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Néstor Orlando Sáez Zambrano con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Rol: C6669-22

Consejo para la Transparencia, 11/10/2022

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría del Interior, referente a la entrega de diversos antecedentes referidos a pensiones de gracias que se indican. Lo anterior, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder la información peticionada. La Consejera doña Gloria de la Fuente González se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime), Presidente
  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6669-22

Entidad pública: Subsecretaría del Interior

Requirente: Néstor Orlando Sáez Zambrano

Ingreso Consejo: 21.07.2022

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría del Interior, referente a la entrega de diversos antecedentes referidos a pensiones de gracias que se indican.

Lo anterior, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder la información peticionada.

La Consejera doña Gloria de la Fuente González se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1313 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de octubre de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6669-22.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de junio de 2022, don Néstor Orlando Sáez Zambrano solicitó a la Subsecretaría del Interior lo siguiente: "(...)

1. Copia del art. de la ley 18.056 o reglamento del DAS que indica puntualmente los términos para postulante a pensión de gracia con "solicitudes especiales", "ex portuarios acuerdo II"

2. Copia del tomase razón de la Contraloría General de la República sobre la otorgación de pensiones de gracia a chilenos con "solicitudes especiales", "ex portuarios acuerdo II"

3. Copia de la resolución, autorización o mandato del Ministro del Interior de esa fecha para firmar dicho acuerdo con los "ex portuarios acuerdo II"

4. De no existir dicho antecedente solicito al (...) que me certifique que dicha información no existe.

2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ord. N° 15.650, de fecha 19 de julio de 2022, la Subsecretaría del Interior respondió a dicho requerimiento de información, en los siguientes términos.

- Respecto de lo requerido en el numeral 1°, señaló que las pensiones de gracia otorgadas a portuarios se acogen a la hipótesis planteada en el artículo 6° de la Ley N° 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de Pensiones de Gracia por el Presidente de la República, cuyo contenido citó.

Agregó que, la concesión del beneficio es una atribución exclusiva del Presidente de la República consagrada en el artículo 32 N° 11, de la Constitución Política de la República.

- Sobre lo peticionado en el numeral 3°, precisó que, el Ministro de la cartera actúa dentro del ámbito de sus competencias atribuidas por ley, no siendo necesario contar con un mandato para ello.

3) AMPARO: El 21 de julio de 2022, don Néstor Orlando Sáez Zambrano dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada.

Sostuvo que,

"Punto 1: mi persona no solicito información sobre las normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia; de no existir dicha información "la autoridad debe certificar que no existe dicha información"

"Punto 3: basado en Ord. 15.650 de 15/07/2022 la autoridad gubernamental

- Reconoce que firmaron un acuerdo ilegal el 2017 que no está escrito en la Ley N° 18.056;

- Reconoce que actuaron dentro del ámbito de sus competencias por ley en consecuencia: en este punto respuesta mi persona no está conforme con la respuesta porque no se me envió el mandato o la resolución de las atribuciones de la autoridad".

Circunscribió su disconformidad respecto de las peticiones de acceso consignadas en los numerales 1° y 3° del requerimiento en análisis.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio N° E17386, de fecha 7 de septiembre de 2022, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

Mediante Oficio Ord. N° 21.049, de fecha 22 de septiembre de 2022, el organismo evacuó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos.

Respecto del numeral 1° de la petición de especie, explicó que no existe un artículo en la legislación actual que se refiera, específicamente, a la situación planteada por el reclamante, enmarcándose dichos acuerdos dentro de la habilitación legal genérica establecida en el artículo 6°, de la Ley N° 18.056.

Sobre lo peticionado en el numeral 3°, hizo presente que el acuerdo fue adoptado en base a una facultad inherente que se le otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del Departamento de Acción Social, que se ve manifestado al momento de administrar pensiones de gracia, la cual es otorgada por la Ley N° 18.056 y la Resolución Exenta N° 1.328, de fecha 18 de febrero de 2011, que crea el Departamento de Acción Social.

Añadió que, dicho acuerdo fue suscrito por el Subsecretario del Interior de ese entonces como colaborador directo del Presidente de la República, en virtud del artículo 23°, del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo contenido citó.

Por lo anterior, esgrimió que no existe ningún mandato o resolución que otorgue las atribuciones en los términos solicitados por el reclamante.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la información proporcionada no corresponde a la solicitada, circunscribiéndose el objeto de la presente reclamación a la entrega de los antecedentes consignados en los numerales 1° y 3° del requerimiento en análisis.

2) Que, cabe tener presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública el que los antecedentes solicitados existan en poder del órgano requerido, conforme preceptúan los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia. Al respecto, conforme ha resuelto previamente este Consejo, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder.

3) Que, con ocasión de su respuesta y descargos, el organismo ilustró las razones por las cuales la documentación solicitada no obra en su poder. Explicó que, no existe un artículo en la legislación que se refiera a la situación planteada, enmarcándose dichos acuerdos dentro de la habilitación legal genérica establecida en el artículo 6°, de la Ley N° 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de Pensiones de Gracia por el Presidente de la República. Acto seguido, ilustró que el acuerdo fue adoptado en base a una facultad inherente que se le otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través del Departamento de Acción Social, que se ve manifestado al momento de administrar pensiones de gracia, la cual es otorgada por la Ley N° 18.056 y la Resolución Exenta N° 1.328, de fecha 18 de febrero de 2011, que crea el Departamento de Acción Social. Complementó que, dicho acuerdo fue suscrito por el Subsecretario del Interior de ese entonces como colaborador directo del Presidente de la República. Por tales consideraciones, arguyó que no existe ningún mandato o resolución que otorgue las atribuciones en los términos solicitados.

4) Que, sobre este punto, cabe tener presente lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de antecedentes que no obran en su poder, de acuerdo a lo señalado por el mismo con ocasión de sus descargos, como tampoco de aquélla que resulte inexistente.

5) Que, en consecuencia, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por la reclamada, en orden a que no cuenta con la información peticionada, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Néstor Orlando Sáez Zambrano, en contra de la Subsecretaría del Interior, por no obrar en su poder la información peticionada, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Néstor Orlando Sáez Zambrano; y, al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Francisco Leturia Infante, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez.

Se deja constancia que la Consejera doña Gloria de la Fuente González en forma previa, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.