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Jorge Triantafilo Puente con SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Rol: C687-13

Consejo para la Transparencia, 02/08/2013

Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Aduanas, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información sobre a) “Por Oficio Ordinario Nº 13, del 14.12.2012, se envió en forma íntegra compulsa del sumario administrativo Nº 6028/11 a la fiscalía de Arica. Conforme a la letra k del Art. 61 del Estatuto Administrativo, ¿Solicito los antecedentes con que el fiscal presume el delito de cohecho caratulado con el RUC 1300001373-5 de la Fiscalía de Arica, al enviar dicho sumario a la Fiscalía? b) Si el Fiscal en base a los antecedentes que rolan en el proceso sumarial, referido al informe Nº 08 se solicita saber si efectivamente denunció todos los otros hechos debidamente señalados en el punto 3 a la Fiscalía.” El Consejo señaló que no habiendo la reclamada contestado derechamente el requerimiento de información, en los términos señalados, se acogerá el amparo en esta parte y se requerirá al Servicio Nacional de Aduanas que informe al solicitante si el fiscal del sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N° 6.028 de 2011, denunció o no a la fiscalía del Ministerio Público, los hechos señalados en el punto 3° del Informe N° 08, citado por el solicitante en la letra b) de su requerimiento.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C687-13

Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas

Requirente: Jorge Triantafilo Puente

Ingreso Consejo: 16.05.2013

En sesión ordinaria Nº 455 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de Agosto de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C687-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de abril de 2013, don Jorge Triantafilo Puente presentó la siguiente solicitud de información al Servicio Nacional de Aduanas:

a) “Por Oficio Ordinario Nº 13, del 14.12.2012, se envió en forma íntegra compulsa del sumario administrativo Nº 6028/11 a la fiscalía de Arica. Conforme a la letra k del Art. 61 del Estatuto Administrativo, ¿Solicito los antecedentes con que el fiscal Sr. Javier Ramírez presume el delito de cohecho caratulado con el RUC 1300001373-5 de la Fiscalía de Arica, al enviar dicho sumario a la Fiscalía?

b) Si el Fiscal en base a los antecedentes que rolan en el proceso sumarial, referido al informe Nº 08 se solicita saber si efectivamente denunció todos los otros hechos debidamente señalados en el punto 3 a la Fiscalía.”

2) RESPUESTA: El 8 de mayo de 2013, el Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas respondió a dicho requerimiento de información mediante Resolución Exenta N° 4.674, por la cual denegó el acceso a la información solicitada. En dicha Resolución señaló, en síntesis, lo siguiente:

a) Lo afirmado por el requirente en la letra a) de la solicitud no es efectivo. Como señala en propio solicitante, la información requerida es parte de un expediente de sumario administrativo instruido de conformidad al Estatuto Administrativo, que a la fecha de la solicitud se encuentra con recursos pendientes, por lo que su tramitación no está afinada, aplicándose a su respecto la causal de reserva del artículo 137, de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

b) Atendido que el solicitante tiene la calidad de parte en el sumario administrativo, habiéndose formulado cargos que fueron debidamente notificado y presentados los descargos correspondientes, tuvo acceso al sumario administrativo en su integridad, por lo que esta no es la vía para solicitar información, pues existe un procedimiento específicamente regulado por la ley para obtener la información que se encuentra incorporada en un sumario administrativo.

3) AMPARO: El 16 de mayo de 2013, don Jorge Triantafilo Puente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información. El amparo fue presentado en la Gobernación Provincial de Tocopilla. En su reclamo el solicitante hizo presente, en síntesis, que:

a) Se negó el acceso a su derecho a la información, sin invocar causales de secreto o reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

b) “El suscrito ya contestó los descargos y tiene copia del sumario administrativo y no hay indicio de un crimen o simple delito que se denuncie en el respectivo sumario, para que el señor fiscal incida en un procedimiento que no ha sido solicitado por órgano externo alguno” (sic).

c) No se respondieron sus solicitudes, pues “se pide se informe conforme lo establece el artículo 61 letra k) del Estatuto Administrativo, cuales son los antecedentes que invoco el Fiscal del sumario para enviar la compulsa completa al Ministerio Público, en circunstancias que en el proceso sumarial, con los cargos ya efectuados no hay indicio de simple delito y que conforme al mismo sumario tampoco existe diligencias solicitadas por el Ministerio Público solicitando las compulsas del sumario”. Hace presente que los antecedentes que se solicitan fueron remitidos con posterioridad a los descargos en el sumario administrativo. Además tampoco se le dio respuesta al literal b) de su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo y lo trasladó al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas mediante Oficio N° 2.091, de 30 de mayo de 2013. En dicho Oficio se solicitó especialmente que al formular sus descargos informase (1°) si en el sumario administrativo se han deducido recursos administrativos, en la afirmativa, señalase qué tipo de recursos, en qué fecha fueron deducidos, quién los presentó y si éstos a la fecha se encuentran pendientes de resolución y si fueron resueltos, la fecha de la respectiva resolución; (2°) si el sumario administrativo N° 6028/11, que indica el reclamante, fue enviado a la Fiscalía de Arica por Oficio Ord. N° 13 de 14.12.2013, en caso afirmativo remitir copia del oficio conductor respectivo; y, (3°) el estado actual de tramitación del sumario administrativo, indicando la etapa en la que se encuentra.

Mediante escrito de 20 de junio de 2013, el abogado Sr. Javier Uribe Martínez, en representación debidamente acreditada del Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, presentó sus descargos, señalando, en síntesis, que:

a) De acuerdo a lo informado por el Fiscal que instruyó el sumario administrativo N° 6028/2011, a la fecha de la solicitud de acceso a la información presentada por el Sr. Triantafilo Puente, así como también al momento de denegarse su solicitud, se encontraban pendientes de resolver recursos administrativos de reposición y apelación en subsidio presentados por los inculpados. Alguno de dichos recursos fueron interpuestos por el propio solicitante, quien tiene la calidad de inculpado en dicho sumario. Por lo señalado, resulta aplicable el artículo 137, inciso segundo de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

b) El solicitante tiene la condición de inculpado en dicho sumario, por lo que no corresponde que vía solicitud de información, intente hacerse de aquella información que es de su interés, puesto que ella puede solicitarla al Fiscal que instruye el sumario. En todo caso, el Sr. Triantafilo conoce plenamente el contenido del proceso sumarial, toda vez que de éste se ha valido para fundamentar los recursos que dedujo en contra de la medida disciplinaria aplicada. Si el solicitante pretende obtener del Fiscal copia de todo el sumario administrativo, debe solicitárselo directamente, mediante la respectiva presentación, previo pago del costo de reproducción que este tenga.

c) Sin perjuicio de lo anterior, para el improbable evento el Consejo para la Transparencia considere que es procedente acceder a la entrega de la información solicitada, por la vía del presente reclamo, debe tener se presente que mediante Oficio Ordinario N° 13, de 14 de diciembre de 2012, el Fiscal Administrativo del sumario N° 6028/2011, remitió a la Sra. Javiera López Ossandón, Fiscal Adjunto del Ministerio Público de Arica, compulsas del expediente íntegro, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad de los funcionarios del Servicio que intervinieron en el proceso de exportación de mercancías, en que se detectaron 82 kilos de cocaína en el puerto de Mersin, Turquía. Por lo expuesto, invoca la causal de reserva contemplada en el N° 1 letra a) del artículo 21, de la Ley de Transparencia.

d) Por Resolución Exenta N° 1.236, de 1° de febrero de 2013, el Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, resolvió aplicar medidas disciplinarias a 3 funcionarios que allí se indican, una de las cuales afectó al solicitante de información. Luego, en contra de esa resolución que aplicó esas medidas, los 3 inculpados- incluido el solicitante de acceso- dedujeron recursos de reposición con apelación en subsidio, además de recursos de nulidad de todo lo obrado, en febrero y marzo del presente año, según el caso, El 23 de mayo de 2013, el Director Nacional, mediante Resolución Exenta N° 5.207, decidió negar lugar a los recursos anteriormente mencionados. Cabe hacer presente que esta última Resolución Exenta fue dictada con posterioridad a aquella resolución por medio de la cual se denegó la entrega de la información requerida por el Sr. Triantafilo.

e) A través de Oficio N° 13, de 14 de diciembre de 2012 el Fiscal Administrativo remitió a la Fiscal Adjunto de Arica doña Javiera López Ossandón, las compulsas del expediente íntegro del sumario administrativo. Acompaña a sus descargos una copia de dicho oficio.

f) En cuanto al estado actual de tramitación del sumario administrativo, se encuentra pendiente la remisión del expediente a la Contraloría General de la República para su toma de razón, por lo que éste no se encontraría totalmente tramitado.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo electrónico de 23 de julio de 2013, la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo solicitó al Servicio Nacional de Aduanas que remitiese, para mejor resolver, una copia del Informe N° 08, aludido por el solicitante de acceso en la letra b) de su solicitud. A través de correo electrónico de la misma fecha, el abogado Javier Uribe Martínez remitió copia del documento solicitado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que conforme al tenor de la solicitud y a lo señalado expresamente por el reclamante en su amparo, las letras a) y b) del requerimiento de información, se dirigen a que el fiscal del sumario administrativo informe al requirente, por una parte, los antecedentes que este tuvo en vista para remitir copia íntegra de un sumario administrativo a la Fiscalía del Ministerio Público de Arica, el 14 de diciembre de 2012, según consta de Oficio conductor N° 13; y por otro, que el mismo fiscal señale si denunció o no al Ministerio Público los hechos que aparecen en el Informe N° 08 del sumario administrativo. En consecuencia, a diferencia de lo razonado por la reclamada, las solicitudes no se encuentran encaminadas a obtener copias del expediente sumario, las que el propio solicitante ha señalado tener a su disposición, y tampoco copia de aquellos antecedentes agregados al expediente con posterioridad a la notificación de la resolución que aplicó determinadas sanciones administrativas a ciertos funcionarios de Aduanas, entre ellos el Sr. Triantafilo, que dieron lugar a ulteriores recursos administrativos, todos ellas generadas con posterioridad al 14 de diciembre de 2012, fecha en que se remitieron las copias señaladas al Ministerio Público. Por lo dicho, este Consejo no se pronunciará acerca de las causales de secreto o reserva alegadas por la reclamada, y de otras alegaciones formales planteadas por el órgano, por resultar inoficioso en relación a la solicitud de acceso en análisis, en los términos ya señalados.

2) Que el artículo 61 del Estatuto Administrativo, que regula las obligaciones de los funcionarios públicos, dispone en su literal k), en lo pertinente, que todo funcionario público debe “denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos”. A su turno, el inciso final del artículo 139 del mismo Estatuto, que regula el contenido del dictamen o vista fiscal, previene “Cuando los hechos investigados y acreditados en el sumario pudieren importar la perpetración de delitos previstos en las leyes vigentes, el dictamen deberá contener, además, la petición de que se remitan los antecedentes a la justicia ordinaria, sin perjuicio de la denuncia que de los delitos debió hacerse en la oportunidad debida”.

3) Que respecto del literal a) de la solicitud, de acuerdo a los antecedentes aportados por el órgano reclamado y por el propio reclamante, el fiscal del sumario administrativo ordenado instruir por Resolución Exenta N° 6.028 de 2011, habría concluido en su vista fiscal, que debía remitir copia del expediente disciplinario a la fiscalía del Ministerio de Público de Arica, lo cual se verificó a través de Oficio N° 13, de 14 de diciembre de 2012. Revisada la copia de dicho Oficio, el cual fue remitido a este Consejo por la Dirección Nacional de Aduanas con ocasión de sus descargos, se concluye que el fiscal del sumario estimó que los hechos investigados en dicho procedimiento, descritos en la letra c) del numeral 4) de lo expositivo, podrían constituir la perpetración de algún delito previsto en la ley penal vigente. Por lo señalado, la decisión del fiscal instructor del sumario, de remitir copia íntegra de ese expediente al Ministerio Público, se enmarca dentro de las obligaciones funcionarias descritas en el considerando precedente, constituyendo esa diligencia una actuación propia del ejercicio de atribuciones específicas que todo fiscal administrativo debe ejercer, de conformidad con la normativa ya transcrita, lo que no importa la presunción de delito alguno, sino solo el cumplimiento del deber funcionario antes descrito.

4) Que de existir tales fundamentos, el único soporte que pudo contener referencia a los mismos debiesen encontrarse contenidos en el referido oficio conductor, que ya se encuentra en poder del solicitante. En todo caso, cabe señalar que la ley no exige al Fiscal consignar los fundamentos específicos que permitan presumir el delito señalado en la solicitud de acceso.

5) Que por el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia, el acceso a la información comprende “el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga”. Por su parte, el artículo 5°, inciso segundo, del mismo cuerpo legal, establece que es pública “toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”. En consecuencia, según ha venido sosteniendo reiteradamente este Consejo, a partir de su decisión recaída en el amparo Rol C533-09, la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse “en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos” o en un “formato o soporte” determinado, según reza el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia.

6) Que lo expuesto permite concluir que la solicitud en análisis no constituye un requerimiento de acceso de información al alero de la Ley de Transparencia, puesto que a través de ella no se solicitó la entrega de determinada información que constara en alguno de los soportes antes indicados, sino que se consultó o requirió un pronunciamiento o informe dirigido al fiscal instructor de un sumario administrativo, acerca de la decisión que este tuvo para remitir copia íntegra de un determinado sumario al Ministerio Público de Arica, en circunstancias que el Sr. Triantafilo, habiendo revisado las copias del sumario, considera que no debió remitirse a esa fiscalía. Lo anterior, en opinión de este Consejo, constituye el ejercicio legítimo del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y no del derecho de acceso a la información pública. Por lo tanto, siendo imposible para este Consejo requerir la entrega de información que no obra en poder del órgano requerido en un formato o soporte determinado, conforme a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, corresponde rechazar el amparo en esta parte.

7) Que en cuanto a la letra b) de la solicitud, lo solicitado es un pronunciamiento del fiscal instructor de un sumario administrativo, acerca de la eventual denuncia que este habría efectuado a la fiscalía del Ministerio Público, de ciertos hechos que se encontrarían descritos en el Informe N° 08 del sumario administrativo, aludido por el requirente en su solicitud. Revisado el citado Informe N° 08, el cual fue remitido por la reclamada a este Consejo según da cuenta el numeral 5) de lo expositivo, se advierte que este es un documento incorporado al sumario, que fue generado y presentado por el propio solicitante de acceso, de 17 de octubre de 2011, dirigido al Director Regional de Aduana de Arica, y que da cuenta en su punto 3°, de ciertos hechos que a juicio del Sr. Triantafilo, se encontrarían en relación con el caso que dio origen al sumario administrativo consultado. Por lo anterior, la solicitud ha de entenderse dirigida a saber si el fiscal del sumario, en cumplimiento de su obligación funcionaria consagrada en el artículo 61 letra k) del Estatuto Administrativo, en conocimiento de la presentación analizada, puso o no tales antecedentes a disposición de la fiscalía del Ministerio Público.

8) Que conforme lo ha resuelto este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C539-10, en virtud de la Ley de Transparencia resulta amparable el derecho de acceso a la información de aquellas solicitudes que implican informar, afirmativa o negativamente, “si se realizó o no una acción que habría acaecido en el pasado”. El requerimiento en análisis se traduce en que el Servicio Nacional de Aduanas informe si el fiscal del sumario denunció o no los hechos señalados por el solicitante en el Informe N° 08, lo que conforme al criterio antes citado puede ser contestado por el órgano requerido respondiendo afirmativa o negativamente, según sea el caso, cuestión que no ha acontecido.

9) Que en consecuencia, no habiendo la reclamada contestado derechamente el requerimiento de información, en los términos señalados, se acogerá el amparo en esta parte y se requerirá al Servicio Nacional de Aduanas que informe al solicitante si el fiscal del sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N° 6.028 de 2011, denunció o no a la fiscalía del Ministerio Público, los hechos señalados en el punto 3° del Informe N° 08, citado por el solicitante en la letra b) de su requerimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Jorge Triantafilo Puente, en contra del Servicio Nacional de Aduanas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional de Aduanas que:

a) Informe al solicitante si el fiscal del sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N° 6.028 de 2011, denunció o no a la fiscalía del Ministerio Público, los hechos señalados en el punto 3° del Informe N° 08, citado por el solicitante en la letra b) de su requerimiento.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 3 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Jorge Triantafilo Puente y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Presidente del Consejo Directivo don Jorge Jaraquemada Robledo no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.