logo
 

Ricardo Loyola Loyola con MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ Rol: C789-13

Consejo para la Transparencia, 09/08/2013

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Quilpué fundado en la falta de respuesta a su solicitud sobre a) “Copia del decreto, oficio, orden, informe, sesión de concejo o lo que exista respecto a la demolición del arco que atravesaba la vía férrea y que unía las calles Condell Sur y Norte cerca de la Estación”. b) “También, si existe, el decreto, orden, oficio informe, sesión de concejo o lo que exista respecto a la demolición de la estación de trenes”. c) “El decreto, orden, oficio informe, sesión de concejo o lo que exista respecto a la demolición de la estación de trenes y la torre del guardagujas o de control de cambios de la vía”. El Consejo señaló que se acogerá el amparo y se requerirá a la Municipalidad de Quilpué, en el evento que no haya sido necesario permiso municipal para la demolición por encontrarse en alguna de las situaciones descritas en el artículo 5.1.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que lo señale expresamente al reclamante, o en caso contrario, por tratarse de una empresa autónoma del Estado, entregue al solicitante el permiso correspondiente o, en caso de no existir tal información, lo señale expresamente


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Vivienda
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C789-13

Entidad pública: Municipalidad de Quilpué

Requirente: Ricardo Loyola Loyola

Ingreso Consejo: 31.05.2013

En sesión ordinaria Nº 457 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C789-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L.Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de abril de 2013, don Ricardo Loyola Loyola solicitó a la Municipalidad de Quilpué la entrega de la siguiente información:

a) “Copia del decreto, oficio, orden, informe, sesión de concejo o lo que exista respecto a la demolición del arco que atravesaba la vía férrea y que unía las calles Condell Sur y Norte cerca de la Estación”.

b) “También, si existe, el decreto, orden, oficio informe, sesión de concejo o lo que exista respecto a la demolición de la estación de trenes”.

c) “El decreto, orden, oficio informe, sesión de concejo o lo que exista respecto a la demolición de la estación de trenes y la torre del guardagujas o de control de cambios de la vía”.

Además, acompañó correo electrónico de Transparencia Municipal del organismo reclamado, enviado el 16 de abril de 2013, que da cuenta del recibo de la solicitud.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 23 de mayo de 2013 don Ricardo Loyola Loyola dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Quilpué fundado en la falta de respuesta a su solicitud. Dicha presentación fue realizada ante la Gobernación Provincial de Marga Marga y fue ingresada a este Consejo el 31 de mayo del año en curso.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y, mediante el Oficio N° 2.274, de 7 de junio de 2013, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilpué, solicitándole que, al formular sus descargos, indicara los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan sus afirmaciones y que acompañara todos los antecedentes y medios de prueba de que dispusiere. Además, se le requirió: (1°) indicar las razones por las cuales la solicitud de información de la especie no habría sido respondida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acreditar esa circunstancia, acompañando copia de dicha respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso segundo, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; y (3°) acompañar copia de la solicitud de información presentada por el reclamante. En atención a que dicha autoridad no evacuó el traslado dentro del plazo legal, este Consejo, por medio de correo electrónico de 10 de julio recién pasado, le concedió un plazo de carácter extraordinario de tres días hábiles a partir de la fecha de su envío, para dar respuesta al requerimiento de esta Corporación.

Mediante el Ordinario N° 374, de 8 de julio de 2013, ingresado el 10 del mismo mes y año a este Consejo, el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilpué evacuó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) Acompañó copia del Oficio N° 197, de 21 de junio de 2013, del Director de Obras Municipales de Quilpué dirigido a la funcionaria encargada de la Oficina de Transparencia, “mediante el cual se da respuesta a la presentación del recurrente”.

b) En dicho oficio, el Director de Obras Municipales señaló que no se recibió en dicha Unidad el correo electrónico del Sr. Loyola, e informó lo siguiente:

i. La demolición del edificio de la antigua Estación Quilpué y de su caseta de movilización, se realizaron aproximadamente en los años 2003 y 2007 respectivamente, y fueron parte de una obra ejecutada por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso (SERVIU), correspondiente al Mejoramiento del Troncal Central. Agregó que esa Dirección no cuenta con los antecedentes del caso, los que deberán requerirse al SERVIU.

ii. La pasarela en arco que comunicaba las calles Condell Norte con Condell Sur, se encontraba ubicada en un terreno de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, administrada por Merval S.A. Respecto de su demolición, realizada hace unos meses atrás, no cuenta con antecedentes, ya que dicha obra no requería de un permiso municipal, motivo por el cual esa información deberá solicitarse a la mencionada empresa.

4) GESTIÓN OFICIOSA: La Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo, mediante correo electrónico de 31 de julio de 2013, se comunicó con la Municipalidad de Quilpué, solicitándole copia de la solicitud de acceso presentada por el Sr. Loyola, de la respuesta remitida al recurrente y los documentos que acrediten la fecha y entrega efectiva al solicitante. El 5 de agosto de 2013, mediante correo electrónico, la funcionaria encargada de la Oficina de Transparencia de la Municipalidad de Quilpué remitió a este Consejo la siguiente información:

a) La solicitud de información del requirente, de 16 de abril de 2013, en virtud de la cual solicitó “…copia del decreto, oficio, orden, informe, sesión de concejo o lo que exista respecto a la demolición del arco que atravesaba al vía férrea y que unía las calles Condell Sur y Norte cerca de la Estación. También si existe, el decreto, orden, oficio informe, sesión de concejo o lo que exista respecto a la demolición de la estación de trenes y la torre del guardagujas o de control de cambios de la vía”.

b) El correo electrónico de 1° de agosto de 2013 en virtud del cual la funcionaria encargada de la Oficina de Transparencia de la Municipalidad de Quilpué dio respuesta a la solicitud de acceso a la información al solicitante, adjuntando copia del Oficio N° 197, de 21 de junio de 2013, del Director de Obras Municipales de Quilpué, descrito en el numeral 3° de la parte expositiva de la presente decisión.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, no obstante no haber acompañado el reclamante copia de su solicitud de información, en atención a que la efectuó de forma electrónica en la página web del organismo reclamado, se advierte, tanto del comprobante acompañado por el solicitante, como de la copia de la solicitud electrónica remitida a este Consejo por el organismo reclamado con ocasión de la gestión oficiosa descrita en el numeral 4° de la presente decisión, que la misma fue ingresada el 16 de abril de 2013.

2) Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, la autoridad o jefatura del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la misma. En la especie, la solicitud de información que motivó el presente amparo ingresó, como se dijo, el 16 de abril de 2013, de modo que el plazo para pronunciarse sobre dicho requerimiento expiró el 15 de mayo del año en curso, sin que éste fuera respondido dentro de ese término legal, lo cual ocurrió tan sólo el 1° de agosto recién pasado. En consecuencia, se ha configurado el fundamento del presente amparo, cual es, la ausencia de respuesta dentro de plazo legal. Lo anterior constituye una infracción al deber legal descrito en el citado artículo 14, así como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se representará a la Municipalidad de Quilpué la referida infracción en lo resolutivo del presente acuerdo.

3) Que, cabe tener a la vista que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 116, inciso primero, del Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprobó la Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, “La construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General”. Agrega el inciso segundo de la citada disposición que “Deberán cumplir con esta obligación las urbanizaciones y construcciones fiscales, semifiscales, de corporaciones o empresas autónomas del Estado y de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile”. Por último, el inciso tercero prevé que “No requerirán permiso las obras de infraestructura que ejecute el Estado, ni las obras urbanas o rurales de carácter ligero o provisorio, en la forma que determine la Ordenanza General”.

4) Que, además, cabe precisar el alcance del término “guardagujas” a que alude el solicitante en el literal c) de su solicitud. Dicho concepto es definido por la Real Academia Española como el “empleado que tiene a su cargo el manejo de las agujas en los cambios de vía de los ferrocarriles, para que cada tren marche por la vía que le corresponde”. Al respecto, este Consejo ha entendido que el organismo reclamado, al aludir en sus descargos a la “caseta de movilización”, se refiere a la mencionada torre de guardagujas.

5) Que, respecto del literal a) de la solicitud, el organismo reclamado con ocasión de los descargos consignados en el numeral 3° de la parte expositiva de la presente decisión, indicó que la pasarela en arco a la que alude el solicitante se ubicaba en un terreno de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, administrada por MERVAL S.A., y que su demolición no requería permiso municipal.

6) Que se debe tener presente, tal como lo ha precisado la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 46.336, de 2009, en lo referente al inciso 2° del artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1993, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, que tal empresa “…podrá realizar directamente o por medio de contratos u otorgamiento de concesiones o mediante la constitución, con personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, de sociedades anónimas que, para todos los efectos legales posteriores a su constitución, se regirán por las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas…”. En consecuencia con ello, cabe hacer presente que de conformidad a la escritura pública de constitución de la Empresa “Metro Regional de Valparaíso S.A.” (MERVAL S.A.) esta última constituye una filial de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

7) Que conforme preceptúa el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las obras de urbanas o rurales de carácter ligero o provisorio, en la forma que determine la Ordenanza General, no requerirán permiso. Al respecto, el Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en su artículo 5.1.2. señala que “El permiso no será necesario cuando se trate de: 1) Obras de carácter no estructural al interior de una vivienda; 2) Elementos exteriores sobrepuestos que no requieran cimientos; 3) Cierros interiores; 4) Obras de mantención; 5) Instalaciones interiores adicionales a las reglamentarias requeridas, sin perjuicio del cumplimiento de las normas técnicas que en cada caso correspondan, tales como: instalaciones de computación, telefonía, música, iluminación decorativa, aire acondicionado, alarmas, controles de video, y otras; 6) Piscinas privadas a más de 1,5 m del deslindes con predios vecinos; 7) Instalación de antenas de telecomunicaciones. En este caso el interesado deberá presentar a la Dirección de Obras Municipales, con una antelación de al menos 15 días, un aviso de instalación (…)”. Por otra parte, en concordancia con el inciso segundo del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las empresas autónomas del Estado deben cumplir con la obligación de requerir permiso a la respectiva Dirección de Obras Municipales en el caso de demolición de construcciones.

8) Que de la normativa reseñada en el considerando precedente se colige que, respecto de la demolición del arco por el cual consultó el solicitante, ésta puede circunscribirse a alguna de estas hipótesis. Por tales motivos, se acogerá el amparo en este punto, y se requerirá a la Municipalidad de Quilpué, en el evento que no haya sido necesario permiso municipal para la demolición por encontrarse en alguna de las situaciones descritas en el artículo 5.1.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que lo señale expresamente al reclamante, o en caso contrario, por tratarse de una empresa autónoma del Estado, entregue al solicitante el permiso correspondiente o, en caso de no existir tal información, lo señale expresamente al requirente conforme a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

9) Que respecto de los literales b) y c) de la solicitud, el organismo reclamado expone en sus descargos que la demolición tanto de la estación de trenes de Quilpué como de la torre del guardagujas habría sido ejecutada por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso. Siendo ello así, y de acuerdo a la normativa reseñada en el considerando 3° de la presente decisión, es posible colegir que la demolición de las mencionadas obras fue ejecutada por el Estado, de modo tal que no requiere permiso municipal. Lo anterior resulta concordante con la declaración del organismo reclamado en orden a no tener la información requerida respecto de ambos literales.

10) Que, sin embargo, el organismo reclamado, al recibir el requerimiento de la especie, debió remitirlo al organismo con competencia en la materia, en este caso, el aludido SERVIU, de conformidad a lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, según el cual, en aquellos casos en que el órgano de la Administración requerido no posea los documentos solicitados, éste deberá enviar de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, informando de ello al peticionario. Por lo tanto, el actuar del organismo reclamado, consistente en denegar la información por ser de competencia de otro organismo, contraviene el referido artículo 13 y el principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia y el numeral 2.1 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, situación que se representará a la Municipalidad de Quilpué en lo resolutivo de la presente decisión. Sin perjuicio de lo anterior, este Consejo procederá a acoger el presente amparo en este punto, y derivará la solicitud del reclamante al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Ricardo Loyola Loyola, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilpué lo siguiente:

a) En el evento que no haya sido necesario permiso municipal para la demolición del arco a que alude el literal a) de la solicitud de información, por encontrarse en alguna de las situaciones descritas en el artículo 5.1.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, lo señale expresamente al reclamante. En caso que no se encuentre en tal hipótesis, por tratarse de una empresa autónoma del Estado, entregue al solicitante el permiso correspondiente a la demolición. En caso de no existir tal información, señalarlo expresamente al requirente conforme a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.

b) Cumpla con tal requerimiento dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.

III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilpué lo siguiente:

a) No haber efectuado la derivación a Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso, en los términos señalados en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y el numeral 2.1 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, y el principio de facilitación consagrado en la letra f) del artículo 11 del mismo cuerpo legal, razón por la cual deberá adoptar las medidas administrativas necesarias a fin de evitar que en el futuro se reitere esta situación.

b) La infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido al solicitante dentro del plazo previsto en el referido artículo 14. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

IV. Encomendar al Director Jurídico o al Jefe de la Unidad de Análisis de Fondo de este Consejo, indistintamente, derivar la solicitud de información del Sr. Ricardo Loyola Loyola al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso, a fin que dicho organismo se pronuncie respecto de ella, en el ámbito de sus competencias, dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

V. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ricardo Loyola Loyola y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quilpué.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.