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Lorena Mena Valdebenito con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rol: C4566-22

Consejo para la Transparencia, 06/09/2022

Se acoge el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, ordenando la entrega de información respecto de las acciones realizadas para dar cumplimiento a lo solicitado por el Consejo de Defensa del Estado en marzo del 2022, relacionado con realizar la cobranza judicial o administrativa de la multa impuesta a la empresa Nova Austral. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual se descartaron las alegaciones referidas a la afectación de derechos comerciales o económicos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime), Presidente
  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4566-22

Entidad pública: Tesorería General de la República

Requirente: Lorena Mena Valdebenito

Ingreso Consejo: 30.05.2022

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, ordenando la entrega de información respecto de las acciones realizadas para dar cumplimiento a lo solicitado por el Consejo de Defensa del Estado en marzo del 2022, relacionado con realizar la cobranza judicial o administrativa de la multa impuesta a la empresa Nova Austral.

Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual se descartaron las alegaciones referidas a la afectación de derechos comerciales o económicos.

En sesión ordinaria N° 1305 del Consejo Directivo, celebrada el 06 de septiembre de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4566-22.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de mayo de 2022, doña Lorena Mena Valdebenito solicitó la Tesorería General de la República la siguiente información:

"Información respecto de las acciones realizadas para dar cumplimiento a lo solicitado por el Consejo de Defensa del Estado en marzo del 2022, relacionado con realizar la cobranza judicial o administrativa de la multa impuesta a la empresa Nova Austral".

2) RESPUESTA: Mediante oficio Ord. N° 11359 de 27 de mayo de 2022, la Tesorería General de la República respondió a dicho requerimiento de información indicando que teniendo presente lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, no es posible dar acceso a la información en los términos requeridos, toda vez que la publicidad, comunicación o conocimiento supone afectar en forma cierta, probable y específica sus derechos comerciales y económicos. Cita jurisprudencia de los Tribunales de Justicia y del Consejo para la Transparencia al respecto.

3) AMPARO: El 30 de mayo de 2022, doña Lorena Mena Valdebenito dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Tesorero General de la República, mediante Oficio N° E11442, de 24 de junio de 2022, solicitando que: (1°) acompañe copia de la subsanación de la reclamante, junto con los antecedentes que acrediten la fecha en que subsanó; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (3°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (4°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (6°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante oficio Ord. N° 15110, de 6 de julio de 2022, el órgano reclamado hizo llegar sus descargos, señalando que el Consejo para la Transparencia (CPLT) ha razonado que los antecedentes relacionados con las deudas cuyo cobro se encuentran encomendadas al Servicio de Tesorerías, se refieren a datos personales de los contribuyentes, motivo por el cual sería información reservada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo preceptuado con la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en causa sobre recurso de queja rol N° 4681-2013. En este sentido, en el marco del citado recurso, la Excma. Corte Suprema señala que: "es indudable que cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. Es dable entonces presumir fundadamente que la entrega de la información requerida (...) puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de los deudores comprometidos", agregando que «la Municipalidad recurrente, en cuanto organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos de quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo cual no solo está habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, como para intentar una reclamación como la de autos, porque como se ha dejado apuntado más arriba, su publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico que pudieran afectar su honra" Luego, "divulgar información que potencialmente pueda afectar derechos de personas, atribuyéndose la referida calidad, es improcedente a la luz de los citados cuerpos normativos".

Indicó asimismo, que el CPLT ha indicado en la Decisión de Amparo Rol C1345-21 que las personas jurídicas "de igual manera, serían titulares de un derecho al buen nombre, fama o reputación, la que puede verse afectada para operar comercialmente en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, que en el evento de dar publicidad referida a su estado de morosidad de deudas tributarias, conllevaría la afectación de sus derechos comerciales y económicos, asimismo, a su imagen o prestigio; todo lo cual ha sido recogido por la jurisprudencia de este Consejo en las decisiones de amparo roles C1823-16; C3776-16; C1709- 19; C5724-19 y C6982-20; entre otras". De esta manera, de acuerdo con lo expuesto y, teniendo presente lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, no es posible dar acceso a la información en los términos requeridos, toda vez que la publicidad, comunicación o conocimiento de cualquier actividad relacionada con la eventual cobranza de una multa supone ineludiblemente dar a conocer una deuda del contribuyente, afectando en forma cierta, probable y específica los derechos comerciales y económicos de la empresa en cuestión.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud de información referida a las acciones realizadas para dar cumplimiento a lo solicitado por el Consejo de Defensa del Estado en marzo del 2022, relacionado con realizar la cobranza judicial o administrativa de la multa impuesta a la empresa Nova Austral. Al respecto, el órgano reclamado denegó lo requerido por concurrir en la especie la causal de reserva de la información a que se refiere el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer lugar, resulta atingente tener presente que el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

3) Que, en dicho contexto, el órgano reclamado se opuso a la entrega de lo solicitado, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, según el cual se podrá denegar la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de (...) derechos de carácter comercial o económico". Al respecto, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

4) Que, en la especie, a juicio de esta Corporación, no se han acompañado antecedentes suficientes que acrediten una afectación presente y/o probable, y con suficiente especificidad a derechos comerciales y económicos, toda vez que no se ha acreditado la concurrencia de la totalidad de los requisitos fijados por este Consejo para tener por configurada la causal de reserva alegada. En efecto, la recurrida se limitó a hacer mención a la causal de reserva y a fundamentar su oposición en apreciaciones generales, hipotéticas y subjetivas, sin especificar, detalladamente, la forma en que se verían afectados los derechos económicos y comerciales, ni señalando qué parte de la documentación requerida, en particular, podría generar afectar la honra o el prestigio comercial de la empresa multada. Teniendo en cuenta lo anterior, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre, teniendo en consideración que lo solicitado se refiere a las acciones de cobro del órgano recurrido respecto de una multa cursada a una empresa determinada, lo que además permite un adecuado control social en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

5) Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado ni concurriendo en la especie los supuestos que permitan tener por configurada la afectación de derechos comerciales y/o económicos alegada, se procederá a desestimar la invocación de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y se acogerá el presente amparo. Previo a la entrega, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley. No obstante lo anterior, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Lorena Mena Valdebenito, en contra de la Tesorería General de la República, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Tesorero General de la República, lo siguiente;

a) Entregue a la reclamante la información consignada en el numeral 1° de lo expositivo del presente Acuerdo. Previo a la entrega, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, el número de cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley. No obstante lo anterior, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Lorena Mena Valdebenito y al Sr. Tesorero General de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Francisco Leturia Infante, sus Consejeras doña Gloria de la Fuente González y doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.