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Juan Diego Francisco Letelier Tófalos con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA Rol: C836-13

Consejo para la Transparencia, 09/10/2013

Se dedujo amparo en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, fundado en que le habrían denegado la información solicitada sobre que se le informe si existe algún acto administrativo o contrato vigente respecto del paño de terreno que corresponda a las siguientes coordenadas UTM: Este: 334.445, 479.445, 479.445, 334.445; y, Norte: 7.268.097, 7.268.097,7.168.097, 7.168.097. El Consejo señaló que no habiéndose configurado la causal de reserva invocada y no estimando este Consejo que lo consultado le hubiera irrogado un costo excesivo al organismo requerido para dar respuesta a la solicitud de acceso del peticionario se acogerá el presente amparo. Sin embargo, se dará por contestado su requerimiento de información con la remisión del ORD. SE02-5276/2013.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Da por entregada

Tipo caso:

  • Amparo


Descriptores analíticos:

Tema Vivienda
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C836-13

Entidad pública: SEREMI de Bienes Nacionales Región de Antofagasta

Requirente: Juan Diego Francisco Letelier Tófalos

Ingreso Consejo: 07.06.2013

En sesión ordinaria Nº 471 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de octubre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C836-13.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Juan Letelier Tófalos, el 24 de abril de 2013, solicitó a la Secretaría Regional Ministerial –en adelante, indistintamente la SEREMI-, de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, que “le informe si existe algún acto administrativo o contrato vigente respecto del paño de terreno que corresponda a las siguientes coordenadas UTM: Este: 334.445, 479.445, 479.445, 334.445; y, Norte: 7.268.097, 7.268.097,7.168.097, 7.168.097”.

2) RESPUESTA: La SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, por el ORD. SE02-2477/2013, de 17 de mayo de 2013, respondió a dicho requerimiento de información, denegando la información solicitada invocando la causal de reserva contemplada en el artículo 21 Nº 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 6 de junio de 2013, don Juan Letelier Tófalos, por intermedio de la Gobernación Provincial de Antofagasta, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que le habrían denegado la información solicitada. Dicha reclamación ingresó a este Consejo el 7 de junio pasado. El reclamante hizo presente en su amparo, en síntesis, lo siguiente:

a) En relación a la causal específica que invoca el SEREMI para no proporcionar la información requerida, señala que la solicitud de acceso de que se trata, no fue realizada en forma genérica, sino que se encuentra referida a un paño cuyas coordenadas UTM fueron indicadas. Así, el funcionario respectivo con tan sólo mirar su base de datos, puede proporcionar la información. Con esto último, a su juicio, tampoco se estaría cumpliendo con el requisito excepcional para denegar la información requerida, en el sentido que se estaría distrayendo indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto señala que la información requerida es específica, y no le tardará más que sólo un instante el poder proporcionarla.

b) Asimismo indica que la satisfacción de este requerimiento en ningún caso distraerá indebidamente a los funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales, pues resulta que todas las reparticiones públicas cuentan con bases de datos para almacenar información y esta base opera en forma computacional, por lo cual, realizar la consulta solicitada tomará sólo un breve tiempo.

c) Por otra parte, señala que de aceptarse este tipo de causales, en el caso concreto, se estaría transgrediendo en forma flagrante el espíritu de la ley, ya que el legislador dejó claramente especificado cuáles eran las excepciones al libre acceso de la información pública, las que, por cierto, deben ser interpretadas en forma restrictiva.

d) A este respecto, cita la jurisprudencia de este Consejo contenida en la decisión de amparo Rol C1651-2012, para verificar la procedencia de la causal de reserva o secreto invocada; señalando que en el presente caso, se trata de una solicitud de información moderada, pues se refiere a actos y contratos celebrados en relación a un paño específico, delimitado, y se refiere a contratos o actos administrativos celebrados por la autoridad respectiva -SEREMI de Bienes Nacionales-, por lo que es dable suponer que dicha autoridad tiene un control y registro respecto de los actos y contratos que dicta o celebra respecto de un terreno determinado.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 2355, de 13 de junio de 2013, al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, requiriéndole que se pronunciara acerca de las causales de hecho, secreto o reserva legal que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada y remitiera copia de las solicitudes presentadas por el recurrente.

Por el ORD. SE02-2013, de 4 de julio de 2013, el Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, presentó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos:

a) El recurrente, con fecha 23 de abril de 2013, ingresó 2 solicitudes de acceso a información por Ley de Transparencia, requiriendo amparo respecto de sólo una de ellas. En ambas solicitudes el Sr. Letelier requería se le entregara información respecto de la misma extensión de terreno que comprende una superficie de 1.450.000 hectáreas, ubicadas en la Región de Antofagasta. Para mayor ilustración, acompaña imagen que grafica dicha superficie, señalando que supera incluso a la extensión de la superficie de la Región Metropolitana.

b) De esta forma, a su juicio, quedaba de manifiesto que la solicitud del usuario era excesiva e imposible de cumplir, toda vez que su Unidad de Catastro solo tiene 3 funcionarios que deben procesar alrededor de 180 solicitudes de información de particulares, provenientes de consultas por Ley de Transparencia o de consulta IMB, este último trámite, indispensable para cualquier otra solicitud de venta, arrendamiento, concesión, transferencia, etc.

c) Además les corresponde informar a las distintas entidades gubernamentales como Ministerios, Tribunales de Justicia, Contraloría, Consejo de Defensa del Estado, y demás organismos sobre los inmuebles que forman parte del catastro de inmuebles fiscales y su administración. Lo anterior sumado al arduo trabajo de actualización del Catastro de la Propiedad Fiscal.

d) De esta forma, estiman que del análisis del artículo 21, N°1 letra c) de la Ley de Transparencia, se desprende claramente que la consulta de que se trata se encuentra contemplada en todas y cada una de las hipótesis enunciadas. Conforme a ello, solicita que se rechace el amparo deducido por don Juan Letelier Tófalos y acoja todas y cada una de las alegaciones efectuadas.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER (1): Con el objeto de resolver adecuada y acertadamente el presente amparo, el Consejo Directivo, en su sesión ordinaria Nº 462, de 354, de 30 de agosto de 2013, acordó requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, lo siguiente:

a) Se pronuncie fundadamente acerca de la causal de reserva alegada, contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, acompañando los documentos correspondientes, a través de los cuales se pueda dar por acreditada.

b) Indique específica y detalladamente las actividades que su representada debería desplegar para efectuar la búsqueda y análisis de la información solicitada, el volumen de la información de que se trata, sus dificultades de acceso, la forma en que se encontraría registrada, el tiempo requerido por sus funcionarios para obtener los datos requeridos con el procesamiento de los mismos, si ese fuera el caso; y el estado de sus archivos informáticos y/o soporte material, a efectos de proporcionar la información en los términos solicitados.

6) CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Mediante el ORD. SE02-5276/2013, de 11 de septiembre de 2013, el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, atendió la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, señalando al efecto lo siguiente:

a) La solicitud del Sr. Letelier consiste en informar a él de todos los contratos y actos administrativos que se encuentren vigentes, realizados por el ministerio de Bienes Nacionales en un vasto sector del la Segunda Región, lo que acarrearía un trabajo de varios días de uno o más funcionarios de la unidad de Catastro. Considérese por ejemplo que la Región Metropolitana de Santiago tiene una superficie de 1.540.000 hectáreas aproximadamente, es decir, lo solicitado por el Sr. Letelier equivale a informar sobre todos los actos administrativos en toda la región metropolitana, lo que a todas luces significa una distracción de las funciones habituales de los funcionarios.

b) El análisis catastral de un determinado territorio depende del lugar y de la superficie a informar. Hay lugares que presentan más actos administrativos que otros, pero la única forma de saber cuánto tiempo tardará en realizarse un análisis catastral es realizándolo. Por tanto, el único criterio a priori para poder señalar que un determinado estudio catastral requerirá distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento habitual de sus labores es la superficie a analizar.

c) Perfectamente podría ser que en una superficie de dos millones de hectáreas no exista ninguna superposición, o muy pocas, pero por una cuestión de probabilidades, en una superficie tan extensa, y sobre todo en una Región como ésta donde la Seremi de Bienes Nacionales administra más de un 70% del territorio, son muchos los actos realizados y que se encuentran en un territorio. Realizar ese trabajo significa distraer indebidamente las ocupaciones de los funcionarios, que actualmente se encuentran con una excesiva carga de trabajo. Por ejemplo, cada vez que alguna empresa demanda judicialmente al Fisco de Chile por la constitución de una servidumbre minera, el tribunal competente oficia a esta Seremi, la que debe informar sobre todas las superposiciones existentes en el lugar y los realizados en ese territorio. Dependiendo del lugar y de la superficie demandada, se emite un informe, el que puede requerir del trabajo de un funcionario entre 1 hora y hasta 3 días. Las superficies solicitadas van normalmente de entre 1 a 10.000 hectáreas.

d) Cuando se solicita un análisis catastral, deben ingresarse las coordenadas del polígono consultado en el sistema catastral. Una vez hecho esto, se solicita al programa computacional que indique qué actos hay en él. Una vez que se arroja la lista de los actos (que pueden ser de diverso tipo y naturaleza), se debe analizar uno por uno para ver qué tipo de acto es, su vigencia y extensión, si como si tiene otros actos asociados. Así, la consulta no es simplemente ingresar cuatro coordenadas y el sistema arrojará un listado con todo lo vigente. Cada uno de los actos existentes en el polígono consultado se debe analizar para comprender su alcance, extensión, vigencia, implicancias y relaciones.

e) El polígono consultado por el Sr. Letelier tiene asociados 1719 actos administrativos. Analizarlos podría llevar entre 3 y 6 semanas de trabajo de un funcionario de la Unidad de Catastro, por lo que se justifica plenamente el negar el acceso a la información por la causal invocada.

f) A mayor abundamiento, aun cuando a la fecha de hoy se encuentra en mantención, existe la página www.catastro.cl, en la que se puede consultar toda la información geoespacial relevante, además de la información contenida en las páginas web del Snit, Sernageomin, y otros organismos públicos y privados.

7) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER (2): El Consejo Directivo, en su sesión ordinaria Nº 462, de 30 de agosto de 2013, para mejor resolver el presente amparo, acordó requerir al solicitante que aclarara los términos de su solicitud de acceso de 24 de abril de 2013 y específicamente señalara si lo pedido consiste en que le indiquen si existe o no algún acto administrativo en el paño de terreno que indica; o bien, requiere la individualización de dichos actos. Lo anterior se materializó a través de correo electrónico remitido al solicitante el 30 de agosto de 2013.

Por correo electrónico de 2 de septiembre de 2013, el Sr. Letelier Tófalos manifestó a este Consejo que por su solicitud de acceso y por el amparo interpuesto, ha requerido que le indiquen que si existe o no algún acto administrativo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, tal como ha venido sosteniendo reiteradamente este Consejo a partir de la decisión del amparo rol C533-09, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y conforme a la historia fidedigna de la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se encuentran amparados por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que implican elaborar documentos o respuesta, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y no suponga un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional. En efecto, según se indicó en la precitada decisión, “la supresión (en la historia de la Ley) de la norma que establecía que los órganos de la Administración del Estado no estaban obligados a elaborar información y restringía su obligación a entregar sólo información ya existente no fue una omisión involuntaria del legislador. Por el contrario, la intención del legislador fue eliminar esta restricción lo que permite solicitar a los órganos de la Administración elaborar documentos, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y con un límite financiero: no irrogar al Servicio un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional”. En esos mismos términos, a su vez, este Consejo ha venido concluyendo a partir de la decisión del amparo rol C539-10, que se encuentran amparados por el derecho de acceso a la información aquellas solicitudes que impliquen informar, afirmativa o negativamente, “si se realizó o no una acción que habría acaecido en el pasado”.

2) Que el requerimiento que ha dado origen al presente amparo, tal como lo ha confirmado el solicitante en su correo de 2 de septiembre pasado, consiste en que la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta informe si existe algún acto administrativo o contrato vigente respecto del paño de terreno que corresponde a las coordenadas UTM que indica en su solicitud. Conforme al criterio citado en el considerando precedente, dicha solicitud puede ser contestada por el órgano requerido respondiendo afirmativa o negativamente, según sea el caso.

3) Que, no obstante ello, la reclamada alegó la procedencia de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por la que se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de requerimientos referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Además, según lo previsto en el artículo 7° N° 1, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiere por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales.

4) Que, de conformidad al texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Según ha venido sosteniendo reiteradamente este Consejo a partir de la decisión del amparo rol A96-09, la afectación debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva.

5) Que, en el caso que se analiza, el organismo reclamado no ha acreditado de manera precisa cómo la entrega de la información –que en este caso consiste en señalar si existe o no algún acto administrativo o contrato vigente respecto del paño de terreno que señala el solicitante- distraería el cumplimiento regular de sus funciones habituales. En efecto, la SEREMI de Bienes Nacionales reclamada se limitó a señalar que la información que se requiere versa sobre una extensión de terreno que comprende una superficie de 1.450.000 hectáreas, y que la Unidad de Catastro, que dispone de 3 funcionarios, debe atender diversas solicitudes de información entre otras funciones. Al respecto, estos argumentos no pueden considerarse, por sí mismos, como prueba suficiente que le permita a la reclamada eximirse de su obligación legal de entregar la información en los términos solicitados. Por el contrario, manifestó con ocasión de la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, que su sistema informático le permite ingresar las coordenadas del paño de terreno y arroja automáticamente la cantidad de actos administrativos que se han dictado en el mismo. En el presente caso el órgano informa cuántos actos administrativos se han dictado en el paño de terreno requerido, con lo cual se puede dar derechamente respondido el requerimiento de información efectuado por el recurrente.

6) Que, en consecuencia, no habiéndose configurado la causal de reserva invocada y no estimando este Consejo que lo consultado le hubiera irrogado un costo excesivo al organismo requerido para dar respuesta a la solicitud de acceso del peticionario se acogerá el presente amparo. Sin embargo, se dará por contestado su requerimiento de información con la remisión del ORD. SE02-5276/2013, de 11 de septiembre de 2013, el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta, lo que se verificará conjuntamente con la notificación del presente acuerdo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Juan Letelier Tófalos, en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, dando por entregada la información requerida con la notificación del presente acuerdo.

II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica(S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta y a don Juan Letelier Tófalos, remitiéndole copia del ORD. SE02-5276/2013, de 11 de septiembre de 2013, el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia, don Andrés Herrera Troncoso.