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Francisca Godoy Jorquera con SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Rol: C6551-22

Consejo para la Transparencia, 11/10/2022

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando la entrega de listado de los certificadores de calderas y autoclaves que indica. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública no advirtiendo que su conocimiento pueda comprometer negativamente algún derecho protegido por el ordenamiento jurídico respecto de los interesados en su acceso. La Consejera doña Gloria de la Fuente González se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime), Presidente
  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Inhabilitación)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6551-22

Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública

Requirente: Francisca Godoy Jorquera

Ingreso Consejo: 19.07.2022

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando la entrega de listado de los certificadores de calderas y autoclaves que indica.

Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública no advirtiendo que su conocimiento pueda comprometer negativamente algún derecho protegido por el ordenamiento jurídico respecto de los interesados en su acceso.

La Consejera doña Gloria de la Fuente González se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1313 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de octubre de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6551-22.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de julio de 2022, doña Francisca Godoy Jorquera solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública la siguiente información:

"Listado de certificadores de autoclaves y calderas autorizados por SEREMI Valparaíso. Documento vigente año 2022".

2) RESPUESTA: Mediante oficio Ord. A/102 N° 3338 de 18 de julio de 2022, la Subsecretaría de Salud Pública respondió a dicho requerimiento de información indicando que remite documento de catastro de autoclaves y de calderas en la Región de Valparaíso.

3) AMPARO: El 19 de julio de 2022, doña Francisca Godoy Jorquera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Además, el reclamante hizo presente que: "Solicité listado de CERTIFICADORES de autoclaves y calderas, lo que me enviaron es listado de calderas y autoclaves".

4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada.

Mediante la Resolución Exenta N° 1200, de 29 de agosto de 2022 el órgano reclamado denegó lo solicitado, invocando la causal de reserva de la información a que se refiere el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y artículo 2° letra f) de la ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada, por cuanto lo solicitado es una lista de personas naturales.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Salud Pública, mediante Oficio N° E17778, de 13 de septiembre de 2022 solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros.

Mediante oficio Ord. N° 4480, de 14 de septiembre de 2022, el órgano reclamado hizo llegar sus descargos a este Consejo, reiterando las alegaciones hechas valer en su respuesta en orden a la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Asimismo, hizo presente que no cuenta con los datos de contacto de los certificadores, motivo por el cual no aplicó el artículo 20 de la referida Ley.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la información entregada no corresponde a la solicitada respecto de listado de certificadores de autoclaves y calderas autorizados por SEREMI Valparaíso al año 2022. Al respecto, el órgano reclamado denegó la información en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y artículo 2° letra f) de la ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada, por cuanto lo solicitado es una lista de personas naturales

2) Que, a modo de contexto, cabe señalar que, considerando la necesidad de poner al día la normativa, que regula el funcionamiento de calderas, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua, con el objeto de proteger la vida y la salud de quienes trabajan o se sirven de ellas y de la población en general, se dictó el decreto N° 10, de 2013, de Salud, que "Aprueba el Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que utilizan vapor de agua".

3) Que, el artículo 1 de dicho decreto, establece que: "El presente reglamento, establece las condiciones y requisitos de seguridad que deben cumplir las calderas, autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua, con el objeto de resguardar su funcionamiento seguro y evitar daños a la salud de las personas, y se aplicará a: A. Calderas de vapor de agua, calderas de calefacción y calderas de fluidos térmicos, sean estas fijas o móviles. B. Autoclaves y equipos que trabajan con vapor de agua, a presión manométrica igual o superior a 0,5 kg/cm2. C. La red de distribución de vapor, desde la fuente de generación de vapor, a los puntos de consumo de todo proceso, sus componentes y accesorios. Sin perjuicio de ello, este reglamento no se aplica a las calderas instaladas en locomotoras o en embarcaciones y calderas de calefacción por agua caliente de uso domiciliario, cuando este sistema comprenda sólo calefacción para una casa habitación en forma individual".

4) Que, a su turno, el Párrafo III "Del registro de calderas y autoclaves", artículo 3, establece que: "Toda caldera y autoclave deberá estar incorporado a un registro que lleva la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente, previo al inicio de su operación y funcionamiento. Este registro le asignará un número con validez nacional que permita identificarlos, el que será comunicado al propietario". Así, del marco normativo enunciado, se desprende que la información solicitada es de competencia del órgano requerido.

5) Que, en cuanto a la protección de datos personales que la reclamada argumenta, cabe precisar que lo pedido no es la entrega de los datos de contacto de los certificadores, sino que únicamente se informe el nombre de los mismos. En tal sentido, cabe tener presente que el nombre es un atributo de la personalidad, que individualiza a una persona física o natural en la vida social o jurídica, y que corresponde a rasgos propios del individuo, por lo que equivale al concepto de dato personal definido en el artículo 2°, letra f) de la Ley N° 19.628; en este punto, la jurisprudencia de este Consejo ha sido invariable en orden a reservar la identidad de una persona, cuando su divulgación puede comprometer su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico (amparos Roles C1823-16 y C1694-18, entre otros); como a su vez, y ponderando el contexto del requerimiento, ha accedido a la entrega de este antecedente, previo análisis del carácter con que dicho dato aparece en la documentación que se solicita, e interés público que reviste su divulgación (amparos Roles C330-10 y C361-10, entre otros). En tal sentido, se desprende que el acceso a lo pedido permite al solicitante conocer quiénes se encuentran habilitados para certificar las respectivas calderas y autoclaves, lo que redunda en la protección de la salud de la población en general, no advirtiendo que su conocimiento pueda comprometer negativamente algún derecho protegido por el ordenamiento jurídico respecto de los interesados en su acceso.

6) Que, en consecuencia, no resultando plausibles las argumentaciones realizadas por la entidad reclamada, se acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Francisca Godoy Jorquera, en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Salud Pública, lo siguiente;

a) Entregue a la reclamante el Listado de certificadores de autoclaves y calderas autorizados por SEREMI Valparaíso. Documento vigente año 2022.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Francisca Godoy Jorquera y al Sr. Subsecretario de Salud Pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Francisco Leturia Infante, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que la Consejera doña Gloria de la Fuente González, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.