictamente a la petición del solicitante, de modo que reciba la información pertinente, en forma completa e íntegra.

7) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo y, en aplicación del principio de facilitación, se remitirá al solicitante, conjuntamente con la notificación del presente acuerdo, copia del documento requerido y acompañado por el órgano con ocasión de sus descargos, con lo cual se tendrá por cumplida, aunque en forma extemporánea, la obligación de informar del órgano reclamado respecto del literal b) de la solicitud.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Víctor Tapia Alarcón en contra de la Subsecretaria de Transportes, no obstante tener por cumplida la obligación de informar del órgano reclamado con la notificación del presente acuerdo.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sra. Subsecretaria de Transportes y a don Víctor Tapia Alarcón, remitiendo a éste último copia de los descargos del órgano y de sus documentos adjuntos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que su Presidente, don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.