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Javier Gómez González con DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C799-13

Consejo para la Transparencia, 23/08/2013

Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Obras Públicas (OOPP), fundado en que se le denegó el acceso a la información solicitada sobre a) “Efectividad de haber pasado por la autopista Vespucio Norte el vehículo placa patente YB3686 el día 28 de noviembre de 2007. b) Hora que habría pasado el vehículo Chevrolet placa patente YB3686 desde la ruta 68 hacia Colina, y hora que pasó a su regreso, viceversa. Indicando si es posible, ubicación del portal del telepeaje, por el que pasó. c) Se informe quién, cuándo y a través de qué vía compró el pase diario presuntamente utilizado por el vehículo placa patente YB3686, el día 28 de noviembre de 2007. d) Se remitan todos los antecedentes que justifiquen la compra del pase diario, y su posterior utilización. El Consejo rechazó el amparo ya que señaló que no advierte un interés público prevalente en el conocimiento de la información relativa a la persona que adquirió pases diarios, fechas y justificación de su uso y los pases registrados por un determinado vehículo en una autopista, dentro de cierto periodo, por lo que no se configura un interés público preponderante que permita vencer la reserva de dichos datos personales, que justifique dar a conocer la información solicitada. (Con voto concurrente)


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C799-13

Entidad pública: Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas

Requirente: Javier Gómez González

Ingreso Consejo: 04.06.2013

En sesión ordinaria Nº 460 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de Agosto de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C799-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de mayo de 2013, Javier Gómez González presentó al Ministerio de Obras Públicas, en adelante también MOP, dos solicitudes de idéntico tenor. A través de tales requerimientos solicitó la siguiente información:

a) “Efectividad de haber pasado por la autopista Vespucio Norte el vehículo placa patente YB3686 el día 28 de noviembre de 2007.

b) Hora que habría pasado el vehículo Chevrolet placa patente YB3686 desde la ruta 68 hacia Colina, y hora que pasó a su regreso, viceversa. Indicando si es posible, ubicación del portal del telepeaje, por el que pasó.

c) Se informe quién, cuándo y a través de qué vía compró el pase diario presuntamente utilizado por el vehículo placa patente YB3686, el día 28 de noviembre de 2007.

d) Se remitan todos los antecedentes que justifiquen la compra del pase diario, y su posterior utilización.

e) Se remitan fotos y videos, que den cuenta del paso por el vehículo placa patente YB3686 por la autopista Vespucio Norte, tanto de ida como de regreso, es decir, ruta 68 Colina y Colina a Ruta 68.

f) Pases registrados por el mismo vehículo entre 1° de mayo del año 2007 y 30 de noviembre de 2007, por la misma autopista."

El solicitante ingresó ambas solicitudes a través del sistema de ingreso de solicitudes en línea del Ministerio de Obras Públicas http://oirs.mop.gov.cl/Vista/Ingreso/Ingreso.aspx.

2) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante correos electrónicos de 13 y 22 de mayo de 2013, la Dirección General de Obras Públicas requirió al solicitante subsanar su solicitud, en los siguientes términos: “de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Transparencia y lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, queremos solicitar nos acompañe copia del certificado de anotaciones vigentes del automóvil en comento. Lo anterior por constituir un antecedente necesario para la adecuada resolución del presente procedimiento administrativo”. La Dirección General de Obras Públicas hizo presente al solicitante que cuenta con un plazo de 5 días hábiles para presentar el certificado requerido, luego de los cuales “se le tendrá por desistido de la solicitud”.

3) AMPARO: El 4 de junio de 2013, Javier Gómez González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Obras Públicas (OOPP), fundado en que se le denegó el acceso a la información solicitada al exigírsele un requisito no contemplado en artículo 12 de la Ley de Transparencia. Agregó que “el ente recurrido, incurre en la infracción de no entregar la información pública negando arbitrariamente la entrega expedita y oportuna, invocando una causal diversa a las señaladas por la ley, por lo cual su proceder es arbitrario y caprichoso, es decir, antijurídico”.

El solicitante señaló como medio de notificación el correo electrónico señalado en su amparo, para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo y demás efectos legales.

4) NOTIFICA RECLAMO AL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 2.359, de 13 de junio de 2013, trasladó el presente amparo a la Sra. Directora General de Obras Públicas. En dicho Oficio se hizo presente que, si bien el reclamante dedujo el amparo en contra de la Subsecretaría de Obras Públicas, la respuesta fue otorgada por la Coordinación de Concesiones de OOPP, Unidad integrante de la Dirección General, por consiguiente, el Consejo tuvo por reconducido el amparo en contra de este último órgano. Además, se solicitó especialmente que al formular sus descargos se refiriese, específicamente, a: (1 °) las causales de hecho, secreto o reserva legal, que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (2°) remitiese copia de las dos presentaciones realizadas por el reclamante el 10 de mayo pasado.

5) SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EVACUAR DESCARGOS Y OBSERVACIONES: Mediante Ordinario N° 792, de 2 de julio de 2013, la Sra. Directora General de Obras Públicas solicitó a este Consejo una prórroga del plazo para evacuar descargos, con el fin de recabar antecedentes necesarios para formularlos. A través de Oficio N° 2.779, de 5 de julio de 2013, el Jefe de la Unidad de Análisis de Admisibilidad y SARC de este Consejo, comunicó al órgano reclamado que el Consejo Directivo acordó conceder un plazo extraordinario hasta el 10 de julio de 2013, a fin de que presentase los descargos y observaciones correspondientes.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Por medio de Ordinario N° 859, de 17 de julio de 2013, la Directora General de Obras Públicas presentó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) Analizada la solicitud, se estableció que versaba sobre información comercial de un vehículo determinado y que para poder dar curso al requerimiento, resultaba necesario solicitar un antecedente adicional de los ya aportados por el Sr. Gómez. Por ello, en ambas solicitudes, (13 y 22 de mayo del presente año), se le requirió que subsanara su solicitud, por cuanto era imprescindible para poder dar curso a la misma, que aportara el certificado de anotaciones vigentes del vehículo por el que consultaba, dado que este contiene información relevante e indispensable para poder evaluar y tramitar el requerimiento. En ambas solicitudes de subsanación se le hizo presente al Sr. Gómez que contaba con un plazo de 5 días hábiles para realizar dicha gestión, luego de los cuales se le tendría por desistido. Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante no aportó el antecedente solicitado, cerrándose automáticamente ambas solicitudes al cabo del plazo señalado, tal como se le había advertido.

b) El tenor literal de ambas solicitudes es idéntico. En general se refieren a información sobre posibles tránsitos de un determinado vehículo en una autopista concesionada. A este respecto, corresponde al Ministerio de Obras Públicas, según lo dispone el artículo 29°, inciso 2° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, la inspección y vigilancia del cumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones, tanto en la fase de construcción como en la de explotación de la obra.

c) En virtud de lo anterior, la ciudadanía, ante un reclamo, consulta, sugerencia o felicitación, se dirige a la Oficina de Información y Atención Ciudadana de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, desde donde se atiende su requerimiento y se entrega un pronunciamiento técnico, oportuno y sobre todo completo. Por ello, en los casos que corresponde, se solicita como un antecedente de carácter indispensable para poder someter a trámite los respectivos requerimientos, el certificado de anotaciones vigentes que emite el Servicio de Registro Civil e Identificación. Lo anterior se justifica puesto que dicho documento contiene información cierta y precisa respecto a la identificación del automóvil y su respectivo propietario, además de la historia misma del vehículo, por lo que es información indispensable para el experto que debe pronunciarse sobre este tipo de requerimientos.

d) Las solicitudes que dicen relación con los tránsitos por las distintas Autopistas Concesionadas, son clasificados por los ciudadanos, generalmente como "reclamos" o "consultas", debido a que lo que se solicita, no sería información pública, sino que una solicitud de petición dirigida al Órgano Público que debe fiscalizar el buen funcionamiento de la Obra Pública Concesionada, para que, dentro de la esfera de su competencia, se pronuncie sobre una determinada situación que a ojos del ciudadano, puede ser considerada como una actuación equivocada de la Sociedad Concesionaria o simplemente resuelva alguna duda respecto al buen funcionamiento de estas.

e) El hecho que el requirente haya marcado, al momento de hacer el requerimiento vía web, la opción de "solicitud de información pública", no la transforma por ese solo hecho en un requerimiento de este tipo. Lo anterior por cuánto en ninguna parte de su requerimiento se hace referencia a la Ley de Transparencia, no la menciona ni se refiere a ella, por lo que difícilmente se puede considerar un requerimiento amparado por la mencionada Ley, por lo que por este solo hecho se debe declarar rechazado por completo el presente Amparo.

f) Cita los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia y concluye que en este caso en particular, lo que habría realizado el Sr. Gómez no sería una petición de información pública, sino que habría ejercido su derecho de petición.

g) De acuerdo al artículo 31° de la Ley 19.880, se le solicitó al Sr. Gómez que subsanara su petición, para que acompañara copia del certificado ya mencionado, so pena de tenerlo por desistido de su requerimiento. Dicha gestión no fue realizada por el solicitante. Lo anterior permite concluir que ese servicio no ha denegado el acceso a la información arbitrariamente, sino que el procedimiento de acceso a la información concluyó porque el requirente no cumplió en tiempo y forma con la solicitud de subsanación.

h) Resulta de suma relevancia reiterar que, al contrario de lo que sostiene el solicitante, no se ha denegado el acceso a la información, por cuanto no se ha emitido pronunciamiento alguno que diga relación con denegar la entrega de la información. De acuerdo al artículo 31° de la Ley 19.880 y en uso a la facultad que le entrega dicha norma, se solicitó un antecedente que no implica ninguna arbitrariedad ni discriminación, es un documento que se les solicita a todos los ciudadanos que al consultar por la situación comercial de un vehículo no lo acompañan ni se identifican como propietario.

i) Además, no resulta procedente acoger a tramitación el presente Amparo, por cuanto la Ley de Transparencia en su artículo 24°, establece las causales en virtud a las cuales, se puede ejercer el derecho de recurrir ante este Consejo: "Vencido el plazo previsto en el artículo 14° o denegada la petición", ambas situaciones fácticas no son propias de este caso por cuanto, ni se ha denegado el acceso a la información ni se ha dado respuesta extemporánea, por lo que sin más debe declararse rechazado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que primeramente, el órgano reclamado en sus descargos, alegó que el requerimiento que dio origen al presente amparo no constituiría una solicitud de acceso a la información. Esto atendido a que el solicitante no mencionó ni se refirió en su solicitud a la Ley de Transparencia. Al respecto cabe hacer presente que los artículos 12 de la Ley de Transparencia y 28 de su Reglamento, establecen los requisitos que debe reunir toda solicitud de acceso a la información. Tales normas no exigen que los requerimientos de información señalen expresamente que ellos se formulan en virtud de lo dispuesto en dichos cuerpos normativos, por lo que, a diferencia de lo señalado por la reclamada, tal alegación debe ser desestimada. Asimismo, consta que el solicitante ingresó la solicitud por el canal o vía específicamente establecido por el órgano para el tratamiento de estas solicitudes y que la reclamada tramitó el requerimiento del solicitante como una solicitud de acceso a la información regida por la Ley N° 20.285. Refuerza lo anterior el hecho que el propio órgano haya requerido al solicitante “subsanar” su solicitud, citando expresamente el artículo 12 de la Ley de Transparencia. Habiendo el peticionario optado especialmente por la citada Ley, entendiéndolo así la Dirección General de OOPP al momento de tramitar internamente la presentación del solicitante, no cabe a dicho organismo desconocer el carácter de solicitud de acceso en esta sede, debiendo por tanto desestimarse la alegación en análisis.

2) Que, además, la reclamada señaló que el requerimiento del Sr. Gómez constituiría una solicitud de pronunciamiento, en ejercicio del derecho constitucional de petición. Sobre este punto cabe hacer presente a la Dirección General de Obras Públicas que, en concordancia con los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, citados por el propio órgano en sus descargos, el derecho de acceso a la información comprende los actos o resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación. Así también se extiende, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º de la Ley de Transparencia a “…la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento…”. En tal sentido se ha expresado este Consejo, por ejemplo, en las decisiones Roles C1101-11, C1482-11 y C819-12. Atendido el preciso tenor de la solicitud, a diferencia de lo indicado por la reclamada, se advierte que el solicitante no ha formulado una consulta o solicitud de pronunciamiento, de aquellos que configuran el ejercicio del derecho constitucional de petición. Esto, toda vez que el solicitante requirió información que, de obrar en poder del órgano reclamado en algún formato o soporte que la contenga, constituiría en principio en información pública, salvo que a su respecto concurra alguna de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. Por lo tanto, deberá desestimarse la alegación del órgano.

3) Que en consecuencia, habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia y en la Instrucción General N° 10, de este Consejo, se concluye que la presentación efectuada por el Sr. Gómez González constituye una solicitud de información y que por tanto, resulta aplicable la Ley de Transparencia a su respecto y, en consecuencia, ha podido dar origen a la intervención de este Consejo para el amparo de tal derecho.

4) Que respecto de la subsanación requerida por el órgano reclamado al solicitante, a través de dicha actuación, el órgano reclamado requirió al Sr. Gómez que acompañará un certificado de anotaciones vigentes del vehículo cuya placa patente individualizó en su requerimiento. Fundó esa solicitud en que dicho antecedente era “imprescindible para poder dar curso a la misma”, dado que dicho certificado “contiene información relevante e indispensable para poder evaluar y tramitar el requerimiento”. Sobre esta materia, cabe señalar que, según lo indicado, el artículo 12 de la Ley de Transparencia establece los requisitos que debe contener la solicitud de acceso a la información. Sólo en el caso de que la solicitud no reúna tales requisitos, el inciso segundo de la misma norma dispone expresamente que “se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición”. En cuanto al procedimiento de subsanación, la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en su numeral 2.2., dispone que “se comunicará de inmediato al requirente de esta situación, indicándole con exactitud cuál o cuáles requisitos debe subsanar y la forma de hacerlo”.

5) Que, sobre lo anterior, consta a este Consejo que el solicitante presentó una anterior solicitud de información relativa a la misma materia y formulada en similares términos, ingresada a la propia Dirección General de Obras Públicas, la cual dio origen al amparo Rol C443-13, que fue resuelto por el Consejo Directivo de este Consejo en sesión celebrada el 17 de abril de 2013. Dicho amparo fue declarado inadmisible, atendido que esa solicitud no habría sido realizada a través del sitio electrónico disponible al efecto por parte del órgano recurrido ni, tramitada posteriormente de conformidad al procedimiento especial establecido en la referida norma. No obstante, en dicha ocasión, el requirente entre otros antecedentes, acompañó un correo electrónico de la Encargada de SIAC de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, dirigido al solicitante, por el cual se adjuntó copia de documento denominado “Respuesta a requerimiento del Sr. Javier Gómez González”, del 15 de marzo de 2013. Dicho documento, suscrito por el Inspector Fiscal, don Juan Vasconcellos Ibarra, señala, en lo pertinente que: “Según lo señalado por el usuario en su requerimiento y a los antecedentes recabados por esta Inspección Fiscal en consulta al Registro Nacional de Usuarios de Telepeaje (RNUT), efectuada el 05.03.2013, el vehículo placa patente YB3686 no figura inscrito a nombre del Sr. Gómez. Por este motivo y conforme al marco legal vigente, no es posible acoger la consulta presentada por el usuario, puesto que la información requerida sólo puede solicitarla el titular del vehículo, salvo que se cuente con un poder notarial de su propietario. Al respecto, el Art. 22 de la Ley 19.880 establece que en casos como éste el poder deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito ante notario. En este caso, dicho documento no se adjuntó al requerimiento”.

6) Que del tenor de la respuesta transcrita precedentemente, entregada por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, Unidad integrante de la Dirección General de Obras Públicas, se advierte que dicho órgano dispone, dentro sus registros, de un sistema que le permite acceder a la información de un determinado vehículo, su propietario o titular, a través del dato placa patente. Éste último dato es información que era conocida por el órgano reclamado a la fecha de la solicitud, por cuánto se encuentra contenido en el texto del requerimiento de acceso. En consecuencia, resulta forzoso concluir que la solicitud formulada por la reclamada, en orden a exigir al solicitante acompañar un certificado adicional a su solicitud, constituyó un requerimiento dilatorio, que ha dificultado o entorpecido el ejercicio del derecho de acceso a la información y una pronta respuesta a respuesta a su solicitud. En virtud de lo señalado, la subsanación instruida por el órgano no ha cumplido con lo requerido por la ley al efecto, por lo que no pudo, en consecuencia, operar la sanción de desistimiento de la solicitud, razón por la que se representará a la Dirección General de Obras Públicas haber infringido el artículo 12 de la Ley de Transparencia y, con ello, los principios de facilitación y oportunidad previstos en el artículo 11, letras f) y h).

7) Que, la reclamada no ha negado la existencia de la información solicitada, ni que éstos antecedentes obren en su poder. En efecto, de las alegaciones del órgano reclamado y especialmente de la respuesta entregada por la propia reclamada al solicitante, según consta en el considerando 5) de ésta decisión, se deprende que al requerir al solicitante el certificado de anotaciones vigentes correspondiente al vehículo cuya placa patente individualizó en su requerimiento, lo hizo en el entendido de que la información sobre la cual versa el requerimiento constituiría datos personales del titular o propietario del vehículo de que se trata, por lo que sólo podrían acceder a tales datos el propietario o bien, su representante debidamente acreditado.

8) Que por las letras a) y b) de la solicitud de información, el requirente solicitó, respectivamente, se le informase: “Efectividad de haber pasado por la autopista Vespucio Norte el vehículo placa patente YB3686 el día 28 de noviembre de 2007”; y la “Hora que habría pasado el vehículo Chevrolet placa patente YB3686 desde la ruta 68 hacia Colina, y hora que pasó a su regreso, viceversa. Indicando si es posible, ubicación del portal del telepeaje, por el que pasó”. En términos generales, el solicitante requiere información relativa al eventual tránsito o circulación de un determinado vehículo en una autopista concesionada. Dicha información incluye la confirmación de si ese vehículo, cuya patente individualiza, transitó o no por una determinada autopista en dirección a una cierta comuna la fecha señalada, horario de ese viaje, tanto de ida como de regreso y, de ser posible, el portal de telepeaje por el que pasó.

9) Que el artículo 2º, literal f), de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, define como datos personales “…los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”. De allí se sigue que la información relacionada con una placa patente de un vehículo de una persona natural identificable y, específicamente los viajes o movimientos que dicho vehículo hubiere efectuado, en tanto posibilitaría ser asociado a la persona del titular o propietario, constituye un dato personal de ésta. En efecto, visto que la patente de un vehículo permite asociar éste a su propietario registrado en el Registro de Vehículos Motorizados, la comunicación de los viajes o tránsito asociados a la placa patente de un vehículo, en definitiva, permitiría conocer información de la persona natural asociada a esa patente, específicamente acerca de los movimientos que el automóvil vinculado a la persona natural titular del vehículo, efectuó o no por una determinada ruta en una fecha específica. No obstante que dicha determinación pueda ser remota, toda vez que no necesariamente resulte coincidente el paso del vehículo por un determinado punto de una autopista concesionada con la persona del titular o propietario del mismo, este Consejo estima que el dato asociado a la patente permitiría hacer esa vinculación.

10) Que en el mismo sentido, de acuerdo a lo razonado en el considerando 4° de la decisión del amparo Rol C315-11, “al ser la Ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7° el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2° y 5° del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia”. Por lo mismo, los datos solicitados, en la medida que permitirían conocer los movimientos de una persona determinada, se enmarcan en la definición de datos personales que contempla el artículo 2º, letra f), de la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

11) Que de la respuesta entregada por la reclamada a la solicitud que generó el Amparo Rol C433-13, se desprende que la Dirección General de OOPP mantiene una base de datos denominada Registro Nacional de Usuarios de Telepeaje (RNUT). Examinado el sitio web del MOP http://www.tagchile.cl/index.php/rnut (Revisado el 12 de agosto de 2013), se indica que éste Registro “Es una base de datos centralizada, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, en el cual las Autopistas Urbanas tienen la obligación de registrar la información de los propietarios de vehículos que suscriben un Contrato de TAG. Este registro permite la Interoperabilidad del Sistema desde un punto de vista comercial, resguardando siempre la privacidad de la información de los usuarios”. Asimismo, el inciso 2° del artículo 29 del D.S. N° 900/1996, del MOP, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. N° 164/1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, dispone que “Corresponderá al Ministerio de Obras Públicas, la inspección y vigilancia del cumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones, tanto en la fase de construcción como en la de explotación de la obra”.

12) Que, de lo anterior, se colige que la información requerida se encontraría en un Registro que mantiene el MOP, para el cumplimiento de fines propios de su competencia, lo que está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 19.628, el que autoriza a los organismos públicos el tratamiento de datos personales sin autorización de su titular, en la medida que tal tratamiento sea respecto a materias de su competencia y con sujeción a las reglas dispuesta en ese mismo cuerpo legal. Por otra parte, a fin de dar respuesta a la solicitud del requirente, la reclamada tendría que comunicar tal dato a un tercero, lo cual no está dentro del ámbito definido en el artículo 20° referido, de modo que tal tratamiento de datos personales -en los términos del artículo 2°, literal o), de la Ley N° 19.628- requiere la autorización expresa de los titulares de los datos, de acuerdo a la norma prevista en el artículo 4° de la Ley N° 19.628. Tales autorizaciones no ocurrieron en la especie, razón por la cual, resulta aplicable la norma de secreto prevista en el artículo 7° del texto legal aludido, lo que configura la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia.

13) Que si bien este Consejo, en la decisión de amparo Rol C270-12, junto con reconocer el carácter de dato personal de las patentes de vehículos de personas naturales, acogió se informara el resultado de la revisión técnica de un conjunto de vehículos, asociándolos a su patente, fundado particularmente en el interés público comprometido en la revisión del cumplimiento de la normativa del parque automotriz nacional, específicamente lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley del Tránsito, el que dispone que las Municipalidades “no otorgarán permisos de circulación a ningún vehículo motorizado que no tenga vigente la revisión técnica o un certificado de homologación, según lo determine el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones”. En el presente caso, no mediando en la comunicación de la información solicitada la verificación de una exigencia legal como la antes indicada, no es dable justificar el acceso a los datos solicitados en los términos antes citados. En consecuencia, en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia, este Consejo rechazará el amparo en esta parte.

14) Que por el literal e) de la solicitud, el solicitante requirió: “Se remitan fotos y videos, que den cuenta del paso por el vehículo placa patente YB3686 por la autopista Vespucio Norte, tanto de ida como de regreso, es decir, ruta 68 Colina y Colina a Ruta 68”. Al respecto, resulta plenamente aplicable la definición de datos personales contenida en el artículo 2º, letra f), de la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Por ello, siguiendo la línea argumentativa planteada en relación a las dos solicitudes previamente analizadas, el requerimiento versa sobre un dato relativo a una persona identificada. No obstante, a diferencia de las solicitudes anteriores, se advierte que el conocimiento de la fotografía o video del vehículo identificado por el requirente, puede dar cuenta cierta y no remota, del hecho de que una persona identificada haya transitado por una determinada autopista, un día y a una hora específica. Por lo tanto, y siguiendo el criterio antes expuesto, en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia deberá rechazarse el amparo también en esta parte.

15) Que a igual conclusión deberá arribarse respecto de las solicitudes de los literales c), d) y f), por las cuáles el solicitante requirió, respectivamente: “Se informe quien, cuando y a través de qué vía compró el pase diario presuntamente utilizado por el vehículo placa patente YB3686, el día 28 de noviembre de 2007; “Se remitan todos los antecedentes que justifiquen la compra del pase diario, y su posterior utilización; y los “Pases registrados por el mismo vehículo entre 1° de mayo del año 2007 y 30 de noviembre de 2007, por la misma autopista." Esto, por cuanto lo solicitado en los literales en análisis se relaciona con la eventual adquisición de pases diarios vinculados al vehículo placa patente individualizado por el requirente, que el titular, propietario u otra persona, habría adquirido, para circular por una determinada autopista, en ciertas fechas que el propio solicitante señaló en su requerimiento. Además de la justificación de la compra del pase y posterior utilización y los pases registrados por ese vehículo en cierto periodo. Dicha información, en cuanto se refiere a una persona “identificada o identificable”, es constitutiva de datos personales, pues permitiría vincular la placa patente señalada en la solicitud con la identidad de ciertas personas (terceros), que habrían adquirido pases diarios para transitar por una determinada autopista en una fecha determinada.

16) Que al respecto, resulta aplicable el criterio descrito en el considerando 12) de la presente decisión, por cuánto el conocimiento o divulgación de la información requerida para fines distintos a sus competencias propias, importaría por parte del órgano reclamado, el tratamiento de datos personales, sin autorización de su titular. Además, este Consejo no advierte un interés público prevalente en el conocimiento de la información relativa a la persona que adquirió pases diarios, fechas y justificación de su uso y los pases registrados por un determinado vehículo en una autopista, dentro de cierto periodo, por lo que no se configura un interés público preponderante que permita vencer la reserva de dichos datos personales, que justifique dar a conocer la información solicitada. En consecuencia, en aplicación de la atribución prevista en el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia, se rechazará también el amparo en esta parte.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRAS B) Y J) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por Javier Gómez González, en contra de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar a la Sra. Directora General de Obras Pública la infracción al artículo 12 de la Ley de Transparencia y a los principios de facilitación y oportunidad previstos en el artículo 11, letras f) y h), de la citada Ley, al haber requerido la subsanación de la solicitud, en términos que ésta actuación resultaba innecesaria y ha significado dilatar el procedimiento de acceso. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir.

III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Gómez González y a la Sra. Directora General de Obras Públicas.

VOTO CONCURRENTE DEL CONSEJERO DON ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI.

El consejero don Alejandro Ferreiro Yazigi, si bien concurre a la decisión del presente amparo, estima necesario hacer presente a la reclamada que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, “Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo”. En la especie, de considerar la Dirección General de OOPP que la entrega de la información solicitada podría afectar derechos del titular de esos datos, debió comunicar la solicitud al tercero que pudo identificar a través del número de la placa patente proporcionada por el requirente, a objeto que éste pudiere manifestar expresamente su autorización, situación que no aconteció. Por lo tanto, el órgano reclamado no ajustó su actuar a lo dispuesto en la norma citada, toda vez que no dio aplicación al citado procedimiento, hecho que, en su opinión, debió ser representado a dicho órgano, para que en lo sucesivo, adopte las medidas para que dicha situación no se reitere.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.